El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes la Comunicación que elevará el Parlamento regional sobre los objetivos y prioridades que considera imprescindible incluir en el marco financiero plurianual europeo 2028-2034 para mantener el estatus de Región Ultraperiférica (RUP) de la UE junto a la Guayana francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte, Reunión, San Martin, Azores y Madeira.
En la propuesta financiera de la Comisión Europea, según el Gobierno canario, no se garantiza el mantenimiento del acervo RUP ni se ofrece salvaguardas suficientes para asegurar que, las medidas específicas reconocidas hasta ahora a las regiones ultraperiféricas se definan por parte de la Unión Europea en su conjunto, sino que dependerían de las prioridades que se establezcan a nivel nacional y de la negociación bilateral entre el Estado miembro y la Comisión Europea, lo que “no respeta adecuadamente el mandato del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento”.
Para el Gobierno canario, la defensa del estatus RUP y el apoyo a esta estrategia debe darse “desde la unidad de todas las instituciones”. Ignorar las limitaciones estructurales de las RUP, en su opinión, “debilitaría uno de los pilares del proyecto europeo y, como ya señaló semanas atrás el presidente regional, Fernando Clavijo, ”supondría la expulsión de facto de estos territorios de la UE“.
Por ello, el Ejecutivo plantea en este documento duplicar la dotación financiera del POSEI con objetivo de tener en cuenta el incremento de costes y la falta de adecuación de la ficha desde hace casi dos décadas, lo que supondrían 3.752 millones de euros. Incrementar la partida que compensa los incrementos de los sobrecostes producidos en el sector pesquero de 88 millones de euros a 101 millones de euros, explica el Ejecutivo canario.
En el texto se solicita también que en la política de cohesión a través del Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la cantidad destinada por habitante aumente, teniendo en cuenta los datos de población actualizados, que se cuantificarían en, al menos, 773 millones de euros.
También, que las adaptaciones normativas relativas a la cofinanciación, la concentración temática, la elegibilidad de inversiones y la posibilidad de financiar determinados gastos de funcionamiento indispensables para la prestación de servicios públicos en un contexto ultraperiférico se mantengan expresamente en la normativa europea y no quedar “al albur de la programación de los estados”.
Por otro lado, se pide que el nuevo marco financiero, que se orienta a la consecución de hitos y objetivos, incorpore mecanismos de flexibilidad que permitan acomodar instrumentos cuya finalidad principal sea la compensación de sobrecostes estructurales.
Por último, se propone mejorar las disposiciones específicas relativas a la RUP incluidas en la propuesta de Reglamento sobre los Planes de Colaboración Nacional y Regional.
El Gobierno canario ha querido, además, reiterar “la necesidad de una mayor atención a la realidad migratoria de las regiones ultraperiféricas particularmente en lo que respeta a Canarias, como frontera sur, y reforzar la dimensión ultraperiférica de la acción exterior de la Unión y de los programas de cooperación territorial”.