El grupo parlamentario Nueva Canarias-bloque canarista (NC-BC) ha pedido este jueves que se tramite de manera “urgente” una nueva ley de vivienda que contemple este asunto como un derecho “subjetivo”, que obligue al Gobierno a facilitar una, o una prestación económica, y por lo tanto “responda de verdad a la grave crisis habitacional del Archipiélago”.
En una rueda de prensa, la diputada del grupo Carmen Hernández, junto al portavoz parlamentario, Luis Campos, explicaron el sentido y objetivo de la Proposición No de Ley (PNL) ante la necesidad “urgente” de atajar el problema de acceso a la vivienda que experimentan los canarios, que ya perciben este asunto, ha dicho, “como una utopía”.
Hernández afirmó que la iniciativa surge ante la necesidad de dar una respuesta legislativa tras el fracaso del decreto ley de medidas urgentes del Gobierno presidido por Fernando Clavijo y la decisión de las dos derechas gobernantes de rescatar una medida eliminada en 2007, la materialización de la Reserva de Inversiones (RIC) en el mercado libre, “para promover la especulación y la burbuja inmobiliaria”, recalcó la diputada.
Por otro lado, la parlamentaria de Nueva Canarias señala otras cuestiones que hacen necesaria la PNL; la actual legislación, 21 años en vigor, ha quedado “obsoleta” ante los principales problemas de la actualidad. Carmen Hernández se refirió a los altos precios del arrendamiento y la compra, así como la escasez de inmuebles, especialmente, en las zonas tensionadas.
“La falta de vivienda protegida que, en las islas, se agrava al ser una de las comunidades con menor inversión en esta modalidad”, agregó.
Igualmente resaltó el gran número de residencias vacías (211.000), muchas de ellas retiradas del mercado por la ausencia de incentivos y seguridad jurídica y el crecimiento del alquiler vacacional, que reduce la oferta para los residentes y encarece el acceso a un inmueble.
“Todo ello”, apostilla Hernández, “ha sido tensionado y agravado por el aumento de la vivienda vacacional, por los precios en las zonas de gran población y en los municipios limítrofes o zonas turísticas, y el auge incesante de compra de vivienda por parte de extranjeros”.
Medidas a implementar en la norma
La portavoz de NC-BC ofreció nueve ejes a incorporar en la nueva norma, “sin que sean un obstáculo” para que el resto de los grupos parlamentarios presenten sus medidas.
La primera, como explicó Hernández, pasa por garantizar el derecho a la vivienda como un derecho “subjetivo”, es decir, que el Gobierno de Canarias tiene que facilitar una residencia o, de manera subsidiaria, una prestación económica.
En segundo lugar, un aumento de la inversión pública en estas políticas hasta alcanzar, al menos, el 0,4% plurianual del Producto Interior Bruto (PIB), de la riqueza canaria, lo que supondrían unos 216 millones de euros que se destinarían a impulsar la construcción de viviendas
En tercer lugar, la creación de un registro público de residencias protegidas para mejorar la transparencia.
El cuarto eje, y a pesar de que CC, el PP, la ASG y la AHI rechazaron el programa de NC-BC de fomento del alquiler seguro, Carmen Hernández volvió a subrayar la necesidad de fomentar el arrendamiento de las viviendas vacías con incentivos y garantías.
El quinto ha pedido aplicar recargos del IBI a los grandes tenedores de viviendas vacías.
La sexta propuesta impulsa las cooperativas y los modelos colaborativos.
La séptima fomenta la construcción de alojamientos dotacionales para dar una respuesta temporal a personas mayores, sin hogar, jóvenes y colectivos vulnerables.
La octava iniciativa, añadió Carmen Hernández, aboga por la protección frente a los desahucios y el realojo de personas vulnerables.
Por último, la formación propone promover la coordinación entre las instituciones públicas estatales y canarias para garantizar el acceso a una vivienda digna.