El Pleno rechaza la propuesta de Gallardón
El Parlamento de Canarias ha rechazado, con el voto en contra del Grupo Popular, que se modifique la vigente ley del aborto de 2010 para hacerla más restrictiva, ha reconocido “el derecho a una maternidad libremente decidida” y se opone a “cualquier injerencia” a esa “decisión consciente” de toda mujer por parte de “cualquier moral religiosa” o por imposición del Estado.
La Cámara regional ha reproducido el debate instalado en la sociedad desde que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sorprendiera con el anuncio de no esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) al recurso presentado contra la Ley de 2010 para anteponer la reforma de la misma a cualquier otra prioridad de su departamento.
Una decisión que para la diputada de Nueva Canarias (NC) Carmen Hernández, impulsora de la iniciativa debatida, ha causado “sobresalto” ya que la visión “restrictiva” del ministro retrotraerá a las mujeres al año 1985 al dejarlas sin un derecho conquistado hace 28 años.
“No entendemos que se abra este debate porque no es una prioridad de la ciudadanía, es una auténtica temeridad y la idea de volver a ver a mujeres sentadas en el banquillo preocupa a todos”, afirmó Hernández.
Una preocupación compartida por la presidenta del Grupo Socialista, Dolores Padrón, que enmendó la propuesta para dejar claro que hay que el Estado debe respetar la decisión de las mujeres, sin imponer sus criterios ideológicos o religiosos, dada la “aconfesionalidad proclamada en la Constitución”.
“Ser madre es una decisión que no puede imponer el Estado. A la derecha más rancia, y a la Conferencia Episcopal les cuesta entenderlo”, afirmó Padrón.
Fuera curas y psicólogos del OPUS
Para la también presidenta del PSC, “Ruiz Gallardón se alía con la derecha pre constritucinal y la Conferencia Episcopal y quiere colocar a España en los años previos a 1985”, puesto que porque “les molesta que las mujeres puedan decidir libremente en las 14 primeras semanas de embarazo, sin que ningún sacerdote o psicólogo del Opus pueda intervenir”.
Tanto Hernández como Padrón insistieron en que las restricciones a la interrupción voluntaria del embarazo no reducen los abortos, sino los convierten en clandestinos para las mujeres que no pueden costearse viajes al extranjero, lo que va en detrimento incluso de la salud de aquellas que se someten a un aborto.
Asimismo, ambas diputadas recordaron que la Ley de 2010 homologó a España con el resto de países europeos y aseguraron que en estos 28 años ningún Estado ha modificado su legislación para retroceder en este aspecto, por lo que España sería el primero.
“Si sale adelante, a las mujeres nos vuelven a colocar en la clandestinidad o en el extranjero”, insistió Padrón, porque “las mujeres en todas partes del mundo interrumpen voluntariamente sus embarazos, estén legalizados o no”.
Católica abortista
En parecidos términos se pronunció la nacionalista Flora Marrero, que se declaró “católica pero a favor del aborto” y anunció que CC se opondrá a la reforma de Gallardón cuando ésta llegue a las Cortes.
Marrero esgrimió en la tribuna diversos informes de la Organización Mundial de la Salud, la ONU y Unicef contrarios a, como pretende el ministro Gallardón, restringir el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo, dado que endurecer las condiciones para abortar incrementa las interrupciones clandestinas y penaliza a las mujeres.
La mujer no decide, lo hace el nasciturus
Frente a todas estas exposiciones, la conservadora Milagros Betencourt subió a la tribuna para blandir el argumento radicalmente contrario: “la vida en gestación no es un bien disponible de la mujer, el derecho a la vida es el primer derecho fundamental”.
En su opinión, el debate debería centrarse en la contraposición del derecho de la mujer a disponer de su maternidad y el derecho a la vida, los cuales hay que conciliarlos porque con la vigente Ley “se deja indefenso al nasciturus”.
Además, acusó a nacionalistas y socialistas de abrir un debate ficticio y “oportunista”, puesto que no existe ningún proyecto legislativo sobre el que haya que debatir y polemizar y aseguró que “no vamos a regresar al pasado”. “La vuelta al pasado ha sido mandar a dos millones de mujeres al paro, y eso lo ha hecho el PSOE”, concluyó.
