El PSC aplaude el fallo sobre Veneguera
El senador autonómico del PSOE, José Alcaraz, ha defendido este jueves la ley por la que en 2003 se declaró espacio natural protegido Veneguera en la isla de Gran Canaria y después de que se hiciera público que el Tribunal Supremo (TS) fallase que la Comunidad Autónoma no tendrá que abonar los 348 millones que solicitaba una empresa al no poder urbanizar la zona.
Alcaraz explicó en declaraciones a Europa Press que se congratula de la decisión del Supremo que indica que la ley no motiva indemnizaciones al tiempo que añadió que “el Gobierno de Canarias ha cumplido con su deber de defender las leyes aprobadas por el Parlamento”.
El senador recordó que él ostentaba la portavocía del grupo parlamentario socialista para este asunto en la Cámara regional cuando se aprobó la ley y que llegó después de que se presentase una proposición de ley de iniciativa popular en la cuarta legislatura (1995-1999) “a la que CC y PP dieron la vuelta”. Indicó que ambos partidos permitieron la edificación de unas 16.000 camas y que en dicha votación su partido se abstuvo.
El socialista insistió en que el PSOE creyó que había que proteger el barranco de Veneguera y que por ello se presentó la proposición de ley que sería finalmente aprobada en 2003 para ampliar el parque del Roque Nublo y convertirlo en espacio natural. “Fue aprobada por unanimidad”, recordó al tiempo que apostilló que en aquel tiempo se discutía además la ley de Directrices y ya se hablaba de moratoria.
“Fuimos los socialistas quienes presentaron la iniciativa”, defendió Alcaraz quien además recalcó que no hay que indemnizar a la empresa ya que la ley tiene una “elaboración correcta”. En este punto indicó que en el preámbulo de la norma se apunta que la Ley 12/1987, de Espacios naturales protegidos de Canarias, “optó por dejar fuera de la delimitación de los espacios naturales protegidos al barranco de Veneguera, por la consolidación de los derechos urbanísticos que en aquel momento existían”.
Pero que a pesar de este añade que “hoy, tras el incumplimiento reiterado de los compromisos de urbanización por parte de los propietarios del suelo, no existen derechos urbanísticos que puedan ser alegados”. “En consecuencia, la declaración de espacio natural protegido no conllevará ningún deber de la Administración de indemnizar”, zanja el texto.
