El reparto de menores migrantes sigue en el tejado del PP y los partidos se estancan en un fuego cruzado

Canarias y el Estado sellaron hace una semana el acuerdo para el reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades. Los dos gobiernos cerraron el texto el pasado 11 de junio, pero hasta hoy no ha habido ningún avance más, según ha informado el Ejecutivo autonómico a Canarias Ahora. Tras las llegadas de los últimos días, las Islas tutelan a más de 5.600 menores no acompañados, que siguen esperando a ser reubicados en otros centros de la Península. Mientras tanto, los partidos políticos se han estancado en un fuego cruzado.

La fórmula acordada entre los dos gobiernos pasa por reformar la Ley de Extranjería, y deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros y por las Cortes. La propuesta es introducir una herramienta que permita al Estado intervenir en momentos de intensos flujos de llegadas de niños y adolescentes al Archipiélago y a las ciudades de Ceuta y Melilla. Cuando los recursos del Archipiélago superen el 150% de su capacidad, los menores serán reubicados según unos parámetros acordados previamente con las autonomías, que recibirán fondos para la acogida.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha aseverado este lunes que el acuerdo para distribuir al menos a 2.645 menores es ''urgente e imperioso''. ''No entenderíamos que no hubiese acuerdo esta semana“, ha dicho. Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, insiste en que el futuro del pacto está ''en el tejado'' del Partido Popular. ”Todo el tiempo que se retrase no es responsabilidad del Gobierno de España“, ha aseverado el socialista, que urge al vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez (PP), a conseguir el apoyo de la cúpula nacional de su partido.

El presidente del PP en Canarias ha asegurado esta semana en declaraciones a la Cadena SER que defenderá el reparto obligatorio ''cueste lo que cueste'', aunque esto haya causado inquietudes en el seno de su formación política, que se ha resistido a acoger menores migrantes procedentes de Canarias en comunidades en las que gobierna, como Madrid, Andalucía, Baleares, Murcia y La Rioja. En este sentido, el Gobierno de Canarias se ha comprometido a buscar ''equilibrios políticos'' para que la modificación de la ley cuente con el máximo apoyo en el Congreso de los Diputados.

El presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Román Rodríguez, ha exigido este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que levante el bloqueo a la reforma de la ley de extranjería en las Cortes Generales para la acogida obligatoria de los menores migrantes. Rodríguez critica el ''doble lenguaje'' empleado por el PP en Canarias y en la Península con respecto a la modificación legislativa. “El interés superior de los chicos, amparado por la legislación europea, estatal y canaria, debe prevalecer”, agregó el portavoz parlamentario de NC-BC.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también se ha posicionado sobre el conflicto político que envuelve al acuerdo. ''Nadie se merece el lamentable espectáculo del oportunismo de la política nacional, y menos los niños y niñas que mueren en las pateras o se ahogan en el mar'', ha dicho en declaraciones recogidas por Efe.

El líder de Coalición Canaria espera que haya interlocución entre el Gobierno de España y el Partido Popular para que haya un acuerdo y lamenta que un asunto de tanta importancia no haya conseguido “aislarse del pim, pam, pum de Madrid”.

Una situación de ''guerra''

La saturación del sistema de acogida de menores ha puesto en riesgo los derechos de los menores que llegan a Canarias. En una entrevista ofrecida este fin de semana a un periódico regional, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha asegurado que en estos últimos días ha tocado la puerta de los ayuntamientos para poder utilizar centros educativos que estén vacíos. ''Estamos en situación de guerra'', dijo.

Estas palabras han sido criticadas por Nueva Canarias-Bloque Canarista, que ha tachado a la consejera de irresponsable por comparar las llegadas de migrantes con una situación de guerra. La diputada regional Natalia Santana ha insistido en que la política tiene el compromiso de evitar la amplificación de los discursos xenófobos. ''No hay justificación alguna que excuse esta irresponsabilidad'', añadió.