Rivero 'desinfla' su voluntad de reformar el Estatuto de Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (CC), ha admitido esta semana que el actual marco no es el más indicado para que la reforma del Estatuto de Autonomía del archipiélago fructifique. Se desvanecen así las ilusiones de Coalición Canaria que aspira a más cotas de autogobierno desde que el anterior jefe del Ejecutivo, Adán Martín, anunciase en mayo de 2004 que uno de los pilares de su mandato sería la modificación estatutaria.

Rivero asumió durante el Pleno del Debate General sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria -celebrado el pasado jueves y viernes- que “las expectativas políticas no son las mejores para que Canarias tenga un Estatuto de Autonomía como el que necesita”. Lamentó además que “la política de Estado no está en la situación para que el archipiélago obtenga el Estatuto que necesita” y consideró que sólo se conseguirían “competencias descafeinadas”, pero pronosticó que “todo se andará”.

Estas palabras hacen presuponer que el impulso que defendió hace dos años, en el Debate de la Nacionalidad Canaria de 2008, se empantana definitivamente. “Los canarios del siglo XXI merecen contar con un Estatuto del siglo XXI y este Gobierno va a dar voz a esa demanda”, dijo en la sede de Teobaldo Power para anunciar “un debate social”. “Vamos a acercar el Estatuto a la calle”, sentenció.

Además, el nacionalista estableció en marzo de 2008 como pilares básicos de la modificación “la definición como Archipiélago Atlántico y, en ella, el mar como parte de nuestro espacio territorial; la adaptación de políticas del Estado a nuestra condición ultraperiférica, lejana e insular; las competencias en puertos, aeropuertos, costas, servicio aéreo y otras propias de nuestra condición de archipiélago; y, finalmente, el respeto y garantías para nuestro Régimen Económico y Fiscal”. Nada dijo de la máxima pretensión del PSC-PSOE relativa a modificar el sistema electoral de las Islas.

Los intentos nacionalistas por reformar el Estatuto arrancaron en mayo de 2004 cuando Adán Martín inició los trámites para la tercera reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Un comité de expertos comenzó a redactar entonces una propuesta que fue aprobada por el Gobierno en septiembre de ese mismo año.

Idas y venidas

Las discrepancias con los socialistas comenzaron poco después. El PSC-PSOE rompió en marzo de 2005 con la reforma impulsada y abandonó la Ponencia que estudiaba el texto en el Parlamento de Canarias. El secretario general de los socialistas por aquel entonces Juan Carlos Alemán dijo que el PSOE rechazaría el Estatuto en las Cortes si no se debatía la reforma del sistema electoral.

La ruptura del pacto de gobierno entre CC y PP en mayo de 2005 propició que los socialistas volvieran a hablar del Estatuto y regresasen a la Ponencia. En julio los grupos parlamentarios acordaron acelerar el proceso de reforma para intentar aprobar el Estatuto ese otoño. La marcha del Estatuto catalán y el sistema electoral seguían reteniendo los avances del texto.

A pesar de ello, CC y PSOE acercaron pareceres y plantearon una lista autonómica “atenuada”, que garantice la representación poblacional. El PP comenzaba a defender que a los canarios no les interesaba la modificación del texto.

En octubre, CC planteaba que se aumentase en nueve el número de diputados regionales, se mantuviese la circunscripción insular y se bajasen las barreras electorales. Socialistas y populares insistían en la circunscripción regional. Así en noviembre promovían que hubiese 75 diputados.

Así las cosas en enero de 2006, la Ponencia cerró su dictamen y Adán Martín en su discurso del Estado de la Nacionalidad censuraba que el PP y el PSOE quisiesen pactar para modificar el sistema electoral sin CC. En mayo, Coalición Canaria aceptó la circunscripción autonómica pero quería un sistema equilibrado. El 13 de septiembre, el Parlamento, con el respaldo de PSOE, CC y PIL, y el rechazo del PP aprobó la propuesta que se envió a las Cortes Generales.

“Nacionalsocialista” para el PP

Hubo que esperar hasta febrero de 2007 para que se llevase a cabo el debate de toma de consideración del Estatuto en el Congreso. Se tramitaba de una parte el Estatuto y de otra una nueva Ley Orgánica de Transferencias a Canarias (Lotraca). PSOE y CC dieron su sí, pero el PP lo tachó de “nacionalsocialista”.

El texto se paró en las Cortes ante la proximidad de las elecciones autonómicas. El pacto de junio entre CC y PP por el que Paulino Rivero sería el presidente y José Manuel Soria el vicepresidente del Gobierno canario terminó por ser fundamental para la reforma estatutaria. El secretario general de los socialistas, Juan Fernando López Aguilar aseguraba entonces que “en ningún caso” habría Estatuto si no se modificaba el sistema electoral.

De este modo, las tornas se cambiaron y en el Congreso los populares pasaban a respaldar una modificación que rechazaron en las Islas y los socialistas comenzaban a poner inconvenientes. CC criticaba que la reforma había sido “dinamitada” por el PSOE mientras el PP decía que los socialistas “laminaban” el hecho insular y la ultraperificidad con sus enmiendas.

Finalmente el Parlamento de Canarias decidió su retirada el 12 de diciembre de 2007 y así se acordó por el Congreso de los Diputados. Meses después Rivero volvía a retomar el asunto con su anuncio de abrir un debate social sobre el nuevo Estatuto de Autononomía.