Stratvs mete en un lío al Gobierno
Una juez de instrucción de Lanzarote ha decidido investigar la sospechosa aparición de un informe jurídico de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) aportado al juzgado sin que nadie lo solicitara en la causa que se sigue por la presunta ilegalidad urbanística de Bodegas Stratvs. El informe fue elaborado por la jefa de los Servicios Jurídicos de la agencia con el asesoramiento de la jefa del Servicio Jurídico del Gobierno, Rosa María Quintana, que defiende a cinco técnicos de la Comunidad Autónoma en la investigación de las obras que dieron lugar a la aparición de la bodega en Uga, municipio de Yaiza, Lanzarote, propiedad del empresario conejero Juan Francisco Rosa. Según la jefa de los servicios jurídicos de la Apmun, Carlota Pérez, Quintana la asesoró para que informara que lo ejecutado no contraviene la legalidad vigente.
La trama de informes jurídicos que investiga la juez de Lanzarote comenzó cuando la jefa del Servicio de Instrucción de Expedientes sancionadores de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), Sonia Gómez, denunció el pasado abril que estaba siendo víctima de presiones. Gómez había encargado el correspondiente informe elaborado a una arquitecto técnico, Elisa Perdomo, informe que concluyó que las obras realizadas por Rosa en las Bodegas Stratvs no tenían nada que ver con lo autorizado. La funcionaria comunicó esas presiones al director de la Apmun, Emiliano Coello, que así lo reconoció esta semana en su declaración ante el juzgado como testigo dentro del procedimiento penal sobre la bodega.
La jefa de instrucción, que posteriormente causó baja médica, y que tenía previsto declarar este jueves también como testigo, había decidido mantener ese informe técnico oculto al sistema informático de la Agencia, por las presiones que asegura haber recibido.
Esas presiones, según declaró, comenzaron a raíz de una noticia aparecida en el diario conejero Lancelot (propiedad de Juan Francisco Rosa, al igual que la bodega) que decía que la Apmun había precintado una piedra del Belén de Stratvs. La agencia decidió abordar el asunto porque consideraba que se estaba ridiculizando su labor, y la instructora comunicó entonces al director esas presiones, precisando que partían de técnicos del Servicio de Protección del Territorio. Coello no le dio importancia inicialmente a este asunto pero permitió a la instructora que mantuviera oculto el informe.
En octubre de 2013, la juez instructora de Arrecife, que abrió diligencias por una denuncia de Transparencia Urbanística, pidió a la Apmun que le informara sobre la actuación de la agencia en relación a las obras de la bodega desde el año 1998, lo que motivó que en el seno de ese organismo se convocara una comisión jurídica creada para asuntos de relevancia. Fue entonces cuando se levantó el carácter secreto del informe y se decidió su revisión.
La jefa del servicio jurídico de la Apmun, Carlota Pérez, planteó en ese foro que el informe técnico se extralimitaba al hacer consideraciones jurídicas que no eran de su competencia, por lo que decide revisarlo a pesar de que confirmar que tenía conocimiento de que se habían producido las presiones denunciadas. Ante la juez, el director de la Apmun, tras reconocer que no es jurista sino economista, dio por bueno “el 99% del informe” enmendado.
Carlota Pérez, que también declaró esta semana como testigo en el juzgado, reconoció ante la jueza instructora que ha sido la primera vez que revisa un informe en once años de trabajo en la agencia. Así que, en lugar del informe solicitado por la juez se envió al juzgado un informe jurídico complementario al primer informe, que la juez no había pedido, y que sostiene que no hay vicios de nulidad ni en la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza para la bodega ni en la autorización de la Dirección General de Urbanismo. Hay que recordar que hay cinco técnicos del Gobierno de Canarias imputados en este procedimiento por su participación en los permisos para la bodega.
La historia no acaba ahí. Durante su declaración judicial Carlota Pérez reconoció que consultó ese expediente con la jefa del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, Ana María Quintana, así como la forma de remitir ese informe al juzgado. Quintana escuchó ese argumento porque estaba presente en la declaración al intervenir como abogada de dos de los técnicos imputados, Armando Villavicencio y Juan César Muñoz, este último ex director general de Urbanismo y en la actualidad gerente del Consorcio para la Rehabilitación Turística del Sur de Gran Canaria. La Fiscalía pidió entonces que se suspendiera la declaración para que la testigo aportara los correos electrónicos que prueban esos contactos y por si tanto Pérez como Coello pudieran haber cometido algún delito.
La instrucción por la presunta ilegalidad de Bodegas Stratvs se complica porque, además de esta nueva trama, en el procedimiento se ha personado una familia que asegura ser propietaria de una sexta parte de los terrenos que Juan Francisco Rosa ocupó para levantar su industria. El empresario ha reconocido que siempre fue consciente de que no todo el suelo era suyo.
El próximo miércoles, día 18, se celebrará en ese juzgado de Arrecife una vista para dilucidar el cierre de la bodega, solicitado por esta familia.