Canarias se sitúa a la cabeza de la privatización de la sanidad en España. El último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), presentado este jueves, otorga a las Islas la misma puntuación que Madrid, la comunidad autónoma que ha liderado desde 2014 esta lista elaborada a partir de la ponderación de una decena de indicadores obtenidos de fuentes oficiales. Baleares y Catalunya ocupan la tercera y cuarta posición. En el lado opuesto, Cantabria, Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha son, por ese orden, las regiones con menor índice de privatización.
El informe constata el “llamativo incremento” de la privatización sanitaria en Canarias, puesto que el año anterior se había colocado en el octavo lugar y en los precedentes, entre el tercero y el quinto. En términos porcentuales, el estudio cifra ese aumento desde la época pre pandemia (2019) en un 32,3%, de los más altos de todo el país.
La FADSP señala que el proceso de privatización de la sanidad en España es “creciente y desigual” y alerta del “impacto” de las políticas privatizadoras en “Andalucía, Extremadura, Canarias, la Comunidad Valenciana y Aragón”. Para la federación, el deterioro de la sanidad pública, por “infradotación, falta de políticas públicas e ineficiencia en la gestión”, forma “parte esencial” de unas políticas privatizadoras que generan “un incremento de la mortalidad general y el aumento de las desigualdades en salud”.
Como en años anteriores, el informe vuelve a mencionar un estudio realizado en Reino Unido entre 2013 y 2020 y publicado en la prestigiosa revista Lancet en 2022, que asoció el aumento de la externalización de servicios al sector privado con un incremento de la mortalidad tratable. El estudio sugería que ello se debía a una peor calidad de la asistencia sanitaria.
A la cabeza en cinco de ocho variables
El informe asigna un valor (del 1 al 4) a cada una de las variables analizadas, en función de la posición que ocupa cada comunidad autónoma en ese indicador. Sobre una puntuación máxima de 34 puntos, Canarias obtiene 28, los mismos que Madrid, uno más que Baleares y dos más que Catalunya. La media estatal se sitúa en 21,3. Cantabria, con 14, y Asturias, Navarra y Castilla-La Mancha, con 18, tienen los índices más bajos de privatización. La mayoría de los datos analizados corresponden a 2024, aunque algunos son de 2023.
Es la primera vez desde que se publican estos informes que el Archipiélago ocupala primera posición. De los ocho principales capítulos, Canarias se sitúa en el percentil más alto (mayor grado de privatización) en cinco de ellos. Se trata del porcentaje de mutualistas que eligen asistencia privada con respecto al total de la población (un 4,5% frente a una media nacional del 3,61%); del gasto en conciertos sanitarios (7,1% frente a 4,9%); del número de camas privadas sobre el total (27,41% frente a 15,1%); del porcentaje de equipamiento de alta tecnología en el sector privado sobre el total (37,71% frente al 27,5%), y de las consultas anuales a especialistas privados por cada 1.000 habitantes (47,3 frente a 38).
Con respecto a la concertación sanitaria, el informe precisa que las cifras de contratación del sistema público con el sector privado están “infraestimadas” por dos motivos. En primer lugar, por el modelo de las mutuas de funcionarios, “que en su mayoría dedica fondos públicos a financiar seguros privados”. Y, por otra parte, “porque existen muchos casos de contratación directa de los centros sanitarios con el sector privado” (para pruebas diagnósticas, por ejemplo), de manera que esas partidas “no aparecen contabilizadas de manera diferenciada y se incluyen en los presupuestos de los centros públicos”.
En el caso de Canarias, varios conciertos con las clínicas privadas están vencidos desde hace años, por lo que la administración paga esas derivaciones a través de un procedimiento excepcional, denominado procedimientos de nulidad. Tanto la Audiencia de Cuentas como el Consejo Consultivo han reprochado de manera reiterada al Servicio Canario de Salud el abuso de esta forma de proceder. La Consejería de Sanidad convocó este mismo año un concurso para renovar los conciertos caducados, pero ninguna clínica presentó oferta al considerar insuficiente el presupuesto y, por tanto, quedó desierto.
Seguros privados y gasto de bolsillo
Aunque no en percentiles tan elevados, Canarias también se encuentra por encima de la media en el gasto sanitario per cápita en seguros privados de salud, con 187 euros por habitante y año frente a 174. Además, si se compara con los informes de los años precedentes, se observa una tendencia constante al alza. La ciudadanía canaria cada vez gasta más en primas. En 2019, el año que precedió a la pandemia de Covid, la cifra se situaba en 141 euros. Es decir, en cinco años ha aumentado en cerca de un 33%.
Canarias es ya la sexta comunidad con mayor penetración de este tipo de pólizas entre su población. Expertos en Economía de la Salud, entre ellos la catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Beatriz González-López Valcárcel, advierten desde hace años de ese “proceso de privatización acelerado” que atribuyen a los recortes que se acometieron en la sanidad pública tras la crisis de 2008 y los problemas de acceso por las elevadas listas de espera y los tiempos medios de demora tanto para intervenciones quirúrgicas como para consultas con especialistas y para pruebas diagnósticas.
Ese aumento del gasto en seguros de salud contribuye, junto a otros factores, a elevar en cinco puntos el índice de privatización de servicios sanitarios en Canarias en el último año (de los 23 a los 28). Sin embargo, hay un indicador que baja con respecto al año anterior, el gasto de bolsillo. Es decir, el dinero que se paga de forma directa en el momento de recibir atención sanitaria en el sector privado. En 2024 ascendió a 366 euros por habitante. Un año antes, a 424 euros. El gasto de bolsillo antes de la pandemia era de 313 euros por ciudadano, 53 euros menos. En consecuencia, el incremento en este lustro es del 17%.
Además, con respecto a esta variable, el informe incide en que está relacionada con la riqueza de las comunidades autónomas, porque proviene “en gran parte” del gasto en prestaciones no cubiertas por el Sistema Nacional de Salud, “por ejemplo, la odontología”.
Desde 2014 (fecha del primer informe), Canarias siempre se ha ubicado en el grupo de las comunidades autónomas con mayor privatización junto a Madrid, Catalunya y Baleares, aunque con cambios de posición. Sin embargo, hasta este año no había liderado la lista.
El Archipiélago es la tercera comunidad (junto a la Comunidad Valenciana) que más ha incrementado su puntuación en este índice de privatización desde el inicio de los informes de 18 a 28, un 29,4%), solo por detrás de Andalucía (32,4%) y Extremadura (32,3%).
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública señala como principal limitación del estudio “la ausencia de transparencia” de las administraciones, que “dificulta enormemente encontrar datos homogéneos para todas las comunidades autónomas, lo que es un fraude a la ciudadanía, que es la que las sufraga con sus impuestos, y un incumplimiento notorio de la Ley de Transparencia, que desgraciadamente no ha mejorado de manera sustancial la información sanitaria disponible”.