Ninguna clínica privada ha presentado oferta al concurso para la hospitalización de media estancia de pacientes derivados del Servicio Canario de Salud (SCS). Los pliegos habían sido publicados a finales de marzo y preveían la adjudicación de 998 camas, un centenar más de las hasta ahora concertadas. El presupuesto base de licitación ascendía a 180 millones de euros para un periodo de cuatro años, con la posibilidad de una prórroga de un ejercicio y de una modificación de hasta el 20% de la cuantía de los contratos, lo que podría incrementar la cifra total hasta los 260 millones. Las empresas interesadas tenían hasta el 28 de abril para entregar sus propuestas.
La consejera de Sanidad, Esther Monzón (Coalición Canaria), firmó el pasado viernes la orden por la que se declara desierta el concurso, que había sido convocado más de dos años después de que vencieran los contratos de hospitalización con una docena de clínicas privadas. Esos contratos se han mantenido hasta la fecha, pese a estar caducados, y se han ido pagando a través de un mecanismo excepcional, los expedientes de nulidad.
A preguntas de este periódico, la Asociación de Clínicas y Centros de Hospitalización de la provincia de Las Palmas ha explicado que las empresas han decidido no concurrir a este concurso “tras analizar los precios ofertados en los pliegos y contrastarlos con su propia estructura de costes”, concluyendo que “no resultaba viable su participación en las condiciones económicas establecidas”.
El concurso se había dividido en cuatro lotes, dos por provincia (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife). Para pacientes con mayor requerimiento asistencial (con enfermedades de nueva aparición, reagudización o complicación de procesos de base), los pliegos estipulaban un coste de 175 euros por día durante los primeros 60 y de 158 a partir del día 61. En el anterior concurso, esos servicios se pagaban a 161,8 y 146,5 euros diarios, respectivamente.
Los precios previstos en el último concurso para la hospitalización de los pacientes de menor complejidad (en proceso de recuperación o rehabilitación que ya han superado la primera fase de la enfermedad) son de 141 euros al día durante los dos primeros meses y de 128 los sucesivos. En el anterior, el de 2018, esas cifras se situaban en los 130 y 118 euros, respectivamente.
En consecuencia, el incremento previsto era superior al 8% en todos los precios unitarios. En términos globales, el presupuesto se incrementaba en 14 millones de euros (de los 166 adjudicados en el concurso de 2018 a los 180 -128 para Gran Canaria y 52 para Tenerife-), aunque con 101 camas más licitadas (de 897 a 998).
Según recoge el informe elaborado en junio de 2024 por el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Carlos Gustavo Díaz, para justificar la necesidad de iniciar el expediente, esos precios unitarios se fijaron utilizando como referencia los costes directos e indirectos de los hospitales públicos de las Islas. A juicio de la Asociación de Clínicas y Centros de Hospitalización de Las Palmas, esa contabilidad “no se corresponde” con los costes de las clínicas privadas.
Esta asociación señala que, desde la fecha de elaboración del estudio económico por parte del Servicio Canario de Salud (principios de 2024) hasta la publicación de los pliegos del concurso en la plataforma de contratación (marzo de 2025), el sector sanitario privado “ha experimentado un aumento significativo de costes” que atribuye a factores como “la subida acumulada del IPC”, “el alza generalizada de precios en energía, alimentación, medicamentos y suministros sanitarios” o “el incremento de los costes laborales”.
Con respecto a este último punto, conviene recordar que en el sector sanitario privado de la provincia de Las Palmas hay un conflicto laboral abierto desde hace más de un año por el nuevo convenio colectivo. Los trabajadores reclaman, entre otras demandas, una subida salarial que refleje “una mejora real” de sus condiciones y que les permita recuperar el poder adquisitivo perdido. La última propuesta de la patronal, presentada en abril, planteaba una subida del 12% en tres años (un 6% el primero y un 3% en cada uno de los dos siguientes). Los sindicatos comenzaron las negociaciones, hace más de un año, con la aspiración de una mejora del 36% en un trienio, pero ya a principios de este año habían rebajado sus pretensiones a la mitad.
Los sindicatos reclaman un convenio “acorde con los beneficios obtenidos” por las clínicas privadas, “que no paran de crecer y están en máximos históricos en muchos de los centros”.
Condiciones “difíciles de asumir”
Para la patronal de la sanidad privada de Las Palmas, los cambios mencionados “han repercutido directamente en la estructura de costes de los centros, haciendo que las condiciones económicas del pliego resultaran difíciles de asumir sin comprometer la sostenibilidad de la actividad asistencial”.
“Esta postura no refleja en absoluto una falta de compromiso con la colaboración público-privada, sino una discrepancia técnica sobre la actualización y representatividad de los precios ajustados a la realidad económica del momento. Confiamos en que, en futuras convocatorias, puedan incorporarse mecanismos de cálculo más ajustados a la realidad económica del momento y a la diversidad de operadores del sistema”, añade la asociación, que reitera su “plena disposición a colaborar con las autoridades sanitarias en la construcción de un modelo asistencial eficiente, sostenible y de calidad para toda la ciudadanía canaria”.
Lo cierto es que, tras declararse desierto el último concurso, las previsiones de la Consejería de Sanidad de comenzar a ejecutar los nuevos contratos a finales de este año (octubre) se desvanecen y, por tanto, la derivación de pacientes del SCS a clínicas privadas de media estancia tendrá que seguir realizándose mediante procedimientos de nulidad. Es decir, al margen de la normativa de contratación pública, mediante un procedimiento que, tal y como han venido advirtiendo de manera reiterada tanto la Audiencia de Cuentas como el Consejo Consultivo, debe tener carácter extraordinario y no convertirse en un proceder habitual en la administración.
Hasta la fecha la Consejería de Sanidad no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico sobre sus siguientes pasos tras declarar desierto el concurso de hospitalización de media estancia.