Dos recursos paralizan un concurso de 155 millones para la hemodiálisis en Canarias
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha suspendido de manera cautelar un concurso de 155 millones de euros para la prestación del servicio de hemodiálisis extrahospitalaria a pacientes del Servicio Canario de Salud (SCS) tras los recursos de dos de las principales empresas del sector, Avericum y Fresenius.
La propia Consejería de Sanidad se ha mostrado partidaria de la paralización del procedimiento hasta que el tribunal se pronuncie sobre las quejas de las licitadoras, que alegan, entre otras razones, que las tarifas fijadas no se corresponden con los precios de mercado o “incongruencias técnicas” en los pliegos de este concurso para la asistencia de pacientes con enfermedades renales crónicas de cuatro hospitales públicos de las Islas.
El expediente del contrato, uno de los mayores en importe de la sanidad canaria, se abrió en el verano de 2025. El informe propuesta está firmado el 6 de agosto por Adasat Goya, que entonces apenas llevaba una semana como director del Servicio Canario de Salud.
El concurso se divide en siete lotes que corresponden a dos unidades externas de diálisis para la derivación de pacientes en el caso de los hospitales Doctor Negrín (norte de Gran Canaria), La Candelaria (sur de Tenerife) y el Hospital Universitario de Canarias (norte de Tenerife), y una para los usuarios del José Molina Orosa (Lanzarote).
La duración prevista del contrato es de cuatro años, con posibilidad de prorrogar otro ejercicio como máximo y de aumentar hasta un 20% el importe de licitación. En total, 155 millones de euros. La Consejería de Sanidad precisa que estos servicios ya estaban externalizados.
Dos recursos
Dos de las principales empresas del sector, la canaria Avericum y la multinacional Fresenius, impugnaron los pliegos en sendos recursos interpuestos días antes de la fecha fijada para la presentación de las ofertas (el pasado 26 de febrero).
Avericum ya es adjudicataria de otros contratos de hemodiálisis en las Islas (en los hospitales Doctor Negrín y José Molina Orosa y en una unidad asistencial vinculada a la gerencia del Insular de Gran Canaria) y ha protagonizado episodios controvertidos.
Su director y administrador único es Francisco Javier Artiles, un abogado que estuvo investigado en el llamado caso Lifeblood, un presunto amaño en la adjudicación de un contrato de hemodiálisis de 124 millones de euros a la empresa del mismo nombre, sin experiencia en el sector. La causa penal acabó archivada (la Fiscalía no encontró pruebas concluyentes), aunque en su auto de sobreseimiento provisional, la jueza instructora, Victoria Rosell, sí apreció indicios de tráfico de influencias, puesto que Artiles era asesor del SCS en esa época y habría actuado de tapado en favor de la adjudicataria.
Con posterioridad, Avericum ha ganado varios contratos en Canarias con importantes rebajas sobre las tarifas del presupuesto de licitación. En 2019, por ejemplo, redujo en un 30% el precio de las sesiones para hacerse con el servicio a los pacientes de la zona sur de la isla de Gran Canaria. También ha resultado adjudicataria de diversos concursos en otras comunidades con quejas de los competidores por esa política de bajos precios.
En relación con este último concurso en Canarias, Avericum acudió al tribunal de contratos el pasado 16 de febrero, diez días antes de que concluyera el plazo para presentar las ofertas. En su recurso advierte de graves deficiencias económicas en los pliegos. Sostiene que la tarifa fijada por el SCS no se corresponde con los precios de mercado.
En el concurso se ha establecido un precio máximo unitario de licitación de 165.02 euros por sesión de hemodiálisis. En el adjudicado a Avericum hace más de un lustro para la zona sur de Gran Canaria, la tarifa quedó fijada en 102,93 euros sin posibilidad de revisión.
Por otra parte, en el concurso ahora paralizado el SCS prevé un incremento anual del 2% para los lotes de los hospitales de Tenerife y el de Gran Canaria y del 4% para el de Lanzarote en previsión del aumento del volumen de pacientes y necesidades asistenciales. Según consta en la memoria del concurso, para determinar el importe de licitación y los costes directos e indirectos del servicio, la administración pública realizó una estimación basándose en los costes de los centros sanitarios propios del SCS.
En su recurso, Avericum denuncia la “indefinición absoluta” de esa memoria económica y que, a la hora de fijar la tarifa, no se ha tenido en cuenta ni el beneficio industrial ni los gastos generales. La licitadora también señala que el reparto de puestos de diálisis entre los lotes es “absolutamente desproporcionado e injustificado”. El concurso requiere 100 puestos para las unidades de diálisis para pacientes del Hospital Doctor Negrín; otros 100 para los de La Candelaria; 120 para los del HUC, y 40 para los del Molina Orosa.
La segunda recurrente es la multinacional Fresenius Medical Care. Esta empresa, líder en el sector de la diálisis y dueña de Quirón Salud, admitió en 2019 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Comission) que sobornó a médicos de varios países, entre ellos de España, para obtener información confidencial anticipada sobre las especificaciones técnicas de las licitaciones públicas.
El caso, que investigó las las prácticas irregulares cometidas por la empresa entre 2006 y 2017, se cerró con el pago por parte de la empresa de más de 200 millones de dólares en multas y con el compromiso de contratar a un Monitor de Cumplimiento Independiente durante al menos dos años para revisar, evaluar y obligar a mejorar todas sus políticas contra la corrupción, sus auditorías y sus controles internos a nivel global.
Fresenius presentó su recurso el 18 de febrero, dos días después que Avericum. La multinacional se queja de la “falta de proporcionalidad y justificación en la previsión de pacientes”, la exigencia de “puestos mínimos” (360 generales de diálisis y 16 específicos para pacientes con hepatitis B) o “la imposición de dos turnos diarios”.
Esta licitadora advierte, además, de una “incongruencia técnica” en los pliegos, puesto que el contrato está diseñado para la prestación de un servicio de hemodiálisis de naturaleza extrahospitalaria (en centros ubicados a tres kilómetros como máximo), pero sin embargo se imponen requisitos de “alojamiento e integración” en infraestructuras “intrahospitalarias”.
El recurso de Fresenius incide también en la “ausencia de desglose” del precio unitario, en que los pliegos no establecen un tope máximo en los criterios de adjudicación, en concreto en el que otorga puntos por cada nefrólogo extra ofrecido, “lo que impide valorar la viabilidad real” de las proposiciones, o que se impongan obligaciones “condicionadas a la voluntad del hospital de referencia y de cuantía indeterminada”.
Suspensión cautelar
En sus recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, tanto Avericum como Fresenius solicitaron la suspensión cautelar del concurso para evitar perjuicios “de imposible o difícil reparación”. Ambas empresas advertían de que si el proceso avanzaba y se abrían las propuestas (económica y técnica) de las licitadoras se habría público el contenido de las ofertas, lo que perturbaría “la confidencialidad, la competencia y la integridad” de una futura licitación si al final el tribunal anula los pliegos.
Según las licitadoras, la suspensión no genera ningún perjuicio al interés general ni a la sanidad pública, ya que las necesidades de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis están cubiertas mediante los contratos vigentes, “que se siguen prestando sin interrupción”.
El propio SCS (órgano de contratación) expresó su conformidad de forma expresa con que se adoptara esa medida provisional. En este escenario, el tribunal de contratos asume los argumentos de las empresas recurrentes y sostiene que revelar las ofertas de los competidores causaría “daños irreparables” al alterar la confidencialidad y la libre concurrencia. La paralización sólo se hace efectiva para el momento inmediatamente anterior a la apertura del sobre dos, el que contiene la proposición económica y técnica.
De esta manera el tribunal salva el trámite del sobre 1, que corresponde a la documentación general de las empresas y no contiene información confidencial.
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