CCOO estudia “acciones juíridicas” contra la Ley canaria que permite usar informes privados para licencias urbanísticas
Comisiones Obreras ha anunciado este viernes que va a estudiar “acciones jurídicas” contra la ley aprobada en el Parlamento de Canarias que permite la utilización de informes privados en la tramitación de licencias urbanísticas.
Anteriormente esos informes tenían que ser realizados por los servicios municipales, pero a raíz del decreto aprobado en 2025 por el Gobierno de Canarias, convalidado en el Parlamento y aprobado tras ser tramitado como proyecto de ley este mismo miércoles (con el rechazo de PSOE y NC y la abstención de Vox), también pueden ser emitidos por colegios profesionales o entidades urbanísticas de colaboración, contratados por el propio promotor de la construcción.
El objetivo de la nueva norma, según el Gobierno de Canarias, es agilizar la burocracia permitiendo que los informes técnicos para construir viviendas puedan ser emitidos por colegios profesionales y no necesariamente por técnicos municipales, pero para PSOE y NC lo que se hace es “privatizar” el control urbanístico.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias también considera que ese decreto, de abril del año pasado, es “un paso decisivo en la privatización de funciones públicas esenciales para el control del territorio y del uso del suelo” y lamenta que el Parlamento le haya dado luz verde.
Supone una huida del derecho administrativo que traslada funciones sometidas al estatuto de derechos, deberes e incompatibilidades del empleo público a personas y entidades externas sujetas al derecho privado, lo cual pude entrar en conflicto con la doctrina del Tribunal Supremo, según CCOO.
La ley “debilita el control público del suelo, reduce las garantías sobre el interés general del territorio y abre la puerta a la compraventa de informes en un ámbito reservado históricamente a la Administración”, argumenta.
El Consejo Consultivo, algunos ayuntamientos y profesionales y personal de oficinas técnicas y gerencias de urbanismo han rechazado esa fórmula, señala el sindicato, porque “subordina el interés general a lógicas privadas y mercantiles en un territorio sometido a una elevada presión urbanística”.
CCOO denuncia que los denominados informes técnicos de conformidad podrán ser emitidos en régimen de colaboración por colegios profesionales, entidades urbanísticas de colaboración o medios propios personificados y cuando sean favorables no será obligatorio un informe técnico ni una verificación o ratificación pública.
“Este mecanismo desplaza a los servicios técnicos municipales en una materia directamente vinculada al ejercicio de potestades públicas y a la garantía de la legalidad urbanística”, advierte el sindicato.
Para CCOO, las funciones que determinan qué puede construirse, con qué condiciones y de acuerdo con qué usos “no deben convertirse en una prestación sujeta a las reglas del mercado y de la rentabilidad”.
La normativa permite que el informe sea solicitado por la persona interesada con un coste entre el 0,5% y el 3% del presupuesto de ejecución del proyecto, lo que deja en situación desigual a la ciudadanía con respecto a los grandes promotores, según CCOO.
El sindicato considera que se utiliza la emergencia habitacional “como coartada para crear un nuevo mercado en torno a las licencias urbanísticas”.
La solución de la vivienda “no pasa por facilitar una vía de pago a los grandes promotores ni por profundizar en la dinámica especulativa del suelo en Canarias”, argumenta.
Otra objeción de CCOO es que la normativa supone una intromisión en la autonomía local, al obligar a los ayuntamientos a un acuerdo plenario en el caso de que se decida rechazar un informe urbanístico privado.
La privatización de los informes urbanísticos puede acabar desplazando determinaciones del planeamiento municipal, alterar el régimen de equipamientos, dotaciones, aprovechamientos y usos del suelo, alerta el sindicato.
Denuncia además CCOO que la calificación de las viviendas asequibles incentivadas tendrá una duración de siete años, tras lo cual, salvo las excepciones previstas, pasarán a ser viviendas libres.