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Comisiones Obreras estima en 180.000 los demandantes jóvenes de vivienda en Canarias

La cifra oficial del registro público de demandantes de vivienda de protección oficial (VPO) en Canarias es de 25.159 personas. Es un dato que no ha parado de aumentar en los últimos años y que suele utilizarse para ilustrar la gravedad de la emergencia habitacional de las Islas. Pero el total de isleños en busca de un piso podría ser aún mayor. Mucho mayor. De acuerdo con un informe de Comisiones Obreras (CCOO), el número real, tan solo teniendo en cuenta a los jóvenes, asciende a algo más de 180.000, según una estimación del sindicato a partir de valores del Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

CCOO ha utilizado para ello el sondeo de composición del hogar por número de personas. Esa información del ISTAC recoge cuántos hogares hay en las Islas (alrededor de 850.000) y cuántos de los mismos están compuestos por parejas o adultos solteros con todos sus hijos económicamente independientes. El registro muestra que en la Comunidad Autónoma existen 182.455 hogares con estas características, lo que permite considerar que al menos un número similar de jóvenes o no tan jóvenes con trabajo no han podido independizarse. El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud calcula que solo dos de cada diez canarios lo han podido hacer antes de los 30 años. Es una de las ratios más elevadas del país.

“La vivienda es un tema cada vez más preocupante”, lamenta en declaraciones a Canarias Ahora la secretaria de Políticas Sociales de CCOO en Canarias, María José Betancort. El sindicato ha elaborado un informe sobre la vivienda en el Archipiélago en el que resume que “gran parte” de la problemática existente en esta materia “obedece a la inactividad pública” y pone como “ejemplo de ello” la escasez de datos procedentes de fuentes oficiales. Las Islas desconocen qué empresas o particulares gestionan el parque de viviendas en alquiler, el régimen de tenencia que más peso ha ganado en los últimos años. Tampoco cuentan con indicadores públicos y actualizados sobre el precio de los bienes inmuebles. Ni siquiera se sabe cuántas VPO hay en cada municipio.

“Nos faltan datos. Urge tomarse esto en serio, contar con cifras reales, actualizadas y que estén unificadas, no dispersas, que dificultan el trabajo”, reitera Betancort.

El último censo del INE cifra en 1,088 millones el total de viviendas en el Archipiélago. De ese registro, hay que restar las 211.000 edificaciones vacías y las 83.722 de uso esporádico. El parque “útil” de pisos, entonces, queda en torno a los 800.000. Las localidades con menos moradas son Arrecife (39,3 por cada 100 habitantes), Tijano (40,3) y Santa Lucía de Tirajana (41,3); mientras que las que más tienen son Vallehermoso (90,8 por cada 100 residentes), Garafía (90,2) y Santiago del Teide (83,2).

La gran mayoría se todas estas casas se construyó antes del estallido de la burbuja inmobiliaria (2008). Después, muy pocas. Entre 2011 y 2021 se levantaron 47.520 unidades, de las cuales solo 2.172, un 4,5%, fueron promovidas por el Gobierno regional. Es un porcentaje que “nos da una idea del escaso esfuerzo que se ha tomado [por parte de la Administración Pública] en prevenir que la vivienda fuese una de las mayores preocupaciones sociales”, critica CCOO. Es una proporción que, además, sitúa a Canarias a la cola del conjunto estatal, solo empeorada por Galicia (2,3%), Murcia (2,1%) y Baleares (0,9%).

De este modo, “no es de extrañar”, razona el sindicato, que un 83,3% de la población canaria valore como poco o nada satisfactorios los servicios públicos de protección social para el acceso a la vivienda, según constató el ISTAC. Porque la emergencia es real. La Encuesta de Condiciones de Vida señala que alrededor de 70.000 hogares canarios se han visto obligados a retrasar una o más veces el pago del alquiler o la hipoteca. Otra encuesta, esta vez la del Coste Laboral, del Instituto Nacional de Estadística (INE), apunta que el alquiler medio en el Archipiélago consume el 33,23% del salario promedio en las Islas (1.618 euros mensuales). Solo en 2023, en Canarias hubo casi 1.400 desahucios practicados en el marco de la Ley de Arrendamientos Urbanos, diez veces más que ocupaciones ilegales (140 expedientes).

Ante este escenario, en el que hay que sumar la innegable influencia de la turistificación, manifestada bien mediante la compraventa por parte de extranjeros o el cambio de uso de los inmuebles, convirtiéndose cada vez más en hogares para los turistas y no para los residentes, CCOO hace un pequeño análisis de las dos normas estrellas anunciadas por el Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), para atajar este asunto. Uno de esos textos legislativos, el relativo a la construcción de vivienda, ya está aprobado. El relacionado con las de uso turístico, aún no.

El primero declara la tan mencionada “emergencia habitacional” en el Archipiélago. Sin embargo, el sindicato entiende que medidas urgentes, precisamente, no incorpora.

Comisiones Obreras considera que la construcción, la piedra angular del decreto, “no debe ser una prioridad a corto plazo” al recordar que Canarias tiene más de 200.000 casas vacías. Es un volumen tan alto que actuar al respecto debería ser “la prioridad”, indica en el informe, que propone algunas medidas en este sentido: penalización por la tenencia de vivienda vacía, uso del derecho de tanteo y retracto, intermediación pública entre propietarios y arrendatarios, con garantía pública de pago, expropiación temporal forzosa a causa de esta urgencia…

Por otro lado, con respecto al anteproyecto de las viviendas vacacionales, CCOO se limita a describirlo y a mencionar que su redacción pretende, “con mayor o menor acierto”, dar solución a los problemas de gentrificación y turistificación en muchos núcleos de la Comunidad Autónoma. A finales de mayo, había 57.700 alquileres turísticos en la región. La ley, todavía por aprobar, abre la puerta a doblar ese número.