Las ambulancias también esperan: el conflicto que mantiene en vilo al transporte sanitario en Canarias
Cada jornada comienza con la misma incógnita. No saben a qué hora acabarán el turno, si podrán hacer una pausa para comer o cuántos avisos atenderán antes de regresar a casa. Esa incertidumbre forma parte del día a día que describen los trabajadores del transporte sanitario en Canarias, inmersos en una nueva lucha junto a los sindicatos en la que denuncian unas condiciones laborales cada vez más precarias.
El conflicto se remonta a 2024, cuando la finalización III Convenio del Transporte Sanitario desencadenó una situación de bloqueo en la negociación del nuevo marco laboral. Desde entonces, se ha convertido en un cruce de responsabilidades. Mientras que las empresas aseguran carecer de margen para mejorar las condiciones laborales si la Consejería de Sanidad no dota de más recursos los contratos del transporte sanitario, la Administración, por su parte, insiste en que los salarios deben pactarse en la negociación colectiva entre la patronal y los sindicatos y que su papel se limita a financiar el servicio y facilitar la mediación.
Y es que, aunque el debate público se ha centrado en los salarios, el convenio colectivo regula muchos más aspectos de la vida laboral. El coordinador del sector de ambulancias de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Canarias, Enrique Espi, denuncia jornadas extenuantes, falta de relevos, ambulancias que permanecen fuera de servicio por averías, una pérdida de poder adquisitivo cercana al 25% y unas condiciones económicas que, asegura, han empujado a parte de la plantilla a buscar un segundo empleo para llegar a fin de mes. “Hay compañeros que necesitan otro trabajo para poder vivir”, explica a este periódico.
Todo ello llevó a que más de 2.000 técnicos de ambulancias de Canarias se concentraran en dos jornadas de huelgas indefinidas, el 8 y el 19 de junio de 2026, en los centros neurálgicos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, donde reclamaron un “convenio digno”, revisar los pluses de nocturnidad, los permisos, la organización de la jornada, los tiempos de presencia y otras condiciones que permanecen prácticamente sin cambios desde hace años. “En la pandemia eramos servicios esenciales, la gente nos aplaudía y parece que hoy seguimos siendo los mismos y se han olvidado de nosotros” lamentaba en una de esas movilizaciones José Miguel Perdomo, representante de USO.
La negociación salarial, condicionada desde el origen
Pero esta controversia ha bifurcado en una nueva línea de argumentación. Enrique Espi denuncia que, de forma paralela a la negociación del IV Convenio Colectivo, la patronal y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias están definiendo las condiciones económicas del futuro contrato del transporte sanitario. A juicio del sindicato, ese proceso condiciona desde el inicio el margen de mejora que puede alcanzarse en la mesa de negociación. “Intentan poner un techo a nuestras reivindicaciones mientras los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo”, asegura.
En este contexto, el papel del Gobierno de Canarias resulta determinante. El Ejecutivo autonómico condiciona el margen económico de esa negociación al ser el financiador del servicio a través del Servicio Canario de la Salud (SCS). Y aunque el convenio colectivo se negocia legalmente entre las empresas y los representantes de los trabajadores, las adjudicatarias dependen del presupuesto fijado en los contratos públicos para asumir cualquier incremento de los costes laborales.
A ello se suma la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, que limita con carácter general la revisión del precio de los contratos públicos en vigor para compensar aumentos de costes. En la práctica, si la licitación no contempla financiación suficiente, las empresas sostienen que carecen de margen para asumir mejoras salariales sin comprometer su viabilidad económica.
Este periódico ha intentado recabar la versión de la Consejería de Sanidad y de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), empresa pública adscrita al Servicio Canario de la Salud encargada de coordinar el transporte sanitario urgente. Tras varios intentos por diferentes vías, la única respuesta trasladada fue que “se trata de un conflicto entre patronal y trabajadores que ha de resolverse en ese ámbito”. Desde el GSC añaden que “se vela por el cumplimiento del contrato de las empresas prestatarias y se insta a la resolución del conflicto cuanto antes”.
En cambio, los sindicatos denuncian que, antes de licitar estos contratos, la Administración mantiene reuniones técnicas con las patronales para calcular el coste del servicio y garantizar la viabilidad del concurso público. Según esta crítica, en esos encuentros se fija de facto el límite del coste laboral que el Gobierno está dispuesto a financiar, de modo que la negociación colectiva llega condicionada desde el inicio para pactar mejoras salariales.
Un modelo de gestión bajo cuestionamiento
Aunque el transporte sanitario es un servicio público coordinado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), entre el 85% y el 90% de la prestación se encuentra externalizada y es gestionada por empresas privadas. Por eso, para Espi, este modelo “está completamente agotado”, ya que cuando una ambulancia queda fuera de servicio, la carga asistencial se redistribuye entre el resto de los equipos disponibles, uns situación que termina repercutiendo en la calidad de la asistencia.
Espi defiende de esta manera que la internalización del servicio -una propuesta que el sindicalista Iván Amador ya planteó en 2019- sería la única solución estructural para garantizar tanto la calidad asistencial como unas condiciones laborales estables. Asimismo, inisiste en que el estudio sobre la viabilidad de esa gestión directa, aprobado por el Parlamento de Canarias en julio de 2025, continúa sin desarrollarse.
El responsable sindical también cuestiona el grado de control que ejerce la Administración sobre las empresas adjudicatarias. A su juicio, la fiscalización resulta insuficiente y permite que determinados incumplimientos “salgan rentables”. Como ejemplo, asegura que existen ambulancias que rozan el millón de kilómetros con un mantenimiento deficiente y denuncia que, en algunos servicios, se movilizan menos vehículos o menos personal del contemplado en los contratos financiados con fondos públicos.
El conflicto llega a las instituciones
Estas críticas al modelo de gestión también han encontrado hueco en el ámbito institucional.
El pasado 20 de julio de 2026, la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna escenificaron un nuevo respaldo institucional a las reivindicaciones del personal del transporte sanitario, después de que el pleno municipal aprobara por unanimidad una moción en apoyo al colectivo.
A raíz de este acuerdo, el sindicato instó al Gobierno de Canarias a adoptar medidas concretas para mejorar las condiciones laborales, profesionales y salariales de los técnicos en emergencias sanitarias, recordando además que la negociación permanece bloqueada desde el 31 de diciembre de 2024 y que esta situación podría prolongarse hasta finales de 2027 o comienzos de 2028. Asimismo, CCOO reclamó que se impulse el estudio de viabilidad del transporte sanitario público aprobado por el Parlamento de Canarias el 9 de julio de 2025 para analizar un posible modelo de gestión directa del servicio, defendiendo que los recursos públicos se destinen a mejorar la asistencia y las condiciones del personal. Sobre esa base, los trabajadores reclaman una actualización salarial acumulada del 21% y una subida adicional del 4% con carácter retroactivo para 2026.
A este debate se ha sumado el PSOE de Fuerteventura, que acusó al Gobierno de Canarias de generar “falsas expectativas” tras anunciar la incorporación de tres nuevas ambulancias para reforzar el servicio en la isla. Los socialistas sostienen que esos recursos dependen de la futura licitación del transporte sanitario terrestre, la cual todavía no se ha iniciado y que, además, continúa condicionado por el conflicto laboral que mantiene bloqueada la negociación.
Las reclamaciones volvieron el jueves pasado al Parlamento de Canarias, donde representantes de CCOO comparecieron junto a varios grupos de la oposición para advertir de que el conflicto trasciende la negociación del convenio colectivo. El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, Pedro Costeras, recordó que el transporte sanitario constituye una de las principales concesiones del Ejecutivo autonómico y defendió que, al tratarse de un servicio público esencial, el Gobierno también debe asumir responsabilidades sobre su calidad y sobre las condiciones en las que se presta.
Costeras recordó que, tras la huelga de la anterior legislatura, la Consejería de Sanidad se comprometió a crear una comisión de fiscalización de los contratos y a impulsar un estudio sobre la posible internalización del servicio. Según explicó, la comisión apenas llegó a reunirse en dos ocasiones y terminó paralizada, pese a que el sindicato había trasladado informes en los que denunciaba presuntos incumplimientos, como servicios realizados con menos ambulancias de las contratadas o traslados efectuados por un único profesional cuando el contrato contemplaba dos.
Durante esa comparecencia, los representantes sindicales insistieron además en que el Ejecutivo debería escuchar tanto a la patronal como a los trabajadores antes de fijar la financiación de las futuras prórrogas y de la próxima licitación del transporte sanitario, al entender que esa decisión condicionará nuevamente el margen real de la negociación colectiva.
La polémica de los voluntarios por la visita del papa
En medio del conflicto, con la llegada del papa León XIV a las islas, salió a la luz que la Administración había solicitado Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) voluntarios no remunerados para cubrir el dispositivo de seguridad. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) censuró firmemente esta petición, catalogando la situación como “un insulto a la dignidad de la profesión”. El coordinador del Sector de Ambulancias de FSC-CCOO Canarias recordó entonces que los técnicos en emergencias sanitarias “son personal cualificado, con formación específica y una elevada responsabilidad profesional”. “No somos voluntarios”, insistió.