Mala gestión de la sanidad pública

En el periodo reciente se viene instalando en la opinión pública de las Islas y en los profesionales del sector la sensación de encontrarse inmersos en una profunda crisis del sistema sanitario canario. Estoy haciendo referencia a un elemento esencial del estado social que en Canarias cuenta con unos 35.000 trabajadores y trabajadoras, superando los 4.800 millones de euros en las cuentas públicas, casi el 40% del Presupuesto de la Comunidad Canaria para el año 2026, lo que supone un gasto per cápita ligeramente superior a la media estatal. Actualmente los resultados de nuestro sistema sanitario son insatisfactorios para amplios sectores de la población canaria, pese al enorme esfuerzo de sus profesionales que también vienen manifestando de forma reiterada su malestar por las condiciones en que llevan a cabo su trabajo.

Como he señalado en otras ocasiones, la sanidad es, sin duda, una de las grandes competencias del autogobierno. Por la enorme relevancia que tiene en la vida de todos y todas; y por ser fundamental para mantener la salud pública, prevenir enfermedades y gestionar problemas de salud crónicos y agudos. Por ello, precisa contar siempre con recursos suficientes, con la mejor planificación y organización, así como con una gestión profesionalizada, lo que en estos momentos no está ocurriendo, lastrando la calidad del trascendental servicio que ofrece.

Canarias dio un enorme salto con la asunción de las competencias sanitarias a mediados de los años noventa del pasado siglo, en calidad y en la carta de servicios prestados, superando una situación de graves carencias. Con infraestructuras claramente insuficientes. Con hospitales obsoletos. Con urgencias colapsadas. Con un grave estancamiento en atención primaria y con la salud mental abandonada. Con exiguas plantillas profesionales. Con déficits de instalaciones básicas en numerosos municipios y, especialmente, en islas como La Palma o Gran Canaria. Sin sistema de emergencias.

Entonces, desde la capacidad del autogobierno, se llevó a cabo un enorme y riguroso trabajo que posibilitó construir el sistema canario de salud, triplicando la superficie de instalaciones sanitarias, tanto en hospitales como en centros de salud, en todo el archipiélago. Logrando que la sanidad fuera valorada positivamente por la mayoría de la población canaria y colocándola por encima de la media estatal.

Posteriormente se vivieron etapas con distintos altibajos ocasionados por razones varias. Como los significativos recortes económicos que le afectaron tras la crisis financiera del año 2008. O la mayor o menor capacidad de respuesta antes las nuevas o crecientes demandas (como la atención a la salud mental) o a los cambios demográficos por el incremento de población asociado al desarrollismo turístico, así como por una sociedad más envejecida y, por tanto, con la necesidad de atender adecuadamente las patologías asociadas a una mayor longevidad.

Pandemia Covid 19

Considero que en la última década se ha realizado un importante esfuerzo presupuestario y en contratación de personal. En la pandemia de la Covid 19, uno de los momentos más críticos, se consiguió ofrecer una adecuada respuesta a ese enorme reto sanitario, aumentando considerablemente el gasto y ampliando la plantilla en 9.000 profesionales que hoy continúan en el sistema, un incremento superior al 30 por ciento.

Aunque el actual Gobierno ha incrementado las partidas económicas destinadas a la sanidad de forma significativa, estas no ayudan a resolver los problemas más sentidos por la población y acabar con los colapsos del sistema, al no ir acompañadas de una buena gestión de los mismos. Sin ella, los recursos, por elevados que sean, no consiguen impactar en el incremento de la calidad del servicio sanitario público.

Se confirma, una vez más, que sin adecuada planificación, organización y gestión la sanidad es una nave a la deriva y su crisis perjudica a la ciudadanía, que no se ve correctamente atendida, y a sus profesionales, que realizan su tarea en condiciones frustrantes.

En un servicio público de la complejidad del sanitario se requieren responsables cualificados, profundamente conocedores de su realidad y capaces de planificarlo y gestionarlo con rigor; en ningún caso, como desgraciadamente está ocurriendo, personas designadas directamente por el presidente Clavijo por su lealtad a CC y a su persona.

Malestar general y riesgo de privatización

Son numerosas las muestras del malestar por el estado de nuestra sanidad que contrastan vivamente con el triunfalismo propagandístico del Gobierno de CC y PP. A lo largo de la legislatura, el diputado de Nueva Canarias Yone Caraballo ha trasladado al Parlamento de Canarias los distintos problemas que afectan a nuestro sistema sanitario. Y que han llevado, por ejemplo, a la movilización de numerosos profesionales de las gerencias sanitarias, que rechazan los recortes anunciados y la negativa a sustituir las bajas y las vacaciones.

También los relativos a la estabilización del personal y el fracaso de los hospitales del norte y del sur de Tenerife. Así como el cierre del hospital insular de Lanzarote, monográfico en geriatría, referente en esta materia en el conjunto de Canarias y en el ámbito estatal, con reconocimiento para el ejercicio de la docencia en el MIR, lo que ha originado una importante movilización en la isla, con más de 7.000 personas en las calles exigiendo su continuidad.

Sin olvidar la prolongada huelga de los médicos del Servicio Canario de Salud (SCS), que ha supuesto la suspensión de más de 50.000 consultas, así como el aplazamiento de miles de pruebas diagnósticas y de intervenciones quirúrgicas. Exigen, fundamentalmente, la eliminación progresiva de las guardias de 24 horas, mejoras salariales, descanso efectivo tras la realización de guardias y la contratación de más especialistas.

O el colapso de las urgencias hospitalarias en distintos centros del Archipiélago, el deterioro de la atención primaria y los retrasos de más de 10 días para obtener una cita con el médico de familia. Además de los problemas del transporte sanitario o aquellos que afectan al personal de Hemodonación y Hemoterapia, en medio de una gestión penosa que ha llevado a que se produzcan mínimos históricos en la captación de sangre, afectando a la actividad quirúrgica.

Hay un grave problema en la sanidad canaria, por más que la consejera y el presidente del Gobierno pretendan ocultarlo o minimizarlo. Cuando no frivolizar con la atención en los centros de salud, como hizo recientemente Clavijo en el Parlamento, lo que ha generado un amplio rechazo entre sus profesionales. Lo responsable sería reconocer esa realidad que afecta a la vida de los canarios y canarias y comenzar a tomar medidas efectivas para tratar de revertirla. Salvo, claro, que lo que se pretenda sea deteriorar el sistema sanitario público para favorecer el aseguramiento privado, como se observa nítidamente en comunidades como Madrid o Andalucía, gobernadas también por las derechas.