El Consorcio de Emergencias de Gran Canaria estudia emprender acciones legales ante la situación que se está viviendo con los bomberos de la Isla, que se encuentran en huelga. En la Junta General Extraordinaria y Urgente celebrada este lunes se puso de manifiesto que la seguridad ciudadana queda garantizada ya que se externalizarán servicios si se mantiene la situación actual.
El presidente del consorcio, Pedro Justo Brito, que compareció junto a los alcaldes y representantes municipales de los 19 ayuntamientos consorciados, explicó que “si bien la negativa de los bomberos de acudir a cubrir la seguridad ciudadana en las Fiestas del Pino, pareció solucionado cuando el Cabildo de Gran Canaria dictó un Decreto, esto no fue suficiente ya que no se presentaron en su puesto de trabajo”.
Según subrayó, el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se vio entonces obligado a recurrir a una empresa privada para suplir las vacantes de los bomberos en el dispositivo de seguridad diseñado para garantizar la seguridad de los ciudadanos que se acercaron al municipio de Teror a disfrutar de las Fiestas del Pino. “Este servicio costó al erario público 8.800 euros”, matizó Pedro Justo Brito.
Por ello, se está estudiando la posibilidad de externalizar algunos de los servicios, así como la viabilidad de que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes asuman, ellos mismos, sus propios cuerpos de bomberos.
Incendio de Arinaga
Sobre el incendio ocasionado en la madrugada del sábado en una nave del Polígono Industrial de Arinaga, señaló que se contó con el apoyo de los bomberos del Mando Aéreo de Canarias (MACAN)
En este caso, “se dio la circunstancia de que el equipo de bomberos que acudió en un primer momento a sofocar el incendio no aceptó dicha colaboración”, recalcó Justo Brito, quien añadió que “hubo que esperar al momento del cambio de turno para que este operativo pudiera colaborar en las tareas de extinción”.
El presidente del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, así como los miembros municipales que lo conforman coinciden en que “estas situaciones anómalas e irresponsables no responden a carencias en seguridad si no a una reivindicación laboral de un colectivo que trabaja entorno a 63 días al año y cobra una media de 36.000 euros. Igualmente cobran un plus mensual de productividad de 500 euros sin que se les exija ningún tipo de justificación”.