El Consejo Consultivo ha avalado el decreto de dependencia con el que la Consejería de Bienestar Social del Gobierno canario pretende reducir los tiempos de espera en materia de dependencia. Se trata de un documento que ha sido muy cuestionado por el personal técnico y los colegios de Trabajo Social de Canarias. No obstante, el órgano realiza algunas observaciones como la del apartado cuatro del decreto que habla de la colaboración “en general, de la iniciativa privada para ”la prestación de los servicios incluidos en el catálogo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)“, y habla de diferentes fórmulas de colaboración previstas en el ordenamiento jurídico”.
El órgano señala que esta previsión genérica, deberá incluir la limitación específica que, para el caso de la atención a la dependencia establece la ley de 2006 y que dice que “los servicios de valoración de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas previstas en la presente Ley, se efectuarán directamente por las Administraciones Públicas no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas”.
En concreto, el decreto de dependencia hace referencia a que “la administración de la comunidad autónoma de Canarias, a través de la Consejería competente en materia de atención a la dependencia, podrá colaborar con la iniciativa privada en el ámbito de los servicios sociales”.
Asimismo, el Consultivo hace hincapié en cuestiones de formalidad y en mejorar la redacción de artículos confusos. No obstante, concluye que el proyecto de decreto “se ajusta al parámetro constitucional, estatutario y legal de aplicación”.
El pasado 21 de abril, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, anunciaba tras el Consejo de Gobierno la aprobación del decreto de dependencia. Una de sus principales medidas es que se pasa de un modelo bifásico a otro monofásico. Es decir, solo bastará con una visita al domicilio de la persona usuaria para tramitar el grado de dependencia y el Programa de Atención Individualizada.
Sobre las críticas del personal y de los trabajadores y trabajadoras sociales, la consejera Candelaria Delgado no pronunció después de que se le preguntara, pero sí ha remarcado que se han estado actualizando los aplicativos informáticos y que se impartirá formación al personal de la Consejería. También aseguró que habrá recursos suficientes para ello.
El Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife advirtió el pasado año sobre las consecuencias del decreto de Dependencia y reprochó que el texto “parece olvidar que la elaboración adecuada de las valoraciones y los PIA depende de una evaluación precisa y detallada, lo cual requiere suficiente tiempo y recursos”. “No todo vale para acortar plazos”, señaló por su parte el colegio de Las Palmas.
“Nosotros no nos oponemos a que el modelo sea monofásico, porque todos queremos que se agilice”, aseguró el pasado lunes Yolanda Cívicos, trabajadora social y portavoz de Intersindical Canaria. No obstante, sí añade que este proceso debe realizarse con garantías.
Cívicos expone que la consejera mencionó comunidades como País Vasco, Castilla y León y Cantabria, donde aseguró que existe ese modelo monofásico. Sin embargo, la trabajadora social añade que en esas regiones acuden dos profesionales al domicilio a realizar la valoración. “Lo ideal es que vaya un profesional con la visión social y otro con la visión sanitaria, que el trabajador social que vaya, pues elabore el informe social y no un informe del entorno como ellos hablan”, afirma.
La también portavoz de Intersindical Canaria (IC) apunta que la Consejería está vendiendo que se van a acortar los plazos, pero incide en que es importante en que esto no atente a la calidad en el procedimiento. “Si se hace mal, que es lo que está ocurriendo, se está haciendo mal, porque se dedica poco tiempo, y encima ahora hay que hacer las dos fases en una sola el mismo profesional, pues no se garantiza que se haga bien el trabajo”.