Los correos internos del Gobierno canario en la crisis del hantavirus: “Nuestra mejor sanidad no justifica el envío del barco”
Era jueves, 7 de mayo de 2026. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había pedido a España dos días antes que permitiera el desembarco en Canarias del buque MV Hondius, en el que se había declarado un brote de hantavirus, ante la imposibilidad de hacerlo en el punto donde se encontraba fondeado, frente a las costas de Cabo Verde, después de que las autoridades de ese país africano comunicaran que no disponían de capacidad técnica para llevar a cabo el operativo.
Ese día se celebró una reunión telemática a las 09:00 entre el Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), que había mostrado desde el principio una firme oposición a la llegada de la embarcación, y los técnicos del Ministerio de Sanidad, encabezados por el secretario de Estado Javier Padilla.
Ya se había acordado que el barco se dirigiera a Tenerife por contar con “una infraestructura consolidada para la gestión de patógenos de alto riesgo”. Sin embargo, para el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello (CC), no era suficiente.
“Debemos de [sic] recibir del Estado información acerca de por qué no cabía la evacuación en avión directamente desde Cabo Verde, no bastando para justificar el envío del barco a Canarias el hecho de que Canarias tiene una sanidad de mejor calidad, cuestión que es evidente”, señaló Cabello en un escrito remitido a Padilla tras el encuentro y al que ha tenido acceso Canarias Ahora.
La documentación analizada por este periódico incluye los correos enviados por el Gobierno de Canarias al Ministerio de Sanidad tras las reuniones celebradas los días 7 y 8 de mayo, en las que se organizó el “exitoso” desembarque de los pasajeros del MV Hondius, según la OMS.
También recoge las comunicaciones remitidas por el coordinador de la Unidad Funcional de Vigilancia Epidemiológica y Prevención a las gerencias de atención primaria y hospitales de las Islas; el intercambio de mensajes entre altos cargos del Ejecutivo autonómico y el Estado en relación con el aterrizaje de un avión medicalizado en Gran Canaria; y las instrucciones del operativo desplegado los días 10 y 11 de mayo en el Puerto de Granadilla.
Entre los documentos figura asimismo un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), dependiente del Ministerio de Sanidad, que determinaba que el riesgo de contagio para la población española era “muy bajo”. Ese análisis fue enviado al Gobierno canario el martes 5 de mayo, a las 14:30.
La información ha sido facilitada por el propio Gobierno regional a raíz de una solicitud de acceso a la información pública del presidente de la Asociación por la Transparencia en Canarias (AXTEC), al amparo de la Ley de Transparencia, que reclamaba los distintos comunicados generados por los departamentos de la Administración presidida por Fernando Clavijo (CC) durante este episodio.
Las notas que Cabello envió a Padilla muestran la firme oposición del Ejecutivo canario a la llegada del buque, que alcanzó su punto álgido la noche del sábado, cuando Clavijo rechazó su atraque aludiendo a la posibilidad de que ratas nadadoras pudieran esparcir el virus por la isla de Tenerife, entre otras cosas.
El pasado domingo finalizó la cuarentena de 42 días para los pasajeros españoles del MV Hondius. Solo se registraron dos casos positivos. El primero superó la enfermedad y recibió el alta a principios de junio. El segundo fue dado de alta hace poco más de una semana, informó Sanidad.
La crisis del hantavirus puede darse ya por cerrada. La gestión liderada por España recibió el reconocimiento internacional de instituciones como las Naciones Unidas, la Comisión Europea o el papa León XIV. El Gobierno de Canarias, en cambio, trató de boicotear sin éxito el dispositivo hasta el final. Los nuevos documentos vistos por esta redacción refuerzan esa conclusión.
En sus escritos al secretario de Estado de Sanidad, Cabello recordó “la posición contraria” del Gobierno de Canarias al envío a Tenerife del barco afectado por el hantavirus e insistió en que al Archipiélago le había sido atribuido, “por decisión del Estado y en contra de la postura” del Ejecutivo autonómico, el desembarque de la embarcación.
Fue la OMS quien, no obstante, pidió a España que acogiera el buque “en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario”. Su presidente, Tedros Adhanom, indicó que era necesario desembarcar a los pasajeros del MV Hondius “tan pronto como sea posible, con el fin de reducir cualquier impacto psicológico adicional y garantizar la atención médica adecuada”.
Una vez cursada la solicitud de la OMS, España quedó “obligada a actuar”, explicó el Ministerio de Sanidad.
Cabello reclamó de todos modos “información específica sobre el por qué [sic]” se sometió a la tripulación y a los pasajeros, en su opinión, “a un daño para su salud física y mental aumentando su estancia a bordo durante más de tres días con el peligro que eso supone de contagio”.
Pidió “los informes de la Organización Mundial de la Salud que han servido de fundamento y recomendaron no realizar las repatriaciones y retornos de los pasajeros (y demás) directamente desde Cabo Verde”. Y llegó a solicitar “la información que pudiera existir sobre la actitud de Cabo Verde y Marruecos en esta crisis y las peticiones realizadas por España”, poniendo el foco en el papel desempeñado por ambos países durante la gestión de la emergencia.
Marruecos, por un lado, rechazó que uno de los aviones con pacientes evacuados del crucero aterrizara en el país, aseguraron las autoridades españolas, viéndose obligado a hacerlo en Gran Canaria. Esa fue su única intervención.
En Cabo Verde, por otro, la evacuación de los contagiados no era “una alternativa óptima ni desde el punto de vista jurídico ni asistencial, ni desde el operativo-comunitario”, según un informe del Gobierno de España. Se trata de una nación cuyo sistema sanitario presenta limitaciones estructurales bien documentadas, como la “ausencia de unidades de aislamiento de alto nivel, escasez de personal especializado en patógenos emergentes y limitada capacidad de cuidados intensivos polivalentes”. Canarias, en cambio, dispone de todos esos recursos.
En las notas de Cabello se expone a su vez la decisión de no desembarcar en ningún puerto de las Islas el cadáver que viajaba a bordo del buque y de que este permaneciera en Tenerife únicamente el tiempo “imprescindible” para llevar a cabo el dispositivo.
La mayoría de esos alegatos fueron esgrimidos de forma reiterada por Fernando Clavijo, que en un último intento por frenar la llegada del buque envió a la ministra de Sanidad, Mónica García, una captura de pantalla de una búsqueda de inteligencia artificial que sostenía que “las ratas son excelentes nadadoras y pueden sobrevivir en el agua durante largos periodos”.
El argumento fue desmontado por los técnicos del Ministerio y convirtió a Clavijo en carne de memes. Ni él ni nadie de su equipo estuvieron presentes en el Puerto de Granadilla los días del operativo, aunque fueron invitados.
El constante alarmismo del Gobierno regional contrastó con los correos enviados por el coordinador de la Unidad Funcional de Vigilancia Epidemiológica, Álvaro Torres, a las gerencias de todos los hospitales canarios.
En ellos (un total de cinco, enviados los días 5, 6, 8 y 13 de mayo) se explicó la realidad del brote; se informó de que, tras una reunión entre la OMS y el Ministerio de Sanidad, se acordó el envío del barco a Tenerife sin el enfermo más grave a bordo; se precisó que la fuente de exposición más probable al virus se situaba en Argentina; y, cuando los pasajeros españoles ya se encontraban en cuarentena, se afirmó que con casi total seguridad no surgiría “ningún caso nuevo”.
Otro ejemplo de cooperación: el día en que uno de los aviones con pacientes evacuados del crucero aterrizó en Gran Canaria y sufrió una avería en la burbuja de aislamiento de la aeronave, el director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, José Fernando Díaz-Flores, envió un correo a su homólogo en el Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ofreciéndole un sistema burbuja similar que estaba disponible en el propio aeropuerto.
Gullón agradeció el ofrecimiento y respondió: “Esperamos que el cambio funcione y el avión pueda despegar”. Al final no fue necesario utilizarla y una nueva aeronave trasladó a los pasajeros a Países Bajos.
El resto de los documentos disponibles corresponde a las instrucciones del despliegue en el puerto de Granadilla, a un informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que concluía que “el riesgo para la población española se considera muy bajo”, a la Declaración Marítima de Sanidad del MV Hondius, en la que se detalla el número de pasajeros a bordo, y a las instrucciones del desembarco.
La resolución que da acceso a la información pública termina diciendo que el Ejecutivo canario no pudo ejercer “funciones de gobernanza en salud pública” y que su papel quedó reducido al de “mero transmisor de información, protocolos, informes y decisiones tomadas por el Ministerio de Sanidad”.
Un informe del director general de Salud Pública, José Fernando Díaz-Flores, ahonda en este punto: “La participación (…) se circunscribió al ámbito de la vigilancia epidemiológica, la comunicación institucional y la preparación de la respuesta asistencial autonómica, actuando como cauce de transmisión de la Administración General”.