Cómo despedir a un directivo sin indemnizarle
Las relaciones profesionales pasan por distintas etapas a medida que se extienden en el tiempo, pero cuando la legislación anterior a la entrada en vigor de la Reforma Laboral obliga a la empresa a pensarlo dos veces antes de poner en la calle a un directivo que ha calentado asiento durante años, ¿Qué medidas se pueden arbitrar para sea lo menos lesivo posible?
Nada menos que urdir una estrategia para acusarle de revelar secretos, es lo que denuncia I.L., que tras 21 años trabajando como director administrativo en el Grupo Monpex, dedicado al sector industrial y publicitario, recibió en septiembre del presente año en su despacho una visita de la Policía Nacional que, tras franquearlo con cuatro agentes y hacerle recorrer los pasillos de la nave, lo mantuvo encerrado durante cuatro horas en los calabozos de las dependencias ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria.
El afectado recuerda en declaraciones a Canarias Ahora, los momentos de angustia vividos en el cubículo, donde “no paraba de darle vueltas a la cabeza sobre los motivos que me habrían llevado a estar allí”. Tras un interrogatorio que recuerda como “cortante” con la inspectora y encontrarse acompañado de su abogado, volvió con su familia a la espera de recibir explicaciones.
Sin embargo, siempre según su versión, la empresa le envió una notificación en la que se le suspendía de empleo, pero no de sueldo, durante un par de meses, para después recibir una carta en la que se le imponía la sanción de despido disciplinario y se le acusaba de una “falta laboral muy grave”, que no contaba con la firma del representante sindical.
Fue entonces cuando descubrió que la entidad había contratado a un técnico informático, actuando como perito, que se dedicó a investigar todas sus conexiones y mensajes de correo electrónico durante varios meses y que posteriormente trasladó su vigilancia al Cuerpo Nacional de Policía. El origen, según relata, es un email que se envió a una tercera persona, desde el ordenador de su oficina, con bases de datos que detallaban los clientes de la empresa.
I.L. asegura no tener conocimiento de la existencia de dicho mensaje que, según afirma, se mandó cuando no se encontraba en las instalaciones. Aunque reconoce que tenía acceso a los datos y que conocía a la persona que recibió los mismos, hace hincapié en su labor durante los últimos 20 años e insiste en que “yo no envié nada”. Por otro lado, señala que las claves de su ordenador eran conocidas por la dirección y no se le podía despedir por falta de eficiencia o por ser impuntual.
Sobreseimiento y nueva apertura
El afectado se muestra sorprendido de que en ningún momento se contara con una autorización judicial para su detención y posterior interrogatorio. Más aún al mostrar dos autos del Juzgado de Instrucción número dos de Las Palmas de Gran Canaria, que el pasado 15 de julio sobreseyó provisionalmente el procedimiento jurídico que “podría revestir los caracteres de infracción penal”, al considerar que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito”, para volver a abrir las diligencias previas apenas 15 días más tarde tras la recepción de diligencias ampliatorias elaboradas por la propia Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas de Gran Canaria.
Por otro lado, lamenta la actitud mantenida por los representantes de Comisiones Obreras (CC.OO), sindicato del que asegura no haber obtenido respuesta a pesar de haber tratado de ponerse en contacto telefónico y de haberse presentado en diversas ocasiones en la sede ubicada en Las Palmas de Gran Canaria.
Este medio se ha puesto en contacto con el grupo Monpex para conocer su versión de los hechos, sin embargo no ha obtenido respuesta de momento.