El Gobierno canario atendió a menos de la mitad de las 1.426 familias desahuciadas el año pasado
El Gobierno de Canarias (Coalición Canaria-PP) atendió a menos de la mitad de las familias que fueron desahuciadas en 2025. Según una respuesta parlamentaria de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad a la diputada socialista Patricia Hernández, el programa Canarias ProHogar gestionó 351 solicitudes de familias en la provincia de Las Palmas y 320 en la de Santa Cruz de Tenerife, lo que supone un total de 671 familias atendidas en la Comunidad Autónoma de Canarias. En ese mismo período, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se produjeron un total de 1.426 desahucios.
Se trata de lanzamientos que se produjeron en un contexto en el que aún existía el escudo social antidesahucios del Gobierno estatal. Según el CGPJ, la mayoría de esos desahucios (1.129) se produjeron por imposibilidad de pagar el contrato de alquiler y el 224 fueron procedimientos de ejecuciones hipotecarias.
En concreto, Patricia Hernández preguntó por el número de familias atendidas por los Servicios Sociales autonómicos en relación con los procesos de desahucio en el último año. En la respuesta de la Consejería se especifica que “de acuerdo con la información facilitada por el Instituto Canario de la Vivienda, dicho organismo autónomo es el responsable de las competencias en materia de vivienda protegida en la Comunidad Autónoma de Canarias. En este sentido, y aunque no forma parte de los servicios sociales autonómicos, gestiona el Programa Canarias ProHogar, incluido en el Eje 3 del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 y desarrollado a través de la Sección de Mediación en Desahucios del propio instituto”.
Asimismo, se especifica que el objetivo del programa es atender de manera integral a las familias que se encuentren o puedan encontrarse en situación de desahucio o lanzamiento, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y sin acceso a recursos habitacionales.
Para ello, “se realizan actuaciones de asesoramiento y mediación, orientadas a evitar la pérdida de la vivienda o, cuando no sea posible, buscar soluciones habitacionales alternativas, garantizando que no se produzca un lanzamiento sin intervención previa de la administración pública”. Y agrega que el programa fue concebido bajo el principio de coordinación entre todas las administraciones públicas canarias, cada una en su respectivo ámbito competencial.
Tras la incoación de cada expediente, la Consejería explica que se inicia una fase de estudio y valoración individual para determinar el cumplimiento de los requisitos de incorporación al programa.
Una vez valorada favorablemente, asegura que se desarrolla una segunda fase que incluye actuaciones como “asesoramiento, orientación en recursos, solicitudes de paralización temporal de desahucios ante los juzgados, mediación con entidades financieras, solicitud de prórrogas contractuales, valoración de ofertas de alquiler social, información sobre ayudas al alquiler y, en caso de disponibilidad, oferta de alternativas habitacionales temporales adecuadas a las características de la unidad familiar”.
La respuesta de la Consejería de Vivienda se produce en un contexto de emergencia habitacional en Canarias en el que se han producido movilizaciones para reclamar medidas para garantizar el derecho en el acceso a una casa.
En una de las manifestaciones, la abogada del Derecho al Techo Isabel Saavedra manifestó que “estamos viviendo una oleada desde que decayó el escudo social, que desde luego es algo insoportable”, porque antes “los jueces podían agarrarse al decreto (de suspensión de los procedimientos de desahucios) que existía, pero al haber decaído ese decreto, ahora los jueces no tienen dónde agarrarse y están echando a familias vulnerables a la calle”.
El retraso en informes de vulnerabilidad social,la falta de información o la burocracia ha hecho que muchas personas queden en un limbo. El Colegio de Trabajo Social de Las Palmas advirtió el año pasado de que las nuevas prestaciones han disparado la solicitud de estos documentos y pide dotar equipos especializados para realizarlos. El conflicto de competencias entre administraciones hace peligrar ayudas básicas a la ciudadanía.