La ministra de Infancia defiende que su plan de reparto de menores migrantes es “bueno” y tiene financiación

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado este jueves en Barcelona que su propuesta de reparto de los menores migrantes no acompañados por comunidades es “buena” y que cuenta con financiación, atendiendo a la población de cada autonomía, aunque no ha concretado ninguna cifra económica.

Rego ha hecho estas consideraciones en el Fórum Social de la Fundación Pere Tarrés, donde ha anunciado también que prevé presentar de nuevo ante el Congreso de los Diputados la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, después de que la propuesta del Gobierno fuese rechazada en julio pasado.

La reforma de la Ley de Extranjería pretendía establecer un reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados por comunidades, dada la situación de estos niños y jóvenes en Canarias, pero no prosperó por 177 votos en contra y 171 a favor.

Desde 2021, el reparto de estos niños se había acordado entre las autonomías, pero de forma voluntaria en función de diversos parámetros, como la población, las personas en paro y la renta per cápita, entre otros.

La ministra ha apuntado hoy que Cataluña fue el pasado año la segunda comunidad que acogió a más niños no acompañados.

A su juicio, la “protección a la infancia no puede ser voluntaria”, por lo que ha pedido una solución “más homogénea”, teniendo en cuenta que el problema humanitario de la llegada de los menores no acompañados a las Canarias se ha convertido en “estructural”.

También ha remarcado la importancia de un plan estratégico en colaboración con las autonomías para definir el número de plazas de acogida para cada una y atender el fenómeno migratorio desde la solidaridad y la responsabilidad compartida.

Respecto a la pobreza infantil, que afecta al 34,5% de la población menor de 18 años en España, según sus datos, Rego ha reiterado que esta cifra es “una contradicción inaceptable”, teniendo en cuenta que el país es la cuarta economía de la UE pero solo invierte un 1,5% de su Producto Interior Bruto (PIB) en políticas de infancia y familia.

La ministra se propone trabajar para conseguir que la inversión alcance, al menos, el 2,4% del PIB, que es el promedio de inversión en la Unión Europea.

Una democracia no se puede definir como “robusta y sana” cuando más de tres niños de cada diez están o corren riesgo de exclusión y tienen que renunciar a una comida de carne o pescado a la semana, no pueden tener dos pares de zapatos o no tienen calefacción o refrigeración en casa, ha afirmado.

Respecto a las violencias que sufren los niños españoles, ha anunciado que se está elaborando una encuesta a unas 9.000 personas de entre 18 y 30 años para conocer si padecieron violencia durante su infancia y constatar el alcance de esta situación.

En el ámbito legislativo, ha augurado que el anteproyecto de ley de entornos digitales seguros probablemente “no sea suficiente” porque deberá acompañarse de un enfoque transversal que tenga en cuenta unos mejores servicios sociales públicos, ofrecer alternativas a las pantallas a niños y jóvenes así como crear espacios de socialización en los barrios, entre otras acciones.