Un grupo de 38 opositores a la Policía Canaria ha recusado a dos miembros del tribunal calificador, entre ellos a su presidente, y ha solicitado a la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno regional la paralización cautelar del polémico proceso selectivo para el ingreso de 141 agentes en la escala básica hasta esclarecer las denuncias sobre presuntas irregularidades.
El colectivo pide la suspensión del procedimiento con el fin de “salvaguardar los derechos de todos los participantes”.
Un abogado que representa a esos 38 aspirantes presentó este martes un recurso de alzada (ante la administración convocante, la mencionada dirección general) en el que expone que durante el desarrollo y la corrección del ejercicio práctico se observaron “diversas irregularidades” que, a juicio de este colectivo, “vulneran los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y transparencia”.
Los opositores han venido denunciado a través de distintas vías, incluso con un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción que ha dado lugar a la apertura de diligencias penales, cuestiones como la “desnaturalización” de esa prueba, ya que no se trató de “un supuesto práctico” como exigían las bases, sino de un ejercicio de “detección de errores”. También se han quejado de la inclusión de preguntas “fuera de temario”, del escaso tiempo para contestar o de una supuesta discordinacia entre el examen físico entregado en el aula y el publicado con posterioridad por el tribunal en la web oficial. En concreto, siempre según la versión de los denunciantes (negada por el tribunal en la fase de corrección), donde en el primero ponía “en el enunciado de este texto”, en el segundo figuraba “en el enunciado de este supuesto”, lo que condicionaba la respuesta.
Los firmantes promueven la recusación de los miembros de dos miembros tribunal que “pudieran hallarse incursos en alguna de las causas de abstención o incompatibilidad” previstas en la Ley del Sector Público. Uno de ellos es su presidente, el inspector Ángel Nichel Acosta. Como informó recientemente este periódico, el colectivo de opositores ha recabado pruebas (publicaciones en redes sociales, mensajes de WhatsApp y un audio) que demuestran que Acosta formó a aspirantes en la academia de su pareja (precisamente sobre supuestos prácticos, la prueba más controvertida del examen) al menos en 2021 e incluso publicitó el temario específico de acceso que él mismo había elaborado. Estas actividades “serían una causa evidente de abstención”, según la ley y según las bases de la convocatoria, incide el recurso.
El escrito alude a otros “conflictos de intereses”, como el de una vocal del tribunal (la segunda recusada) que “mantiene una relación sentimental” con un oficial de la Policía Canaria que es “subordinado” de Acosta y que tiene un hijo que aspira a ingresar en el cuerpo a través de este proceso selectivo. El recurso también hace referencia a la participación en estas oposiciones del hijo de un subcomisario que es “superior directo” del presidente del tribunal.
En el ámbito administrativo la recusación para apartara los miembros del tribunal se puede formular en cualquier momento del procedimiento, según el artículo 24 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
En este recurso de alzada, el colectivo de aspirantes exige que se faciliten los “criterios técnicos y objetivos de corrección” utilizados por el tribunal calificador, así como del “modelo o supuesto ideal de resolución” que sirvió de referencia para la calificación del ejercicio práctico. Los opositores señalan que hasta ahora se les ha negado esta información. Una “falta de transparencia” que, a su juicio, crea indefensión.
“A la vista de las irregularidades descritas, se solicita la anulación del ejercicio práctico celebrado”, así como su repetición “en condiciones de igualdad, transparencia e imparcialidad, bajo la supervisión de un nuevo tribunal debidamente constituido conforme a derecho”, expone el recurso presentado por este grupo de opositores.
Avalancha de reclamaciones
También el martes, el mismo día que los opositores presentaban el recurso de alzada, el director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública del Gobierno canario, José Manuel González Afonso, publicaba una resolución por la que amplía el plazo conferido al tribunal calificador para que efectúe la propuesta de nombramiento de las personas aspirantes seleccionadas en el proceso selectivo para su ingreso en el cuerpo.
La Ley de Función Pública establece que los procesos selectivos no pueden exceder los quince meses desde su convocatoria. Las bases se publicaron en noviembre de 2023, aunque se modificaron en marzo de 2024 para ampliar las plazas ofertadas en un principio. El plazo, por tanto, se cumplía a finales de junio. Sin embargo, por esas fechas aún no se habían celebrado las pruebas, por lo que el Gobierno de Canarias decidió ampliarlo en otros cinco meses, hasta diciembre.
Ahora, vuelve a extender este plazo otros dos meses, hasta finales de febrero. El director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública justifica esta ampliación en “circunstancias sobrevenidas”. Y alude, en concreto, al retraso producido por “la excesiva acumulación de tareas del tribunal calificador” como consecuencia “del elevado número de reclamaciones presentadas, con petición de revisión de exámenes y calificaciones”, contra las notas provisionales del examen sobre un supuesto práctico, así como de “la necesidad de informar los posteriores recursos ordinarios interpuestos contra la calificación final de dicha prueba de conocimientos”.
También por las renuncias de las pruebas médicas, que “están obligando a contactar a las personas aspirantes de la lista de reserva para efectuar las analíticas y reconocimientos”.