El sindicato de Enfermería en Canarias insta al SCS a ejecutar medidas para disminuir la presión asistencial en las urgencias

El Sindicato de Enfermería, Satse, en Canarias ha instado al Servicio Canario de Salud (SCS) a ejecutar medidas que sirvan para disminuir la presión asistencial en las urgencias de los servicios sanitarios del archipiélago.

Satse ha incidido en que es “preocupante” la situación en la que se encuentran los servicios de urgencias del SCS porque “lejos de ser puntual, se ha convertido en un problema crónico” que afecta a la labor de los profesionales de enfermería y a la calidad asistencial que se presta a los usuarios, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Señalan que la situación “es crítica” desde hace años, provocando “daños importantes” sobre el propio sistema sanitario, los usuarios y los profesionales. En concreto, matiza que estos últimos “sobreviven a diario a una elevada presión asistencial con una marcada falta” de recursos humanos, materiales y con unas infraestructuras “obsoletas que no” están adaptadas a la población actual y “mucho menos” a la población flotante.

Satse cita los datos del Ministerio de Sanidad en relación al número de camas hospitalarias, que puntualizan que en Canarias “es insuficiente”, ya que el número de camas por 1.000 habitantes en las islas “está por debajo” de la media del Sistema Nacional de Salud y sólo por delante de tres comunidades autónomas.

Añade que este mismo informe expone que la presión de los servicios de urgencias “está en la media nacional y que el porcentaje de urgencias que termina ingresando también lo está”, sin embargo el sindicato señala que todo ello “sin tener en cuenta la población flotante en Canarias, que elevaría la población total a casi 2,5 millones de habitantes”.

También cita otro factor como el número de camas sociosanitarias, indicando que en Canarias este indicador se sitúa en 1,2 por cada 100 personas mayores de 65 años, cuando la media estatal está en 2,7, situándose a la cola del conjunto del Estado.

En este sentido, indica que “por desgracia la saturación” de los servicios de urgencias, la “falta” de recursos, la “carencia” de profesionales de enfermería y fisioterapia, la “falta” de infraestructuras adaptadas a la población, incluyendo la población flotante por el turismo y la “falta” de camas sociosanitarias, “son problemas que vienen arrastrándose desde hace años, que ha empeorado en los últimos tiempos y que no parece tener una solución a corto plazo”.

Los profesionales “se ven día a día” en la tesitura de trabajar en unas condiciones cada vez “más precarias y con una carga asistencial insostenible” que impacta en la calidad de la atención que se presta a los pacientes.

Por último, señalan que en los últimos meses la imagen de las ambulancias de soporte vital básico se acumulan en los centros sanitarios a la espera de poder transferir a una camilla, a los pacientes que trasladan, generando “no solo” una atención “deficitaria” para los pacientes, sino un “riesgo para el resto de la población, que ve diezmado” el número de recursos disponibles para atender a las eventuales necesidades.

Para Satse es el momento de apostar por los enfermeros y fisioterapeutas, así como de incrementar las ratios de estos profesionales, fomentar la prevención y la promoción de un envejecimiento saludable y de desarrollar programas de gestión de casos para pacientes crónicos, en el ámbito de la atención primaria.

“Es indudable que el incremento de camas hospitalarias y sociosanitarias, el incremento de las ratios de enfermeras y fisioterapeutas y la modernización y adaptación de los servicios de urgencias de los centros sanitarios de Canarias, provocaría una franca mejoría”, apuntilla para agregar que por contra “es insostenible continuar con unos servicios de urgencias saturados, con personal sometido a numerosos riesgos laborales evitables y que no pueden garantizar la calidad asistencial”.

“Discriminación” a enfermeros y fisioterapeutas

Este martes, Satse también ha enviado cartas a las ministra de Sanidad y Función Pública para denunciar la “realidad discriminatoria” que que perjudica a enfermeras y fisioterapeutas por la clasificación profesional en los subgrupos A1 y A2, que es “arbitraria, injusta e inaceptable”. Y demanda que “el Gobierno realice la modificación normativa necesaria para acabar con esta discriminación”.

El presidente de Satse, Manuel Cascos, ha detallado “la urgente necesidad” de que se modifique el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para “suprimir la subclasificación existente dentro del Grupo A, el A1 y el A2, y mantener un único Grupo A”, en el cual tienen que estar las enfermeras y fisioterapeutas.

Desde el momento de entrada en vigor del EBEP, en 2007, y hasta la actualidad, ha recordado Cascos, se ha mantenido vigente la anterior clasificación estableciéndose la equivalencia entre los antiguos grupos y los nuevos, con carácter transitorio a través de la Disposición Transitoria 3ª.

Esto está sirviendo para que “se perpetúe la antigua diferenciación existente entre licenciados y diplomados universitarios” al encuadrarlos de manera automática en los subgrupos A1 y A2, respectivamente.

El hecho de que las enfermeras y fisioterapeutas permanezcan en el subgrupo de clasificación profesional A2, dentro del Grupo A, afecta “muy negativamente a su desarrollo y avance profesional”, ya que supone una “barrera infranqueable” a la hora de querer acceder a puestos relacionados con la gestión y dirección de alto nivel, como las gerencias de áreas y centros sanitarios, por ejemplo, o a grupos de investigación y docencia.

Se trata de una “realidad injustificable”, que “no afecta a otros profesionales sanitarios y trabajadores de la administración pública” que también son titulados universitarios de Grado y tienen 240 créditos ECTS, al igual que las enfermeras y fisioterapeutas, pero que sí están incluidos en el subgrupo A1, caso de los físicos, biólogos, psicólogos, economistas, abogados y periodistas.

El Sindicato considera que “no es ajustado a derecho” que títulos oficiales universitarios de Grado, que cuentan con un plan de estudios de 240 créditos, se adscriban automáticamente al subgrupo A1 o A2 “obviando los criterios de clasificación a tal fin impuestos por el artículo 76 del EBEP (responsabilidad de funciones y características de las pruebas de acceso) solo por el mero hecho de que las titulaciones concretas fuesen antes una diplomatura o una licenciatura”.

La “falta de voluntad política” de implantar la nueva clasificación de la función pública, ajustada a la evolución que ha experimentado el sistema educativo, la reordenación de los títulos universitarios y el desarrollo competencial experimentado de algunas profesiones está “consolidando en miles de empleados públicos una situación profesional sin el preceptivo sustento legal”, ha denunciado el presidente de Satse.

Esta “situación irregular” afecta a “miles de titulados universitarios con un Grado de Enfermería, profesión formada por mujeres en un 85%”, por lo que “se ahonda la brecha existente respecto a colectivos mayoritariamente masculinos”, al “dificultar su desarrollo profesional y el acceso a los puestos de gestión, dirección y liderazgo sanitario”.