El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha suspendido cautelarmente la adjudicación del servicio de limpieza en Mogán para los próximos cinco años, valorada en 10,47 millones de euros, al estimar el recurso de una de las empresas concurrentes, Ascan Servicios Urbanos S.L, precisamente una de las compañías que se llevó la anterior licitación, en 2014.
El titular del tribunal, Pedro Gómez Jiménez, no entra en el fondo de la cuestión, pero sí señala la “conveniencia” de paralizar el procedimiento “a fin de asegurar el efecto útil del recurso” y que “la eficacia de la resolución que recaiga en este recurso especial no se vea frustrada con antelación”. La compañía mencionada ha denunciado “ilegalidades” contenidas en los pliegos que podrían llevar “con toda probabilidad” a su anulación en caso de no ser modificadas.
Ascan alega que el criterio de adjudicación incluido en una de las cláusulas del contrato, el relativo a la “mejora de las condiciones salariales de la plantilla adscrita al servicio”, “no es ajustado” a los reglamentos comunitarios, puesto que se trata de una consideración social que “dicha normativa no permite incluir” y porque “no existe una relación causa-efecto entre el aumento del salario y un mayor rendimiento en la ejecución del contrato”.
También considera que “no se justifica” en el expediente el criterio de adjudicación referido a determinadas buenas prácticas ambientales ni tampoco la condición especial de contratar a un 50% de los nuevos trabajadores del servicio de desempleo. Además, manifiesta “vulneración” para poder subcontratar en caso de ser adjudicataria, un asunto que ya ha sido rectificado por el Ayuntamiento de Mogán, liderado por Onalia Bueno (Ciuca), según un informe. Los primeros pliegos solo permitían la subcontratación de un máximo del 20% del valor total del contrato; en los modificados ya no hay limitación.
“La suspensión pretende evitar la consolidación de una situación de hecho y de derecho difícilmente reversible con perjuicio irreparable para el propio procedimiento de licitación y los licitadores”, argumenta la empresa recurrente, Ascan Servicios Urbanos. “La continuación de la licitación provocaría daños de imposible reparación, como acabamos de aducir, máxime cuando no existe ningún interés público que sustente la licitación de un contrato cuyos pliegos incumplen claramente la legislación vigente”.
El contrato del servicio público de limpieza de Mogán está valorado en 10,47 millones de euros, a razón de poco más de dos millones cada año. El objeto es el “mantenimiento de un adecuado nivel de limpieza (…), así como de los aseos públicos y del mobiliario urbano, el vaciado de las papeleras y la recogida y transporte de los residuos producidos y todos aquellos abandonados en los espacios públicos”.
En 2021, el Ayuntamiento de Mogán resolvió el contrato que tenía con la anterior adjudicataria, la UTE Mogán Limpio, compuesta por las sociedades General de Asfaltos y Servicios S.L y Ascan Servicios Urbanos S.L, y aprobado en 2014 con una duración de diez años, por supuestos “incumplimientos” del contratista de sus obligaciones. La empresa presentó alegaciones, pero según una nota del consistorio sureño a finales del año pasado, el Consejo Consultivo de Canarias consideró ajustada a derecho la terminación del contrato. No obstante, hasta que no se adjudique de nuevo el servicio, este lo seguirá prestando la UTE Mogán Limpio.
La portavoz y presidenta de Nueva Canarias en Mogán, Isabel Santiago, asegura que la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias es “favorable en la defensa del interés general” y una decisión “prudente” con respecto a las “posibles ilegalidades en los pliegos” que ha denunciado la empresa Ascan.