La Federación de Servicios Públicos (FeSP) de la Unión General de Trabajadores (UGT) ha exigido al Gobierno de Canarias la anulación del concurso de ambulancias en las Islas, adjudicado el pasado mes de diciembre a tres empresas. Para este sindicato, los presupuestos destinados a este servicio son “escuálidos y poco garantistas”, incrementan la precariedad laboral en el sector y ponen en riesgo la calidad asistencial al haber aceptado ofertas a la baja en una licitación tan ajustada que una de las principales empresas de transporte sanitario en el Archipiélago, Aeromédica Canarias, decidió no concurrir al considerar que con esos fondos no podía siquiera cubrir costes.
Según el portavoz del sindicato en el sector del transporte sanitario, Iván Amador, la única solución viable es “establecer un sistema similar al modelo balear, adaptándolo a las peculiaridades” de las Islas para, de esta forma, “cumplir con las promesas que se hicieron de llevar a cabo la internalización del transporte sanitario dentro del Servicio Canario de Salud (SCS)”. UGT promovió a principios de 2019 una iniciativa parlamentaria para devolver el servicio a manos públicos, para que fuera la empresa pública Gestión para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC) quien lo asumiera con sus propios medios.
La propuesta fue aprobada por unanimidad en la Cámara regional, aunque con una enmienda de modificación, introducida por Nueva Canarias (NC), que supeditaba su cumplimiento a las conclusiones de los informes técnicos y jurídicos encargados.
En opinión del sindicato, el procedimiento está “viciado desde un principio”, por lo que solicita su anulación “con la única premisa de darle la importación y consideración oportuna a un servicio público”. “Lo que no se puede seguir permitiendo es que algo tan básico como el transporte de enfermos y pacientes siga estando en manos de empresas privadas que no ofrecerán garantías de cumplimiento del servicio”, ha señalado el portavoz de UGT, que recuerda que aún no se han hecho públicos algunos de los recursos presentados al concurso y que esta situación provocará “que se entreguen los servicios de aquellos lotes que no se han recurrido”.
La fuerza sindical advierte de que este “panorama de inseguridad” puede derivar en una situación análoga a la de 2012, con un concurso anulado y una indemnización de 20 millones de euros a las empresas que recurrieron. A ello se le une que “las tablas salariales que se están aplicando a la plantilla van vinculadas a la adjudicación de dichos lotes”, de manera que “si estos quedan sin adjudicar se generará un agravio comparativo entre los trabajadores que realizan una misma labor”. El sindicato no descarta movilizaciones.