UGT y CSIF denuncian la “irresponsabilidad” de la Dirección de RTVC tras firmar el convenio de la radio sin el visto bueno de Hacienda
UGT Canarias y CSIF Canarias denuncian la situación de incertidumbre a la que se ha visto arrastrada la plantilla de la Radio Pública tras constatar que el I Convenio Colectivo, firmado en diciembre de 2025, continúa sin tener el visto bueno de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias.
Este lunes, la representación legal de los trabajadores mantuvo una reunión con la consejera de Hacienda, Matilde Asian, con el viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Gabriel Andrés Megías, y con el director de general de Planificación y Presupuestos, Carlos Díaz, para abordar la posición de la Consejería ante el convenio y su actual situación. En este encuentro, según UGT Canarias y CSIF, se ha confirmado que la enmienda plateada por la Dirección de la empresa y algunos grupos parlamentarios no resuelve el informe negativo de Hacienda y, por lo tanto, dificulta la tramitación del texto normativo.
Para ambas organizaciones, esta situación evidencia una grave irresponsabilidad por parte de la Dirección de RTVC, que procedió a la firma de un convenio y trasladó a la plantilla que “no existirían inconvenientes para su aplicación”. Sin embargo, meses después, y como se viene denunciado este marco laboral sigue sin ser aplicado.
Desde Hacienda se reconoce que la dirección general de RTVC no abordó formalmente esta cuestión con la Consejería y que, esta misma semana, tendrán una reunión ambas partes para trasladarles la imposibilidad de aplicar el convenio tal cual está firmado.
Ante este escenario, ambos sindicatos consideran que la convocatoria de huelga es inevitable, pero se esperará a conocer el resultado de esta reunión entre Hacienda y la dirección de la radio. Igualmente, se mantiene que la huelga será indefinida y que los paros se pueden activar de no avanzar en la negociación.Tanto UGT Canarias como CSIF coindicen en apuntar que la situación se puede revertir con garantías jurídicas, con responsabilidad política y respeto al acuerdo firmado en 2025. En este sentido, se exige al Ejecutivo canario que actúe de forma inmediata dando una respuesta inmediata que permita llevar a cabo la aplicación del convenio.