Los vecinos de Siete Palmas aceptaron en 2024 las condiciones del Granca Live Fest que ahora quieren llevar a los tribunales
El presidente de la Asociación de Vecinos de Siete Palmas, David Rodríguez, firmó en 2024 las condiciones que habrían de regir para las ediciones de ese año, de 2025, 2026 y 2027 del Granca Live Fest, el festival que se celebró este pasado fin de semana en el Estadio de Gran Canaria y cuyos efectos ha anunciado que pretende denunciar esa asociación ante los tribunales de justicia.
Un documento al que ha tenido acceso este periódico demuestra la culminación de una serie de negociaciones en 2024 en las que participaron el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes (Cabildo de Gran Canaria), la organización del Granca Live Fest y la Asociación de Vecinos Siete Palmas.
El 23 de abril de 2024 se celebró una reunión en las dependencias del Instituto Insular de Deportes entre todas esas partes con el objetivo de consensuar los aspectos más decisivos del festival con afección a la vecindad, principalmente los horarios de pruebas de sonido y de los conciertos, además de otros pormenores. De este modo se acordó, y así consta en un documento firmado por todas las partes, la supresión de los fuegos artificiales, el traslado de una parada de guaguas y la elaboración de un plan de movilidad para las paradas de taxis.
En cuanto a los horarios, se estableció para los años 2025, 2026 y 2027 que fueran los siguientes: desde las 10.00 horas, pruebas de sonido los días previos y del festival; y la hora de finalización, las 02.00. En la edición de 2026 sólo consta una transgresión, la de la jornada del sábado 4 de julio, que se prolongó hasta las 02.15.
El documento aparece firmado por el presidente de la Asociación de Vecinos de Siete Palmas, David Rodríguez, quien sin embargo, antes de que diera comienzo la edición de 2026 ya se dirigía a sus asociados para recaudar fondos (en concreto 9.000 euros) con los que pagar a un abogado que inicie los trámites judiciales pertinentes para demandar a las instituciones responsables y a los promotores del festival por los efectos para la vecindad que a su entender derivan de esta actividad cultural y de ocio. Con ese presupuesto también anunciaba incluir el coste de un procurador y los informes técnicos necesarios para reforzar sus tesis.
Dice la carta de Rodríguez que “la próxima celebración del Granca Live Fest en el Estadio de Gran Canaria, prevista de jueves a domingo y precedida de jornadas de montaje y sonorización, vuelve a situar sobre nuestra urbanización una presión importante por ruido, vibraciones, aglomeraciones, problemas de movilidad y alteración del descanso. Esto no significa solo música o conciertos: significa días de actividad intensa hasta altas horas de la madrugada, dificultades de acceso, suciedad en el entorno y un impacto real sobre la vida cotidiana de quienes residimos aquí. En definitiva, no descanso”.
En esa carta el presidente se pregunta “¿qué pasará los próximos años si no actuamos ahora?”
Ni una palabra del acuerdo firmado por él mismo con los organizadores en el que se hacían constar las condiciones de ese festival, incluido el de la edición del año que viene.
No fue esa la única acción promovida desde la asociación contra el festival antes y durante su celebración. También se distribuyó una octavilla digital entre los vecinos y las vecinas para provocar llamadas masivas 1-1-2 para protestar por los ruidos y otras afecciones que pudiera generar entre ellos el festival y reclamar a continuación la presencia de la Policía Local.
La octavilla incluía una serie de instrucciones dedicadas no ya a resolver el problema, sino a dejar constancia del malestar vecinal.