Un vertido sospechoso obliga a precintar una embarcación en el muelle de Puerto del Rosario
La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha precintado una embarcación extranjera en el muelle de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, tras detectar el vertido de un líquido de color rosáceo por una tobera lateral del barco. Esta medida, adoptada por orden de Capitanía Marítima el 31 de julio, persigue garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en aguas portuarias y proteger el medio ambiente marino, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
El vertido se ha detectado durante una inspección rutinaria realizada por la Patrulla Fiscal y Fronteras de Fuerteventura en el citado muelle, donde los agentes observaron cómo una de las embarcaciones atracadas expulsaba un líquido de color rosáceo por una tobera lateral.
Una vez se acercaron al barco, los agentes de la Guardia Civil identificaron a la tripulación, que era una pareja de origen extranjero, propietaria y tripulante de la misma. Seguidamente se les solicitó la documentación pertinente y los agentes le preguntaron sobre el origen del líquido, así como si contaban con autorización para realizar el vertido.
Sobre ello, la pareja explicó que se trataba de aguas residuales procedentes de la lavadora, asegurando que era un producto ecológico, al igual que el barco, que describieron como “100% ecológico”.
Sin embargo, los agentes les informaron de que en aguas portuarias está prohibido verter cualquier tipo de líquido, sea ecológico o no, sin la debida autorización y, aunque los afectados manifestaron conocer la normativa y admitieron que en otras ocasiones habían evacuado el agua de forma manual, justificaron su actuación indicando que, en esta ocasión, habían optado por un método “más cómodo” y que, a su entender, no causaba perjuicio al medio ambiente.
De todas formas, ante la imposibilidad de verificar la naturaleza del líquido y el riesgo potencial para las aguas portuarias, se dio traslado del caso a Capitanía Marítima en Las Palmas, que decretó el precinto cautelar de la embarcación al considerar que los hechos podrían constituir una infracción grave, según el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.
En este marco, y como medida provisional, la embarcación ha quedado inmovilizada hasta que se resuelva el expediente administrativo sancionador. Para levantar el precinto, los propietarios deberán prestar una garantía de 6.000 euros para garantizar la eficacia de la resolución que se dicte.
Esta medida se adopta, explican, por el riesgo de que el barco, al estar bajo bandera extranjera, podría zarpar hacia su país de origen y dificultar el cobro de posibles responsabilidades.