Podemos resalta que la Fiscalía admite en su escrito de acusación que “el descontrol económico” dominaba en Sinpromi
El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha afirmado este lunes que el documento del fiscal sobre el caso Sinpromi pone de manifiesto que la dirección de esa sociedad insular, la que gestiona los recursos y servicios públicos para las personas con discapacidad, estuvo caracterizada “por el descontrol económico”.
Podemos recuerda que la Fiscalía pide 13 años de cárcel para el exresponsable financiero de esa sociedad Andrés Hernández Pedreira y que este devuelva 1.190.238 euros por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y falsificación documental.
Ese grupo insular, que está personado en la causa como acción popular, indica que, aunque el Ministerio Fiscal no haya pedido penas para ningún responsable político del Cabildo de Tenerife, del citado “escrito de acusación se desprende claramente que la gestión de la sociedad insular que habilita los recursos y servicios públicos de la isla para personas con discapacidad estuvo caracterizada por el descontrol económico hasta que en 2014 saltó a la luz el millonario agujero contable generado por Hernández Pedreira”.
La consejera de Podemos Mila Hormiga señala en la nota remitida a los medios por este partido que es difícil encajar “que la irresponsabilidad política en el manejo de recursos y fondos públicos salga tan rentable en este país”.
Hormiga remarca que si el exjefe financiero de una sociedad del Cabildo pudo supuestamente apropiarse de dinero durante un periodo de dos años hasta sumar casi 1,2 millones de euros es porque los cargos políticos del Cabildo responsables de esa sociedad, “que en esa etapa estaba a cargo de la entonces consejera insular de CC Cristina Valido, fallaron en su deber de establecer mecanismos de control capaces de detectar en un corto periodo de tiempo que se estaba malversando dinero”.
Hormiga indica que, aunque no cuestionan el trabajo ni el criterio de la Fiscalía, parece que la legislación está hecha “a medida de los cargos políticos que tienen que velar por el buen uso de los fondos públicos”.
