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Archivada la denuncia contra los exalcaldes de Buenavista Aurelio Abreu y Víctor Lorenzo

Sí Se Puede sostiene que los hechos denunciados por la construcción de un centro social quedaron demostrados, por lo que anuncia que recurrirá para que se sigan investigando los supuestos delitos

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Aurelio Abreu, en una imagen de archivo EFE

La Justicia ha archivado la denuncia contra los exalcaldes de Buenavista Aurelio Abreu y Víctor Lorenzo por un supuesto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ambos exediles fueron denunciados por el Ayuntamiento debido a supuestas ilegalidades detectadas en la construcción de un centro social en el barrio de La Cuesta.

Según denuncia Sí Se Puede en una nota de prensa, "el pueblo de Buenavista perdió unos recursos que se emplearon con un fin diferente del destinado". El Ayuntamiento recibió más de 300.000 euros para concluir las obras del centro social y "no se produjo ningún avance en ellas". Los fondos, asegura esta formación, "eran suficientes para financiar la construcción y dotar el edificio, pero las obras continúan en su fase inicial y el inmueble carece de instalación eléctrica, carpintería interior y exterior, entre otras cosas".

Sí Se Puede asegura que pudo comprobar, al hacerse cargo del gobierno municipal de Buenavista en el mandato anterior, que las ayudas recibidas para concluir la instalación fueron concedidas por varias instituciones.

Por este motivo, el grupo municipal ecosocialista ha decidido recurrir el archivo de la causa contra Abreu y Lorenzo, una decisión que se ha tomado después de que el pleno extraordinario de esta corporación de la Isla Baja acordase no recurrir la decisión judicial por la que se archiva el expediente abierto tras la querella interpuesta por el propio Ayuntamiento durante el mandato de Antonio González Fortes, hoy concejal portavoz de Sí Se Puede.

“El caso se ha archivado cuando la instrucción prácticamente no ha comenzado, pero no pretendemos entrar en más consideraciones jurídicas. Dentro del respeto a las resoluciones judiciales, la ley prevé el derecho a acogerse a la posibilidad de recurrir a un tribunal superior y es lo que hemos decidido hacer, porque los hechos que se denunciaron han quedado corroborados, tanto en el propio proceso seguido ahora como en declaraciones públicas reconocidas. Consideramos que nuestro deber es evitar que el Ayuntamiento quede afectado por los daños causados por estas actuaciones probadas”, ha asegurado la portavoz del grupo municipal de Sí Se Puede, Vanesa Martín.

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