El Ayuntamiento de La Orotava (CC) suprime el recargo a los grandes tenedores con viviendas vacías
Si lo que se buscaba era pasar inadvertido, el gobierno de La Orotava (CC), con el beneplácito del PSOE y PP, no lo ha conseguido porque ha decidido una medida que, al menos a priori, parece ir totalmente en contra del sentir mayoritario justo ahora en España respecto a la vivienda, los prohibitivos y crecientes precios de alquiler y venta, el desfase entre las casas públicas (el 1% en el mercado frente al 7% de media en la UE) y las privadas, la especulación y los constantes movimientos especulativos de constructoras, bancos y propietarios con un número de inmuebles por encima de lo que se considera un gran tenedor: nada menos que diez, que no cuatro, cinco o la que se hereda de un familiar.
Y no lo ha logrado porque, precisamente en los días en los que España vuelve a mirar con lupa hacia uno de los grandes problemas sociales desde hace años, cuando han vuelto las acampadas a Sol y otras plazas de todo el país, cuando el Gobierno central ha tenido que aprobar este martes dos decretos para intentar paliar levemente esta grieta gigante del sistema tras el punto de inflexión que ha supuesto el caso de Maricarmen (aunque depende del resto de grupos este viernes en el Congreso) y se ha quitado el foco, un poco y al fin, de la demagogia y el más puro racismo con la situación migratoria en Ceuta (con África sufriendo el cambio climático y la desigualdad de siempre o peor), justo en medio de este contexto, CC en La Orotava, el PSOE y el PP le han hecho un guiño a los grandes tenedores. En concreto, ha eliminado el recargo del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que podría haberles aplicado en los últimos ocho años en aquellas viviendas vacías que dispusieran en el municipio, reinvirtiendo luego ese dinero en políticas de apoyo al alquiler, la compra de casas, promociones públicas y demás.
Más allá del don de la oportunidad, el único partido que pidió en el pleno dejar este punto pendiente por falta de información y que lleva años criticando que este recargo no se aplique y aproveche, Asamblea por La Orotava, considera muy débiles los argumentos del gobierno local para la eliminación. Se trata de unas explicaciones que no sólo no convencen a esta formación, sino que las considera precisamente justificadoras de lo que hacen los “grandes tenedores y especuladores” cuando más en entredicho están en el país.
Encima, “con informes de mercado que demuestran que el municipio cumple con los requisitos para ser declarado zona tensionada en áreas como el casco, con lo que, según la Ley de Vivienda, la condición de gran tenedor pasa de aquel que posee diez viviendas a cuatro. En estas circunstancias, ¿qué hace CC? Suprimir el recargo”, dinero que podría cobrar el consistorio para, precisamente, reinvertirlo en vivienda social.
Manuel Pacheco, concejal de Asamblea, censura que, mientras elimina este recargo contra los más que cuestionados grandes tenedores, el alcalde orotavense y diputado regional de CC, Francisco Linares, “va dando discursos por ahí de ir de frente contra los especuladores”. A su juicio, resulta indefendible el argumento del gobierno municipal de que “supondría mucho trabajo al área de Tesorería investigar a los grandes tenedores, afirmando que actualmente sólo son doce en la localidad y, con ello, únicamente recaudarían 30.000 euros anuales”.
Según recalca, ese recargo nunca aplicado, en realidad, no tiene una finalidad “recaudatoria, sino disuasoria porque, por ejemplo, ¿acaso las multas de tráfico son recaudatorias? Ojalá la gente condujera perfectamente y no hubiera accidentes ni incivismo”, subraya.
La versión del gobierno orotavense
En contraste, el concejal de Hacienda, Felipe David Benítez, asegura a Canarias Ahora que el coste administrativo de aplicar este recargo “superaría, con creces, el importe recaudado, al contar sólo con diez posibles grandes tenedores en el municipio, lo que supondría ir en contra de los principios de eficacia administrativa y asignación eficiente de los recursos públicos por los que se debe regir esta administración”. Además, sostiene que, “jurídicamente existe inseguridad en su aplicación, principalmente por la complejidad en su gestión, lo que conllevaría un elevado riesgo de judicialización, con los costes que eso tendría para el Ayuntamiento. Por lo tanto, la medida no es efectiva y carece de respaldo técnico y jurídico”.
Asimismo, asegura que, “en su redacción actual, el recargo resulta inaplicable ya que se fundamenta en la configuración originaria del recargo cuando no existía el necesario desarrollo reglamentario del concepto de vivienda vacía, lo que llevó a que muchos tribunales de justicia autonómicos determinasen la futilidad de la ordenanza fiscal por no ser el instrumento que pudiera delimitar el concepto de inmueble residencial desocupado. Para el grupo de gobierno, las acciones en materia de vivienda son una prioridad, pero con medidas efectivas y realizables, contando con más de un millón de euros para proyectar y construir nuevas casas con alquiler asequible en el menor plazo posible”.