Urbanismo pide perdón por las gasolineras y Zaragoza cambiará el PGOU para alejarlas de viviendas y colegios

El Ayuntamiento de Zaragoza impulsará una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para establecer una distancia mínima de seguridad entre las nuevas gasolineras y viviendas, centros educativos y sanitarios y parques infantiles. El Pleno ha aprobado este miércoles, en la mayoría de sus puntos por unanimidad, una moción de Zaragoza en Común (ZeC), transaccionada en parte con Vox, que reclama además la suspensión cautelar de las licencias de las dos estaciones proyectadas en Valdespartera y la del Picarral.

El debate ha servido también para que el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, haya reconocido expresamente el error cometido con las dos autorizaciones de Valdespartera. “No me duelen prendas en reconocer que las dos licencias de Valdespartera han sido un error que he asumido en primera persona”, ha afirmado. Serrano ha anunciado que solicitará un informe sobre la viabilidad de establecer una zonificación para este tipo de instalaciones y se ha comprometido a llevar adelante una modificación del PGOU en ese sentido.

La iniciativa aprobada parte de la polémica generada por la autorización de tres gasolineras desatendidas o “low cost”: dos en Valdespartera, una en la calle Viridiana, junto a la Glorieta de la Sabina, y otra en la calle Manhattan, y una tercera en el Picarral. Las instalaciones han provocado el rechazo de los vecinos, especialmente por su proximidad a viviendas y, en Valdespartera, a los CPI San Jorge y Soledad Puértolas, parques infantiles y zonas verdes.

El primero de los cuatro puntos aprobados insta al Gobierno municipal a iniciar la modificación del PGOU, previo informe jurídico sobre su compatibilidad con la Ley del Sector de Hidrocarburos y la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, para establecer una distancia mínima de seguridad entre las nuevas estaciones de servicio y los edificios residenciales, educativos y sanitarios y los parques infantiles.

De esta forma, el conflicto surgido en Valdespartera y Picarral abre la puerta a introducir por primera vez en el planeamiento urbanístico de Zaragoza una regulación específica de las distancias que deberán guardar las futuras gasolineras respecto a los espacios más sensibles.

El segundo punto insta al Gobierno municipal a iniciar los correspondientes procedimientos de revisión de oficio y acordar la suspensión cautelar de la eficacia de las licencias urbanísticas y ambientales de las tres estaciones de servicio. El acuerdo reclama, en consecuencia, la paralización de las obras y actuaciones mientras se tramitan estos procedimientos y, en su caso, los recursos judiciales actualmente en curso.

Las dos licencias de Valdespartera ya habían sido suspendidas cautelarmente por el Ayuntamiento después de la intervención judicial sobre una de ellas. La reclamación afecta también ahora a la estación proyectada en el Picarral.

Seguridad y gasolineras sin personal

El tercer punto reclama al Gobierno de Aragón que evalúe los requisitos de seguridad, accesibilidad y atención de incidencias exigibles a las estaciones de servicio, especialmente cuando estén situadas en entornos residenciales o próximas a centros educativos, garantizando la proporcionalidad de las medidas.

El pleno también ha aprobado un cuarto punto, con la abstención del PP, que reclama a las administraciones competentes una regulación específica de las gasolineras desatendidas o “low cost” que establezca la obligatoriedad de contar con personal cualificado durante el horario de apertura, además de requisitos de seguridad, accesibilidad y atención al público. Esta exigencia ya figuraba en la moción original presentada por ZeC.

“Algo ha fallado”

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha atribuido la rectificación municipal a la movilización de los vecinos y a la presión ejercida por los grupos de la oposición. “Permiten una actividad perjudicial para un barrio y solo actúan cuando se lo dicen los tribunales”, ha reprochado al Gobierno municipal, al que ha acusado de haber dado “la espalda a los ciudadanos”.

Tomás ha defendido que la modificación del PGOU debe servir precisamente para impedir que una situación similar pueda repetirse. También ha denunciado la falta de información a los afectados y las dificultades que, según los vecinos, han encontrado para acceder a los expedientes.

Por parte de Vox, Armando Martínez ha considerado que “la razón asiste” a los vecinos de Valdespartera y ha apoyado la modificación del PGOU, aunque ha advertido de que deberá garantizarse su compatibilidad con la legislación estatal sobre unidad de mercado. Su grupo ha introducido precisamente la exigencia de contar previamente con ese informe jurídico.

Serrano ha defendido la actuación posterior del Gobierno municipal y ha resumido su posición asegurando que el Ejecutivo local viene “a pedir perdón y luego a rectificar”, no sin antes añadir que “cosa que otros no hacen a los vecinos de Ceuta o a los de la Puerta del Sol”. Elena Tomás le ha replicado que la forma de demostrar esa rectificación era respaldar la moción presentada por Zaragoza en Común.