El portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra, observa “algo raro” en el acuerdo anunciado este miércoles que permite a la ciudad recuperar los 52 millones (más intereses, en total 97) malversados por la operación de Las Teresitas.
“Realmente es bueno para la otra parte; solo había que ejecutar la sentencia”, ha escrito Díaz Guerra en su cuenta de Twitter, en referencia a la familia Plasencia, con la que el Ayuntamiento suscribió un acuerdo de pago después de querellarse contra ella por un supuesto delito de alzamiento de bienes y de impugnar un concurso personal de acreedores promovido por el patriarca, Antonio Plasencia, actualmente en prisión precisamente por la condena de Las Teresitas.
“Ahora lo que ha ganado la ciudadanía es un edificio sin terminar, otro alquilado y un pago aplazado en 14 años”, ha manifestado Díaz Guerra en la misma red social.
Se refiere el portavoz popular a los dos edificios de los que constó el acuerdo entre los Plasencia y el Ayuntamiento.
El edificio “sin terminar” es el ubicado en Cabo Llanos para uso como oficinas y que no está ocupado. Por él pujó el Cabildo de Tenerife en el pasado mandato para pagar 23 millones de euros.
El edificio alquilado es el que ocupa actualmente la Consejería de Educación en Santa Cruz de Tenerife por el que el Gobierno pagaba a los propietarios (ahora deberá pagarle al Ayuntamiento) más de 300.000 euros al mes.
“Un acuerdo de más de 90 millones del que nadie ha visto una letra escrita, que no se enseña ni a los medios ni a la oposición, que lo cierran denunciante y condenado y que lo anuncia una alcaldesa, hoy por hoy, sin mayoría absoluta en el pleno. A mí me hace pensar que hay algo raro”, sostiene Guillermo Díaz Guerra.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no fue denunciante del caso Las Teresitas. En realidad lo fue el que en aquellos momentos (2001) era el secretario general del PSOE en la isla, Santiago Pérez, que posteriormente abandonó las filas socialistas y actualmente es concejal de Urbanismo en La Laguna en un pacto de su formación local, Avante, con el PSOE y Unidas Se Puede.
“Tengo muchas ganas de coger ese expediente y revisarlo, mirar la tasación, quién los valoró. Como mínimo, deberían poner los papeles sobre la mesa y someter a la oposición el convenio. Estamos dando por bueno un acuerdo que de momento es oculto”, ha explicado a este periódico Díaz Guerra.
Las rarezas que insinúa el portavoz popular alcanzan a la persona o personas que pagaron “el champán” con el que brindó la alcaldesa Patricia Hernández (PSOE) minutos antes de hacer público el acuerdo, momento que quedó inmortalizado en una fotografía publicada por su equipo en las redes sociales. “Me pregunto qué es lo que realmente celebraban y quién pagó el champán”, escribió Díaz Guerra.
El concejal popular ha aclarado a este periódico que esa celebración le pareció “un exceso de júbilo”, pero ha reconocido que no tiene ningún dato adicional que avale sus insinuaciones. Sí le parece que los dos edificios pueden convertirse en una carga para el Ayuntamiento y que debería haberse cobrado la totalidad de la deuda y no aplazar una parte pagadera en 14 años.
En cualquier caso, el portavoz popular espera que el grupo de gobierno ofrezca más información al resto de la Corporación para conocer en profundidad en qué ha consistido la operación.
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