Santa Cruz de Tenerife y Cabildo se verán en los tribunales por la gestión de la depuradora
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha anunciado este miércoles que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF), dependiente del Cabildo, por no asumir la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires, en Cabo Llanos.
La junta de gobierno local ha aprobado autorizar a la asesoría jurídica municipal la interposición de dicho recurso, informa el Ayuntamiento de Santa Cruz en un comunicado.
Esta decisión se enmarca en la estrategia del consistorio de defender los intereses municipales en los ámbitos jurídico, económico y de gestión de servicios públicos tras un fallo que, en septiembre de 2025, estimó el recurso presentado por la entidad Frigoríficos de Tenerife, S.A. y anuló una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Municipal.
El Ayuntamiento considera que esta infraestructura tiene carácter comarcal, ya que presta servicio no solo a Santa Cruz, sino también a La Laguna y El Rosario, cuyos vertidos superan el 50% del caudal tratado.
Una cuestión ante la que el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, declara que “llevamos mucho tiempo esperando a que el Cabildo asumiera la gestión de esta infraestructura claramente supramunicipal, y no es justo que nuestro municipio tenga que asumir en solitario la responsabilidad de su funcionamiento y mantenimiento”.
El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señala que “no vamos a seguir permitiendo que este Ayuntamiento asuma en solitario la gestión de una instalación que da servicio a varios municipios. La competencia debe recaer en el Cabildo conforme a la normativa vigente”.
Asimismo, Carlos Tarife lamenta “la falta de capacidad de diálogo” por parte del organismo insular y critica que su postura sea “ponerse de perfil” ante una responsabilidad que considera clara.
El edil: “vamos a defender por todas las vías, también la judicial, los intereses de los chicharreros, porque hablamos de una infraestructura clave y de un reparto justo de las responsabilidades públicas”.