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La falta de control sanitario por el Cabildo de Tenerife pone en peligro el abasto de agua para uso humano

Salud Pública advierte de los riesgos por el desconocimiento del origen del agua para el abastecimiento de la población y señala que su uso puede ser restringido si el Cabildo no pone solución

Un informe de Salud Pública, emitido tras el caso piscifactoría, destapado por Tenerife Ahora, requiere al Consejo Insular de Aguas que compruebe las medidas de control por los riesgos para la salud humana

Entre 2012 y 2016 se han registrado casi 4.000 incidencias sobre las instalaciones y el mantenimiento del suministro de agua a través de los canales de abasto

Salud Pública advirtió en 2012 de que el día que se vierta a un canal un producto tóxico no detectable por la población "los efectos para su salud podrán ser impredecibles"

Piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava, instalación que gestiona el Cabildo de Tenerife

Piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava, instalación que gestiona el Cabildo de Tenerife

Las irregularidades en la gestión del agua de abasto en la isla de Tenerife pueden derivar en que los tinerfeños se vean afectados por cortes de suministro en el agua para beber, cocinar o la higiene personal. Así se desprende de un informe de Salud Pública remitido al Cabildo y elaborado tras la publicación de Tenerife Ahora que alertaba de la contaminación de aguas de abasto con un antibiótico prohibidopara engorde de truchas con pienso medicalizado, el conocido como caso piscifactoría,que ya investiga la Fiscalíay un juzgado de La Orotava.

En ese documento se recuerda que ya en 2012 (cuando era consejero de aguas Jesús Morales, de Coalición Canaria), Sanidad apuntó que esta isla cuenta con 279 zonas de abastecimiento y advirtió de que de 213 zonas no se tiene conocimiento sobre el origen del agua (que llega a 878.147 consumidores, el 98% de la población). Este desconocimiento supone un riesgo para los ciudadanos ya que no permite tener un control sobre la calidad del agua, pues queda fuera del propio Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo (SINAC), que desde 2004 ha requerido información al Cabildo sin que la Corporación la haya aportado. Por ello, en el reciente escrito se advierte de que “todas las zonas de las que se desconozca el origen del agua podrían verse en situación de restricción de uso”.

A pesar de que el Cabildo aseguró este jueves, tras analizar el informe, que las irregularidades en el suministro de agua se deben a “la complejidad del sistema de la isla” y a que el mercado de agua se encuentra en manos privadas, Salud Pública señala directamente como incumplidores al Consejo Insular de Aguas y a los titulares de los recursos hídricos por no haber incorporado todos los datos sobre sus infraestructuras en el SINAC. Esta falta de información hace que ni los gestores del abastecimiento ni los ayuntamientos o la autoridad sanitaria puedan conocer la procedencia del agua que reciben los canales que la transportan.

Incumplimientos entre 2012 y 2016

En el documento se detalla que entre 2012 y 2016 se han registrado 3.944 incidencias recogidas por el SINCAC (756 en 2012; 907 en 2013; 1.008 en 2014; 671 en 2015, y 610 en 2016). Estos incumplimientos se refieren a la “naturaleza del terreno, como fluoruro, sodio o aluminio, pero también a parámetros indicadores del estado de las instalaciones y el mantenimiento de estas.”

Además, se hace referencia a la turbidez del agua que interfiere en el tratamiento de cloración “disminuyendo su eficacia, con la utilización de canales con tramos abiertos que pueden arrastrar grandes cantidades de materia en suspensión en determinadas ocasiones”, se explica en el informe.

Precisamente, sobre los canales de transporte de agua con tramos abiertos ya se informaba en 2012 que carecían de cualquier tipo de vigilancia desde el punto de vista sanitario ya que “teóricamente se transporta agua de riego” y en realidad se utiliza para el abastecimiento de la población. En ese mismo documento se relacionaban nueve grandes episodios de contaminación accidental o premeditada, química y microbiológica, al que ahora se suma el vertido de la piscifactoría de Aguamansa, en La Orotava y con gestión pública del Cabildo.

El informe de 2012 destaca numerosos vertidos

En el documento elaborado por Salud Pública en 2012 se dejaba constancia de que , relacionado con los canales de transporte, se detectaron varios episodios de contaminación como: dos vertidos de gasóleo en el canal de Araya, uno registrado en el año 2000 y otro al año siguiente; un incremento de los casos de "procesos diarreicos" en Santa Cruz de Tenerife a causa de la turbidez del agua; un vertido de gasóleo en 2004 en el canal de Güímar, y otro en 2007 nuevamente en el de Araya.

También detectó en 2007 un vertido de gasóleo en una galería donde se realizaban obras en Guía de Isora y en 2009 otro de aguas residuales urbanas. En 2010, 21 turistas se vieron afectados por diarreas y vómitos en 12 establecimientos de Tenerife, por lo que se llevó a cabo un estudio que puso de relieve las deficiencias en el abastecimiento, motivo por el que se envió un informe al Consejo Insular de Aguas, al que se le requirió que incorporara al SINAC las captaciones utilizadas para la producción de agua. A su vez, en 2012 se produjo otro vertido en el canal de Aguamansa que afectó a siete municipios.

En ese documento de 2012 se dejaba claro que "hasta las fecha los episodios de contaminación accidental o no han sido ocasionados por vertidos de hidrocarburos en el agua de los canales, lo que ha permitido cortar el suministro alertados por la población". No obstante, advertía de que el día en el que se vierta un producto tóxico no detectable por la población "los efectos para su salud podrán ser impredecibles".

La solución, en manos del Cabildo de Tenerife

Como ninguno de esos canales está incorporado al SINAC, no son objeto de la vigilancia sanitaria mínima, por lo que se desconocen las condiciones que afectan a todos ellos. Por esta razón, Salud Pública alerta de que un vertido como el ocurrido este verano no se puede identificar a través de ese sistema nacional ni se puede conocer qué poblaciones concretas pueden verse afectadas. Tampoco es posible evaluar y gestionar el riesgo asociado ni tomar medidas para la salud.

Sanidad subraya que la solución al estado de vulnerabilidad del suministro de agua de la isla se encuentra en manos del propio Consejo Insular de Aguas, que es quien debe notificar al SINAC las infraestructuras que gestiona. También es el Cabildo la institución que debe acabar con la “captación ficticia” de agua y controlar su origen. Se le insta además a que erradique el argumento de que el agua se vende y transporta como si fuera de riego, motivo por el que queda fuera del cumplimiento de la normativa sanitaria.

El Plan Hidrológico de Tenerife incumple a su vez la normativa europea, ya que únicamente identifica seis captaciones subterráneas de agua y 21 superficiales para abastecer a la población. “El enorme número de captaciones subterráneas que se utilizan para producir agua de consumo humano no se contempla”. Tampoco se ha cumplido con la obligación de facilitar a la autoridad sanitaria y al gestor los resultados analíticos del agua destinada a consumo humano.

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