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Sí Se Puede e IUC se personan como acusación popular en el caso de los vertidos del polígono de Güímar

Ambos partidos consideran que ese asunto "es tan grave desde el punto de vista medioambiental como las extracciones irregulares que ha sufrido el barranco de Güímar, por las que han sido condenados importantes empresarios"

Las aguas industriales sin depurar no solo causan un daño contra el medio ambiente que está penado por la UE, sino que, esa práctica amenaza el futuro de 250 empresas instaladas en el polígono y de 3.000 puestos de trabajo

Los concejales Francis Hernández (IUC, Arafo), Agustín Espinosa (Sí Se Puede, Candelaria) y Lourdes Galindo (Sí Se Puede, Güímar), en una imagen de archivo

Los concejales Francis Hernández (IUC, Arafo), Agustín Espinosa (Sí Se Puede, Candelaria) y Lourdes Galindo (Sí Se Puede, Güímar), en una imagen de archivo

Los partidos Sí Se Puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) han decidido personarse como acusación popular en el caso de los vertidos incontrolados del polígono industrial de Güímar, un proceso que se sigue en el Juzgado Nº 1 de Güímar a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente por concejales de esos partidos en los ayuntamientos del Valle de Güímar: Candelaria, Arafo y Güímar. 

Con la solicitud de personación como acusación popular, se señala en una nota de prensa difundida por esos dos partidos de izquierdas, se pretende "aportar la máxima colaboración de estas organizaciones políticas a la labor del Ministerio Fiscal en la lucha por la exigencia de legalidad en un caso ante el que la ciudadanía canaria ha expresado una enorme sensibilidad".

Ambas organizaciones consideran que "este asunto es tan grave desde el punto de vista medioambiental como las extracciones irregulares que ha sufrido el barranco de Güímar, por las que han sido condenados importantes empresarios de la isla. En este caso, los hoyos de ambición [en alusión al título del programa de investigación de Despiertos TV] son submarinos, se manifiestan bajo el mar. Tenerife se encuentra ante el mayor atentado medioambiental a su litoral".

Hay que recordar que las actuaciones que en estos momentos se están investigando en ese juzgado de Güímar se iniciaron a raíz de una denuncia presentada hace casi un año ante la Fiscalía de Medio Ambiente por Sí Se Puede e Izquierda Unida Canaria, donde se exponía "la caótica situación que se vivía en el polígono industrial de Güímar en relación con el tratamiento de las aguas residuales".

Estas organizaciones denunciaron que se llevaban varios decenios vertiendo al mar las aguas industriales sin ningún tipo de depuración o tratamiento, a pesar de que esas aguas contienen componentes altamente contaminantes derivados de su utilización en procesos industriales con elementos tóxicos de todo tipo.

En la denuncia formulada entonces, se acordó la necesidad de continuar con esta labor en defensa del medio ambiente marino, a la vista de que se contaba con "una docena de informes en los que se comprueba que los niveles de contaminación duplican, triplican o cuadruplican y más los valores de referencia establecidos en la normativa, de forma que se incumplen también los valores referidos a los metales pesados, lo que es buena muestra de la gravedad de la situación".

Sí Se Puede llaman e Izquierda Unidad llaman la atención sobre que estos vertidos "contaron de manera incomprensible con una autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias a través de resoluciones desde 1998, una autorización que no debió otorgarse por la carencia de estación depuradora y las características de esas aguas, que proceden de procesos industriales y materiales altamente contaminantes, entre ellos, metales pesados".

Aparte de ese vertido "incorrectamente autorizado", el polígono cuenta con dos puntos más de vertidos de aguas residuales industriales: el EBAR del polígono industrial y el barranco del polígono, ambos en la carretera litoral. Pero además, desde el año 2011, el polígono industrial carece de la más mínima cobertura jurídica, dado que se declaró la caducidad de la autorización otorgada en su día por la Viceconsejería de Medio Ambiente para el vertido al mar de las aguas residuales industriales a través del emisario citado.

Sin embargo, han continuado los vertidos industriales hasta la actualidad, lo que es una clara señal del "ánimo delictivo" con el que han actuado los denunciados.

La situación de ilegalidad en la que en estos momentos se vierten aguas residuales de origen industrial sin depurar no solo causa un daño contra el medio ambiente que está penado por la Unión Europea, sino que, además, amenaza el futuro de las 250 empresas instaladas en el polígono y de sus 3.000 puestos de trabajo directos.

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