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Los partidos denunciantes de vertidos ilegales en Güímar, conformes con los nueve meses dados para resolver el problema

Sí Se Puede e IUC consideran que el auto judicial conocido este martes "pone sobre la mesa una solución factible para un problema que arrastramos desde hace más de 40 años", asunto que ahora pasa por la construcción de una estación depuradora

Agustín Espinosa (centro) y Francis Hernández, en una imagen de archivo

Lourdes Galindo, Agustín Espinosa (centro) y Francis Hernández, en una imagen de archivo ÁLEX ROSA

El problema de vertido al mar de aguas residuales sin depurar parece que no tiene fin en el polígono industrial de Güímar y, por ello, tanto Sí Se Puede como Izquierda Unida Canaria (IUC) han exigido de nuevo este miércoles la construcción inmediata de la depuradora para esa zona. Además, "la izquierda alternativa en el Valle de Güímar", se asegura en una nota de difusión conjunta, "ha mostrado su satisfacción ante el auto emitido por el Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 4 de Santa Cruz de Tenerife en el que se obliga a las administraciones públicas implicadas a resolver el problema de los vertidos al mar de aguas residuales industriales sin depurar en un plazo inferior a nueve meses, tal y como recogió desde este martes Tenerifeahora.com.

El concejal de Sí Se Puede en Candelaria Agustín Espinosa ha señalado que “estamos satisfechos con esa resolución judicial porque pone sobre la mesa una solución factible para un problema que llevamos arrastrando desde hace más de 40 años. Además, fija una fecha para su resolución. Creemos que la medida propuesta es muy razonable y da un tiempo prudencial para ejecutar las obras necesarias”.

Sí Se Puede e IUC destacan que, en la vista judicial sobre este caso, el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF) afirmó que podían asumir la construcción de la EDARI (estación depuradora de aguas residuales industriales ) en el plazo citado. No obstante, “ambas organizaciones nos interesaremos para que el coste de esta inversión sea abonado finalmente por la Asociación Mixta de Compensación del Polígono de Güímar, además de propiciar que los ayuntamientos implicados establezcan un canon de vertido a las empresas para sufragar los gastos de mantenimiento de la depuración”, apuntó Espinosa.

Ambas organizaciones recuerdan que los ayuntamientos tienen el deber de controlar lo que se vierte a la red de alcantarillado. En este asunto, Sí Se Puede e Izquierda Unida Canaria van a ser muy exigentes con los equipos de gobierno municipales de Candelaria, Arafo y Güímar, más aún cuando el mismo juez les da un plazo de un mes para elaborar un censo de vertidos.

“Insistiremos ante las administraciones responsables para que se ejecute el proyecto de la EDARI antes de nueve meses como ordena el juzgado”, continúa el concejal ecosocialista en Candelaria. Además, se exigirá “contundentemente y con todos los medios de que dispongamos el cumplimiento estricto de la resolución mediante un seguimiento exhaustivo en los ayuntamientos donde Sí Se Puede e IUC estamos presentes, para que cumplan con su obligación de hacer de forma inmediata un censo de vertidos de cada empresa y de cada núcleo de población”. El concejal de la organización ecosocialista asegura que solo así se podrán controlar los vertidos y obligar a las empresas a retratar los contaminantes.

En la misma línea, el concejal de IUC en Arafo, Francis Hernández, destacó que “hemos presentado varias denuncias con respecto a esta ilegalidad, preocupados por el futuro de las 250 empresas y los 3.000 puestos de trabajo del polígono; ahora el juzgado nos da la razón y obliga a una solución inmediata que implica a la Asociación Mixta de Compensación del Valle de Güímar, al Cabildo de Tenerife y a los tres ayuntamientos del valle, Candelaria, Arafo y Güímar. A todos los obliga a solucionar definitivamente el problema”.

A su vez, la concejala de Sí Se Puede en Güímar Lourdes Galindo aludió a su malestar porque “en el auto se demuestra que sí que existía una solución de un coste razonable y a corto plazo. Lo que nadie entiende es por qué se ha estado vertiendo agua contaminada al mar durante 40 años y nadie resolvió esta situación cuando técnica y económicamente era posible hacerlo”. Galindo se pregunta también sobre quiénes han tomado las decisiones para que esta obra no se hiciera hasta que lo obligara un juez.

Por último, Espinosa recordó que el último pleno del Ayuntamiento de Candelaria aprobó un acuerdo para que en el convenio de colaboración entre el Cabildo de Tenerife y los tres ayuntamientos implicados se incluya la exigencia al Consejo Insular de Aguas de que se encargue de la construcción de la EDARI en el polígono industrial de forma inmediata y por la vía de urgencia.

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