La reubicación de una central térmica en Los Realejos se topa ahora con el rechazo de los nuevos vecinos afectados
Como temían algunos, el intento de levantar una planta de gas para la generación eléctrica con grupos de emergencia de 14,8 megawatios, la llamada planta Tigaiga de Los Realejos (aunque no en el barrio realejero del mismo nombre), no iba a limitarse sólo a crear polémica en la zona de La Zamora. El rechazo vecinal surgido por buena parte de los vecinos afectados por este proyecto en la carretera general que atraviesa este núcleo camino del polígono industrial o de la zona de La Montañeta tiene ahora réplica con la pretensión de instalarla un poco más cerca del casco local, a relativamente pocos metros de diversos asentamientos residenciales.
Se trata de un proyecto de la compañía Disa que, en principio, se topa con el rechazo del gobierno local (PP), al menos de forma contundente respecto a la ubicación de La Zamora, pero que curiosamente impulsa una consejería regional gestionada por los conservadores, bajo la dirección del palmero Mariano Hernández Zapata, y bajo una coalición de CC y PP que cuenta con un vicepresidente, Manuel Domínguez, exalcalde de Los Realejos por la formación de derechas.
Ahora, otro grupo de vecinos potencialmente afectados por la nueva reubicación han mostrado también su oposición y han presentado, incluso, alegaciones ante el Gobierno regional, quejándose y mostrándose muy sorprendidos por el hecho de que hayan sido respondidas por la compañía y no por el Ejecutivo autonómico. Según alertan, con el respaldo de formaciones como Izquierda Realejera, la planta se pretende levantar ahora un poco más cerca del casco, a 50 metros de las casas del Granadillar, a entre 90 y 190 de las viviendas de El Lagar-El Mocán y a 160 del primer núcleo residencial de La Cruz Santa, uno de los barrios más populosos de Los Realejos.
Según critican, se trata de una planta con ocho motores generadores y dos depósitos de propano de 300 metros cúbicos cada uno. Alerta de impactos ambientales como la “emisión de gases invernaderos y contaminantes que deterioren la calidad del agua, así como los riesgos de fugas de gas”. También temen “riesgos de incendios y explosiones por el propano, contaminación acústica por los motores y efectos para la calidad de vida de la zona”.
En la respuesta a las alegaciones presentadas por una vecina, la compañía argumenta que la elección del suelo y su ubicación responden “al criterio de mínima afección posible, así como a criterios técnicos tales como la proximidad a infraestructuras eléctricas, la accesibilidad y la seguridad”. Asimismo, subraya que ni el planeamiento insular ni el local impiden su implantación, después de que el PGO local recalificase esa zona de rústica a industrial.
También sostiene que la planta “cumple todas las medidas necesarias para compatibilizar su instalación con el entorno” y dice que “no genera afecciones sobre viviendas, establecimientos o fincas aledañas”, por lo que subraya que su instalación resulta “completamente viable”. Además, replica que se contempla toda la documentación necesaria sobre “los objetivos acústicos, la calidad del aire y vulnerabilidad frente a accidentes graves”. En este sentido, remarcan que cumplen la normativa y que cuentan con los documentos e informes pertinentes bajo el amparo del órgano competente.
Incoherencia respecto a la transición ecológica
Los vecinos, por su parte, consideran incoherente apostar por esta energía contaminante en plena transición ecológica, pero la empresa alega que la planta resulta imprescindible para afrontar las emergencias energéticas que, como en otros sitios de las Islas, puedan darse en esta parte de Tenerife, en línea con la emergencia energética declarada por el Gobierno canario, limitándose su uso a este fin por situaciones urgentes. En este sentido, Disa recuerda los cinco apagones que se han dado en el último lustro, “lo que pone de manifiesto la debilidad del sistema actual. Esta situación exige adoptar, a corto plazo, soluciones pragmáticas y técnicamente viables que permitan reforzar la garantía de suministro y la estabilidad del sistema eléctrico del Archipiélago”.
Por supuesto, estos argumentos no han convencido a parte de los vecinos, que se han movilizado este domingo y convocaron una reunión para informar y crear una plataforma que se oponga a la pretensión de la empresa y, con ella, del Gobierno regional, aunque no responda directamente a las alegaciones.