Ramón Trujillo, portavoz de Unidas Podemos (Podemos-Izquierda Unida-Equo) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha registrado un escrito dirigido a la Junta de Gobierno instándola a declarar lesiva para el interés público la concesión del servicio de recogida de basura a Valoriza en la ciudad capitalina.
En una nota de prensa, Trujillo recuerda que el anterior grupo de gobierno realizó la adjudicación en octubre de 2018 y, si el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife asume la propuesta de Unidas Podemos, “podría revisarse la adjudicación efectuada por la administración anterior” y se podría volver “a adjudicar el contrato teniendo en cuenta esta vez el informe de los servicios técnicos”.
En un comunicado, Unidas Podemos explica que ha llevado a cabo esta petición porque los técnicos municipales informaron en su momento que la empresa no podría cumplir con los criterios de calidad que ofertó. Sin embargo, la Mesa de Contratación otorgó la máxima puntuación en materia de calidad a la oferta de Valoriza, un criterio que fue asumido por la Junta de Gobierno, “pese a que la Ley de Contratos del Sector Público impone la obligación de adjudicar el contrato en función del objeto que le marca el pliego de condiciones y a partir del informe de asesoramiento técnico”.
Unidas Podemos entiende que la Junta de Gobierno incurrió probablemente “en una desviación de poder”, cuando adjudicó el contrato a Valoriza, “porque desconoció la obligación legal de adjudicar el servicio de limpieza a la oferta económicamente más ventajosa para la Administración”.
“El pliego para adjudicar la limpieza viaria establece como objeto del concurso la mejora de los niveles de calidad del servicio. Por lo tanto, una empresa que presente una oferta que no garantice la mejora de los niveles de calidad, contravendría la Ley de Contratos del Sector Público”, sostiene Trujillo, quien estima que Valoriza “no cumplirá con la calidad del servicio ofertada”.
Aunque el Ayuntamiento puede imponer penalidades económicas por los incumplimientos que se produzcan, relata Trujillo, la empresa podrá recurrirlas judicialmente “y prestar un servicio deficiente con casi total impunidad. De hecho, Valoriza, junto con otras dos empresas, ya han ganado el 90% de los 76 procedimientos judiciales resueltos contra el Ayuntamiento de Madrid para no ser penalizadas por sus incumplimiento en materia de limpieza”, manifiesta.
Por ello, Unidas Podemos espera “evitar que el municipio se convierta en rehén de una empresa que, presumiblemente, deteriorará el servicio de limpieza”.