La alcaldesa de San Juan de la Rambla afirma que tiene disposición para “hacer una retirada ordenada y disciplinada” del Ayuntamiento

La alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez, durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles

Andrea Domínguez Torres

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La alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez (PSOE), ha informado de su situación actual a la cabeza del Gobierno municipal este miércoles durante una rueda de prensa. Su cargo pende de un hilo tras la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 3 de Santa Cruz de Tenerife en la que se la ha condenado a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa.

Esta misma resolución supuso la dimisión del entonces teniente de alcalde de la localidad y, hasta el pasado 6 de noviembre, director de Seguridad del Cabildo de Tenerife, Cayetano José Silva, tras ser condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

“Aclarar unos términos” antes de abandonar la alcaldía

Durante esta rueda de prensa, Velázquez ha afirmado que, después de que su procurador le trasladara la sentencia “el pasado martes 3 de noviembre por la noche”, pidió al día siguiente una “aclaración de términos” a través de sus abogadas. Desde este momento afirma ser parte de un procedimiento “político, pero no administrativo”, puesto que “la sentencia no es definitiva por la falta de aclaración [de dichos términos] por parte del Juzgado”. Sin embargo, afirma sufrir “presión mediática y política” por parte del resto de fuerzas políticas del Consistorio, a quienes acusa de “señalarla con constancia”.

En esta línea, la alcaldesa se defiende de las críticas que piden su dimisión y afirma que aún “no se encuentra en posesión de la sentencia”. Además, mantiene que hasta que no llegue el documento con la “aclaración” la sentencia no es “definitiva”.

Una vez se resuelva esta petición, Velázquez afirma que la Secretaría del Ayuntamiento podrá aclarar su presunta incompatibilidad con el cargo.

Además, realizó otras dos consultas, una de ellas a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias sobre el “alcance de la sentencia” y la otra a la Junta Electoral, a quien le pide que concrete “cuáles son los plazos” que tiene para cumplir cada parte y “si es obligatorio hacer el pleno de elección de alcalde de forma inmediata o esperar a que se llegue la sustitución”.

El fin de estos pasos previos, ha explicado Velázquez, es atajar los problemas que se producirán cuando “la Junta Electoral y el Pleno del Ayuntamiento declare esa incompatibilidad”. “Hasta el momento, sigue hablando la alcaldesa”, ha defendido, por lo que se mantiene en el cargo de manera “legítima”, a su entender, hasta tener esta “aclaración por parte del Juzgado”.

El Pacto de La Concordia, en la cuerda floja

Velázquez ha incidido que puso en situación a sus compañeros de Gobierno, una coalición conformada por la Asamblea Unificada del Pueblo (AUP) y Sí Se Puede (SSP), conocido como el Pacto de la Concordia, a quienes afirmó que estaba dispuesta a “hacer una retirada ordenada y disciplinada” de la Alcaldía, porque “la vida continúa pese a las sentencias judiciales”.

Al reunirse con ambas fuerzas políticas, ha añadido Velázquez, uno de ellos, Sí Se Puede (SSP), se mantuvo reticente a tener una conversación con ella, según la versión de la aún alcaldesa. A partir de entonces, la situación con este socio de Gobierno se dinamitó tras las declaraciones de miembros insulares del partido recogidas este fin de semana por algunos medios de comunicación, por lo que Velázquez afirma que su confianza se “resquebrajó”.

De esta manera, la todavía alcaldesa apunta a sus socios de Gobierno y sostiene que “no esperaron a que se cumplieran los plazos que había solicitado”. Tras pedir una explicación el pasado lunes por la mañana, procedió a retirar las delegaciones que dirigían. Sin embargo, no les retiró del pacto; seguirían en el Ejecutivo municipal “sin competencias”.

Velázquez ha concluido despejando las incógnitas sobre si dimitirá o no tras la resolución judicial y apunta: “Si todo ocurre como tiene que ocurrir, se va a producir un relevo en la alcaldía y el pacto habrá que reeditarlo”.

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