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No son todos, pero están en todos los turnos de la UIP y de la UPR en cada manifestación

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Pedro Sánchez no piensa remover al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y menos en periodo electoral. Que con un ministro dimitido ya está cubierto el cupo de la década. Para restar importancia a lo que está ocurriendo con la Policía Nacional, limita a grupos reducidos de agentes incontrolados los que vienen protagonizando en cada manifestación episodios de violencia o mala praxis profesional. Bueno, en cada manifestación no, en todas las manifestaciones excepto las que protagonizan elementos de la ultraderecha, que a esos se les protege de cualquier alimaña de la izquierda que pretenda perturbar su derecho constitucional a manifestarse. Y si el ultra se llama Vito Quiles, no solo no se le disuelve, se le escolta hasta que llegue sano y salvo con sus gorilas encapuchados al furgón del que dispone para su gira nacional.

Todo esto que acabo de relatar suena populista, lo sé; suena exagerado, sin duda. Pero es lo que hemos visto estos últimos meses de actuaciones policiales en España. Yo mismo escribí sobre este asunto en este boletín hace tres semanas, pero desgraciadamente tengo que volver sobre él por lo que ha pasado estas últimas semanas, particularmente el día de la huelga general.

Si fuera verdad lo que sostiene el Gobierno de que son grupos aislados de la Policía los que están actuando con violencia en las manifestaciones, debemos concluir que esos policías aislados se presentan voluntarios a todos los retenes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR). Porque siempre hay unos cuantos de ellos actuando de manera muy evidente.

Lo pudimos comprobar en algunas de las manifestaciones que ponían fin a la huelga general del pasado día 11, particularmente en Madrid, donde se produjo una encerrona policial en la Gran Vía que ya es objeto de una investigación después de que se supiera que, además de aquella estrategia peligrosísima, los agentes emplearon gas pimienta. Del mismo modo que se están investigando -hasta ahora sin resultados conocidos- los incidentes del 2 de septiembre durante una concentración por Ceuta frente al Congreso de los Diputados; del 14 de octubre en la Universidad Complutense durante la huelga de Educación, o del 19 de octubre por el plante de docentes en la Cámara de Comercio de Madrid durante un acto de Díaz Ayuso.

Estas actuaciones han generado mucho malestar en la población y en algunos partidos políticos. Y también en organismos como Amnistía Internacional, que se ha pronunciado al menos tres veces en el último mes reclamando investigaciones independientes, no solo internas, y alertando de que las cargas desproporcionadas se repiten cada vez con más frecuencia.

Tiene razón Amnistía Internacional cuando reclama investigaciones independientes, es decir, ajenas al mismo cuerpo policial que es objeto de la investigación, porque lo que va a ocurrir cuando esas investigaciones concluyan, si concluyen alguna vez, ya nos lo estamos imaginando sin hacer demasiado esfuerzo.

Es muy reveladora en este sentido la postura que está adoptando el ministro del Interior, que hasta parece asombrarse cuando se entera como de soslayo de lo que están haciendo sus subordinados, como si no manejara información interna de sobra para saber exactamente lo que está pasando. O precisamente por eso, por conocer con precisión lo que está pasando se ve imposibilitado para actuar porque es una espiral incontrolable que puede multiplicarse si se actúa por influencia del corporativismo y por la acción de los sindicatos ultras dentro del cuerpo.

Cada día es más evidente que estas acciones no se pueden considerar aisladas sino premeditadas, encaminadas a que se transmita a la opinión pública que sufrimos un gobierno en decadencia, sostenido por unas hordas callejeras de rojos que no respetan el orden establecido, que la situación es insostenible y que ya va siendo hora de que acceda al poder un gobierno de orden que les otorgue a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado mucha más autonomía para meter en vereda a los zurdos. 

La incógnita es cómo va a embridar esto el próximo Gobierno de España, sea el que sea. Si por una carambola se vuelve a formar uno progresista, quien sustituya a Marlaska (porque Marlaska ya está quemado para esta tarea) tendrá que promover una importante purga de aquellos mandos que hayan podido ser responsables por acción u omisión de las órdenes que han dado lugar a esas acciones policiales censurables, y seguramente modificar reglamentos y protocolos de investigación para que organismos externos independientes puedan restablecer el orden dentro del cuerpo. 

Pero si gana la derecha y se forma un gobierno del PP con Vox, es decir, el escenario más deseado por los sindicatos ultras con más poder e influencia ahora mismo dentro del cuerpo, el empoderamiento y el envalentonamiento serán de tal calibre que hasta impondrán el nombre del ministro que les tengan que reír las gracias. Y en pura coherencia con lo visto hasta ahora, las manifestaciones de protesta contra el Gobierno serán violentamente reprimidas sin reproche, investigaciones o expedientes. 

Por eso es tan importante denunciar lo que está ocurriendo y que organismos como Amnistía Internacional o el Defensor del Pueblo, actúen de inmediato y obliguen a medidas de control que impidan más vulneraciones de los derechos ciudadanos. 

Lo que viví el pasado miércoles al final de la manifestación por la huelga general en Las Palmas de Gran Canaria es solo una pequeñísima muestra de lo que está generalizándose. Pero a mí me sirvió de experiencia para confirmar mis peores presagios de lo que le puede estar sucediendo a un ciudadano o a una ciudadana de a pie, sin acceso a las autoridades, sin un periódico donde contarlo de inmediato sin filtros, sin abogados permanentemente activados… ante un atropello policial.

En realidad, el incidente empezó antes de que un agente de Unidad de Prevención y Reacción (UPR) la tuviera conmigo. Antes la tuvo con una mujer joven que estaba tranquilamente sentada en el bordillo de una acera en la Plaza de la Feria, en Las Palmas de Gran Canaria. No había ningún altercado, ni siquiera tensión en el ambiente. Ella estaba sentada con apariencia de estar muy cansada, seguramente tras el largo recorrido desde el parque de Santa Catalina, pero llevaba la cabeza cubierta por la capucha de su sudadera, y su boca, por un pañuelo azul y rojo con estampados. Un agente de la UPR se acercó a ella y con malos modales le dijo que se descubriera, que no podía llevar la cabeza y medio rostro tapado. Ella le preguntó el porqué, y él le dijo que “porque lo dice la ley”. La mujer insistió un poco más: “¿Qué ley?”, a lo que el agente le contestó que él no estaba obligado a explicárselo y que ella debería conocerla. 

No pretendía identificarla, que es para lo que la Policía puede obligar a descubrirse a una persona; ni estaba en actitud sospechosa, sencillamente al agente no le gustaba que alguien fuera con la cabeza cubierta. Me ahorro otras consideraciones.

Yo estaba a un metro de ese incidente tratando de hacer unas fotografías para mi periódico. Fue ese mismo agente, que ya venía excitado de pedir a esa ciudadana que cumpliera con una obligación inexistente, el que me instó a que me bajara del parterre en el que estaba, el que me empujó en varias ocasiones y el que, después de que le hiciera una fotografía, me retuvo, con la ayuda de uno de sus compañeros, me zarandeó violentamente y me llevó a una zona protegida de miradas tras varias furgonetas policiales para identificarme a su manera. Sí, a su manera, porque en ningún momento quiso saber nada del carné de prensa que le ofrecí desde que comenzó este enojoso episodio para que me dejara hacer en paz mi trabajo.

Ni antes ni durante ni después de estos dos incidentes que relato había motivos para la excitación de ese agente. La manifestación había transcurrido sin incidentes y no se percibía ni violencia ni amenazas de altercados en el ambiente. Pero ese policía necesitaba imponer su criterio, mostrarle a los manifestantes y al periodista quien manda en una manifestación democrática.

Parece mentira que a estas alturas tengamos que estar quejándonos de un comportamiento antidemocrático e ilegal de la Policía. Pero desgraciadamente está ocurriendo bastante a menudo también con algunos jueces y juezas, que ya no disimulan sus deseos de cambio de gobierno. ¿Qué será lo siguiente?