¿Qué está pasando con la Policía?

De un tiempo a esta parte asistimos en España, en toda España, a una deformación en el comportamiento profesional de los cuerpos policiales. Con deformación quiero decir desempeño inadecuado de su cometido, excesos en el ejercicio de sus obligaciones, rigurosidad y violencia en la aplicación de las normas que esos cuerpos policiales están obligados a cumplir escrupulosamente. Unido todo ello a una exhibición innecesaria de símbolos fascistas y comportamientos que alimentan una tendencia hacia la exigencia populista de mano dura, ley y orden, naturalmente contra la izquierda.

Y no solo viene ocurriendo con la Policía Nacional, cuya unidad especializada en manifestaciones y disturbios, la Unidad de Intervención Policial (UIP), ha protagonizado demasiados incidentes que antes eran aislados y ahora comienzan a ser habituales. Incidentes, por llamarlos de algún modo, que se producen siempre que actúan para controlar, atajar, reprimir o disolver manifestaciones de carácter izquierdista, porque cuando los manifestantes son de ultraderecha, el comportamiento de los agentes es radicalmente opuesto, facilitador, para entendernos. 

Basta con ver cómo actúan los agentes del orden cuando de canalizar (vamos a no decir proteger) los paseos del agitador Vito Quiles en aquellas plazas a las que acude no tanto a aleccionar a sus seguidores, sino a exacerbar a las organizaciones de izquierdas y antifascistas, que son naturalmente reprimidas como este ultra preconiza que se merecen.

O como ocurrió hace en septiembre en Ceuta, cuando la diputada local Julia Ferreras fue asaltada cuando circulaba conduciendo su coche por las calles de la ciudad por un grupo de energúmenos que no solo la insultaron gravemente, sino que atacaron su vehículo con piedras y huevos ante la tibia actuación de la Policía Nacional, que se limitó a controlar un poquito que los agresores no llegaran a peores. Y llegaron, porque el parabrisas trasero del vehículo fue roto de una pedrada. No se identificó a ninguno de los manifestantes y el único detenido lo fue porque, el muy zoquete, se atrevió a encararse y a agredir a uno de los agentes. Tuvo que ser una orden posterior de un juez de instrucción el que obligara a los agentes, vídeo en ristre, a identificar a las personas que agredieron a una representante política de la ciudadanía que viajaba en su coche con una abogada y un dirigente de una ONG que los manifestantes habían decidido que había que aniquilar al confundirlo, vete a saber por quien, con un líder abertzale. En fin.

En Las Palmas de Gran Canaria, sin irnos tan lejos, estamos asistiendo a comportamientos policiales bastante alejados de lo que acostumbrábamos a ver. Es cierto que simpatía no es precisamente lo que históricamente suelen transmitir los agentes destinados a controlar una manifestación, una sentada o una acampada callejera, pero de ahí a los malos modales y los excesos va un trecho. Y el sentimiento suele ser mutuo.

Pero lo ocurrido en el desahucio de Jennifer y su familia, en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, esta vez a cargo de dos cuerpos policiales, la Policía Nacional y la Policía Local de la ciudad, a través de su destacamento Goia (Grupo Operativo de Intervención y Apoyo), fue tan desmesurado tanto en el tamaño del despliegue como en su actuación que ha generado más críticas de las habituales. 

Una manifestación pacífica para respaldar a una familia que era desahuciada sin que el Ayuntamiento ofreciera el respaldo adecuado y la alternativa necesaria se despachó con unas acciones que llegaron a provocar heridos. Innecesariamente y lejos de las normas primordiales de una actuación policial de oportunidad, congruencia y proporcionalidad.

En una manifestación pro-Palestina el pasado 10 de octubre, también en Las Palmas de Gran Canaria, los agentes se aplicaron con mucho rigor en el cumplimiento estricto de las normas. Tenemos un vídeo grabado por uno de los manifestantes en la calle Tomás Morales en el que se oye perfectamente a uno de los agentes de la Policía Nacional al mando recriminarle que se parara. Sí, que se parara. Que no andara a un ritmo distinto al que el agente consideraba que debía avanzar la manifestación.

“Por favor, no me detengan la concentración”, dice el agente a las personas que marchaban por delante de la pancarta de apertura. Al respondérsele que nadie estaba parando la manifestación, contestó: “Yo le veo a usted parado”, para zanjar la discusión con dos advertencias consecutivas: “Le vuelvo a advertir: no me pare la manifestación”; “Sí, me la está parando a usted”. “Segunda advertencia, no me pare la manifestación, segunda advertencia”.

Hemos consultado a personas expertas en la Delegación del Gobierno acerca del reglamento sobre la velocidad que debe imprimirse a las manifestaciones y, efectivamente, no está permitido que esas muestras duren más de lo debido, es decir, que se anden parando en medio de su recorrido. Incluso esas fuentes nos han asegurado que ha habido sanciones administrativas recientes promovidas por una denuncia previa de los agentes, contra personas que, a su entender, estaban ralentizando la marcha de alguna manera.

Como cualquiera que haya acudido a manifestaciones sabe, lo habitual es que una demostración así se desarrolle con avances y paradas, unas veces para permitir el reagrupamiento de los presentes y otras, simplemente, porque hay una batucada dando la murga, un grupo bailando la conga o cualquier otra incidencia propia de un acontecimiento así, generalmente festivo.

Pero las cosas han cambiado, ya saben: no me detengan la manifestación que les meto un paquete, especialmente si la marcha es pro-Palestina o sobre cualquier reclamación de los zurdos. Todo se va alejando preocupantemente de los ya mencionados principios de oportunidad, congruencia y proporcionalidad para instalarse en los excesos y en la indignación de los afectados.

Y cuando cualquier delegado del Gobierno abre una investigación, como es su obligación ante cualquier anomalía o denuncia, para conocer qué ha pasado en torno a comportamientos excesivos, de esos que cada vez más frecuentemente vemos en la televisión o en las redes sociales, lo que recibe por parte de los sindicatos policiales es una andanada de críticas en la línea más dura y corporativista que se pueda esperar. Eso sí, después de cerrar filas esos sindicatos con los agentes implicados en los excesos a los que salvan echando la culpa a esos zurdos de mierda que lo que quieren cada vez que salen a la calle es subvertir el orden público.

Esto no es nuevo. Se veía venir desde hace tiempo y el Gobierno de Pedro Sánchez, y concretamente su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tienen mucha responsabilidad en que esta bola se haya hecho tan grande. Llegaron con la herencia de una policía a la que llamaron patriota por prestar al Gobierno de Rajoy unos servicios impagables e intragables, como borrar el rastro de corrupción del PP y conspirar, sí conspirar, contra fuerzas políticas adversarias, con especial interés en Podemos, al que terminaron sacando del mapa. Y no parece que la purga haya existido. Y si existió, no ha servido de nada.

Grande-Marlaska, que viene de donde viene (de ser catapultado a puestos político-judiciales por el PP), no ha aplicado la mano dura que cabría esperar de un ministro del Interior progresista obligado a romper con un pasado así de corrupto, y las consecuencias no han tardado en manifestarse. En 2018 les salió un sindicato, Jupol, que empezó reclamando más salario y ahora lidera una estrategia ultraderecha con la que está empujando al Gobierno sin miramientos. Hasta el moderado Sindicato Unificado de la Policía (SUP), en el pasado mayoritario y considerado progresista y modernizador del cuerpo, ha caído en las mismas garras.

En Canarias, por poner otro ejemplo cercano, tuvimos un escándalo que estalló en 2024 pero que venía produciéndose en dependencias policiales de modo recurrente: la proliferación de simbología fascista y de Vox (en el orden que quieran) que no era otra cosa sino la demostración de cómo habían penetrado ya desde entonces en los cuerpos policiales la ideología ultra que preconiza ese partido y entonces no tanto el PP. 

Imagínate a una mujer que acude a una comisaría a denunciar un delito de carácter sexual y se encuentra con simbología de Vox en un calendario, o la Cruz de Borgoña decorando alguna de las dependencias policiales. Sus ganas de denunciar ante negacionistas de la violencia de género un caso así se desvanecen. Y ocurrió en 2024 en un incidente que mostraba a las claras la impunidad con la que actuaban los policías en dependencias policiales con la Cruz de Borgoña como símbolo asimilado. Lo tienes explicado aquí.

Pero el uso de esa simbología puede encontrarse cualquier día en cualquier circunstancia en la que haya agentes policiales actuando. En el desahucio de Jennifer, en Pedro Hidalgo, había agentes con pulseras con la bandera de España (que no falte) acompañada por la Cruz de Borgoña, un elemento considerado como reivindicativo del pasado imperial, uno, grande y libre, de la nación española.

Diecisiete meses desde la muerte de Abdodulie Bah

Diecisiete meses han pasado desde la muerte de Abdodulie Bah, un joven gambiano que fue abatido a tiros en el aeropuerto de Gran Canaria después de que, al parecer trastornado, amenazara a un taxista con un cuchillo. A estas alturas no conocemos el resultado de la investigación interna abierta en el seno de la Policía: qué fue lo que ocurrió para que varios agentes le dispararan varias veces y el joven recibiera cinco tiros, uno de ellos en la nuca; si se actuó con proporcionalidad, si se puso en riesgo la integridad física de los demás usuarios de la parada de guaguas en la que se produjeron los hechos. Y si, aunque fuera remotamente, la condición de negro del fallecido pudo influir en tan fatídico desenlace o hubiera bastado con reducirlo disparándole a las piernas.

La investigación judicial llevada a cabo por el juzgado de Instrucción 2 de Telde no ha avanzado nada porque todavía no ha recibido el informe del Instituto de Medicina Forense para poder actuar, lo cual no es culpa ni del juez ni de la Policía, sino del Gobierno de Canarias, que no dota a ese órgano de los medios suficientes para que la justicia no sea un cachondeo. 

Para colmo, la única persona que hasta ahora ha tenido que responder colateralmente por aquellos hechos ha sido la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Inmigrantes Refugiados en España, Isabel Alfaro, por haberlos calificado de asesinato. La Fiscalía pidió para ella en el juicio una multa de 4.500 euros. Está pendiente de sentencia.

En Barcelona este fin sábado ha habido unos disturbios muy violentos que se han saldado con la detención de más de 128 jóvenes, más de la mitad de ellos menores de edad. A pesar de que los Mossos D'esquadra no los han vinculado con ningún movimiento político ni ideológico, el PP tardó horas en encuadrarlos en la izquierda, que es donde la derecha encuadra siempre a las personas que se manifiestan. Y más concretamente en el entorno del Gobierno: “Se están resistiendo a abandonar el poder con violencia”, dijo Feijó. Y se quedó tan pancho.

Se trata de criminalizar la protesta y de hacer que prevalezcan unos dudosos principios de autoridad que han de hacerse valer por medio precisamente de la fuerza y de la violencia. La derecha y la ultraderecha se han ocupado especialmente estos últimos años de enaltecer y calentar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que, por encima incluso de sus posibilidades legales, hagan lo que puedan hacer (la consigna de Aznar) por generar un ambiente propicio al palo y tentetieso. El Gobierno ha contribuido en gran medida manteniendo en vigor la ley mordaza todos estos años. Se arrepentirá, seguro, como ya anda arrepentido de no haber creído que existía el lawfare cuando solo le tocaba a Podemos.

Cualquier manifestación pacífica en la que la policía se aplique con exceso termina traduciéndose en que tan pacífica no era y que los agentes del orden tuvieron que hacer lo que debían. Lo cual conduce a que se termine trasladando al público que los manifestantes, generalmente de izquierdas, son los violentos, y que cuando la manifestación es de derechas o de ultraderecha y la policía no carga, es porque los manifestantes son pacíficos, gente de orden.