En el Palacio de Justicia de los burros voladores
Podía haberse ahorrado el viaje a Gran Canaria la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que se limitó el jueves a cumplir estrictamente con su obligación de dar posesión al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Isabel Perelló vino, presidió el acto, pronunció exclusivamente la fórmula protocolaria y, con la misma, se marchó. Ni siquiera obsequió al respetable con un discurso que pudiera animar a pensar que, a pesar de lo que estamos viendo en determinados juzgados y tribunales españoles, particularmente los de Madrid, hay vida inteligente en la Justicia española, que los casos aislados no se están extendiendo, que los mecanismos de revisión y disciplinarios funcionan adecuadamente y que el corporativismo y la sumisión a los poderes tradicionales de la derecha son cosas del pasado.
Ese silencio tan llamativo se extendió también a la prensa, a la que tampoco atendió la señora Perelló, con lo que nos quedamos con las ganas de preguntarle por la última ocurrencia de una buena parte del Consejo General del Poder Judicial, con su Promotor de la Acción Disciplinaria al frente, de restringir al máximo las posibilidades de la ciudadanía de denunciar comportamientos inadecuados de los profesionales de la Judicatura.
Sin embargo, es más que probable que la numerosa y abigarrada concurrencia asistente a la toma de posesión agradeciera a la señora presidenta del Supremo que decretara el formato corto del acto, porque en la sala de vistas del viejo Palacio de Justicia de la Plaza de San Agustín, en Las Palmas de Gran Canaria. no cabía un alfiler y el calor llegó a ser por momentos sofocante.
El que sí habló fue el verdadero protagonista del acto, el nuevo presidente del TSJ de Canarias, Juan Avello, a cuyo alrededor parece difícil encontrar alguna persona a la que le caiga mal. Bueno sí, hay una: su antecesor, Juan Luis Lorenzo Bragado, que compitió sin éxito con él por repetir en ese cargo y que tuvo el feo gesto de no constituirse en el solemne acto de toma de posesión sin ni siquiera disculparse. Lorenzo Bragado lo intentó todo para ganar a Avello, incluso remitir al Consejo General del Poder Judicial, en los minutos de descuento y cuando ya se sabía que había sido derrotado, un informe en el que trataba de demostrar que su sustituto es un absentista de esos que persigue Feijóo porque se había escaqueado de algunas reuniones de la Sala de Gobierno del TSJC y se tomó algunas vacaciones fuera del habitual mes de agosto. Y, con esos antecedentes no iba a ser un digno sucesor. La estallada fue doble, por consiguiente.
Adornan a Juan Avello algunas virtudes muy lejanas al escaqueo y al silencio corporativista. Más bien todo lo contrario. A la mañana siguiente a su toma de posesión concedió cuatro entrevistas a otros tantos medios de comunicación y cumplimentó y se dejó cumplimentar por todo lo cumplimentable. El don de gentes y la comunicación activa no son desde luego la solución a todas las amenazas que se ciernen sobre la judicatura, pero ayudan más que el silencio y el corporativismo.
Hay que desearle suerte al nuevo presidente del TSJC porque la va a necesitar. Se va a desempeñar en una plaza muy mal amañada, con algunas inercias muy poco edificantes y con una tradición a echar burros a volar en las salas con más tronío que no animan precisamente a la esperanza de que esto vaya a cambiar de inmediato.
Desgraciadamente para lo que Avello representa a partir de ahora, una sentencia adelantada este fin de semana por Canarias Ahora demuestra a la perfección lo que se cuece en las altas instancias de la justicia en Canarias. Un renombrado magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, de nombre Francisco José Gómez-Cáceres, vio cómo el supremo le anulaba una sentencia por eludir su obligación de motivar el fallo y, por el contrario, rendirse ante los encantos de los argumentos de una de las partes “de forma acrítica y mecánica”. El ponente -no se sabe muy bien si con la aquiescencia de la sala o por sus santos conocimientos- se limitó a cortar y pegar lo que sostenían los demandantes, a los que dio la razón sin explicar por qué, pero añadiendo de su propia cosecha, como única aportación original a la resolución judicial, un elogio a “la brillantez, claridad y solidez” de su escrito.
Esta extravagancia podría quedarse en eso, en un caso aislado, si no fuera por quién es el autor, quién la parte elogiada, copiada y pegada, y por quién o quiénes están detrás de ese recurso por el cual se pretende revertir un contrato de asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de Pájara. Nada más y nada menos que el prestigioso y conocidísimo despacho de abogados Montero-Aramburu, del que forma parte destacada un viejo conocido de las salas de justicia de Canarias donde los burros vuelan: Rafael Fernández Valverde.
Rafael Fernández Valverde atesora una brillantísima carrera profesional, la mayor parte de ella ejercida en Canarias, donde lo fue casi todo: juez de instrucción, de primera instancia, de menores… pero sobre todo de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, de la que llegó a presidente de la sala correspondiente en el TSJ de Canarias. Luego dio el salto al Consejo General del Poder Judicial, del que fue vocal; a la Audiencia Nacional y finalmente al Tribunal Supremo… Para reengancharse finalmente en el despacho de abogados Montero-Aramburu.
Es evidente que para ese despacho tan prestigioso el asesoramiento jurídico al Ayuntamiento de Pájara tiene una importancia capital, y no solamente por los 1,2 millones de euros que supone por tres años más uno de prórroga, sino especialmente por los millonarios intereses urbanísticos que se mueven en uno de los municipios turísticos más importantes de Canarias. Y Aramburu asesora a muchos empresarios del sector.
El burro volador
Pero el burro volador al que quiero referirme en este caso hizo sus evoluciones en la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Canarias a finales de los ochenta, cuando Lorenzo Olarte Cúllen, recientemente fallecido, ejercía como presidente del Gobierno. Él, su consejero de Economía, Luis Hernández, y el de Sanidad, Julio Bonis, todos ellos por entonces en el CDS y sin atisbos de convertirse en nacionalistas cuatro años más tarde, se vieron envueltos en un escándalo judicial conocido por el nombre de caso Puerto Marena. Pidieron más de 1.000 millones de euros de crédito a la Caja de Ahorros para hacer una urbanización turística y la operación resultó tan fallida que hasta tuvo sospechas de fraude fiscal por presunto impago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
La operación la denunció el político comunista Antonio González Viéitez, quien vivió en sus propias carnes, en compañía del abogado José Manuel Rivero, cómo operaba lo que otro histórico letrado de Las Palmas, Pedro Limiñana, bautizó una vez como “la mafia judicial canaria”.
Dada la condición de aforados de varios de los encausados, el procedimiento cayó en manos de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, que designó instructor a un veterano, José Joaquín Díaz de Aguilar, que se tomó muy en serio aquella instrucción hasta que se tropezó con la cruda realidad. Díaz de Aguilar tuvo incluso que sufrir la humillación profesional de tener que acudir al despacho de Presidencia del Gobierno en la Plaza de los Patos, en Santa Cruz de Tenerife, y observar cómo Olarte se instalaba en una tarima por encima del resto de los presentes y al magistrado instructor se le reservaba una mesa ridícula a un plano claramente inferior.
De aquella declaración, el magistrado salió con la firme convicción de que tenía que dictar auto de procesamiento contra Lorenzo Olarte, para lo cual hizo una consulta con un veterano del TSJC para poder armar una resolución solvente sobre el presunto delito de fraude fiscal. El experto era Rafael Fernández Valverde, que desde 1990 ya era presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal canario.
Inmediatamente después de que se evacuara esa consulta y de que se aireara cuáles eran las intenciones del instructor, Lorenzo Olarte movió sus fichas y ordenó a sus abogados que promovieran un expediente de recusación acusándolo de ser camarada de González Viéitez, no solo por haber formado parte ambos de la Junta Democrática, sino porque el nombramiento de Díaz de Aguilar para el TSJC fue promovido y apoyado en el parlamento por el político comunista. “Es un viejo zorro político metido a juez”, dijo de él Lorenzo Olarte para avalar su estrategia.
Lo curioso no fue solo comprobar los canales de información de los que disfrutaba Olarte, sino cómo, en cuestión de días, una vez iniciado el expediente de recusación, Díaz de Aguilar se veía obligado a apartarse, tomaba las riendas de la instrucción el magistrado Manuel Alcaide, que de inmediato archivaba la causa contra Olarte y los otros encausados. Pero tan sólo 24 horas después del archivo, se resolvía desfavorablemente la recusación. Es decir, Díaz de Aguilar habría estado capacitado para investigar al presidente Olarte, pero el sistema se lo había impedido.
Juan Avello parte con la ventaja de que, desde 2018, no hay políticos aforados en Canarias. Se recogió en la reforma del Estatuto de Autonomía gracias a la única aportación brillante de Ciudadanos, y hasta el momento ha funcionado tan razonablemente bien para el alto tribunal canario que el único investigado desde entonces sólo se zafó de sus imputaciones acogiéndose al magnánimo manto de Manuel Marchena en el Supremo, es decir, aforándose como senador: caso Clavijo.
Por lo tanto, un problema menos que tiene el nuevo presidente del TSJC. Pero tendrá que seguir lidiando con otros burros voladores que todavía se posan con descaro en las gárgolas del vetusto Palacio de Justicia de la Plaza de San Agustín.