La Audiencia Nacional no elevará al Tribunal Supremo una exposición razonada para que investigue al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por no apreciar ningún indicio en el más reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO), de la Guardia Civil, ni en ninguna otra diligencia practicada hasta el momento.
Según ha informado la Cadena Ser la tarde de este martes, la única afirmación contra Torres en el procedimiento ha sido pronunciada por el corruptor de la trama Koldo, el empresario bajo sospecha Víctor de Aldama, que no ha sido corroborada por ninguna otra fuente de prueba.
De este modo se consolida el cierre de la instrucción del caso mascarillas en el Tribunal Supremo por parte del magistrado Leopoldo Torres, que solo ha confirmado el procesamiento de Aldama, de Koldo García y del exministro socialista José Luis Ábalos.
Los investigadores de la Audiencia Nacional analizaron el último informe de la UCO, entregado por el Instituto Armado el pasado día 30 de octubre, y cuatro días después, el Supremo dictó el auto de cierre de la instrucción. De haberse encontrado indicios, habría habido una exposición razonada dirigida al Supremo el magistrado Puente habría tenido que retrasar la emisión del auto hasta concretar las investigaciones.
La investigación de las mascarillas de Canarias, subrayan las fuentes a las que se remite la Cadena Ser, continuará en la Audiencia Nacional porque no afecta a aforados.
El informe de la UCO, conocido públicamente este martes tras ser entregado a las partes personadas en el procedimiento, no incluye ni de lejos las valoraciones que los mismos agentes elevaron a los jueces instructores en los informes referidos a Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama.
Y no aportan ninguna novedad sobre lo ya conocido: la intervención de Ángel Víctor Torres como presidente de Canarias se limitó a sus gestiones para que se agilizara el pago de una factura de más de 7 millones de euros por la compra de mascarillas y material sanitario a Soluciones de Gestión en plena pandemia por Covid en 2020. El informe no detecta que la contratación de esa empresa, representada por Aldama, fuera impuesta por Torres ni que él o algún miembro del Gobierno canario cobrara o exigiera alguna comisión por sus gestiones.