Un condenado, diez absueltos y una frase de Fito y Fitipaldis: claves de uno de los grandes casos de corrupción de Arrecife

Una de las grandes causas judiciales por corrupción que arrastraba el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) ha terminado. El 30 de junio la Audiencia Provincial de Las Palmas emitió la sentencia de la última pieza del caso Montecarlo, que investigaba irregularidades en las contrataciones públicas a la empresa Tunera Producciones S.L. por parte del ayuntamiento capitalino entre 2009 y 2012. De los once acusados, entre los que había altos cargos públicos, un empresario y técnicos municipales, solo ha sido condenado uno: el exinterventor Carlos Sáenz, que confesó durante el juicio.

El caso Montecarlo se originó tras una denuncia anónima en Fiscalía en 2012 y se dividió en seis piezas: cuatro en Arrecife, una en San Bartolomé y otra en La Oliva (Fuerteventura). Todas ellas tienen como protagonista al exinterventor. En esta última pieza, Carlos Sáenz ha sido condenado como ''cooperador necesario'' criminalmente responsable de un delito continuado de prevaricación administrativa y un delito continuado de fraude a la administración.

El fallo le impone una pena de un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público y el pago de las costas, pero le absuelve de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Para atenuar su condena, el tribunal ha tenido en cuenta tanto su confesión ''tardía'' como las dilaciones indebidas de la causa, cuya instrucción comenzó en 2012. Con esta, el exinterventor arrastra cinco condenas en el caso Montecarlo por irregularidades en el desempeño de sus funciones no solo en Arrecife, sino también en San Bartolomé y en La Oliva.

Por el contrario, el Tribunal ha absuelto al empresario Eduardo Ferrer, a los exconcejales Eduardo Lasso (PIL), Isabel Martinón (PNL), Lorenzo Lemaur (PP) y Víctor San Ginés (PSOE), al exasesor Blas Cedrés, y a los dos técnicos José Nieves y Miguel Ángel Leal. También ha sido absuelto el exalcalde de la capital José Montelongo, que en la actualidad es responsable de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias de la Consejería de Sanidad.

Hechos probados

En los hechos probados de la sentencia se recoge que entre 2009 y 2012, el Ayuntamiento de Arrecife pagó a Tunera Producciones S.L., administrada por el acusado Eduardo Ferrer Santana, más de 3 millones de euros. “Infringiendo igualmente las reglas básicas de contratación administrativa y con pleno conocimiento de ello por parte del interventor municipal”, la corporación municipal abonó a la empresa múltiples facturas correspondientes, entre otros eventos, a las Fiestas de San Ginés de 2010, a un concierto de Alejandro Sanz, al Carnaval 2010 o al Festival Malpaís. Sin embargo, según la sentencia, “no consta acreditado” que el empresario “tuviera conocimiento de las irregularidades de las contrataciones y del pago de las mismas”.

En este mismo periodo, Tunera Producciones S.L. recibió del Ayuntamiento de Arrecife 93.922,50 euros de acuerdo con tres facturas “con las que se pretendía dar la apariencia de una contratación legal”, sin que se hubiera tramitado ningún expediente de contratación que lo amparara. El cobro se dio en el marco del ''Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de la Concejalía de Barrios del Ayuntamiento de Arrecife para estudio y contratación del mismo''.

La primera factura se emitió el 17 de diciembre de 2010 por importe de 63.000 euros bajo el concepto “Estudio y conclusiones del Proyecto de Apoyo al desarrollo de las acciones y programas de los Centros socioculturales de Arrecife”. Fue elaborada por el acusado Miguel Ángel Leal Cedrés, técnico municipal, y el entonces alcalde, Candido Reguera, sobre el que se dictó en 2015 auto de sobreseimiento libre por fallecimiento. Fue la concejala de Hacienda, la acusada Isabel Martinón, la que ordenó el pago de la factura, pero “no consta que tuviera conocimiento de su arbitraria forma de adjudicación”.

La segunda factura data del 12 de enero de 2011 por un importe de 15.461,25 euros bajo el concepto “50% del Proyecto de apoyo y desarrollo de las acciones y programas de la Concejalía de Barrios” y fue elaborada por los acusados Miguel Ángel Leal Cedrés y Lorenzo Lemaur, concejal de Cultura. El pago también lo ordenó Martinón.

La tercera se emitió el 12 de mayo de 2011 por el mismo importe que la anterior y la conformaron los acusados Blas Cedrés Mesa, técnico municipal, y Lorenzo Lemaur. Las dos últimas facturas “se emitieron de forma fraccionada para simular su lícita adjudicación directa”.

Según los hechos probados, no consta ni que las personas que participaron en la elaboración y pago de las facturas tuvieran conocimiento de su ''arbitraria forma de contratación'', ni queda probado que los servicios a los que se refieren “no fueran efectivamente ejecutados” por Tunera Producciones S.L.

Contrataciones verbales y facturas fraccionadas

La sentencia establece que lo único que ha quedado razonablemente acreditado es la ''efectiva y continuada contratación irregular por parte del Ayuntamiento de Arrecife con la entidad mercantil Tunera Producciones S.L.''. Unas veces, reza el documento, estas contrataciones se ejecutaron de forma “directa, verbal y sin expediente de contratación alguno” para la contratación de servicios por importes superiores a los 18.000 euros que establece la ley para la adjudicación directa de servicios.

En otras ocasiones, los pagos se cristalizaron mediante el fraccionamiento de facturas totales por cantidades inferiores al límite de los 18.000 euros ''para dar una apariencia de legalidad que no se corresponde con la realidad''.

Sobre el empresario, la sentencia reconoce que puede resultar ''inicialmente sospechoso'' que un proveedor ordinario del Ayuntamiento de Arrecife por contrataciones de servicios por importes muy considerables económicamente “no tuviera conocimiento suficiente de la normativa de contratación” ni de las ''notables irregularidades'' de las adjudicaciones verbales. Sin embargo, subraya que no ha quedado probado que Ferrer tuviera conocimiento de las irregularidades.

En este punto, la sentencia destaca ''el singular contexto'' en el que se desarrollaron los hechos. ''Todo apunta a que este tipo de contrataciones irregulares y groseramente contrarias a la normativa administrativa [...] eran práctica de lo más habitual, institucionalizada y ordinaria en el Ayuntamiento de Arrecife desde tiempo atrás con otros empresarios''.

Para resumir el papel del empresario, el magistrado parafrasea la letra de una canción de Fito y Fitipaldis, Siempre estoy soñando. ''Es nuestro parecer que la imputación contra el empresario adjudicatario, y ya adelantamos que también contra los otros acusados, ''no ha perdido la razón y tampoco la ha encontrado'' para sostener esa consciencia respecto de la ilegalidad de la contratación que conduzca inexorablemente a la condena“.