Miguel Ángel Parramón i Bregolat (Barcelona, 1960) tomará posesión el próximo lunes como presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas en un acto oficial que tendrá lugar en el Palacio de Justicia de la capital grancanaria. Su nombramiento fue publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado.
Actualmente preside la Sección Primera de la Audiencia Provincial, cargo al que accedió en 2010 tras veinte años al frente del Juzgado de Instrucción 7 de Las Palmas de Gran Canaria en el que investigó sonados asuntos, como el conocido como caso Kárate, de abusos sexuales en un gimnasio, o el caso Eolo, de corrupción en la Consejería de Industria a cuyo frente se encontraba un hermano de José Manuel Soria, Luis.
Su primer contacto con la carrera fue como secretario judicial, puesto desde el que opositó a la Judicatura. Su primer destino antes de llegar a Canarias hace 35 años fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de San Boi de Llobregat, en Barcelona, donde solo estuvo un año.
Fue miembro de la Sala de Gobierno del TSJ de Canarias desde 1999 hasta 2004 y juez decano de Las Palmas de Gran Canaria de 1999 a 2004.
En su candidatura para acceder al puesto del que ahora tomará posesión hizo valer como relevantes esas funciones gubernativas y representativas del colectivo judicial porque le permitieron participar de forma activa en hitos como la creación del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, el servicio de guardia 24 horas de los juzgados capitalinos o de la propia Ciudad de la Justicia, “que puso fin a la dispersión de sedes judiciales, con los problemas que suponían para los profesionales y la ciudadanía”.
En su programa de actuación Parramón incidió durante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial en la necesidad de promover “una justicia más eficaz” y que ofrezca una respuesta “lo más adaptada posible” a las necesidades de la ciudadanía. Para ello, propuso un nuevo sistema organizativo para mejorar “la eficacia y eficiencia” del servicio público. En el orden penal, plantea la creación de un nuevo “servicio de ejecutorias” y de otro específico para la “tramitación de procedimiento del tribunal de jurado”, dado que “requieren de una especialización”.