La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria, Ana Isabel de Vega, ha incorporado al procedimiento en el que investiga el presunto desvío de fondos y vaciado de las cuentas de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC) una grabación que compromete a su último administrador, Héctor de Armas, quien fuera mano derecha de su antecesor, Miguel Ángel Ramírez, con quien ahora está enfrentado. En ese audio, de alrededor de 36 minutos de duración, se escucha cómo De Armas pide a uno de sus colaboradores que busque a “cinco, seis o siete” trabajadores de confianza que se presten a cobrar 500 euros en dietas ficticias para recolectar esa cantidad de dinero y así poder “comprarle los (regalos de) Reyes a los chiquillos”.
Con esa operación, el administrador único de la sociedad pretendía, según se desprende del contenido de la grabación, esquivar para su propio beneficio el control del administrador concursal de la empresa, responsable de la prelación u orden de pagos.
La conversación se produce en diciembre de 2018, casi un año después de que SIC entrara en suspensión de pagos y tres meses antes de que el propio de Armas solicitara la liquidación de la sociedad dada las dificultades económicas que atravesaba. El audio fue entregado tanto a la jueza instructora como a la fiscal encargada del caso, Evangelina Ríos, y a los medios de comunicación en un sobre anónimo que contenía, además del pendrive, una denuncia en la que su autor afirmaba, sin identificarse, ser uno de los cuatro interlocutores que participan en la conversación. El Ministerio Público, según ha reconocido este mismo jueves su portavoz a este periódico, no ha valorado aún el contenido de una grabación en la que, además de la de Héctor de Armas, se reconocen otras tres voces que corresponden a la directora financiera de la empresa, el jefe de Seguridad y el gerente.
La solicitud de Héctor de Armas a sus colaboradores se produce justo después de que la responsable financiera de SIC le informe de la solución que propone para solventar una deuda de entre 16.000 y 18.000 euros con un antiguo trabajador hacia quien el administrador único profesa, a tenor de sus palabras, una profunda animadversión. “No lo quiero en Seguridad Integral Canaria”, responde cuando su subordinada le plantea la posibilidad de darle de alta en la empresa para irle pagando la deuda antigua camuflándola en concepto de sueldo.
Después de expresar su sorpresa por la cantidad reclamada por este exempleado, De Armas realiza su petición sobre las dietas: “Todo el mundo cobra una pasta que te cagas menos yo, que el hijo de puta este (en referencia al administrador concursal) no me paga y llevo dos meses sin cobrar. Por cierto, a la gente de confianza, me dices quiénes son, y le pones dietas este mes para que las cobren y me las den a mí, para yo poder comprar los Reyes a los chiquillos, ¿vale?” Ante el silencio de sus compañeros, el administrador único prosigue: “Pero así, con dos cojones, ¿eh?”. “Sin problema, sin problema, yo tengo gente de confianza para eso”, le responde uno de sus subordinados en la empresa.
La conversación continúa por otros derroteros hasta que Héctor de Armas vuelve a aludir al pago ficticio de dietas, precisamente el modo de operar por el que se le investiga tanto a él como a su antiguo jefe, Miguel Ángel Ramírez, en un procedimiento que se tramita desde hace seis años en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria por un presunto delito contra la Hacienda Pública (camuflar las horas extra como dietas, concepto por el que no se pagan impuestos). “Dame cinco, seis, siete nombres, a razón de 500 euros cada uno, que es una mierda, para poder recolectar esa cantidad y comprarle algo a los chiquillos en Reyes”, asevera antes de advertirle a sus colaboradores que la cantidad no puede ser 500 euros justos para no levantar sospechas.
A partir de ese momento, los interlocutores abordan otros asuntos vinculados a Tercan, la empresa de servicios integrales que acababan de montar de forma paralela a SIC, estando ya esta sociedad en concurso de acreedores, o a los planes del propio De Armas para reincorporarse a la actividad de la empresa, aun estando de baja, después de haber sufrido serios problemas de salud, entre ellos dos infartos.
Denuncias cruzadas
A preguntas de este periódico, Héctor de Armas ha afirmado desconocer la existencia de grabación y ha declinado ofrecer su versión sobre su contenido, aclarando que prestará las declaraciones que procedan siempre en sede judicial. En el procedimiento que se tramita en el Juzgado de Instrucción 5 ha defendido que, a pesar de ostentar la condición de administrador único de SIC desde noviembre de 2011 y de que Miguel Ángel Ramírez le hubiera vendido todas las participaciones de la empresa en junio de 2018, era el también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas quien administraba ‘de facto’ la sociedad y, por lo tanto, el responsable del desvío de fondos y vaciado de cuentas.
Este procedimiento se inició como consecuencia de la denuncia que la fiscal Evangelina Ríos interpuso contra Ramírez a principios de año por la presunta despatrimonialización de la empresa de seguridad y por un delito contra los derechos de los trabajadores que ya había sido archivado en dos ocasiones en otro juzgado, el de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria. En sus declaraciones judiciales, el fundador de SIC ha defendido que el responsable de la gestión de la empresa y, por tanto, de las actuaciones ilícitas que la representante del Ministerio Público le imputa era De Armas, contra quien el grupo empresarial que preside, Ralons, también se querelló por un presunto delito de administración desleal y estafa procesal.
Uno de los últimos episodios de este enfrentamiento entre antiguos socios se produjo en el juicio contra Salvador Alba. Héctor de Armas se convirtió de forma sorpresiva en el testigo estrella de la defensa después de que la acusación renunciara a su testimonio. El último administrador único de SIC manifestó en la vista que la grabación por la que Alba fue finalmente condenado a más de seis años de cárcel fue un “chantaje” de Ramírez para que el magistrado archivara la causa en su contra mientras se encontraba sustituyendo a Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria. Dijo entonces que confesaba por una razón de “dignidad”. Ese efecto sorpresa quedó, sin embargo, diluido tras una comparecencia con referencias imprecisas y poco contundentes, hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no le otorgó ningún valor en la sentencia que confirmó la conspiración de Alba contra Rosell.
El mismo día en que Héctor de Armas declaraba como testigo de la defensa en esa vista se conocía que la entidad sueca que compró la división de transporte de fondos de SIC había detectado que de las cámaras acorazadas que custodiaba la empresa habían desaparecido más de 700.000 euros.