El Gobierno de Canarias remite al Consultivo el borrador del decreto para regular las zonas de acampada y autocaravanas
El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este lunes, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, remitir al Consejo Consultivo el proyecto de decreto por el que se regulan por primera vez los establecimientos turísticos de alojamiento al aire libre en el archipiélago.
La iniciativa, demandada por el sector, según el Gobierno regional, permitirá dotar a Canarias de un marco jurídico específico para ordenar una modalidad turística que ha experimentado un importante crecimiento durante la última década y que hasta ahora carecía de regulación autonómica, aunque sí regulaciones locales.
El dictamen del Consejo Consultivo constituye el último trámite antes de la aprobación definitiva, señala el Ejecutivo.
El proyecto regulará los campings, las áreas de acampada para autocaravanas, caravanas y vehículos similares, las áreas de pernocta para estos vehículos, las acampadas vinculadas a edificaciones rurales aisladas y los alojamientos turísticos singulares, estableciendo por primera vez las condiciones para su implantación y funcionamiento en Canarias bajo una ley regional.
Durante su elaboración, según el Gobierno canario, “se ha desarrollado un amplio proceso de diálogo con las administraciones públicas, representantes del sector y entidades vinculadas al turismo al aire libre, incorporando sus aportaciones con el objetivo de disponer de una regulación consensuada, adaptada a la realidad de Canarias y que ofrezca seguridad jurídica”.
La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destaca que “esta norma supone un paso decisivo para ordenar esta modalidad turística, diversificar la oferta de las islas y responder a una demanda creciente con una regulación que garantice la sostenibilidad, la calidad de los servicios y la seguridad jurídica”.
La futura regulación tiene como objetivo, añade, “mejorar la calidad de la oferta turística al aire libre, favorecer nuevas iniciativas empresariales y compatibilizar el desarrollo de esta actividad con la conservación del entorno natural de Canarias”.
Una vez emitido el dictamen del Consejo Consultivo, el proyecto volverá al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.