El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la plataforma Airbnb se han reunido este martes para abordar la identificación y retirada de esta web de los anuncios de pisos turísticos que no cuenten con código de registro legal. Este código es obligatorio para poder operar en plataformas en línea desde el 1 de julio. En el caso de Canarias, hay contabilizadas más de 52.000 viviendas turísticas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero el número de solicitudes de este número de registro es de algo más de 33.000, es decir, solo el 62% de ellas lo tienen.
En un encuentro celebrado este martes en sede ministerial, la compañía se ha comprometido a remitir de forma mensual información sobre los anuncios que se publicitan en su plataforma, a fin de facilitar el cumplimiento de la normativa estatal.
España ha sido el primer país de la Unión Europea en trasponer la normativa europea relativa al registro único de alquileres de corta duración, a través de la Ventanilla Única Digital. El objetivo es acabar con el fraude en los alquileres turísticos o de temporada que colisiona con el derecho a una vivienda digna de parte de la ciudadanía.
A partir de agosto de 2025, Airbnb remitirá de forma mensual a Vivienda la información exigida por la normativa, incluyendo los números de registro estatal y autonómicos correspondientes, según el tipo de oferta que se anuncie por los anfitriones.
Según lo acordado, Airbnb retirará aquellos anuncios que presenten irregularidades en el registro nacional. En estos casos, la plataforma notificará previamente a los anfitriones, ofreciéndoles un plazo para subsanar los defectos antes de proceder a la retirada definitiva, salvo si se deriva de una revocación de número de registro estatal, en cuyo caso se producirá en 48 horas desde la notificación del Ministerio.