El Ministerio de Sanidad ha informado este jueves que ha tenido conocimiento de que un turista, que se encuentra en estos momentos en Galicia, ha dado positivo en hantavirus en una prueba que se realizó hace unos días en Francia por un “cuadro respiratorio leve”, antes de viajar a España.

“El caso acudió a los servicios medicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente Francia identificó como hantavirus. Después viajó a España ya asintomático y por lo tanto ya no podía contagiar”, explican desde el departamento que dirige Mónica García.

El paciente, ciudadano franco-argentino, se encuentra en estos momentos aislado en su alojamiento en Galicia. Sanidad ha contactado ya con la dirección de Salud Pública de Galicia y con el Gobierno francés, que “ha confirmado que se trata de un caso de hantavirus”, indican.

A través de un comunicado, el Ministerio de Sanidad francés también ha indicado que este paciente ya no presenta síntomas de la enfermedad. El Centro Nacional de Referencia (CNR) de Francia ha confirmado que se trata de la variedad Andes, presente en Sudamérica, que se puede transmitir entre personas con contactos estrechos y prolongados.

El departamento de Sanidad galo subraya que se están poniendo en marcha todas las medidas de gestión para atender al paciente y trazar las etapas de su viaje por si hubiera podido haber otras infecciones en ese periodo y ha señalado que “no estamos ante un virus que presente una circulación difusa en la población”.

Esta tarde se reunía un grupo de expertos científicos en relación con la Dirección General de Sanidad y con Salud Pública de Francia para definir lo que se debe hacer en torno a lo que se describe como un “caso importado” de hantavirus.

En España, “tanto desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como desde los servicios de Salud Pública de Galicia se están realizando los estudios precisos para determinar qué acciones han de tomarse”, señalan desde el Ministerio, que aclaran que existen aquí “todos los protocolos y el conocimiento bien actualizado y listo para adaptarlo a las circunstancias concretas”.

El departamento francés de Sanidad también ha indicado que se ha puesto en marcha un dispositivo de coordinación europea y ha avanzado una plena movilización, así como que informarán “regularmente” sobre la evolución de la situación.

Las autoridades sanitarias de ese país han recordado que los hantavirus son virus transmitidos por roedores, principalmente a través de la inhalación de aire viciado contaminado con sus orinas o excrementos. La enfermedad que se desarrolla es poco frecuente pero grave y puede ser mortal.

En el caso de la variedad Andes, tras un periodo de incubación de una a seis semanas, la infección comienza generalmente con un síndrome parecido al de la gripe con fiebre, dolores musculares y cansancio. En sus evoluciones más graves, puede dar lugar a una insuficiencia renal o a dificultades respiratorias graves.

Ha sido una ola de calor breve, pero fatal en términos de mortalidad asociada. El cuarto episodio de temperaturas extremas del año, que comenzó el pasado miércoles y finalizó el viernes, ha dejado solo en esos tres días 171 decesos atribuibles al calor, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). El fin de semana fallecieron en España 117 personas más por esta causa.

Entre los meses de mayo, junio y julio se han estimado 3.084 muertes atribuibles al calor. Es la segunda mayor cifra en ese trimestre, solo superado por las 3.102 del año 2022 y duplica la media de la última década, con 1.483 decesos en ese periodo.

Los resultados del MoMo no son un conteo de muertes. El sistema utiliza un modelo estadístico que, tomando como referencia lo que ha ocurrido en los diez años previos, establece una atribución de fallecimientos que pueden deberse a las altas temperaturas. Tampoco son muertes por golpes de calor, sino por el agravamiento de otras patologías.

Según el Plan nacional de actuaciones preventivas de los efectos del exceso de temperatura sobre la salud 2026, “las olas de calor pueden alterar” las “funciones vitales cuando el organismo es incapaz de compensar las variaciones de temperatura corporal”.

El documento, del Ministerio de Sanidad, indica que “el exceso de mortalidad se ha asociado a períodos de tres o más días consecutivos de altas temperaturas no habituales, y sus efectos se pueden observar durante dichos períodos o con un retraso de hasta tres días”. Precisamente, durante los días de la última ola de calor se registraron 51, 57 y 63 decesos atribuibles a las altas temperaturas, pero las siguientes jornadas se contabilizaron 60 y 57 decesos. En total, este episodio ha dejado 288 muertes.

Las autoridades sanitarias y las sociedades médicas y científicas señalan varios factores de riesgo ante el calor. El principal es la edad: las altas temperaturas afectan especialmente a las personas mayores de 65 años —3.014 de los 3.084 decesos atribuibles en el último trimestre pertenecían a este grupo— y a los menores de cuatro años. A esto se suman otros relacionados con la salud, principalmente con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y mentales, así como aquellos pacientes con patologías crónicas y tratamientos médicos a base de diuréticos, neurolépticos, anticolinérgicos y tranquilizantes.

Entre las recomendaciones para hacer frente a las jornadas de altas temperaturas, Sanidad recomienda beber agua con frecuencia y evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas; evitar la actividad física y realizar deporte al aire libre durante las horas centrales del día; tratar de permanecer en lugares frescos, climatizados o a la sombra; y prestar especial atención a las personas vulnerables.

El Gobierno ampliará la declaración de “zona gravemente afectada por emergencias de protección civil” más allá de los incendios que están arrasando estos días decenas de miles de hectáreas en Madrid, Ávila y Toledo. Al margen de lo que el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha catalogado como el “más importante y agresivo de la historia de España”, el Ejecutivo trabaja en un real decreto que dará este estatus a otros de los grandes incendios forestales que ha sufrido el país en los últimos cuatro meses.

En total, el texto que aprobará este martes el Consejo de Ministros declarará lo que antes se conocía como “zona catastrófica” zonas de 14 comunidades. Entre ellas, las afectadas por los fuegos de Madrid, Ávila y Toledo, Castelló (La Vall d'Uixó) y Guadalajara (La Mierla), como ya anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este fin de semana.

“Habrá muchísimas zonas afectadas, muchísimos municipios”, indican fuentes de Moncloa que trabajan en la delimitación de esas áreas, afectadas a partir del 31 de marzo, cuando el Consejo de Ministros habilitó el anterior procedimiento para que las administraciones solicitaran las ayudas previstas en el acuerdo del 10 de febrero, que se activó por diversas inundaciones y catástrofes, que se produjeron entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Agrupar la declaración de zona gravemente afectada en un mismo real decreto es habitual, pero fuentes de Presidencia destacan que en esta ocasión va a ser especialmente abultado en cuanto al número de personas afectadas y situaciones que se van a cubrir. “Principalmente incendios forestales”, aclaran. Solo en la última semana se han evacuado más de medio centenar de municipios y han tenido que abandonar sus viviendas unas 75.000 personas.

En lo que va de año, se han quemado más de 170.000 hectáreas, frente a las 120.000 de media de la última década en todo el periodo estival. Desde marzo, han engrosado la cuenta de este 2026 un total de 32 grandes incendios forestales, de más de 500 hectáreas. El más trágico fue el de Los Gallardos (Almería), donde fallecieron 13 personas intentando escapar de las llamas, en un incendio que se prolongó durante dos semanas.

Pero la lista es larga. En el siguiente mapa se pueden ver los incendios que más superficie han quemado en el último año por provincia y el total de grandes incendios.

En Ponteareas (Pontevedra), el 7 de abril, el fuego calcinó 750 hectáreas en apenas nueve horas. En Cinco Villas (Zaragoza) los equipos de extinción consiguieron controlar las llamas el 19 de julio, tras afectar a más de 15.700 hectáreas. También están los de León —en Castropodame, Congosto y Valdesamario—; el de Allande, en Asturias; los de Selaya y Soba, en Cantabria; el de Hinojosa de Calatrava, en Ciudad Real; el de Valencia de las Torres, en Badajoz; o el de Hinojosas de Calatrava, en Ciudad Real, entre otros.

Habilitar ayudas

La declaración de zona gravemente afectada permite activar diferentes tipos de ayudas para particulares, empresas y administraciones, a través de varios ministerios. Por ejemplo, las fuentes consultadas citan que Hacienda podría hacer excepciones en el pago de determinadas tasas o tributos a las personas amparadas por el real decreto o que Economía o Trabajo pueden eximir del pago de cuotas.

El fuego que ha asolado en los últimos días diferentes puntos de la península y que obligó el jueves a declarar la emergencia nacional ha dejado más de 100.000 personas afectadas, entre evacuadas y confinadas. En total, las llamas han arrasado más de 70.000 hectáreas en Ávila, Madrid y Toledo y un nuevo fuego, en Castelló, ha calcinado más de 4.000 hectáreas. Según los últimos recuentos, las autoridades se han visto obligadas a desalojar más de medio centenar de municipios.

Los expertos advierten de que los incendios que castigan España este verano están alimentados por una combinación de elementos adversos: altísimas temperaturas —con tres olas de calor, que se intercalan con otras jornadas especialmente cálidas—, una baja humedad y, en los últimos días, un viento que ha dificultado las tareas de extinción en algunas zonas.

El número de evacuados en los últimos cuatro días —más de 75.000 entre los incendios de Madrid, Ávila, Toledo y Castelló— es una muestra del peligro cada vez más presente para determinadas poblaciones. Según los datos del Ministerio del Interior, el verano de 2023 se saldó con 22.300 personas evacuadas preventivamente; en 2024, Protección Civil contabilizó 6.612; y el año pasado, fueron 42.913, según el Informe Anual de Seguridad Nacional. La comparativa enfrenta los evacuados en menos de una semana con los de todo un verano.

Para el profesor del Área de Ingeniería Agroforestal de la Universidad de León, Víctor Fernández-García, “lo que estamos viendo estos años responde a la confluencia de problemas a corto plazo y problemas estructurales más a largo plazo”. A corto, “la meteorología primaveral —lluviosa— y del verano —sequedad— son clave y tienen mucho que ver con el cambio climático”.

No obstante, indicaba el experto en declaraciones al Science Media Centre, “estas condiciones actúan sobre un territorio que lleva décadas transformándose en un polvorín en todo el país, con abandono de cultivos y aprovechamiento, acumulación y continuidad de la vegetación, expansión de las zonas residenciales hacia el monte y plantaciones y matorrales cada vez más cerca de los núcleos de población”, donde los vecinos han tenido que abandonar sus hogares.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, informó a primera hora de la tarde del domingo que había 43 viviendas “destruidas” por el fuego y otras 300 “con muchos daños” en la Comunidad. Una cifra que, en sus propias palabras, “se va a elevar enormemente, como nunca habíamos vivido”.

“La mejor manera de proteger las viviendas es evitar que el combustible —la vegetación— y las viviendas estén próximas”, indicaba Fernández-García, para quien “en las zonas de interfaz urbano-forestal las normativas autonómicas han avanzado en esa dirección”. “Determinadas urbanizaciones, edificaciones e instalaciones colindantes con terrenos forestales deben disponer de un plan de autoprotección y mantener una franja perimetral libre de vegetación seca y con el arbolado poco denso. También, gestionarse las parcelas sin edificar, los accesos y las cunetas”. El problema de fondo, considera, es que “aprobar normas y planes no garantiza su aplicación”.

Los responsables al frente de la emergencia llevan días explicando las prioridades del operativo. Primero, las vidas humanas; después, la protección de las poblaciones, los domicilios y las casas; y, por último, el medio natural. Lo explicaba la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, en una entrevista en elDiario.es, en la que advertía que estos incendios, veloces e intensos, van a ser la norma los próximos años. “Es una realidad. El año pasado tuvimos la peor campaña de incendios forestales simultáneos de la historia reciente del país”, señalaba.

“Es la crónica de una situación anunciada. Una vez hemos aceptado, como sociedad, cambiar el clima, estos incendios pasan a estar dentro de la normalidad; es decir, es lo que esperábamos”, añade, también al SMC, el profesor del CSIC en el Centro de Investigaciones sobre Desertificación, Juli G. Pausas: “Desde hace décadas se viene anunciando que, si seguimos aumentando las temperaturas, las consecuencias pueden ser muy negativas, incluyendo el incremento significativo de la actividad (frecuencia, tamaño e intensidad) de los incendios”.

Este experto apuesta por fragmentar las grandes superficies forestales, estimular la actividad rural extensiva, limitar la interfaz urbano-forestal y realizar un manejo agresivo de la vegetación alrededor de las viviendas en esas zonas, donde “también se debe potenciar la autoprotección y la asunción de responsabilidades y costes por vivir en paisajes inflamables”.

Tras dos días con todos los elementos en contra en los operativos de Madrid y Ávila, que acabaron confluyendo en uno solo, el cóctel meteorológico amainó durante la noche del sábado al domingo. Fue “muy positiva”, señaló el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una comparecencia este domingo. El teniente coronel de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Alfonso Arribas, informó a primera hora de que el perímetro estaba “contenido”, pese a que algunas zonas ardían todavía fuera de control.

El avance era significativo, después de que el fuego estuviera “fuera de la capacidad de extinción” apenas unas horas antes. Durante la tarde del domingo, según indicó el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, las labores se centraron en utilizar una “ventana amplia” de condiciones óptimas para intensificar el trabajo sobre el terreno y vencer “definitivamente” al incendio, el peor en términos de superficie calcinada y personas evacuadas de toda la historia en la región.

Pero los trabajos están lejos de finalizar. Según explicó Martín, el frente este estaba ya consolidado; en el oeste el objetivo continuaba siendo frenar el avance del fuego; y en la zona norte, en torno al embalse de San Juan, continuaban focos activos. Las próximas horas todavía serán claves para controlar la situación.

Mientras la situación parecía dar algo de tregua por estos frentes —en los que el Gobierno tampoco descarta nuevas evacuaciones— y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunciaba que los vecinos del otro gran incendio que ha tenido en vilo a las autoridades esta semana, el de La Mierla (Guadalajara), podían volver a casa, el fuego en Vall d'Uixó (Castelló) hizo saltar todas las alarmas, con unas 17.000 personas evacuadas.

Y, en León, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), reunido en la Delegación Territorial, decidió por la mañana realojar a los vecinos de Ponjos y Murias de Ponjos, unas 40 personas, mientras continúan evacuadas las poblaciones Andarraso, Rosales y Folloso, con un total de 37 vecinos. El incendio mantiene el Índice de Gravedad Potencial 2 por comportar un grave riesgo a poblaciones y bienes no forestales.

En el siguiente mapa puedes ver la evolución actualizada de los diferentes fuegos activos en el país.

Zonas gravemente afectadas

El presidente Sánchez ha anunciado que el próximo Consejo de Ministros, previsto para este martes, aprobará la declaración de los lugares quemados en Madrid, Ávila y Guadalajara como “zona gravemente afectada” —la antigua “zona catastrófica”—, que permite la puesta en marcha de ayudas directas y de otro tipo, como fiscales, por ejemplo, tanto a particulares y empresas, como a otras administraciones.

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha ha pedido que se solicite a la Unión Europea ayudas a través de los Fondos de Solidaridad y el castellano y leonés Alfonso Fernández Mañueco y la madrileña Isabel Díaz Ayuso han avanzado que han empezado ya a trabajar con agricultores y ganaderos para facilitar alimento para los animales y que se pondrán en marcha en cuanto sea posible los trabajos de recuperación de viviendas afectadas.

Mientras tanto, desde el Gobierno central llevan días reclamando al Partido Popular que se una al pacto de Estado por la crisis climática, que ya pusieron sobre la mesa el pasado verano. “No podemos acordarnos de los incendios o emergencias cuando se producen. Necesitamos concienciar a la ciudadanía, tomarnos la emergencia climática en serio”, reclamó ya el miércoles. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, avanzó el jueves que se convocaría una nueva convención para abordar el asunto tras el periodo estival. “Esperamos que el PP asista”, apuntó.

Ese plan, presentado en septiembre y ampliado en diciembre de 2025, incluye 15 ejes de actuación, entre los que destacan la aplicación del conocimiento científico sobre el cambio climático, la extensión de un modelo de gestión forestal —competencia de las comunidades autónomas— del siglo XXI, el impulso del sector agrario en la prevención y la mitigación de los eventos climáticos extremos, el refuerzo de los servicios de emergencia y la financiación del propio pacto.

El conflicto entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos ha vuelto a colarse este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Los responsables de las consejerías del ramo han solicitado a la ministra Mónica García e “reinicio de la negociación del Estatuto Marco”, pactado entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales presentes en la mesa del ámbito, CCOO, UGT, CSIF y Satse.

Ese texto, que limita las guardias obligatorias a 17 horas —frente a las 24 actuales—, mandata oposiciones cada dos años y limita la jornada laboral máxima a 45 horas, entre otras medidas, se topó con la oposición de los sindicatos médicos, que han convocado paros semanales cada mes desde febrero hasta junio y amenazan ahora con una huelga indefinida en septiembre si no hay avances en sus demandas. Estas pasan por un ámbito propio de negociación, un estatuto médico, la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales y una clasificación profesional “justa”.

“El proceso no ha logrado el consenso necesario entre las administraciones sanitarias, las organizaciones sindicales y el Ministerio de Sanidad”, lamentan las comunidades en una carta trasladada a García, a la que ha tenido acceso elDiario.es, y en la que consideran que es aconsejable “abrir una nueva etapa de diálogo”.

Para la ministra, la petición tiene “dos consecuencias”. Por un lado, que “no mejoremos las condiciones laborales de los profesionales”, que “llevan 20 años esperando” por cambios en su forma de trabajo. La postura del Ministerio es que reiniciar las negociaciones dejaría en “stand by” mejoras con el fin de las guardias de 24 horas, una de las reclamaciones que se han visto en las pancartas que los profesionales médicos han agitado en las protestas de los últimos meses y que sí contempla el texto que defiende García.

Por otro lado, la ministra ha insistido tras la reunión con las consejerías, que tumbar el trabajo hecho hasta ahora supondría “saltarse la ley y romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios”. “Si alguna comunidad quiere romper los acuerdos que pacta, es libre de hacerlo”, ha afeado García, que ha repetido que el Estatuto Marco nace de “acuerdos legítimamente acordados en la mesa sectorial que ordena la ley”.

No obstante, ha recordado que las comunidades autónomas son competentes para alcanzar otros acuerdos, “como han hecho Galicia, Euskadi y la Comunidad Valenciana”, ha enumerado.

Estas, por su parte, advierten que “la prolongación del conflicto laboral y de las convocatorias de huelga está teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a los ciudadanos”. Y les “preocupa especialmente”, dicen, “que esta situación continúe prolongándose y repercuta negativamente en la calidad de la atención y en la seguridad de los pacientes”.

Para García, el objetivo de fondo de las comunidades es mantener el statu quo. “Creen que no es el momento de reformar el sistema”, ha dicho en rueda de prensa, donde ha expresado que las consejerías reclaman que se eliminen los artículos que tienen que ver con la jornada laboral y las guardias. “Ni quieren mejorar las condiciones, ni nos dejan a nosotros mejorar las condiciones”, ha insistido la ministra, que ha asegurado que los responsables autonómicos “creen que no hay que eliminar las guardias de 24 horas” porque en los informes que le trasladan al Ministerio indican que es “destructivo e irrealizable”.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva ley de medicamentos y productos sanitarios, con la que establece un periodo de negociación máximo de 180 días mediante un sistema para incorporar nuevos fármacos innovadores mientras se acuerdan los precios con las farmacéuticas, incluye precios dinámicos para los genéricos y reconoce nuevas competencias de prescripción a enfermería y fisioterapia. Con estas novedad, Sanidad estima un ahorro al sistema de 2.100 millones de euros al año.

El objetico, indican desde el Ministerio, es “adaptar el sistema a los desafíos científicos, industriales y sociales” y “garantizar el acceso equitativo a la innovación, asegurar el abastecimiento de fármacos críticos y fortalecer la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud mediante un modelo de evaluación independiente y sistmas de precios competitivos”.

El principal ahorro estimado por el Ejecutivo proviene de la nueva herramienta de precios dinámicos, orientada principalmente a aquellos medicamentos fuera de patente, como genéricos, híbridos y biosimilares, y a mercados consolidades en los que su penetración se haya estancado. “El sistema permitirá ajustar los precios de forma progresiva y automática en función de la cuota de mercado alcanzada”, indican.

Este sistema, que convivirá con el de los precios de referencia —para las agrupaciones homogéneas de fármacos equivalentes, cuyos precios se revisan año a año—, permitirá activar descuentos en los precios cuando los medicamentos lleguen a porcentajes elevados de penetración en el mercado. “El precio de los genéricos en España es notablemente más alto que en países de nuestro entorno, lo que no tiene mucho sentido”, explican fuentes de Sanidad, que pretenden revertir esta situación.

En los casos de los fármacos que pertenezcan a una agrupación homogénea —mismo principio activo y vía de administración—, el nuevo sistema establecerá un precio máximo de financiación. Esto permitirá que coexistan diferentes medicamentos con diferentes precios. El paciente podrá elegir cuál prefiere y, si opta por uno por encima de ese precio de financiación, deberá pagar la diferencia.

Financiación condicional para tratamientos innovadores

La nueva ley establece también un sistema de “financiación condicional para la innovación”. La norma permite incorporar rápidamente a la prestación pública medicamentos que cubran una necesidad médica no resuelta, aunque exista “incertidumbre sobre su eficacia”.

¿Cómo? Los laboratorios y la administración se dan 180 días para negociar el precio, pero el fármaco puede utilizarse durante el primer día. Si duante ese tiempo “se confirma el beneficio esperado, la financiación podrá consolidarse en las condiciones acordadas. Si los resultados no son satisfactorios, o si el precio definitivo resulta inferior al provisional, el laboratorio deberá compensar o devolver las cantidades correspondientes”.

Garantizar el abastecimiento

La norma introduce el concepto de “medicamento estratégico” y contempla medidas económicas —por ejemplo, subidas de precios— y regulatorias especiales para evitar desabastecimientos. Y, ante emergencias de salud pública, “se refuerzan las obligaciones de comunicación de existencias por parte de laboratorios, distribuidores y oficinas de farmacia”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley del tabaco, con la que el Ejecutivo quiere actualizar la normativa que aprobó hace 16 años. La nueva norma amplía los espacios libres de humo y equipara las nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, así como los productos a base de hierbas para fumar o shishas, las bolsas de nicotina y otros productos que “imitan o se asocian al acto de fumar” al tabaco convencional. Además, incluye por primera vez sanciones para los menores que fumen o vapeen.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha recordado que el tabaco “provoca 50.000 muertes al año” y es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. “Es el principal factor de riesgo evitable”, ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha estimado que la nueva norma supondrá un ahorro de entre 100 y 200 millones de euros al año en gasto sanitario, que podrán destinarse a otras enfermedades no evitables.

A falta de su trámite parlamentario, el texto aprobado por el Gobierno confirma la prohibición de fumar y vapear en terrazas de bares y restaurantes al aire libre, instalaciones deportivas y recintos donde se desarrollen espectáculos públicos y parques nacionales. Entre las novedades que incorpora esta segunda vuelta se incluye la prohibición de fumar y vapear en playas, tanto marítimas como fluviales.

La prohibición de fumar en terrazas es una de las medidas que más polémica levanta. En 2023, cuando el Ministerio de Sanidad anunció su intención de recuperar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que incluía esta ampliación de los espacios libres de humo, la líder del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puso en duda los informes “que nos dicen que fumar en terrazas es tan perjudicial”, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida calificó la medida de “disparatada”.

Espacios de protección reforzada

Fuentes del departamento que dirige Mónica García aclaran que ampliar los espacios libres de humo “es una medida ampliamente eficaz” que, además de limitar la exposición pasiva, “desnormaliza el consumo”.

El nuevo texto crea además espacios de “protección reforzada”. No se podrá consumir tabaco ni productos relacionados en un radio inferior a 15 metros de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios públicos y privados, centros sociales, educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, centros culturales, deportivos, parques o recintos infantiles.

Prohibición a menores

La ley ya prohíbe la venta y distribución de tabaco a menores de 18 años, pero el nuevo proyecto amplía también esa limitación al consumo por parte de este grupo tanto de cigarrillos convencionales como electrónicos, bolsas de nicotina o shishas. Los jóvenes que lo hagan se enfrentan a sanciones leves, de 200 a 600 euros, a la que deberán hacer frente sus padres, madres o responsables legales. La multa se rebaja —para las leves antes iba de 300 a 600— y se puede sustituir por trabajo comunitario.

Según los datos de la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, ETUDES 2025, la prevalencia de fumadores diarios entre personas de 14 a 18 años es del 4,3%, la cifra más baja desde que comentaron los registros en 1994. Sin embargo, los y las jóvenes que admiten haber consumido tabaco en el último mes se sitúa en el 15.5%. En el caso de los cigarrillos electrónicos, este último indicador ha pasado del 14,9% en 2019 al 27,1% en 2025.

Esta nueva puerta de entrada es la que quiere cerrar Sanidad con esta nueva ley antitabaco y la equiparación de estos dispositivos al tabaco convencional. “Incorporar [a la normativa] a estos nuevos productos evitaría este efecto de desplazamiento que se beneficia de esa ausencia de regulación”, consideran fuentes gubernamentales, que consideran que “la innovación comercial no puede ir por delante de la protección de la salud”.

Dónde comprar tabaco y cigarrillos electrónicos

La equiparación se traslada también a los puntos de venta, que solo podrán ser tiendas especializadas, cuyos requisitos se desarrollarán en una orden ministerial. Además, “la norma refuerza las restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio”: se aplicarán a todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras, internet y cualquier otra forma de promoción directa o indirecta.

La promoción se limitaría a los puntos de venta. En este sentido, la principal novedad es que las acciones no podrán realizarse en escaparate. Y las que se hagan en el interior del local no podrán verse desde la calle.

Sin empaquetado genérico

El texto enfrenta ahora su trámite parlamentario, que desde el Ministerio confían en que concluya antes del fin de la legislatura, en 2027. Fuentes ministeriales esperan además poder introducir, vía enmiendas, el empaquetado genérico, que ha quedado fuera del proyecto aprobado en el seno del Gobierno. La idea de los de García es que lo incluya a través de esta vía el grupo parlamentario de Sumar, ante la negativa socialista a incorporarlo a la redacción original.

El texto también ha dejado fuera la prohibición de los vapers desechables, a la espera de que Bruselas se pronuncie al respecto. Desde el Ejecutivo confían que la resolución europea será favorable a sus intenciones y, en su momento, se incorporará a la norma. “No queríamos dilatar la aprobación así que se ha sacado con la idea de incorporarlo en la tramitación una vez tengamos el informe”, aclaran estas fuentes. Además, la prohibición de saborizantes se llevará a cabo a través de un decreto ley.

No es solo el calor pegajoso, un sol implacable o las noches sin dormir. Los episodios de altas temperaturas que han ido encadenándose en las últimas semanas han provocado cientos de fallecimientos en España. Según los últimos datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), desde el 1 de mayo se han producido 1.682 muertes atribuibles al calor.

La segunda ola de calor del verano, que se alargó desde el pasado fin de semana hasta este jueves, ha dejado un saldo mortal de 622 personas en apenas cinco días. Solo el jueves, se registraron 138 decesos atribuidos a las temperaturas y el miércoles, 123.

La primera ola, con noches “muy cálidas en amplias zonas del país”, arrojó 278 muertes entre el domingo 20 y el jueves 25 de junio, según la Agencia Estatal de Meteorología.

El MoMo se puso en marcha en 2004, tras el gran episodio de calor del año anterior que fulminó a 70.000 personas en todo el continente, 6.500 de ellas en España. Desde 2015, el primer ejercicio del que hay registros, solo ha habido un junio más mortífero por las temperaturas que el que se acaba de despedir: el de 2017, con un millar de decesos atribuibles al calor. En estos 11 años, la media para junio ha sido de 249 defunciones. Este último mes han sido 937.

En cualquier caso, los resultados del MoMo “no son un conteo de muertes”, aclara su responsable en el Centro Nacional de Epidemiología, Diana Gómez Barroso, sino “fallecimientos que, mediante un modelo estadístico —con lo que ha ocurrido en los diez años anteriores— atribuimos que pueden deberse a las altas temperaturas”. “No significa que sea una muerte por un golpe de calor, sino por patologías que se agravan”, explica la experta.

Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas mayores. De hecho, la inmensa mayoría de los fallecimientos atribuidos al calor por la estadística del MoMo corresponden a mayores de 85 años: 632 de los 937 de todo el mes. En el grupo entre 75 y 84 años, se registraron 220 estimadas.

Las personas mayores se ven más afectas porque “termorregulan peor por motivos fisiológicos o por la propia degeneración de la edad, que hace que las glándulas sudoríparas funcionen peor”, explica la coordinadora de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) Divulgación, Rosa Pérez. Pero las altas temperaturas afectan también a aquellos pacientes con patologías crónicas, principalmente con problemas cardiovasculares, renales o respiratorios, diabetes o demencias, a bebés y a mujeres embarazadas, sobre todo en el primer trimestre.

La afectación por calor se nota también en las urgencias hospitalarias y las consultas. “De unos años para aquí, sobre todo en la gran ola de calor del año pasado y este, tenemos muchísimo más trabajo, sobre todo en grandes ciudades y en zonas de costa, donde se mueve mucha gente”, explica la doctora Pérez.

Según los datos del informe Calor extremo, salud en riesgo, realizado por el Observatorio DKV de Salud y Medioambiente y coordinado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, a nivel nacional, “la probabilidad de hospitalización general durante el periodo estival aumenta aproximadamente un 13,5% en asociación con temperaturas extremas”, pero la tasa se dispara hasta el 25,4% en población pediátrica. En 2022, en Francia, “las visitas a urgencias por patologías térmicas se duplicaron y las consultas en atención primaria se triplicaron”. Y en Portugal “los ingresos hospitalarios diarios aumentaron un 18,9% durante los días clasificados como ola de calor”, indica el informe.

Un análisis de 11 millones de admisiones en urgencias en 48 provincias españolas entre 2006 y 2019, realizado por investigadores del IS Global, ya señalaba que las asistencias por trastornos metabólicos y relacionados con la obesidad se duplicaron, las insuficiencias renales crecieron un 77,7%, la infección de tracto urinario un 74,6% y la sepsis un 54,3%.

Y las predicciones sobre el calor no son buenas. “La proyección es que cada vez vamos a vivir más olas de calor, con más noches cálidas y tropicales”, advierte la coordinadora del hub de preparación del IS Global de Barcelona, la doctora Elizabeth Diago Navarro, que apunta a problemas en zonas tradicionalmente cálidas, pero también a aquellas donde el calor es menos habitual, el cuerpo no está preparado y tampoco hay recursos materiales habilitados.

Un ejemplo es la ola de calor que asoló Euskadi en junio y disparó la venta de ventiladores. Pero las altas temperaturas se expanden por el calendario. Pese a las nieves primaverales, a finales de mayo ya se habían batido 12 récords diarios de calor. Ese mes, el sistema registró 123 muertes atribuibles a las altas temperaturas, más que en el mismo mes de 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 juntos. Y eso que en esos días “no ha habido olas de calor, pero si jornadas puntuales con altas de temperaturas” que también afectan a la salud, advierte Gómez Barroso.

Un sistema “incapaz de llegar a todo”

Más calor, durante más tiempo, con más problemas de salud asociados y más visitas a los hospitales y los centros de salud comprometen al propio sistema. Sobre todo cuando esta sobrecarga se produce en un momento de plantillas mermadas por las vacaciones. “El conjunto de estos factores puede comprometer los tiempos de respuesta, los circuitos de atención y la capacidad de priorización clínica, especialmente cuando los episodios de calor son prolongados o coinciden con otros factores estresores del sistema”, señala el informe.

Por eso, Diago Navarro insiste en la importancia de dotar de recursos a un sistema, “incapaz de llegar a todo”, para que pueda identificar previamente a “aquellos pacientes más vulnerables y revisar o cambiarles la medicación”. De hecho, algunos fármacos dificultan la termorregulación y compromete a los pacientes en picos de calor, como los diuréticos, los ansiolíticos y los antidepresivos —que toman un 19 y un 15% de las mujeres y un 10 y un 6% de los hombres, respectivamente—.

Todas las voces expertas consultadas señalan además a otros factores del cambio climático como posibles tensores del sistema y un riesgo para la salud de la población. “Estamos viendo cómo cada día aumentan los eventos meteorológicos adversos, que son cada vez más largos e intensos; las enfermedades infecciosas, que cambian su lugar de distribución; lluvias torrenciales, inundaciones y tormentas devastadoras, que tienen un impacto en la salud”, apunta Gómez Barroso.

Desde Semes advierten que los efectos del calor son físicos y personales, pero también colectivos. “También afectan al conjunto de la sociedad. A veces hay problemas de suministro, los transportes se ven afectados o se generan desigualdades”, apunta la doctora Pérez.

Para los riesgos personales, la coordinadora de la sociedad de médicos de urgencias y emergencias hace las recomendaciones habituales: evitar salir a la calle en las horas centrales del día, buscar la sombra y lugares donde poder refrescarse, vestir tejidos naturales y cubrirse la cabeza y no realizar actividad física durante los tramos de más calor —tampoco bricolaje, jardinería o cocinar—. Además, recomienda ventilar la vivienda o buscar refugios climáticos si no es posible —buena parte de las asistencias por calor se producen en los domicilios—, hidratarse aunque no se tenga sed y no abandonar la actividad física, con paseos moderados cuando cae el sol.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han aprobado el nuevo manual de buenas prácticas en eutanasia, que modifica los plazos de aplazamiento de la prestación, alargándolos hasta seis meses, incorpora un nuevo apartado de donación de órganos y refuerza el papel de la enfermería como figura de referencia. Además, establece una tramitación abreviada para los casos más urgentes.

Estaba previsto que el texto, que actualiza el manual de 2021, se aprobase en abril, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero la consejera madrileña Fátima Matute pidió entonces “enriquecer el texto con las aportaciones de las sociedades científicas y colegios profesionales”.

Ahora, el manual, pactado con las comunidades autónomas, sale adelante e incorpora, entre sus principales novedades, una “tramitación abreviada para los casos más urgentes, permitiendo reducir los tiempos al mínimo posible sin menoscabar las garantías legales”. Según los últimos datos de Sanidad, una de cada tres personas que solicita la prestación fallece esperando que se resuelva su solicitud.

Además, el manual “refuerza la importancia de cumplimentar correctamente los certificados de defunción, recordando que el fallecimiento derivado de la prestación de ayuda para morir tiene la consideración legal de muerte natural a todos los efectos”. También en los referidos a herencias, pólizas de seguro de vida y en los servicios funerarios.

El nuevo protocolo contempla facilidades para acceder a la información por parte de las personas con discapacidad y establece un apartado específico para la donación de órganos. Esta opción se ofrecerá “de forma independiente y sin interferir en la tramitación de la solicitud de eutanasia”.

En cuanto a los plazos, el documento ahonda en la “posibilidad de suspender temporalmente el proceso por circunstancias excepcionales y transitorias acordes con la normativa vigente”. En concreto, el solicitante podrá detener el trámite durante tres meses, hasta que la Comisión cierre y archive el expediente. “Este cierre no impide que la persona pueda iniciar una nueva solicitud en el futuro si así lo desea”, indica.

En 2025, un total de 565 personas recibieron ayuda para morir dignamente en España, lo que supuso un 0,13% de los decesos registrados en todo el país.

La vida de Alejandra ha estado marcada por la trimetilamina, una sustancia volátil que produce el metabolismo y que su cuerpo es incapaz de procesar. Padece una enfermedad rara, que podría afectar a una de cada 40.000 personas, aunque los expertos creen que esta infradiagnosticada. El nombre oficial es trimetilaminuria, aunque comúnmente se utiliza un sinónimo que explica mejor sus efectos: es el síndrome de olor a pescado.

Cuando el cuerpo no procesa la trimetilamina, presente en ciertos compuestos de la dieta —pescado, huevos, verduras de flor y algunas legumbres, como los guisantes y la soja— esta es expulsada a través del sudor, la orina o las heces, con ese característico mal olor. “En general, no hay problema clínico que comprometa la vida de estas personas, pero sí un problema social. A veces, no consultan porque les avergüenza verbalizarlo”, explica la jefa de sección del servicio de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal, Mónica López.

Alejandra (47 años), que prefiere ocultar su nombre real, asocia esta patología a cada etapa de su vida. En el colegio sufrió bullying; dejó sus estudios de auxiliar de vuelo ante el agobio constante “de que te señalen”; ha tenido que abandonar trabajos; y solo se quedó embarazada tras asegurarse de que su hija no iba a heredar su patología. Aun así, se le complica llevarla a cumpleaños, coger el metro o subirse en un ascensor. “Vivo con ansiedad y muy deprimida. Por la calle escuchas a la gente decir que hueles mal o que eres una guarra. Solo te sientes segura en casa y, a veces, ni eso”, lamenta.

Aunque existe una trimetilaminuria secundaria, más vinculada a los adultos, lo habitual es que los pediatras se topen con la primaria o genética. “Tienes que tener dos genes alterados, el del padre y el de la madre. Al tener esa mutación, se produce [la enfermedad], aunque no sabes en qué cuantía o gravedad. Los padres los traen porque les llama la atención el olor de la orina, el sudor o el pelo. En algunos casos, al cabo de unos meses se les pasa, no huelen tanto y la genética les sale negativa”, explica la pediatra del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Beatriz Mínguez.

Me mandaron al psicólogo, al psiquiatra, porque nadie me creía. Cuando te dicen que tiene nombre descansas, porque ya sabes que no estás loca, aunque te viene un bajón porque no tiene cura

Alejandra es uno de esos casos en los que los síntomas no amainan. Descubrió que era portadora de la mutación hace unos años, tras un periplo médico, y que sus niveles eran altos. “Me mandaron al psicólogo, al psiquiatra, porque nadie me creía. Cuando te dicen que tiene nombre descansas, porque ya sabes que no estás loca, aunque te viene un bajón porque no tiene cura”, explica la mujer en conversación con elDiario.es.

Normalmente, los síntomas se agravan en situaciones de calor, como las de estos días, al hacer ejercicio, con fiebre o, en el caso de las mujeres, con la menstruación. “Cuando el cuerpo empieza a sudar”, resume la doctora López, que lamenta que, en muchas ocasiones, “se aíslan y su calidad de vida se ve muy mermada”.

En el caso de los pacientes más pequeños, el abordaje suele ser a través de la dieta. En algunos casos, con los adultos se testan tratamientos más agresivos, como la descontaminación del tubo digestivo con antibióticos. También el uso de jabones con un pH entre 5 y 6, considerados neutros. El problema de fondo es que, “aunque hagan dieta o se sometan a un montón de tratamientos, [los adultos] tampoco mejoran mucho”, lamenta la doctora Mínguez.

Esta pediatra comenzó a detectar más casos en pequeños hace unos años. Comentó su preocupación por este aumento en una conversación informal con una amiga, que es perfumista en la compañía Eurofragance. “Lo compartí con el director creativo de la empresa, lo fueron escalando y nos propusieron el reto de diseñar una fragancia contra ese mal olor”, explica Magdalena Rey.

Un grupo de tres perfumistas se aventuraron a buscar entre su catálogo de materias primas aquellas que consiguieran neutralizar el olor que produce la trimetilamina no procesada.

“Diseñamos un modelo rústico, un sistema cerrado con cada materia prima y este mal olor y lo evaluábamos al cabo del tiempo. Hicimos un filtro con las que funcionaban muy bien, las que tenían buena performance y las que no nos interesaban”, explica la perfumista. A partir de ahí, diseñaron agua de colonia para niños y una fragancia con acorde de té verde modificado para adultos y adolescentes y dieron el salto a un estudio con 20 voluntarios en el Hospital Sant Joan de Déu.

En ese ensayo participó Valeria, que también prefiere dar un nombre ficticio: “Me dijeron que había un proyecto para neutralizar el olor y tener otro método, aparte de las duchas, para sentirme más segura. Acepté porque era algo que podía facilitar mi día a día”.

Yo no puedo olerme, así que nunca sé cuándo me pasa. Me lo imagino cuando hace mucho calor, sudo o hago deporte... así que busco la sombra e intento no llevar ropa muy apretada, porque si me limita

El caso de esta joven, que tiene ahora 22 años, es particular. En su caso, su metabolismo sí produce la enzima que destruye la bacteria que ocasiona el mal olor, pero la medicación que recibe desde niña para una afección cardiaca la sobrecarga de carnitina, ocasionando los síntomas. “No huelo siempre y es más llevadero”, explica, no exenta de limitaciones: “Yo no puedo olerme, así que nunca sé cuándo me pasa. Me lo imagino cuando hace mucho calor, sudo o hago deporte... así que busco la sombra e intento no llevar ropa muy apretada, porque si me limita”.

Los resultados del ensayo llevado a cabo por Eurofrangance y el hospital catalán mostraron que a un 85% de los pacientes la fragancia les había funcionado y que en la mitad de los casos el mal olor había desaparecido al echársela. La compañía se alió con el laboratorio dermocosmético MartiDerm, para las bases, y habilitó una web para que los pacientes puedan adquirir, de manera gratuita, estos productos.

“No pensamos que fuera a haber tanta gente, pero ya hemos recibido cerca de 100 pedidos. Y las cifras van subiendo”, señala Rey. Valeria ya ha empezado a percibir los efectos. “La gente a mi alrededor me dice que ha notado un cambio supergrande y yo he ganado en seguridad, porque antes si alguien me decía que olía por la calle, no podía hacer nada. Ahora me la pongo y sí hay un cambio”.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha enviado una carta al presidente de los obispos, Luis Argüello, en la que le afea su alusión al Gobierno como “banda de ladrones”. En la misiva, Bolaños expresa su “sorpresa” ante unas declaraciones que considera “ofensivas, tanto desde el punto de vista personal como institucional”.

El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE) participó este jueves en el cierre de unos cursos de verano, bajo el título 'El colapso de la democracia'. Durante su intervención, Argüello afirmó que “cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones”. Y añadió: “A las pruebas me remito”.

Estas palabras han sentado especialmente mal en el seno del Ejecutivo, que ha respondido a Argüello con una interpelación directa. “¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como ”banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito“?”, escribe Bolaños, que a renglón seguido aclara que, “evidentemente sería falso y profundamente injusto”.

El ministro de Presidencia continúa su carta asegurando: “En las numerosas ocasiones en las que hemos conversado sobre este asunto, jamás he caído en una descalificación de ese calibre, por lo que le invito cordialmente a que nuestras relaciones estén marcadas por la moderación, el respeto y la justicia en lugar de por la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y la ultraderecha”.

Argüello llegó a pedir el verano pasado la convocatoria de elecciones y ha participado en actos con el lider de Vox, Santiago Abascal. El ministro Bolaños ya envió otra carta al presidente de la CEE, en la que le reclamaba “neutralidad política de la Iglesia”, tras afirmar este que “preferiría que su interlocutor fuesen fuerzas políticas diferentes”, en una entrevista en La Vanguardia.

Bolaños, no obstante, deja la mano tendida a “una colaboración productiva y respetuosa”, para la que pone como ejemplo la reciente visita de León XIV a España. “Ha sido un rotundo éxito pastoral y social gracias al trabajo conjunto y a la cooperación que mostramos”.

El ministro cierra su carta con unas palabras de Prevost, que recordó que “quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lengua”, y una llamada a Argüello a “reconducir sus declaraciones públicas”, para que “sean más respetuosas con el conjunto de la sociedad y sus representantes públicos”.

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular llevan años reclamando que el Gobierno central aumente la partida que les transfiere para dependencia. El reclamo encontró su ancla en el compromiso entre PSOE y Sumar para el acuerdo de coalición, pero no tenía respaldo legal. De hecho, la ley solo señala que las autonomías deben hacerse cargo de la mayor parte del gasto en esta materia, sobre la que tienen plenas competencias. Ahora que el Ejecutivo se dispone a incorporar esa cofinanciación al 50% por ley, el PP ha votado en contra en la Comisión de Derechos Sociales, donde se ha emitido el dictamen de la ponencia sobre la reforma de la Ley de derechos de personas con discapacidad e inclusión social.

Los votos en contra de PP y Vox a la enmienda y al dictamen no tiene efectos prácticos, porque el ministro Bustinduy ha logrado para su batería de medidas en dependencia el apoyo del resto de grupos, incluido Junts. Por lo tanto, el dictamen ha sido aprobado con 20 votos a favor y 17 en contra y la norma continúa su trámite parlamentario camino al Congreso.

“El PP ha votado en contra de esta enmienda a pesar de que este partido gobierna en numerosas comunidades autónomas y sus gobiernos regionales llevan años reclamando que la aportación estatal llegase al 50%”, indican fuentes ministeriales, que recuerdan que ese compromiso era “del Gobierno de coalición” y que “ahora se convertirá en norma a través de esta enmienda”.

Los 'populares' han justificado su voto en contra por la ausencia de una memoria económica y de presupuestos, según ha explicado el diputado Enrique Belda, que ha dejado la puerta abierta a votar la ley en el pleno si el Ejecutivo aclara “cómo pagan a partir de 2027 las nuevas prestaciones”.

El objetivo del Gobierno es blindar por ley esa cofinanciación al 50%, para evitar posibles recortes en el futuro, indican las fuentes consultadas. “En la década pasada, cuando el PP estaba en el Gobierno, recortaron en más de 5.000 millones de euros el sistema de la dependencia durante los mandatos de Rajoy”, indican.

El presidente Pedro Sánchez anunció a finales de junio la “mayor inversión en dependencia de la democracia”, con 6.200 millones de euros más en dos años. Con ellos, el Gobierno alcanza ese 50% de financiación para 2027, cuando se llegaría a un total de 7.239 millones, frente a los 3.757 millones de 2025 o los 1.347 de 2018, el último año del presidente Rajoy en la Moncloa.

Ya en 2022 las comunidades del PP exigieron al Gobierno que cumpliera con “su compromiso de financiar al 50%” el Sistema de Dependencia, “como es su obligación”. En aquel momento, ya pedían al Estado “estabilidad financiera”, contra la que ahora votan. En 2024, el senador por Ourense Francisco Fernández aseguró que la Ley de Dependencia ya obliga al Ejecutivo central a “aportar el 50%, al igual que las comunidades autónomas”.

La Ley de Dependencia no mandata ninguna aportación mínima del Gobierno central, más que “la Administración General del Estado garantizará la financiación a las Comunidades Autónomas para el desarrollo del nivel mínimo de protección para las personas en situación de dependencia” recogidas en al ley. Al contrario, si indica que estas deberán aportar cada año “al menos” la misma cantidad que el Estado.

La enmienda presentada por los grupos socialista y plurinacional Sumar reescribe la norma para garantizar, “en todo caso, una financiación equivalente al 50% del gasto total certificado por el conjunto de las comunidades autónomas” en cada ejercicio, “en el que no se incluirá la aportación de las personas beneficiarias”.

Pese a la normativa, y el voto en contra de este jueves, la hemeroteca 'popular' está plagada de peticiones a Sánchez de que financie esa mitad. En 2025, tras el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia le acusaban de “plantear una ley sin recursos y sin comprometerse a cumplir el 50% de la financiación que le corresponde.”

En marzo de 2025, el Gobierno cerró con las aseguradoras Adeslas y Asisa un acuerdo para la continuidad de Muface, el seguro privado finaciado con fondos públicos al que están acogidos cerca de un millón de personas, entre funcionarios y sus familias. Tras meses de tensiones, varias propuestas y la mutualidad en peligro, el Ejecutivo acabó poniendo sobre la mesa 4.808,5 millones de euros para los años 2025, 2026 y 2027, lo que suponía un incremento de la prima de más el 40%.

Ya entonces la Organización Médica Colegial (OMC) remitió una carta a los profesionales de la privada, animándoles a presionar a las aseguradoras para aumentar sus retribuciones. Pero, a estas alturas, un 80% de los médicos privados que trabajan con la mutualidad aseguran “no haber recibido ninguna mejora de honorarios”, según una encuesta de esta entidad a más de 1.200 facultativos.

“Los datos evidencian una profunda brecha entre los recursos públicos destinados al sistema y la realidad que describen los profesionales que integran la red asistencial”, denuncian desde la OMC, que reclama “transparencia y mecanismos de seguimiento para asegurar que los recursos públicos refuercen la calidad y sostenibilidad” de todo el sistema.

Pese a ese aumento mil millonario de las primas, la enuesta de la OMC arroja que el 74% de los médicos no han visto mejorados sus honorarios “ni siquiera para compensar el aumento del IPC” y que, de entre quienes han obtenido incrementos, “aproximadamente uno de cada tres señala que ha sido de apenas entre un 1 y un 3%, muy lejos de los porcentajes anunciados públicamente” por las aseguradoras.

En su momento, desde las aseguradoras ya trasladaron su intención de negociar caso por caso, dependiendo de las especialidades y los territorios. Esto dej a los profesionales en una situación de debilidad a la hora de pactar una mejora en sus condiciones y en una situación de dependencia respecto a las compañías que manejan esos 4.808 millones de dinero público.

Por eso, desde la OMC reclaman “avanzar hacia mecanismos de interlocución colectiva que permitan una negociación más equilibrada y transparente entre los profesionales y las aseguradoras”. Y, para ello, “nueve de cada diez encuestados considera que las corporaciones profesionales, los sindicatos médicos y las organizaciones de autónomos pueden desempeñar un papel relevante para defender unas condiciones retributivas justas y transparentes”.

La ciencia lleva años luchando una batalla silenciosa contra las bacterias. O, al menos, contra algunas de ellas. Más que eliminarlas, el objetivo es evitar que generen sus propias defensas frente a los antibióticos, buscar nuevos vectores de ataque para atajar infecciones multirresistentes y alargar y mejorar la vida de los pacientes. “Las bacterias estaban, están y estarán cuando los seres humanos desaparezcan. Es inútil pensar que vamos a cargárnoslas, pero ganaremos pequeñas batallas, porque nuestro objetivo es que los pacientes vivan más y con buena calidad de vida”, explica la doctora de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, la doctora Carmen Hidalgo.

Según los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), las infecciones multirresistentes provocan en toda Europa unas 35.000 muertes al año. Y las estimaciones apuntan a que, si las autoridades sanitarias no son capaces de atajar el problema, para 2050 esta puede ser la principal causa de muerte del mundo, por encima del cáncer.

El portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), Rafael Cantón publicó en 2025 un estudio en The Lancet Regional Heatlh - Europe en el que estimaba que el impacto de las infecciones hospitalarias por bacterias multirresistentes sumaba unas 24.000 muertes asociadas al año en España. No son fallecimientos directos 'por' la bacteria, sino decesos 'con' ella, en los 30 días siguientes al diagnóstico, pero la cifra da una imagen de la magnitud. Por ejemplo, en 2024 fallecieron casi 23.000 personas por enfermedades cerebrovasculares; unas 22.000 por demencia; o algo más de 18.000 por insuficiencia cardiaca, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Y, en total, se produjeron 436.000 defunciones, por lo que, con los datos de ese trabajo, más de un 5% tendrían una infección multirresistente.

El abordaje de este problema no es nuevo, aunque en los últimos años se han redoblado los esfuerzos mientras las resistencias no paran de crecer. Los primeros equipos 'antibiotic stewardship' surgieron en Estados Unidos a finales del siglo XX, cuando los clínicos se dieron cuenta de que un mejor uso de los antibióticos podía mejorar las expectativas de los pacientes y evitar resistencias.

Pioneros de la lucha contra la resistencia

En España, en 2012 se publicó el primer documento de consenso para los programas de optimización de uso de antimicrobianos, que algunos hospitales ya veían desarrollando de forma proactiva. En el Virgen de las Nieves, que hoy es uno de los centros de referencia, fueron pioneros en 2008, cuando empezaron “a intentar mejorar la prescripción antibiótica”, una competencia de cualquier clínico del hospital, “desde un experto en infecciosas hasta un cirujano, pasando por el MIR que acaba de llegar”, explica la doctora Hidalgo.

Por aquel entonces, Ana ya había pasado dos meses hospitalizada por una infección resistente a los antibióticos tras un trasplante renal. “Era una bacteria que tarda mucho en dar la cara y los médicos no pueden ponerte el tratamiento hasta estar seguros de que la tienes, para no generar más resistencias”, explica la mujer. Actualmente, el 70% de las infecciones son nosocomiales, es decir, se producen en un contexto de ingreso hospitalario.

El caso de Ana, aunque antiguo, es el ejemplo de una preocupación latente en la red hospitalaria, que llega hasta nuestros días. En 2023, la Comisión Europea emitió una serie de recomendaciones, que pasaban por reducir la prescripción de fármacos, así como la incidencia de tres bacterias resistentes a determinados antibióticos: la E. coli, la K. pneumoniae y la S. aureus. Pero España llevaba años trabajando en sus propios Planes Nacionales frente a la Resistencia a los Antibióticos. El primero arrancó en 2014 y el actual estará vigente hasta 2027.

Reducción de antibióticos

La coordinadora adjunta de salud humana del PRAN, dependiente de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), Reyes Castillo, explica que España es el tercer país que más ha reducido el consumo de antibióticos desde 2014, “si bien es cierto que no ha bajado todo lo que nos gustaría”. En esta década, la reducción se ha situado en el 13%.

Como muestran los siguientes gráficos, desde la puesta en marcha de los diferentes planes, España ha conseguido reducir las prescripciones farmacológicas, tanto en atención primaria como en los hospitales. Los años de la pandemia de coronavirus alteran la curva, en un contexto de aislamiento y reducción de visitas médicas. “Pensamos que se iba a mantener, pero está habiendo un efecto rebote”, lamenta Castillo.

La experta de la Aemps indica que la resistencia a los antibióticos tiene múltiples causas. Influye el uso de antibióticos en humanos, pero también en veterinaria y el impacto ambiental en la salud global. Por eso, estas estrategias se desarrollan bajo un enfoque 'One Health' —una sola salud—, que une estos tres vértices.

Los planes tienen seis puntos estratégicos: vigilancia del consumo y de la resistencia a los antibióticos; el control de las resistencias bacterianas; identificar e impulsar medidas alternativas de prevención y tratamiento; investigación; formación e información a los profesionales sanitarios; y sensibilización de la población. Una de las claves ha sido el impulso de los Proas, equipos multidisciplinares que trabajan en los centros hospitalarios para trasladar esas políticas a todo el personal.

Ese esfuerzo en los hospitales ha logrado frenar y reducir la incidencia en los últimos dos años de la Staphylococcus aureus, una de las que más preocupan. “Es una bacteria de infección hospitalaria, así que cuando se consolidan programas de prevención y control de infecciones en hospitales, la reducción se nota mucho en la gráfica”, señalan desde la Aemps, que apuntan a un efecto en la dirección contraria en algunos países del sur y el este de Europa.

Desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios están llevando a cabo otras iniciativas para reducir el consumo de antibióticos y frenar las resistencias. Hace unas semanas, la Aemps anunció que eliminará a lo largo del próximo año siete grandes formatos por otros más pequeños, adaptados a las pautas clínicas habituales, para evitar que los pacientes acaben automedicándose o que esas medicinas sobrantes acaben en la basura.

“Pese a los esfuerzos, las resistencias siguen subiendo en la mayoría de patógenos que nos preocupan”, lamenta el doctor Rafael Cantón. Es lo que ocurre con el E. coli, que en 2024 presentó una incidencia en España de 12,45 casos por cada 100.000 infecciones. Es un punto y medio por encima de la media del espacio económico europeo y tres puntos y medio más que en 2019, según la última actualización del ECDC.

En el caso de la Klebsiella pneumoniae, la bacteria tiene casi el triple de incidencia en Europa que en España, aunque la tendencia es ascendente en ambos casos.

Para Cantón, el plan nacional está “muy bien” y ha conseguido “poner de acuerdo a muchos profesionales, también en el mundo animal”, pero “hay aspectos que cuesta llevar a la práctica porque se necesitan más recursos”. “Tenemos un muy buen entramado en investigación, pero se necesita un impulso público para que esas redes puedan ser más eficientes y eficaces”, reclama.

Para este experto, la clave está en la lucha contra la infección, evitando barreras que la facilitan; el impulso de los programas de mejora de uso antibiótico antimicrobiano; y la mejora del diagnóstico microbiológico.

Para la coordinadora adjunta de salud humana del PRAN, hay resistencias con las que tendremos que convivir, pero evita ser derrotista. “Tenemos que vigilar y estar preparados si hay un brote para tomar las mejores medidas”, indica. Porque las bacterias han ido evolucionando a lo largo de los siglos para sobrevivir en, prácticamente, todos los rincones del planeta. Y, ahora, los sistemas de salud se encuentran ante la misma disyuntiva: “Tenemos que adaptarnos, para que esto disminuya”.

Hola,

¿Qué tal? Espero que esta semana haya ido bien y que, con un poco de suerte, te pille ya de vacaciones.

Hoy quiero empezar hablándote de algo que tal vez tengas en casa. La mayor sociedad de neumología del mundo ha publicado un informe en el que pide prohibir las encimeras de cuarzo. El motivo es la epidemia global y devastadora de silicosis que provoca la manipulación de piedra artificial con sílice cristalina.

Si tienes una, no te preocupes. El peligro para la salud aparece durante su fabricación y manipulación, es decir, para miles de trabajadores jóvenes, para quienes, según el informe, las medidas de prevención propuestas por la industria y las administraciones públicas han fracasado estrepitosamente.

De hecho, el trabajo, firmado por un equipo interdisciplinar de 24 expertos, es muy crítico con las tácticas de lobby del sector, que compara con las del amianto, y que han dejado a los operarios expuestos al polvo tóxico que sigue superando habitualmente los límites legales de seguridad.

La Sociedad Torácica Americana (ATS) insta a países como España, cuya industria critica directamente, a seguir el ejemplo de Australia y California, que han optado por su prohibición.

“En España, todas las decisiones que se están tomando son insuficientes y vamos a la cola a la hora de atajar esta epidemia”, lamenta el presidente de la Asociación de Afectados por Silicosis del Aglomerado de Cuarzo (ASAC), Fernando Arévalo. Esta organización está formada por extrabajadores de Cosentino que han llevado a la empresa a los tribunales por retrasar y ocultar su diagnóstico.

El tema es muy interesante y, si las administraciones creen de verdad en la evidencia científica, va a dar mucho que hablar. Te recomiendo que te leas la información completa de mi compañero Antonio Martínez Ron, que ha hablado con muchos expertos.

Receta rápida

Una placenta artificial para bebés prematuros extremos

Cada año, cerca de 25.000 familias en toda Europa enfrentan el drama de un nacimiento prematuro extremo. Es aquel que se produce entre los seis meses o menos de gestación, en los que los recién nacidos se encuentran en un ambiente hostil que hace muy difícil que puedan salir adelante o tener una vida sin secuelas neurológicas.

Un grupo de investigadores del BCNatal lleva años trabajando en un proyecto para crear una placenta artificial, que permita asistir a los bebés más prematuros. Esta semana han presentado la segunda fase del estudio, todavía en animales. En la primera, consiguieron una supervivencia de 12 días en buen estado fetal en un modelo ovino. Ahora lo han alargado hasta 21.

Al proyecto le quedan todavía pasos muy importantes —recuerda que hace unas semanas te contaba que curar a un animal en un laboratorio no significa que ese tratamiento sirva para los humanos—, pero sí es esperanzador.

Con esto me despido por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Pasa muy buen fin de semana, cuidado con el calor que volverá a apretar y ¡salud!

El Defensor del Pueblo ha anunciado este viernes a través de un comunicado una actuación contra doce municipios de la Región de Murcia, que prohibirían en sus ordenanzas municipales el acceso a licencias de taxis y a trabajar como taxistas a personas con VIH.

La institución ha solicitado a estos ayuntamientos, de los que no ha hecho público el nombre, información sobre esta prohibición expresa, tras una queja del sindicato UGT en Murcia.

El sindicato, señala el Defensor, considera que “esta limitación podría constituir una vulneración del principio de igualdad y no discriminación, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española y en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y no Discriminación de 15/2022”, así como diversas resoluciones y recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo.

La concesión de licencias de taxi son competencia municipal y algunas ordenanzas no se han adaptado a la evidencia científica, por lo que continúan excluyendo a las personas con VIH. Una situación que llevan tiempo denunciando desde entidades como la Coordinadora Estatal de VIH y Sida (CESIDA), porque genera una “falta imagente”. “No existe ningún peligro porque una persona con VIH conduzca un autobús, un taxi o cualquier otro medio de movilidad”, indicaban en 2025.

Además, entidades como Cruz Roja recuerdan en sus páginas web que “las personas que conviven con el VIH tampoco están obligadas a comunicar su condición a nadie en su puesto de trabajo, siendo simplemente, una opción voluntaria. Aun cuando sea obligatoria en los exámenes de salud una prueba de VIH, la persona deberá ser informada previamente de todos los análisis que se le pidan. Y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales debe garantizarle la confidencialidad de la información, sin poder compartirla con ninguna otra persona o área de la empresa.”

En los últimos años, desde los colectivos han insistido en el mensaje de que una persona con VIH diagnosticada y en tratamiento puede reducir su carga viral hasta hacerla indetectable y, por lo tanto, no transmitir la infección en ningún caso.

El Defensor del Pueblo ha pedido ahora a estos doce ayuntamientos murcianos que informen sobre sus ordenanzas, las limitaciones impuestas a personas con VIH y las medidas que “pudieran adoptarse por esas corporaciones para garantizar los derechos de las personas afectadas por la exclusión referida y evitar, así, cualquier posible trato discriminatorio”.

Según el informe 'Experiencia de estigma de las personas con VIH en España', publicado por el Ministerio de Sanidad en el año 2024, más del 60% de las personas con VIH han experimentado alguna forma de discriminación desde el diagnóstico.

Han sido excomulgados. Los miembros de la Fraternidad Sacerdotal Sal Pío X, el grupo ultraconservador conocido como los lefebvrianos, han sido expulsados de la Iglesia católica, después de que este miércoles consumaran su desafío al Papa León XIV y ordenaran a cuatro obispos sin el permiso de Roma, provocando un nuevo cisma.

Un decreto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la institución encargada de proteger la integridad de la doctrina católica, firmado este jueves, señala que, “con todos los efectos jurídicos”, los cuatro clérigos consagrados y el obispo español Alfonso de Galarreta, que ofició la ceremonia, “han incurrido ipso facto en la excomunión”.

El documento amplía el castigo al obispo Bernard Fellay, por “haber participado directamente en la celebración litúrgica como co-consagrante”. Galarreta y Fellay son los dos únicos obispos consagrados por Marcel Lefebvre en 1988, también sin el visto bueno de Roma. Ya entonces fueron excomulgados y posteriormente perdonados por Benedicto XVI en 2009, tras varios meses de diálogos.

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe insta también “a los clérigos y a los fieles laicos a no adherirse al cisma de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, pues incurrirían ipso facto en la pena de excomunión”.

Los lefebvrianos son una escisión ultra, que se niegan a aceptar algunos elementos fundamentales de la actual Iglesia, como varios puntos del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, la apertura a otras religiones, el fin de las misas en latín o dejar de considerar a los judíos los asesinos de Cristo.

Pese a su vuelta al redil en 2009, los lefebvrianos han mantenido en los últimos meses un nuevo pulso con el Papa León XIV, con quien han solicitado sin éxito reunirse. Prevost, no obstante, si les envió este martes una carta con “espíritu paterno”, para instarles a “dar marcha atrás en sus intenciones” y evitar la excomunión.

Este movimiento no surtió efecto y la Fraternidad San Pío X congregó el miércoles a miles de personas en la localidad suiza de Écône, donde consagró a Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier, provocando un nuevo cisma en la Iglesia.

En una nota explicativa, el Dicasterio hace hincapié en los “numerosos intentos de reconducir a los seguidores del movimiento iniciado por Monseñor Marcel Lefebvre a la plena comunión con la Iglesia católica”, que “han resultado infructuosos”. Una situación que “se ha agravado aún más a causa de las recientes consagraciones episcopales celebradas sin mandato pontificio, contra la voluntad del Santo Padre y en abierta violación del derecho canónico”.

Según indican desde Roma, tanto “los ministros sagrados como los fieles laicos implicados” han “constituido el delito de cisma”.

Hola,

¿Cómo estás? De nuevo, espero que el calor te haya dejado respirar estos días. Parece que la ola que está arrasando Europa ha amainado un poco en España, aunque las altas temperaturas volverán a subir este fin de semana. Tendremos que prepararnos para esta nueva realidad. 

Nosotros hemos tenido un susto. El PP de Madrid ha intentado cancelar el Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es, que esta edición celebramos en Rivas Vaciamadrid. No lo han conseguido. El viernes celebramos un encuentro con socios, una conversación sobre el MeToo, el espectáculo Chistes contra Franco y disfrutamos de los conciertos de Señora!, Ariel Rot y un Dj Set de Inés Hernand. 

Si quieres acompañarnos, todavía estás a tiempo. Este sábado seguiremos por Rivas con un montón de actividades y conciertos. Te dejo aquí el programa. Pero no te olvides de la gorra y la crema solar. 

Volviendo a nuestros temas, esta semana el Gobierno ha anunciado un aumento de la inversión en dependencia. Serán un total de 6.200 millones de euros extra en dos años, que se suma a la aportación prevista que el Estado central transfiere a las comunidades autónomas.

En 2027, el Ejecutivo destinará a los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen las competencias en esta área, un total de 7.239 millones de euros. El Gobierno cumple uno de los puntos del acuerdo de coalición: llegar al 50% de la financiación. La otra mitad la aportan las comunidades.

Con anuncios de miles de millones como estos a veces cuesta poner las cifras en perspectiva —supongo que a ti también te pasa—, pero, si me permites una apreciación personal, me parece una inversión muy importante. Hablamos de mucho dinero, que puede ir destinado a reducir las listas de espera, blindar la atención a personas dependientes y mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras. Si se gestiona bien —y eso es cosa de las comunidades—, ese dinero sirve para consolidar el derecho a los cuidados, en una población cada vez más envejecida y con más enfermedades crónicas. 

Imagino que los derechos a la sanidad o la educación, que ahora tenemos más o menos asimilados, comenzaron así, paso a paso. 

Las cifras de dinero, en cualquier caso, son estimaciones. La ley determina una cantidad que el Gobierno transfiere a las comunidades autónomas según el número de personas que tienen reconocido algún grado de dependencia. Las transferencias se van realizando mes a mes.

De esta forma, no todas reciben el mismo dinero. Aunque todas duplicarán las transferencias que reciben. Por ejemplo, Andalucía se llevará en 2027 un total 1.276 millones de euros, el doble de lo previsto. Madrid se llevará 453 millones más; Catalunya, 378 millones extra; y la Comunitat Valenciana, 357 millones. En este enlace puedes ver a cuánto asciende esa inyección extra en 2026 y en 2027. Es una lluvia de millones que no entiende del color político de los Ejecutivos autonómicos.  

Receta rápida

A 32 grados en el centro de salud

Las altas temperaturas se están notando en centros de trabajo, colegios e institutos y, también, en hospitales y centros de salud. El calor extremo que ha atizado a Euskadi estos días ha llevado a récord la venta de ventiladores, como los que harían falta en el ambulatorio que ha visitado mi compañera Maialen Ferreira en Bilbao. 

En este centro de salud, inaugurado en 2016, se alcanzaron los 32 grados a las 10 de la mañana del miércoles. “Queremos que se tomen medidas en condiciones y no parches”, le decía un trabajador, ante las “condiciones pésimas” en las que tienen que atender a los pacientes. Y a sí mismos: “Estamos cansados y deshidratados. Hemos tenido que atendernos entre nosotros por golpes de calor”. 

No es un problema aislado. Como te decía antes, vamos a tener que adaptar nuestras ciudades a esta nueva realidad... y tomar medidas para que la crisis climática no siga agravando la situación. Esto me recuerda a las conclusiones de una evaluación científica sobre esta última ola de calor: "Lo imposible se ha vuelto ahora posible". 

Con esto me despido por hoy (a no ser que te animes a pasarte por Rivas este sábado).

Pasa muy buena semana y ¡salud! 

Miles de millones de euros para “refundar el sistema de la dependencia”. Una inversión “sin precedentes” para llevar a cabo la “mayor ampliación de la red de protección social” en décadas. El anuncio del presidente del Gobierno de incrementar las transferencias a las comunidades hasta los 7.239 millones de euros en 2027 ha sido recibido con entusiasmo por entidades, asociaciones de pacientes y sindicatos. Los expertos, a la espera de la letra pequeña del real decreto aprobado este mismo martes en Consejo de Ministros, ponen el foco ahora en los ejecutivos autonómicos, encargados de gestionar la caja.

“No se debe permitir que, haciendo lo mismo, las comunidades reciban más dinero”, advierten desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Esta entidad, que ha sido crítica con lo que consideraban una paralización de la financiación, celebra ahora en un comunicado esta “buena noticia” y que “el Gobierno de España pasa de la retórica a los hechos”.

El gráfico de la evolución de la inversión estatal en dependencia muestra hitos claros. La puesta en marcha del sistema, los recortes tras la crisis financiera, la llanura hasta 2021, los incrementos progresivos desde entonces y el impulso ya en este ejercicio, anunciado también este martes, y que supone “la mayor inversión social de la legislatura”, en palabras del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha asegurado que se sientan “las bases de un nuevo modelo de cuidados, que ahora cuent con los recursos suficientes para garantizar un servicio público de calidad y un derecho subjetivo de la ciudadanía”.

A partir del 1 de julio, las comunidades autónomas recibirán una inyección extra de más de 1.700 millones, hasta un total de 5.500 para 2026. Para 2027, superarán los 7.000 millones.

Solo esos más de 1.700 millones extra de este ejercicio son más que la cuantía ordinaria que se transfirió anualmente desde 2011 —el primer año de Mariano Rajoy en la Moncloa— hasta 2020. Ese dinero, consideran los directores y gerentes de servicios sociales, “deben servir para agilizar los procedimientos y reducir la lista de espera, aumentar las intensidades del Servicio de Ayuda a Domicilio, incrementar las cuantías de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares, subir las prestaciones económicas vinculadas al servicio y autorizar compatibilidad entre prestaciones y servicios”.

Los objetivos

Pedro Sánchez ya marcó tres “objetivos fundamentales”: reducir las listas de espera, ofrecer más y mejores cuidados y dignificar las condiciones de quienes cuidan. Son los tres grandes retos que afronta el sistema de atención a la dependencia y que las expertas consultadas esperan que se puedan subsanar con esta inyección de recursos.

Las listas de espera es una de las tareas en las que más se ha avanzado y, a la vez, en la que más esfuerzos se requieren. Según los datos del Gobierno, estas se han reducido en un 50% desde 2020. “Pero no es suficiente”, ha admitido Sánchez. A finales de mayo, 155.352 personas con el derecho reconocido, estaban a la espera de recibir la atención y 110.108 más estaban a la espera de valoración. En el último año, unas 30.000 personas fallecieron esperando una ayuda.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente son 180 días —seis meses—, aunque según los datos de los directores y gerentes en servicios sociales el cumplimiento es dispar entre comunidades. Solo Castilla y León (119 días), Aragón (122), Euskadi (131), La Rioja (144), Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (171) están por debajo. En el otro extremo, Murcia (552), Andalucía (446), Asturias (411), Madrid (346) y Canarias (335).

Estas disparidades son el ejemplo de que cada comunidad autónoma deberá buscar su propia receta para mejorar el sistema. “No se puede decir de manera unívoca que todas se lo gasten en lo mismo, porque hay muchas diferencias entre unas y otras”, razona la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, que califica de “hito” el avance. “Lo importante es garantizar que ese dinero se gaste de manera clara para atender a las personas en situación de dependencia”, exige.

Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, celebra que el Ejecutivo haya alcanzado al fin el compromiso del 50% de financiación del sistema. La medida, considera, bloquea una crítica habitual de las comunidades autónomas, que echaban en cara al Gobierno central la falta de fondos.

Mejorar las prestaciones

El otro área de mejora son las prestaciones. Aunque el número de beneficiarios de alguna ayuda a la dependencia está en máximos, con casi 1,7 millones de personas recibiendo una prestación, estas han sido catalogadas como 'low cost'. Actualmente, las prestaciones económicas de cuidadoras familiares, que suponen en torno al 45% del total, son de 262 euros al mes de media, y las económicas vinculadas al servicio, de 567 euros.

“Si tienes más dinero, puedes atender a más gente”, concede Rodríguez, que reclama que esa atención esté centrada en la persona y su familia. “Para hacer una buena valoración de cada caso y ofrecerle las ayudas que necesita esa persona, se requiere de profesionales formados, más ratios y la formación es fundamental”, continúa, tanto para el entorno de las propias usuarias como a nivel de profesionalización de las trabajadoras del ámbito de los cuidados.

Tanto los sindicatos como las asociaciones de pacientes llevan tiempo alertando del déficit de trabajadoras. Según los datos de CCOO y UGT, actualmente hay 555.000 personas empleadas en el sector, de las que 186.000 se incorporaron en el marco del Plan de Choque para los años 2021-2023 —cuando también se incrementó la financiación—. Con todo, las organizaciones sindicales estiman que harán falta unas 100.000 trabajadoras más.

“No podemos pedir cuidados de primera con condiciones laborales de segunda”, ha reconocido Sánchez, que ha pedido “dignificar las condiciones laborales” de estas trabajadoras, que lo son muchas veces por horas, con el salario mínimo interprofesional o de forma irregular.

“Consideramos que este incremento de financiación adicional debe realizarse estableciendo criterios de reparto con las comunidades autónomas, acordados previamente en el marco del diálogo y la concertación social para vincularlos a la atención preferente de servicios profesionales, prioritariamente de gestión pública directa, así como al cumplimiento de los estándares de calidad del empleo por parte de empresas y administraciones que operan dichos servicios”, han señalado UGT y CCOO en un comunicado conjunto.

En ese texto, los sindicatos mayoritarios reclaman la atención a las listas de espera, que se cumplan las ratios de plantillas y su elevación progresiva, que haya garantía de que las empresas y las administraciones públicas cumplen con las condiciones laborales y salariales establecidas en los convenios colectivos, el reconocimiento y la cualificación profesional de las trabajadoras y que se establezca un porcentaje mínimo de jornada, entre otras demandas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un real decreto de financiación a la dependencia que dotará a las comunidades autónomas de 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027, cuando el Ejecutivo llegarán al compromiso de financiación del 50%. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, ha señalado Sánchez en una comparecencia previa al Consejo de Ministro, donde se aprobará la medida.

La medida, que desde el Ejecutivo califican de “histórica”, supone aumentar de forma estructural la partida que se transfiere desde el Estado central para la dependencia. Estos importes se incorporarán desde el nivel mínimo que reconoce la ley y la cuantía que reciben las comunidades se calcula por cada persona que tiene reconocida la dependencia. “La grandeza de un país no se mide por los rascacielos o las cuentas de sus grandes empresas, sino por como cuida”, ha señalado el presidente.

Es, ha dicho Sánchez, la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, que “multiplica por cinco la financiación estatal”. “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”, ha señalado el ministro Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha insistido en que se trata de una “inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España”.

El Estado central transfiere actualmente a las comunidades autónomas más de 3.600 millones de euros al año, por lo que la cuantía supondrá 6.200 millones más entre estos dos ejercicios y llegará al doble en 2027. Unas cantidades que las comunidades autonomas podrán dedicar a aumentar sus ayudas, contratar personal, reducir las listas de espera, mejorar los servicios que prestan, etc. Cuando Sánchez llegó a la Moncloa, en 2018, la financiación suponía 1.347 millones, trás “años de abandono”.

Esta cifra “récord” se alcanzará en el marco de una reforma del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y supondrá un aumento de las cuantías que los gobiernos autonómicos reciben por cada persona que tiene reconocido algún grado de dependencia. En el caso del grado I, pasarán de 76 a 90 euros al mes por persona, un 18%; para los de grado II, se duplican, de 130 a 260 euros; y para los casos de grado III, subirán un 128%, de 290 a 660 euros al mes por persona.

El real decreto liderado por el Ministerio de Derechos Sociales, que deberá pasar por el Congreso, supondrá así mismo un blindaje de estos presupuestos, ya que revertir estos aumentos requeriría rehacer la normativa, si esta llega a aprobarse. Con esto, el Ejecutivo cumple el acuerdo de coalición de llegar al 50% de la financiación de una ley que alcanza a 1,6 millones de personas en todo el territorio, y avanza en la estrategia de cuidados que impulsó el ministro Pablo Bustinduy.

“Ese compromiso queda reflejado en la ley, lo que supone un avance irreversible para garantizar que nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio o variable de ajuste, como sucedió en la era de los recortes, pero también para asentar las bases de un nuevo modelo de cuidados que cuente, ahora sí, con los recursos suficientes para poder garantizar unos servicios públicos de la mayor calidad y un derecho subjetivo de la ciudadanía”, ha dicho el ministro.

Con este impulso el Ejecutivo persigue “reducir las listas de espera”, porque “cuando una persona necesita ayuda, el tiempo importa”, ha defendido Pedro Sánchez, que ha marcado también entre los objetivos que haya “más y mejores cuidados” y “dignificar las condiciones de quienes cuidan” porque “no podemos pedir cuidados de primera con condiciones laborales de segunda”.

Ese “andamiaje para la tranformación profunda” del sistema de dependencia, como lo ha denominado Bustinuduy, se levantará en torno a este real decreto, que el ministro quiere llevar al Congreso para su convalidación junto a las leyes de discapacidad y dependencia. El objetivo, ha dicho, es “dejar atrás el modelo asistencial y masificado y hacer posible un sistema personalizado y cercano, que permite que la gente pueda seguir viviendo en sus domicilios el tiempo que lo desee”.