El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo aprobará este martes en Consejo de Ministros un real decreto-ley para “reconocer a las familias monomarentales y monoparentales y reforzar su protección social”. En un mensaje en la red social X, Sánchez ha defendido que “criar sola no debería significar hacerlo sin apoyo”.

Según las estimaciones del Ministerio de Derechos Sociales, que ha impulsado la norma, con una partida de más de 820 millones de euros al año, esta beneficiará a un total de 760.000 familias y en torno a tres millones de personas.

En concreto, el real decreto-ley crea un titulo específico para las familias monoparentales, “reconociendo así su especial vulnerabilidad y garantizando una protección específica”, indican fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy. Entre las novedades, las familias con un solo progenitor con al menos dos hijos serán consideradas numerosas.

Según el último informe sobre el Estado de la Pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, más del 22% de las personas en hogares monoparentales están en pobreza severa; el 21% en no severa; y el 10,5%, están próximas a la pobreza. El Gobierno calcula que más del 80% de estas familias están encabezadas por mujeres.

La norma también amplia los beneficios para las familias numerosas a aquellas en las que el padre o la madre tenga una discapacidad igual o superior al 33%. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) lleva años reclamando una reforma de la ley de familias numerosas para tener en cuenta esta realidad.

Además, el nuevo texto amplía el acceso a la categoría especial de familia umerosa a aquellas con cuatro o más hijos y las que tienen una renta inferior del 150% del IPREM por miembro a partir del tercer hijo.

Es, ha celebrado el ministro Bustinduy, “una ley de protección social para las familias monomarentales (¡por fin un título oficial propio!), las numerosas con pocos recursos y las de personas con discapacidad. Lo conseguimos”.

El real decreto-ley llega para suplicar la caída de la Ley de Familias, que decayó con el adelanto electoral.

Hola,

¿Cómo ha ido la semana? Si has seguido un poco el día a día, podrás imaginar que están siendo jornadas intensas en cualquier redacción. Al margen de la actualidad pura y dura y de las últimas horas, hoy quiero hablarte de un tema que también ha dado algún titular: los tratamientos contra la obesidad. 

No es algo trivial. En España, se calcula que en torno al 40% de la población adulta tiene sobrepeso y un 15%, obesidad.

Cuando abordamos estos temas, es importante distinguir entre obesidad, que la OMS considera uno de los principales problemas de salud pública, y la gordofobia: el estigma asociado a un peso elevado o reducir la solución a “comer menos”, sin tener en cuenta los condicionantes sociales, el estrés, las rutinas o, simplemente, lo que hay disponible en el supermercado. 

Precisamente, las redes sociales han visibilizado esta problemática y muchos perfiles de todo tipo ofrecen consejos de nutrición. Sin embargo, pese a ese aumento de la información, la obesidad sigue subiendo. De hecho, estos canales pueden ser un arma de doble filo. 

“Se promocionan dietas muy restrictivas, productos supuestamente milagrosos o estrategias nutricionales que se presentan como válidas para toda la población, sin tener en cuenta las características individuales”, advertía Montse Prados, del grupo de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), en este reportaje. En ocasiones, estos contenidos favorecen la llamada “infoxicación”, por lo que, antes de seguir cualquier consejo a rajatabla, es recomendable comprobar quién está detrás. 

En paralelo, se ha producido una revolución sin precedentes en el abordaje farmacológico de la obesidad. Un hito clave fue la aparición de Ozempic que, paradójicamente, no estaba pensado para perder peso sino para pacientes con diabetes tipo 2 mal controlada y obesidad. Su éxito llegó a convertir al laboratorio Novo Nordisk en la empresa más valiosa de Europa en 2023, y desde un par de años es el fármaco más financiado por la sanidad pública en España. 

De cada 100 euros que se pagan en recetas, tres son para Ozempic. Si te interesa saber cuánto dinero se destina a cada fármaco que financia la sanidad pública, aquí tienes un buscador. 

Ozempic funcionó bien para bajar de peso, pero no estaba indicado para bajar de peso. Así que el laboratorio desarrolló otro fármaco con el mismo principio activo —la semaglutida— pero con otro nombre comercial: wegovy. En esa carrera estaba también Lilly, con su inyectable Mounjaro, cuyo principio activo es la tirzepatida, que también está dando buenos resultados.

Estos fármacos para bajar de peso requieren receta, pero no están financiados por la sanidad pública y, por el momento, parece difícil que vayan a estarlo, al menos para un grupo grande de pacientes. Los tratamientos pueden superar los 200 euros al mes y cerca del 15% de la población tiene obesidad. A la administración no le salen los números.

Pero el interés es tan grande que los avances se suceden rápidamente. Esta misma semana, Novo ha presentado wegovy en pastilla, lo que podría suponer un nuevo avance para aquellas personas que no quieran inyectarse. Con actividad física y cambios en la dieta, la píldora ayuda a bajar hasta un 17% de peso. 

Personalmente, me parece un tema muy interesante, que afecta a la salud cardiovascular, renal, oncológica... y un enorme campo por explorar. 

Prescripción rápida

Define “vida”

Tal vez para ti la vida sea el hecho de existir, de estar en el mundo y respirar. O todo lo que sucede desde que naces hasta la muerte. Quizás, antes de responder, has consultado el diccionario: 

“Propiedad de los organismos por la que son capaces de intercambiar materia y energía, mantener una organización interna mediante su propio metabolismo y reproducirse gracias a una molécula heredable, el ADN”

Es su primera acepción, pero apenas lleva unos días en el diccionario de la RAE. Los académicos acaban de acordar su incorporación para alinearse con la ciencia. Los trabajos para llegar a esa definición —o a cualquier otra que cupiese en una frase— no fueron sencillos, pero la intrahistoria de esta incorporación es interesantísima. Puedes leerla aquí. 

Y con esto me despido por hoy. Espero que pases muy buen fin de semana. Muchas gracias por llegar hasta aquí, el próximo sábado estoy de vuelta.

¡Salud!

La compañía Novo Nordisk ha presentado este martes en España la primera pastilla de Wegovy, el fármacopara el control de peso que ya estaba disponible en formato inyectable. Se trata del “único agonista del receptor de GLP-1 en formato oral” para esta indicación, indica el laboratorio.

El principio activo de Wegovy es la semaglutida, el mismo que utiliza el revolucionario Ozempic, indicado para tratar diabetes tipo 2 mal controlada con obesidad. En este caso, el fármaco está indicado para el control de peso y “como complemento a una dieta baja en calorías y un aumento de la actividad física, incluida la pérdida y el mantenimiento del peso en adultos con obesidad o sobrepeso en presencia de al menos una comorbilidad relacionada”.

Según los datos de la farmacéutica, este medicamento ha demostrado una pérdida de peso “clínicamente relevante y estadísticamente significativa de aproximadamente el 17%” y de hasta el 34,4% en uno de cada tres personas, siempre que se utilizó “junto con intervenciones sobre el estilo de vida”.

La pastilla, que ya está disponible en farmacias, tiene un precio de entre 178 y 236 euros —no financiado— por cada 30 pastillas de entre 1,5 y 25 miligramos respectivamente. Es un tratamiento diario que, en cualquier caso, debe ser recetado por un profesional sanitario.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la píldora Wegovy en diciembre de 2025 y la Agencia Europa del Medicamento hizo lo propio en julio.

La semaglutida ha supuesto una revolución en el tratamiento de la diabetes y la obesidad en los últimos años y los laboratorios han protagonizado carreras por lograr los mayores avances. La revista Sciece eligió el desarrollo y el descubrimiento de los fármacos GLP-1 para reducir la obesidad, que saltaron a la fama con el Ozempic, como el avance científico más importate del año 2023.

Ese mismo año, Novo Nordisk se convirtió en la empresa más valiosa de Europa, con un valor de mercado de 428.000 millones de dólares (unos 382.000 millones de euros), por encima incluso del grupo de lujo francés LVMH. En julio de 2024, no obstante, su valor en bolsa se desplomó en torno a un 70%, en una tendencia que se ha mantenido a la baja desde entonces.

“Uno de los grandes desafíos de la salud mundial”

En la actualidad, Wegovy inyectable compite en el mercado de los fármacos contra la obesidad en España con Mounjaro, de la farmacéutica Lilly, disponible con receta —también al margen de la financiación pública— desde el verano de 2024.

La Organización Mundial de la Salud ya se pronunció hace unos meses sobre el uso de fármacos para abordar la obesidad, que según sus propias cifras dejó 3,7 millones de muertes por enfermedades vinculadas en 2024 en todo el mundo, lo que la convierte en “uno de los grandes desafíos de la salud mundial”.

“Si bien los medicamentos por sí solos no resolverán esta crisis mundial de salud, los tratamientos con GLP-1 pueden ayudar a millones de personas a superar la obesidad y reducir los daños asociados”, señaló en un comunicado el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “No se puede considerar estos fármacos como una solución mágica”, dijo a la agencia AFP Jeremy Farrar, subdirector general de la OMS encargado de la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención, “pero está claro que se van a convertir en una parte muy importante de un enfoque integrado contra la obesidad”.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que regula la relación laboral de los residentes de ciencias de la salud. Con este texto, Sanidad elimina las guardias de 24 horas para los MIR, quienes tendrán una jornada máxima de 17 horas, sumando guardia y jornada ordinaria. Según ha indicado el secretario de Estado del ramo, Javier Padilla, no habrá excepciones los fines de semana ni los días de difícil cobertura, porque “el personal residente no es personal estructural”.

El nuevo real decreto limita también el número de horas de guardia que los MIR podrá realizar cada mes. Serán 68 —cuatro guardias de 17 horas—, aunque “excepcionalmente podrá añadirse un módulo adicional, por razones justificadas de carácter docente”.

En total, la duración conjunta de la jornada ordinaria y las guardias no podrá superr las 45 horas semanales de “trabajo efectivo de promedio trimestral, salvo que se acuerde otro cómputo menor”. Y la jornada semana ordinaria estará limitada a 35 horas, con descansos “obligatorios, efectivos, irrenunciables y no recuperables” de un mínimo de 12 horas, además de un descanso semanal de 24 horas ininterrumpidas. Además, los centros deberán disponer de sistemas de registro horario, “para verificar el cumplimiento de los límites”.

Los cambios sobre la duración de la jornada entrarán en vigor el próximo 1 de septiembre, “para poder adaptar el funcionamiento en los centros”. Pero otras cuestiones se harán efectivas con su publicación en el BOE, como medidas de “flexibilización horaria y conciliación” para residentes con menores de 12 años a cargo u otra “responsabilidades de cuidado”.

En materia retributiva, Sanidad establece porcentajes mínimos —que “las comunidades pueden aumentar”— del complemento de grado sobre el sueldo. Así, se pasa del 0 al 18% el primer año; del 8 al 28% para el segundo; del 18 al 38% para el tercero; y del 48 y el 58% para el cuarto y el quinto año, respectivamente. Esto es “sin perjuicio de porcentajes superiores acordados por los servicios de salud”.

Además se incorpora la “garantía de un complemento retributivo en las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, acogida y cuidado de un menor, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, calculado tomando como referencia, al menos, las retribuciones percibidas en los seis meses anteriores al inicio de la situación protegida”.

A diferencia del Estatuto Marco, que decayó con el adelato electoral, este real decreto no requiere del trámite parlamentario, por lo que entrará en vigor “al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”, con la excepción de la actualización del régimen retributivo, que estará vigente a partir del 1 de enero de 2027 y de la modificación de jornada, a partir del 1 de septiembre.

Los análisis tras un infarto desvelaron la diabetes tipo 2 de José Manuel, hace ya 16 años. Desde el primer momento, recuerda, tuvo que usar “muchísima” insulina, hasta que comenzó a inyectarse semaglutida y su consumo se redujo a la mitad. En un año, además, este hombre de 54 años consiguió perder 16 kilos, más de un 10% de su peso.

José Manuel es uno de los cientos de pacientes con diabetes tipo 2 mal controlada y obesidad que han vivido en su propio cuerpo la revolución que ha supuesto este nuevo fármaco. Bajo la marca comercial ozempic, supone ya tres de cada 100 euros que la sanidad pública dedica a financiar recetas dispensadas. Solo en 2025, esta cuenta rozó los 500 millones de euros, con 3,8 millones de envases prescritos para esta indicación, la única que cubre el sistema público, y se consolida como el medicamento en el que más se invierte, por segundo año consecutivo.

La sanidad pública comenzó a financiar ozempic en junio de 2019 y, como muestra el siguiente gráfico —en el que puedes consultar envases e importe—, el consumo ha crecido exponencialmente. Aquel mes, se recetaron 5.500 envases. Siete años después, la cifra se multiplicó por 67, hasta los 368.000.

“Este medicamento ha supuesto un cambio muy importante en el manejo y la evolución de la diabetes”, explica la endocrinóloga y nutricionista Ana de Hollanda, del Hospital Clinic de Barcelona. El ozempic ha demostrado ser eficaz para controlar la enfermedad y favorecer la pérdida de peso, mientras han ido apareciendo evidencias de mejora en la enfermedad renal, cardiovascular y en apnea del sueño, entre otras.

Este cambio en el manejo farmacológico de la diabetes tipo 2 —que en el 80% de los casos va acompañada de obesidad o sobrepeso, según los datos de la Federación Española de Diabetes—, se aprecia también en la evolución del gasto en medicamentos para la diabetes, que el Ministerio de Sanidad recoge de forma desglosada desde 2010.

Aquel año, la mayor partida en euros iba destinada a la insulina, que se ha mantenido estable porque sigue siendo el principal recurso para los diabéticos tipo 1, y la metformina, que comenzó a utilizarse a finales de los años 50 del siglo pasado. En estas últimas dos décadas, sin embargo, ha habido grandes saltos.

“El primer cambio importante fue el descubrimiento del efecto incretínico —que ayuda al páncreas a liberar insulina—”, explica el presidente de la Sociedad Española de Obesidad (Seedo), Diego Bellido. “Los primeros tratamientos eran inhibidores de la enzima DPP-4, que degrada las incretinas”, indica el doctor. Son las conocidas como gliptinas, que han ido incorporándose a la financiación pública en los últimos años. Es el caso de la sitagliptina, que comenzó a financiarse en 2007; la vildagliptina, en 2008; o la linagliptina, en 2012.

A partir de ahí, comenzó la irrupción de los fármacos SGLT2, que aumentan la excreción renal de glucosa. “Era lógico que si eliminas glucosa por la orina, te baja la glucosa en sangre, pero, lo que en principio iba a ser un fármaco de escaso potencial, se ha convertido en uno de acción global, porque reduce el riesgo cardiovascular”, explica el doctor Bellido.

Dos fármacos de este grupo son la dapagliflozina y la empagliflozina, que se financian para algunas indicaciones desde 2014 y 2015 y hoy suponen el mayor desembolso del sistema —tras ozempic—, con un total de 356 y 341 millones de euros, como puede comprobarse en el gráfico anterior.

En paralelo, habían ido desarrollándose otro grupo de fármacos, los GLP-1, que imitan a las hormonas que ayudan a regular el azúcar en sangre después de las comidas. El primero fue la exenatida, en torno a 2005, seguido por la liraglutida en 2006, la lixisenatida en 2010... hasta el gran salto que supuso la semaglutida, que comenzó a financiarse en España —solo para diabetes tipo 2 mal controlada junto a obesidad— en 2019.

“Demostró que los pacientes que tienen diabetes y utilizan este medicamento tienen menos infartos, ictus y eventos cardiovasculares y muchos han dejado de usar insulina”, enumera la doctora De Hollanda. Como muestra el siguiente gráfico, a medida que aumenta el consumo —y la factura— de ozempic, se van reduciendo el de otros GLP-1.

En financiación entra en juego el descenso en los precios que se van produciendo a lo largo de la vida de los medicamentos, pero los expertos evitan hablar de gasto sin tener en cuenta otros factores. “¿Cuántas urgencias por hipoglucemia se han evitado? ¿Cuántos infartos? ¿Y comorbilidades asociadas a la diabetes? Si queremos analizarlo en su conjunto, tendríamos que hacer un estudio coste-efectivo”, reclama Bellido.

El doctor recuerda que “el problema con los tratamientos antiguos es que se controlaba la glucosa, pero no el peso”, con el impacto correspondiente en tensión arterial, colesterol o triglicéridos. Esa pérdida de peso asociada a ozempic —y la viralidad y popularización de su uso por determinadas celebrities— ha revolucionado también el tratamiento del sobrepeso y la obesidad, que ha llevado a desarrollar otros principios activos similares para estas indicaciones, como mounjaro o wegovy, que no están financiadas en España.

“El 20% de la población en España tiene obesidad, pero es inasumible financiar estos medicamentos para todo el mundo, por lo que hay que buscar una estrategia que permita financiar al grupo de pacientes que más lo necesitan”, propone De Hollanda. Por poner cifras estimadas, se calcula que en torno a cuatro millones de personas tienen diabetes tipo 2 con obesidad en España y cerca de 10 millones, obesidad.

Al margen de la obesidad, o en paralelo, el mercado de tratamientos contra la diabetes seguirá experimentando en los próximos años grandes cambios. “El arsenal terapéutico está creciendo a una velocidad que no nos da tiempo a asimilar. Tenemos más de 300 moléculas en investigación, que están sobrepasando la diabetes y la obesidad para explorar otros campos, como la enfermedad renal, la psoriasis, el ovario poliquístico, la apnea del sueño...”, cita Bellido.

En cualquier caso, José Manuel, que además de paciente es el presidente de la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra, advierte que el ozempic no hace milagros. “Necesitas una dieta y hacer actividad física. El medicamento ayuda, pero no hace magia”.

En cualquier botiquín doméstico es habitual encontrar una caja de analgésicos. El más popular es el paracetamol. Se trata del medicamento más recetado de los que financia el sistema público: solo en 2025 se dispensaron por esta vía más de 60 millones de envases, que costaron en total 136 millones, unos 2.23 euros por unidad. “Son fármacos de uso común. Cuando va al médico, mucha gente quiere que se le añada un ibuprofeno, un paracetamol o un metamizol a la receta”, explica el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (Semg), Lorenzo Armenteros.

elDiario.es ha analizado la evolución de la prescripción de medicamentos financiados durante los últimos 15 años, tanto en número de envases, como en importe, por familias y principios activos y por el tipo de patologías a las que atacan. Los datos permiten elaborar una radiografía del peso en la factura de las grandes innovaciones farmacéuticas —como el ozempic— y las enfermedades más prevalentes —como las cardiovasculares o las que afectan al sistema nervioso—.

El siguiente gráfico muestra la evolución del número de envases de medicamentos financiados recetados desde 2010. Este recuento no incluye los medicamentos adquiridos íntegramente fuera de la financiación pública, para los que no existe una serie equivalente en estos registros del Sistema Nacional de Salud. Si hace tres lustros se dispensaron 981 millones de envases, en 2025 se rozaron los 1.194 millones. Un incremento, explica el director general de Farmacia del Ministerio de Sanidad, César Hernández, que es multifactorial y que se ve influido por “el propio envejecimiento de la población”, “la cronicidad de las enfermedades” y “el número de personas que tienen dos o más tratamientos a la vez”.

Según el informe sobre utilización de fármacos crónicos en personas polimedicadas de 65 y más años, del Ministerio de Sanidad, el 30% de las personas de este grupo toman habitualmente a lo largo del año cinco o más medicamentos. La prevalencia es mayor entre las mujeres (30,9%, frente al 28,3% de los hombres) y, en muchos casos, esta suma de medicamentos responde a las llamadas cascadas terapéuticas: acumulación de consumo de fármacos que generan efectos secundarios para los que se prescriben nuevos tratamientos.

“El consumo de fármacos es el fiel reflejo de las patologías más prevalentes de la sociedad”, apunta el subdirector de Formación y Servicios Profesionales del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Carlos Fernández Moriano. Desde 2010, ha aumentado la prescripción para tres grupos de patologías: las que afectan al sistema cardiovascular, al nervioso y al tracto alimentario y metabólico.

Como muestran estas gráficas, los tres grupos han experimentado un aumento en número de envases y en dosis diarias por cada 1.000 habitantes. Pero aquellos que afectan al tracto alimentario se han catapultado en inversión: suponen a las arcas públicas 3.860 millones de euros, un 108,4% más que en 2010.

“En el sistema nervioso se recogen todos los tratamientos de trastornos de salud mental —además de otras patologías—, que es una epidemia en la sociedad actual, mientras las patologías cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial. Es el reflejo de que esos fármacos sean los que más crecen”, explica Fernández Moriano. En el siguiente gráfico interactivo se puede ver el aumento del número de envases y el importe facturado con receta del Sistema Nacional de Salud, agrupados por subgrupos químicos, desde 2010.

Los modificadores de los lípidos son las conocidas estatinas, que se emplean para controlar el colesterol y prevenir problemas cardiovasculares. Las familias de las benzodiacepinas incluyen sedantes, ansiolíticos, anticonvulsionantes y somníferos. Y los inhibidores de la bomba de protones son fármacos que reducen la producción de ácido en el estómago —como el omeoprazol—, que se dedican a problemas gástricos.

Para la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfy), Susana Aldecoa, hay un aumento de fármacos preocupante. “España es el mayor consumidor de benzodiazepinas del mundo, sobre todo en mayores de 65 años a quienes, si supieran los riesgos que asumen —deterioro cognitivo, problemas de memoria, riesgos de caída que aumentan la mortalidad—, nos sería mucho más fácil deprescribírselo”, explica.

En España, según los últimos datos de Sanidad, el 15% de la población consumió en 2024 al menos un envase de ansiolíticos; el 10%, de antidepresivos; y el 3,7%, de hipnóticos y sedantes. Son porcentajes que crecen con la edad. Si solo se tienen en cuenta a los mayores de 40 años, estos se ubican en el 21,5, el 15,7 y el 5,8%, respectivamente. La doctora atribuye estos porcentajes a “cambios sociales importantes”: “Estos fármacos tienen un efecto inmediato sobre la ansiedad. Son drogas que dan un confort inmediato”. Además de los problemas para dormir, que algunas personas resuelven a golpe de lorazepam. “Habría que valorar por qué dormimos mal, pero los médicos tenemos tan poco tiempo en consulta que es más rápido prescribir un fármaco que un cambio de estilo de vida, de alimentación, de hábitos de ejercicio”, lamenta Aldecoa.

Algo que se podría aplicar también a otros fármacos, por ejemplo los que se utilizan para controlar el colesterol, a la cabeza en la lista de los más recetados. Por principio activo, la atorvastina es uno de los más populares, pero entrarían en este grupo la simvastatina o la rosuvastatina. En total, estos tres, entre los 15 más recetados, sumaron en 2025 más de 65 millones de envases.

Otro de los factores del aumento de las prescripciones, apunta Armenteros, son los “métodos diagnósticos cada vez más sofisticados, que permiten terapias más tempranas”. Pero también la dificultad de acceder a otros recursos sanitarios, que se suplen con analgésicos u opioides para el dolor cuando no hay fisioterapia; somníferos para el insomnio cuando no hay unidades del sueño; o benzodizepinas ante el déficit de psicólogos clínicos.

La tabla anterior es el reflejo de que los fármacos más prescritos en consulta no son, per se, los que mayor inversión suponen. El paracetamol o el omeoprazol, a la cabeza en envases recetados, ni tan siquiera está en el top 15 de los que más facturación suponen. De hecho, la semaglutida —el principio activo del ozempic— está a la cabeza en inversión, con casi 500 millones de euros —alrededor del 3% del gasto total en esta partida—, con tan solo 3,8 millones de envases.

La semaglutida —cuya marca comercial es ozempic— pertenece al grupo de los GLP-1. “El primero de esa familia, exenatida, se comercializó hace 18 años para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2, obesidad y que, además, no estuvieran bien controlados con los fármacos habituales”, explica el presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, Ignacio Bernabéu. Esa es la única indicación de uso —diabetes tipo 2 no controlada y obesidad— y la única que financia el sistema público. Los datos recabados no incluyen los fármacos recetados por la sanidad privada, ni las presentaciones para adelgazar, como wegovy o mounjaro.

El ozempic ha supuesto una gran revolución, porque se ha observado más eficaz para su indicación y, además, “ha demostrado su eficacia en insuficiencia cardiaca, hígado graso, enfermedad renal y frena la progresión de diabetes o prediabetes”. “No son fármacos que curen la obesidad, pero reducen la perdida de apetito y al paciente le cuesta menos mantener la dieta con la que va a perder peso”, apunta Bernabéu.

También para la diabetes, en este caso con indicación para insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica, surgieron hace unos años los inhibidores de la proteína SGLT2, como la dapagliflozina y la empagliflozina. Entre los dos fármacos suman 14,6 millones de envases dispensados y una facturación de casi 700 millones de euros. Como puede verse en el siguiente gráfico, la semaglutida y la dapagliflozina son los principios activos que más suben en la factura del Sistema Nacional de Salud, desde que se incorporaron en la cartera común de servicios, en 2019 y 2015, respectivamente.

Entre los que más bajan en facturación, aunque siguen suponiendo una parte importante, están la metformina y la vildagliptina, también contra la diabetes tipo 2, pero de una generación anterior que los GLP-1 y los SGLT-2. La bajada en la factura del salmeterol y la flucticasoa —dos fármacos que suelen administrarse juntos para problemas respiratorios— se debe a una bajada en el sistema de precios de referencia, más que en su uso.

Este es un ejemplo de cómo la facturación no está relacionada directamente con el consumo. También, de la vida de los fármacos, que son más caros cuando aparecen y se van ajustando en precio a medida que decae la patente o aparece competencia. Por ejemplo, el apixabán, un anticoagulante que previene la aparición de trombos, es el segundo fármaco en la lista de los que más dinero suponen —unos 78 euros por envase—, pero los expertos consultados esperan que baje su precio con la salida de un genérico próximamente.

Los anticoagulates orales directos, como el edoxabán, el rivaroxabán o el apixabán, son una generación posterior al sintrom, “más fáciles [de administrar] y que no requieren tantos controles”, explica el director general de Farmacia, César Hernández. Desde el Ministerio de Sanidad trabajaban en una nueva ley de precios para los medicamentos, de forma que el Gobierno pudiese bajar unilateralmente el precio de algunos, como la atorvastatina, de más bajo precio en otros países del entorno con sistemas diferentes.

En este buscador puedes consultar todos los medicamentos financiados dispensados en oficinas de farmacia con receta del Sistema Nacional de Salud, el número de envases dispensados y el coste total.

Hola,

¿Cómo estás? Este fin de semana quiero arrancar el boletín con una noticia que nos lleva al plano jurídico, pero que me ha parecido muy interesante porque reconoce el derecho de una mujer a reclamar una indemnización por las consecuencias de una vasectomía fallida que se realizó su pareja, a quien no se le informó de este riesgo. 

Te cuento lo que ha pasado y después vamos con el debate que ha resuelto el Tribunal Supremo. Una pareja, en el ámbito de su planificación familiar, decide que él se haga una vasectomía, para lo que acuden al Hospital Severo Ochoa de Madrid. 

La intervención es, en general, permanente y reversible, pero tiene riesgos. Uno de ellos es lo que se conoce como una recanalización de los conductos deferentes, por la que las vías que transportan los espermatozoides vuelven a unirse de forma espontánea. Nadie informó al paciente de esta posibilidad que, finalmente, llegó a materializarse y acabó provocando que la mujer se quedara embarazada. Lo que la pareja quería evitar. 

Entonces, ambos inician un proceso legal para exigir una indemnización. Mejor dicho, dos: una para él y otra para ella. Tanto la Comunidad de Madrid como Relyens Mutual Insurance —la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud— se opusieron a ese doble pago, al considerar que el derecho a recibir la información es de carácter “personalísimo” del paciente, pero no de su pareja. 

El Supremo coincide en esa “exclusiva titularidad del paciente del derecho a la información previa y asistencial a la cirugía”, pero va más allá al reconocer a la “pareja estable” una “legitimación activa para reclamar responsabilidad patrimonial por haber sufrido un perjuicio propio”. Un perjuicio que atenta directamente contra su “capacidad reproductiva” y su “autodeterminación personal como consecuencia directa del funcionamiento anormal del servicio sanitario”. 

Es decir, el derecho a recibir información es del paciente, pero eso no impide que su pareja pueda reclamar por las consecuencias que ha sufrido personalmente. Finalmente, cada uno deberá recibir una indemnización de 35.000 euros. 

Prescripción rápida

El mercado del juego desembarca en la salud

Hace unas semanas, publicamos un reportaje sobre las apuestas climáticas. En algunas casas ya se pueden hacer predicciones sobre cuándo será la próxima catástrofe natural o cuántas vidas se llevará. Parece que la 'gamificación' no deja campo sin tocar, pero sobrepasa límites que sorprenden. Mi compañero Antonio Martínez Ron acaba de hacer una investigación en la que se muestra cómo la aprobación de medicamentos amenaza con convertir la investigación médica en un casino. 

Aunque pueda parecer inocuo, incluso divertido, los especialistas alertan del riesgo de desestabilizar ensayos clínicos y condicionar las decisiones de las autoridades públicas. Un artículo editorial publicado en 'Science' planteaba la posibilidad de que se filtre información confidencial sobre un determinado estudio, que pierda valor en las apuestas y que los pacientes o quienes financian la investigación pierdan la confianza en el propio ensayo. 

El tema es interesantísimo y algunas plataformas están abriendo los primeros mercados de predicción sobre el éxito de fármacos en investigación contra el alzhéimer y el mieloma múltiple. Te recomiendo que leas la información completa aquí. 

Con esto me despido por hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final.

Buena semana y ¡salud!

Este miércoles estaba prevista la primera huelga estatal indefinida de médicos en más de 30 años. El adelanto electoral forzó a los sindicatos del ramo a aplazar la convocatoria, pero los profesionales han mantenido paros y protestas, en este caso, enfocadas contra las consejerías del ramo en varias comunidades autónomas. Andalucía, Catalunya, Madrid, Valencia —las cuatro más pobladas— y Canarias mantienen el conflicto, con un impacto en unos 32 millones de ciudadanos.

Y, aunque hasta ahora el conflicto se había enfocado contra el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco, estas convocatorias reivindican cuestiones como el fin de las guardias de 24 horas, mejoras retributivas y espacios propios de negociación a las consejerías de Sanidad. El trasfondo de las convocatorias es que las competencias son compartidas y que, de facto, las comunidades pueden impulsar estas mejoras, al margen del Gobierno central.

En Madrid, los sindicatos médicos han convocado cuatro tandas de huelgas de tres días. La primera comenzó este miércoles 28 de agosto y se alargaría durante el jueves y el viernes, pero el comité de huelga anució durante la mañana de esa primera jornada su decisión de suspender los paros para los días 29 y 30 por “respeto a las víctimas” del accidente de tren Toledo.

La convoctoria para las sigueints tandas en noviembre y la cuarta, del 9 al 11 de diciembre, se mantiene, así como la de este miércoles, en la que recuerdan que “los servicios mínimos establecidos garantizan una cobertura del 100% en urgencias y emergencias”. Entre las reivindicaciones al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se mantienen varios de los reclamos que llevan meses haciendo al Ministerio de Sanidad, como la jornada de 35 horas semanales, el fin de las guardias obligatorias de 24 horas o una mesa de negociación específica.

“Un 90% de las medidas las pueden implantar las comunidades”

“La sanidad está transferida a las comunidades autónomas”, apunta la secretaria general del sindicato médico madrileño Amyts, Ángela Hernández, por lo que “un 85-90% de las medidas las pueden implantar las comunidades autónomas”. “Las competencias son compartidas, el Ministerio decide el marco regulatorio, el convenio, y la comunidad lo aplica, pero nada le impide pagar por encima”, ejemplifica. Es lo que ha pasado en otras regiones, como Galicia, Asturias o Euskadi, donde se han conseguido mejoras.

El consejero de Presidencia de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, acusó hace un par de semanas a los convocantes madrileños de perpetrar una “huelga política” con “esa consigna de la izquierda y de la ultraizquierda de que no habrá paz en las calles”. Las reivindicaciones son, en esencia, las mismas que trasladan al Ministerio y por las que las organizaciones sindicales pidieron la dimisión de la ministra Mónica García.

Desde Amyts lamentan que la Consejería no los recibe desde principios de verano y que, pese a las tres reuniones mantenidas con la Dirección General, no han podido trasladarle sus reivindicaciones a la propia Matute, ni hay un calendario, ni compromisos sobre la mesa. “Está en una actitud tatcheriana-aguirrista, en la que dice que se ha reunido con todo el mundo, pero no hay nada por escrito ni nadie sabe nada”, denuncia Hernández, que reclama “un calendario serio, con una memoria económica”, para avanzar en sus reivindicaciones.

En Catalunya, “el Govern se declara una gestoría y poco más”

Los facultativos catalanes también han mantenido la convocatoria de huelga autonómica pese a que la estatal decayera porque consideran que sus reclamaciones se dirigen tanto al Ministerio de Sanidad como al Departament de Sanidad de la Generalitat, que lidera la consellera Olga Pané. “Me parece alucinante que el Govern se declare una gestoría y poco más”, plantea el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart. 

Entre las reivindicaciones del personal facultativo del Siscat, la red que integra todos los centros públicos y concertados, destacada una reclamación común en las protestas de otras comunidades, la reforma del régimen actual de las guardias para llegar a una jornada máxima diaria de 12 horas.

El estatuto marco de 2003, recuerda Lleonart, fija un máximo general de 48 horas semanales de trabajo efectivo, pero deja la puerta abierta a superar este límite si el centro lo plantea por “razones organizativas o asistenciales” y el médico lo acepta. Según el portavoz de Metges de Catalunya, lo que ocurre en estas situaciones es un “chantaje”, ya que se presiona a los profesionales a asumir guardias de 24 horas para no perjudicar a sus pacientes. Estas jornadas extra tienen otro máximo por ley de 150 horas anuales. 

El nuevo estatuto, que estaba en su trámite parlamentario pese al rechazo de las organizaciones sindicales de médicos y facultativos, y que el adelanto electoral ha tumbado, establecía una jornada laboral máxima de 45 horas semanales, a todas luces insuficiente para estos profesionales, que reclaman bajar a 35.

Para Lleonart, la solución es clara: contratar nuevos médicos que suplan el déficit en las plantillas. “Una tercera parte de la actividad quirúrgica en Catalunya se hace en base a un esfuerzo voluntario de los médicos”, añade.

Respuestas “incoherentes y dilatorias” en Andalucía

En Andalucía, los sindicatos y la Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla alcanzaron un acuerdo en verano que resolvía algunas de las peticiones de los profesionales, como la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria o estudiar la transición a un modelo voluntario. Se trataba de un “primer paso en la dirección correcta”, según el Sindicato Médico Andaluz, que el pasado 15 de octubre anunció la convocatoria de una huelga de tres semanas, del 13 de noviembre al 4 de diciembre, ante la negativa de la Consejería a pactar un calendario concreto.

“Sus respuestas a nuestras peticiones han sido incoherentes y dilatorias. El aplazamiento de los paros convocados a nivel nacional ha privado a la Consejería de cualquier excusa a la que aferrarse para demorar el cumplimiento del acuerdo. Sin embargo, sigue sin sentarse con nosotros para pactar su desarrollo”, lamentan desde el SMA en un comunicado, ni dar garantías presupuestarias.

“Reivindicaciones pendientes” en Valencia

En la Comunitat Valenciana hay discrepancias notables sobre la huelga. El Sindicato Médico alcanzó un acuerdo con la Conselleria de Sanidad para desconvocar el paro autonómico, que incluía la implantación de la jornada de 35 horas de lunes a viernes a partir del 1 de enero de 2027. Sin embargo, la organización Avanza ve razones para mantener la reivindicación ante la Conselleria.

La huelga indefinida valenciana arrancará este mismo miércoles con reivindicaciones similares a otras zonas: guardias de 12 horas, que no se paguen por debajo de la ordinaria, aumentar y adecuar las plantillas y rebajar la presión sobre las agendas de Atención Primaria. “Las reivindicaciones autonómicas que motivaron la convocatoria siguen pendientes y afectan a materias que son competencia directa de la Conselleria de Sanidad. Su negociación no puede depender de la situación política estatal ni quedar paralizada a la espera de la negociación del Estatuto Médico”, indican desde Avanza.

Huelga en marcha en Canarias

En Canarias, el Sindicato Médico Canario y el Sindicato de Empleados Médicos convocaron una huelga indefinida, que comenzó el pasado 16 de octubre. Este lunes, el seguimiento según las organizaciones fue del 44% en la sanidad pública, mientras el Gobierno rebaja la cifra al 6%.

Los sindicatos habían acordado desconvocar este martes, a la espera de decidir nuevas acciones para el mes de noviembre, si no se materializan sus reivindicaciones. De nuevo, pasan por un aumento de la retribución de la hora de guardia, mejoras en la atención continuada, la carrera profesional y la estabilidad en el empleo, así como una solución integral sobre la representación propia del colectivo.

La vía estatal

Aunque hayan aplazado la huelga a nivel estatal contra el estatuto marco por el adelanto electoral, los sindicatos del ramo han advertido de que continuarán con las medidas de presión para que el próximo Gobierno elabore un nuevo texto que atienda a sus demandas.

“Estamos manteniendo viva la reivindicación, pero nos quedamos sin interlocutor”, indica la secretaria general de Amyts, que recuerda un escenario similar con la huelga autonómica de Atención Primaria en Madrid en 2021, que se aplazó por el adelanto electoral de Ayuso y se retomó tiempo después. La fecha clave será el próximo sábado 21 de noviembre, cuando se medirá el músculo de la reivindicación en la capital con una manifestación que recorrerá el trayecto entre el Ministerio de Sanidad y el Congreso.

Se revuelve la calle a mes y medio de las elecciones. Médicos y docentes acumulan meses de protestas por todo el estado, a las que se suman en las últimas semanas las movilizaciones por la vivienda que cristalizarán en una huelga general el próximo 11 de noviembre. Cada uno por sus razones —hay quien dice que las huelgas de facultativos y del profesorado son contrarias en sus objetivos— y con diferentes destinatarios —el Ministerio de Sanidad los primeros, las comunidades autónomas los segundos— la realidad es que dos de las patas del estado del bienestar ponen tensión en la calle y los partidos en un momento clave.

Las quejas de los médicos se dirigen al departamento que dirige Mónica García por el estatuto marco. Agrupados en torno a los sindicatos propios y enfrentados a los generalistas, que de hecho pactaron con Sanidad, exigen un texto legal propio, separado de otros sanitarios, que atienda, dicen, las particularidades de su profesión.

El profesorado lleva al menos dos cursos manifestándose y parando por toda España para exigir más recursos que les permitan poder atender la creciente complejización de la docencia, con aulas más diversas y una ley que les obliga a atender de manera individualizada a cada estudiante.

Para Sergio García Magariño, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad Pública de Navarra, no es una coincidencia que las protestas se produzcan en este momento. “Habría que examinarlo con más detalle para testarlo, pero los tiempos no son casualidad. Al haber expectativa de elecciones [las protestas vienen de mucho antes de que fueran convocadas] la movilización se vuelve estratégica, se puede sacar más partido por los tiempos políticos de la movilización”, sostiene.

Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ponía contexto a las protestas hace unos meses: “Desde antes de la crisis de 2008 no ha habido ningún intento de reforma estructural, se están viendo las costuras del sistema. Ha habido algún aumento de sueldo para compensar los recortes, pero se está notando la falta de reformas en dos décadas. Para mí es uno de los dos o tres principales problemas que tiene el país”.

Además, ambas protestas se producen, una situación que puede resultar contraintuitiva, en un contexto económico positivo, con España acumulando crecimiento trimestre tras trimestre. El problema, cree García Magariño, es cómo lo hace: “Los estudios sobre las condiciones sociales de las protestas por mejoras económicas plantean que lo que detona las protestas no es solo la condición objetiva de mayor o menor precariedad, sino sobre todo las expectativas de mejora frustradas, combinadas con la percepción de que es posible mejorar. Quienes protestan lo hacen porque ven una distancia entre lo que tienen y lo que esperarían tener”, arranca.

Además, sigue, “España está creciendo mucho a nivel macroeconómico, pero el poder adquisitivo de la gente ha bajado, porque la inflación es muy superior a la subida, por ejemplo, de los salarios (que también ha habido). Por último, España tiene una desigualdad estructural mucho más acentuada que la media en la UE y la desigualdad (y no la pobreza) suele ser el factor principal que nutre la indignación y el malestar. Ver que la economía crece, que hay más millonarios y que tú no te beneficias de ello es el principal catalizador del malestar social”, sostiene.

Este experto considera que la movilización en la calle, aunque se produzca con un Gobierno progresista en Moncloa, es favorable para la izquierda. “Las protestas que incluyen temas sociales claros (vivienda, salud pública, educación pública) suelen tener el efecto de movilizar al votante de izquierda, que está menos movilizado. Aunque aparentemente pueden entenderse como una crítica al Gobierno, también se entiende que un Ejecutivo de izquierda va a ser más sensible a estos problemas”, opina.

Los docentes no pueden más

Las protestas docentes van por barrios, por lo que mezclan cuestiones regionales con elementos comunes que afectan por todo el estado, y de fondo sobrevuela la creciente precarización de las condiciones en que se ejerce la docencia en los últimos años.

Al profesorado cada vez se le exige más. Lo explica una directora de instituto veterana: “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta.

Y luego está todo lo que no está en la ley. “Nos caen todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”

El profesorado quiere mejores ratios (menos alumnos por clase), impartir menos docencia semanal para poder ocuparse mejor de cada estudiante En el meollo de las protestas también están las diferencias en las nóminas que reciben los docentes según la comunidad autónoma, pero el hecho de que tanto en Catalunya como en la Comunitat Valenciana hayan rechazado mejoras de cientos de euros al mes porque no venían acompañadas de recursos para el sistema indica que la económica personal no es la principal motivación de los paros.

Pero el descontento es generalizado. El curso pasado acabó con huelgas feroces en Catalunya (donde ya ha habido protestas este curso también) y la Comunitat Valenciana y este va a abrir con una indefinida en Madrid a partir del 14 de octubre y movilizaciones al menos en Andalucía, Cantabria y Aragón.

Médicos en pie de guerra

Los médicos también están en pie de guerra. El Estatuto Marco pactado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde —los que están presentes en las mesas del ámbito— hizo cundir el descontento entre las organizaciones sindicales del gremio, que reclaman una voz propia en la negociación y un estatuto propio. Desde febrero hasta junio, estos fueron protagonizando paros semanales cada mes.

La próxima cita marcada en el calendario de paros era el 28 de octubre, cuando estaba prevista una huelga indefinida. Los sindicatos médicos habían apostado por esta medida de presión tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros del texto, pero han optado por un aplazamiento ante el adelanto electoral, que ha hecho decaer la norma, que se tramitaba ya en el Congreso como proyecto de ley.

Aunque coordinadas, para el 28 de octubre se habían registrado dos convocatorias de paro. Por un lado, la del Comité de Huelga Médica, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME). Por otro, la de la Unión Médica y Facultativa (UMYF), que aglutina a las organizaciones de Madrid (Amyts), Catalunya (Metges), Galicia (Omega y Simega), Canarias (Semca) Comunitat Valenciana (Avanza) y Navarra. Todas ellas han optado por aplazar la huelga hasta que haya un nuevo interlocutor válido.

En la práctica, la interlocución con el Ministerio que dirige Mónica García llevaba meses interrumpida, entre acusaciones por ambas partes. Sanidad ha argumentado siempre que las reivindicaciones de los profesionales son competencia de las comunidades autónomas o de otros departamentos, mientras estos han pedido la dimisión de la ministra, que llegó a acusarles de “deslealtad” en la negociación. 

Las consejerías del ramo también reclamaron al Ejecutivo que “reinicie” las conversaciones sobre el Estatuto Marco, algo que, de facto, ocurrirá con el adelanto electoral. “Si la nueva Cámara quisiera recuperarlo, tendría que iniciar de nuevo su tramitación”, señalaban desde el Comité de Huelga, para quién “este desenlace constituye un éxito indiscutible para las organizaciones convocantes”. “La presión sostenida del colectivo ha frenado una norma que el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito daban prácticamente por aprobado desde hace año y medio”, indicaron en un comunicado este miércoles.

Entre otras cosas, la norma reducía las guardias médicas obligatorias de 24 a 17 horas, la jornada laboral máxima a 45 semanales y forzaba la convocatoria de oposiciones cada dos años.

Hola,

¿Qué tal? Desde que te envié el último boletín han pasado muchas cosas. Siguen las acampadas en varias plazas del país, ha habido un adelanto electoral, se han aprobado de nuevo los reales decretos ley sobre vivienda y, hace unos días, ha fallecido Maricarmen. 

Te preguntarás por qué te cuento todo esto en una newsletter sobre salud. Por un lado, porque es imposible abstraerse del drama de los desahucios. Por otro, porque la convocatoria de elecciones deja en el limbo un abanico de leyes en materia sanitaria que se estaban tramitando y que ahora decaen. 

El Ministerio de Sanidad llevaba toda la legislatura trabajando en la reforma de la ley antitabaco, en lo que iba a ser el primer cambio en 16 años. Por el momento, la ampliación de espacios libres de humo, por ejemplo, a playas y terrazas, no saldrá adelante. Tampoco la ley de medicamentos o la de organizaciones de pacientes. 

Ni una ley que supondría un cambio estructural en el Sistema Nacional de Salud: la de Gestión Pública. Con esta norma, que estaba en tramitación, el Ejecutivo buscaba “blindar” la gestión pública de la sanidad pública, limitando los conciertos y la colaboración público-privada, por donde se cuelan miles de millones de euros cada año.

Esta misma semana, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública presentaba su XII informe sobre privatización sanitaria, en el que estiman que, en 2025, las comunidades autónomas destinaron unos 11.000 millones de euros a la externalización de servicios sanitarios. El motor de esa privatización, explican, es la excusa de las listas de espera, que, sin embargo, “el incremento de los conciertos con la privada no resuelve”. 

A la cabeza en porcentaje para conciertos privados por gasto sanitario está, con un 21,6% del total, Catalunya, con un modelo muy apoyado en fundaciones y entidades privadas, seguido de Madrid, con el 12,2% del total. Según el informe, esta comunidad destinó en 2024 un total de 2.245,3 millones de euros a conciertos, un 85% más de lo previsto al inicio del ejercicio. 

Para que te hagas una idea con las cantidades: el Plan Estatal de Vivienda para los años 2026 a 2030 tiene una dotación de 7.000 millones de euros. 

Prescripción rápida

Tener cáncer y curar el cáncer

Hace unos días estuve hablando con Elena Brozos y Jesús Corral. Ambos son oncólogos y, también, han sido pacientes con cáncer. Ella lo tuvo de niña, lo que la motivó a estudiar medicina. Él, de adulto, cuando llevaba años ejerciendo. Me interesaba saber cómo cambia la perspectiva de quienes nos curan, cuando son ellos los que atraviesan la enfermedad. “Cuando un paciente me dice que tiene miedo, sé perfectamente cómo es ese miedo, porque yo también lo sentí”, me contaban. 

Los dos insistían en la importancia del abordaje más allá de lo estrictamente terapéutico: el acompañamiento, la atención a la salud mental, la dieta, el ejercicio, la orientación para la vida después del cáncer. Son ideas en las que las sociedades médicas y científicas llevan tiempo ahondando. 

“Desde el diagnóstico, tenemos que empezar a valorar al paciente como un largo superviviente, cómo puede ser su evolución laboral, su fertilidad... cosas que antes, tal vez porque los tratamientos no eran tan eficaces, valorábamos cuando parecía que se había superado la enfermedad. Ahora tenemos que apostar por ese otro concepto de empezar a cuidar al paciente y que el paciente se cuide a sí mismo pensando en restablecer su vida”, explicaba el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, Javier de Castro. 

Te dejo sus historias en este enlace. Y, con esto, me despido por hoy. 

Muchas gracias por llegar hasta el final.

Buena semana y ¡salud!

Los sindicatos médicos que habían convocado una huelga indefinida a partir del próximo 28 de octubre han acordado aplazar los paros tras el adelanto electoral. Las organizaciones se habían coordinado para protestar por el Estatuto Marco, como llevan haciendo desde este mes de enero, que estaba en trámite parlamentario y que decaerá ante la llamada a las urnas para el próximo 29 de noviembre.

Tanto la Unión Médica y Facultativa (UMYF), por un lado, como la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi, por otro, han anuncido este miércoles el aplazamiento de la huelga indefinida, aunque han aclarado que esta decisión no supone “una renuncia” a sus reivindicaciones.

“La movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo”, indica en un comunicado el Comité de Huelga integrado por Cesm, SMA y y el SME. En concreto, reclaman “un marco normativo propio, una mesa de negociación específica, el fin de la explotación que representan las guardias obligatorias, una jubilación acorde con la carga de trabajo y una clasificación profesional que reconozc la cualificación y la responsabilidad del colectivo”.

Desde la UMYF, por su parte, señalan que continuarán con la movilización, mediante “actos y acciones de protesta con el objetivo de situar las reivindicaciones médicas en el centro del debate político”. Levantan la huelga, no obstante, porque “con las Cortes disueltas y un Gobierno en funciones, no existe actualmente un interlocutor con capacidad para negociar y asumir compromisos que permitan avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio”.

Esta organización emplaza también “el inicio de la huelga indefinida hasta que exista un nuevo Gobierno con plena capacidad para negociar”. “En el actual escenario político”, consideran, “es más útil mantener la movilización y trasladar las reivindicaciones al debate electoral”.

Jesús Corral (47 años) había dedicado toda su vida laboral a tratar a pacientes oncológicos y a investigar el comportamiento de la enfermedad para encontrar terapias y fármacos que alargasen su supervivencia y mejorasen su calidad de vida cuando le detectaron un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. “Cuando me diagnosticaron, sabía bien a qué me enfrentaba, pero la sensación de miedo, incertidumbre y pérdida de libertad fue inmediata, supongo que como la de un paciente más”, explica.

Este doctor es jefe del servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Jerez de la Frontera (Cádiz) y se ha especializado en cáncer de pulmón. “Nosotros vemos pacientes con mal pronóstico y, para mí, tener más conocimiento fue perjudicial. Lo viví con angustia, ansiedad y miedo porque, aunque mis médicos me decían que el pronóstico era bueno y la posibilidad de éxito muy alta, siempre me ponía en lo peor, en que tal vez el tratamiento no respondería”, recuerda ahora, siete años después y libre de la enfermedad.

La experiencia le ha servido, no obstante, para ver la práctica clínica, el día a día con sus pacientes, desde otra perspectiva. “Los oncólogos nos dedicamos mucho a la asistencia y estamos muy involucrados en la investigación, pero hemos dejado un poco de lado, o al menos yo lo hice, el cuidado que requieren el paciente y su familia desde el diagnóstico”, reconoce.

Esa atención integral a los pacientes ha sido el eje vertebrador del 50 aniversario de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), celebrado esta semana. “Cuando pones un tratamiento, sobre todo en cánceres que tienen un riego vital, el objetivo fundamental es que la persona sobreviva. Como no siempre se puede, hay otros objetivos, como prolongar al máximo la supervivencia o que la enfermedad tarde en progresar, manteniendo la calidad de vida. En el momento en que, con terapias dirigidas y nuevos tratamientos, somos capaces de curar a más pacientes y de que otro grupo sea capaz de convivir con el cáncer, ya no solo nos piden vivir más, sino vivir mejor”, explica su presidente, Javier de Crespo.

Jesús no pudo recurrir a esas terapias dirigidas, que han impulsado la mejora en los pronósticos y los efectos secundarios de muchos tumores. “El linfoma de Hodgkin todavía se trata con quimio y múltiples fármacos, por lo que los efectos son importantes”, explica el doctor, que recuerda las alteraciones en la mucosa, la dificultad para comer, la pérdida de peso y múltiples ingresos, que llevó “especialmente mal”.

En ese periplo, apreció ese abordaje multidisciplinar. “Fue esencial el acompañamiento de enfermería, para explicarme los efectos secundarios, establecer estrategias para afrontar los cambios físicos y el impacto social que supone el aislamiento; la valoración psicológica desde el inicio y la derivación precoz a psiquiatría, para detectar y tratar la ansiedad y la depresión y mejorar la tolerancia al tratamiento; la nutrición y el ejercicio físico”, enumera el doctor.

Sobre todos esos aspectos investiga la doctora Elena Brozos, que actualmente trabaja en el Hospital Clínico Universitario de Santiago. “Me interesa mucho la calidad de vida de los pacientes, así que hacemos investigación sobre nutrición, ejercicio físico y dolor”, explica. Ella se centra también en la esfera psicosocial. “Cuanto más soporte [tienen los pacientes] mayor es la adherencia al tratamiento y eso es importante para hacer mejor nuestro trabajo. Intento darle importancia, porque recuerda a todo lo que viví”, añade.

Lo que Elena vivió fue un proceso oncológico largo causado por un sarcoma de Ewing —un tumor poco frecuente, que afecta a los huesos—, que comenzó en 1991, cuando tenía tan solo nueve años. La enfermedad, que superó tras 12 años de tratamientos, quimios y radioterapias, despertó en ella la curiosidad por la medicina. “Soy oncóloga gracias a esa experiencia infantil”, reconoce, que le ha permitido identificarse con las personas a las que atiende en consulta. “Entiendo perfectamente cuando un paciente me dice que tiene miedo. Sé perfectamente cómo es ese miedo, porque yo también lo sentí”.

“Hace 35 años no había apenas tratamientos y no en todas partes. Eso supuso un esfuerzo importante en la familia y estar desplazada de mi lugar de origen, lejos de la gente que se preocupaba por mí, en un momento en el que los móviles no eran habituales”, recuerda. La ciencia ha avanzado mucho desde entonces. La doctora, que está especializada en tumores digestivos, ha visto “el nacimiento de las terapias dirigidas y la inmunoterapia y la evolución de la supervivencia y a pacientes que conviven con tumores de forma crónica y con muchos menos efectos secundarios”, pero también le da mucha importancia a la esfera social y la vida después del cáncer.

“En los fármacos delegas en el médico, pero cuando te preguntas qué vas a hacer con tu vida, si vas a poder estudiar, cómo vas a ir a trabajar... Es una incertidumbre que no delegas en nadie y estar acompañada en esos momentos es crucial”, desarrolla la doctora, a quien le amputaron una pierna con 20 años. “No sabía cómo iba a ser mi vida sin pierna, pero tengo un entorno que me cuida, compito en natación, en aguas abiertas... La vida no se acaba cuando te dice que ya no tienes cáncer, sigue con sus secuelas”.

El presidente de SEOM coincide en señalar que se está produciendo un cambio en la forma de abordar el cáncer. “Desde el diagnóstico, tenemos que empezar a valorar al paciente como un largo superviviente, cómo puede ser su evolución laboral, su fertilidad... cosas que antes, tal vez porque los tratamientos no eran tan eficaces, valorábamos cuando parecía que se había superado la enfermedad. Ahora tenemos que apostar por ese otro concepto de empezar a cuidar al paciente y que el paciente se cuide a sí mismo pensando en restablecer su vida”, explica De Castro.

El nuevo real decreto que regula la evaluación de tecnologías sanitarias, aprobado por el Consejo de Ministros a finales de mayo, ya establece la “participación sistemática de la sociedad civil” en estos procesos, con el objetivo de considerar “de forma explícita el impacto real en la calidad de vida de los afectados”, indicaban desde el Ministerio de Sanidad.

Este mismo lunes, la farmacéutica AstraZeneca, junto a la Alianza frente a la Metástasis: Innovación y Apoyo, presentó un informe en el Congreso en el que establece varias recomendaciones para integrar la calidad de vida de los pacientes como un elemento más en la práctica asistencial, la investigación clínica y en los criterios de financiación de fármacos y tecnologías, con la participación activa de los pacientes.

“Cuando hablamos de calidad de vida del paciente oncológico, hay que mirar más allá de la supervivencia: hablamos de la toxicidad del tratamiento, de los efectos secundarios, de cuánto tiempo y en qué medida podemos mantener nuestra autonomía en el día a día y de cómo influye a la larga tanto la enfermedad como la terapia en nuestro bienestar emocional y social”, señaló la presidenta de la asociación y autora del informe, Pilar Fernández.

Hola,

Imagina que tienes dolor articular, de cabeza, problemas para dormir, sofocos y cansancio. Tu médico o médica te prescribe un fármaco que alivia esos síntomas, pero vas a la farmacia y no está disponible. Optas por uno parecido, aunque no igual, pero unas semanas después tampoco lo encuentras por ningún sitio. 

Tal vez no tengas que imaginarlo. Seguro que conoces a alguien que te puede explicar esa sensación. Quizá seas tú quién la padece. Es a lo que llevan meses enfrentándose miles de mujeres —se calcula que entre 300.000 y 400.000— que han visto interrumpidos sus tratamientos paliar algunos efectos de la menopausia por problemas de suministro de terapia hormonal sustitutiva, que también afecta a las mujeres trans. 

Estos días, la ginecóloga y obstetra Rosa Almirall me contaba que las terapias frente a la menopausia tuvieron un boom en la década de los 80 del siglo pasado. “La industria farmacéutica puso mucho dinero y había grandes campañas para que todas las mujeres tomáramos hormonas para toda la vida”, recuerda. Pero, al cabo de unos años, varios estudios fueron rebajando los beneficios de aquella prescripción generalizada y alguno, incluso, comenzó a alertar de los riesgos o de la posible relación con el aumento de casos de cáncer de mama y el consumo se desplomó. 

“Desde hace unos años, están empezando a surgir voces dentro de la ginecología diciendo que, tal vez, quienes lo están pasando muy mal sí necesitarían esos tratamientos”, explica la experta. De hecho, actualmente, solo en torno al 4% de las mujeres con menopausia recurren a este tipo de terapias. 

O recurrían, porque los problemas de suministro comenzaron hace meses. En febrero, la Agencia Española de Medicamentos empezó a recibir información sobre incidencias relativas al pulverizador de estradiol Lenzetto. La Agencia contactó con la empresa, Gedeon Richter, que le comunicó que “estaba respondiendo con normalidad a la demanda”. Unos días después, trasladó que ya no tenía existencias y que todos los mercados se verían afectados durante 2026. 

A partir de aquí comienza un desabastecimiento en cascada. Pese a que el pulverizador es la forma más indicada, porque es la que menos riesgo de trombosis presenta, hay otras opciones, como geles o parches transdérmicos. Cuando la demanda pasa a estos, también comienzan a sufrir problemas de stock.

Las autoridades sanitarias confían en que los únicos parches de estradiol financiados actualmente (Evapod) comiencen a recibirse a mediados de este mes y que se recupere la normalidad a partir de noviembre. El laboratorio de Estradot, sin embargo, ha anunciado el cese de su comercialización, y para los de Estraderm se prevé un suministro “suficiente para su cuota de mercado”.

Sobre Lenzetto, la empresa ha comunicado que “reanudaría progresivamente el suministro desde noviembre y en 2027”, pero las autoridades sanitarias españolas no se fían, porque la información que ha ido facilitando Gedeon Richter “no siempre ha sido exacta”. 

Hay otra alternativa, Oestraclin Gel, que según la Agencia “ha aumentado su producción para poder afrontar un aumento de la demanda y mantiene un suministro continuado”. ¿El problema? No está financiado por el Sistema Nacional de Salud y, pese a los intentos de Sanidad por incluirlo, no lo ha solicitado.

Que “no estaban interesados”, habrían trasladado a los laboratorios que comercializan terapias sustitutivas al Ministerio. El motivo no ha trascendido, pero uno de los pasos previos a entrar en la cartera común de servicios es negociar el precio...  

Prescripción rápida

El reto de descifrar el aumento de cáncer en jóvenes

Hay una tendencia que lleva unos años preocupado a los oncólogos: la incidencia de determinados tipos de cáncer está aumentando entre algunos grupos de edad por debajo de los 50 años. Por ejemplo, entre 1993 y 2018, el de recto ha crecido a un ritmo del 13,8% anual entre hombres de 20 a 29 años; el de páncreas, más de un 11%; y el de colon, un 5,5%. Las mujeres de ese mismo grupo han visto incrementar el cáncer de colon un 21% y las de 30 a 39 años han registrado un 19,6% más de casos de páncreas. 

No quiero apabullarte con porcentajes. En este enlace tienes un par de tablas con los mayores incrementos por grupos de edad. 

La investigación está tratando de descubrir a qué se deben estos aumentos. Las causas, por el momento, parecen multifactoriales: desde cambios en los patrones nutricionales, en la microbiota, genéticos, por la contaminación o un conjunto de ellos.

Pero hay algo a lo que llevo dándole vueltas mucho tiempo: cómo afectan estos diagnósticos en el día a día —y en los muchos años de supervivencia estimada que han permitido las terapias innovadoras en muchos tumores— de personas jóvenes, como Sara, a quien le diagnosticaron cáncer de mama con tan solo 21 años, o Montse, que se enteró durante el embarazo de su segundo hijo. “Con esa edad, en la vida me lo hubiera imaginado”, me contaban en este reportaje. 

Con esto me despido hasta la semana que viene. Muchas gracias por llegar hasta aquí, el próximo sábado me tienes de vuelta en tu email. 

Buena semana y ¡salud!

En plena crisis por los problemas de suministro de terapias hormonales para las mujeres que padecen síntomas asociados a la menopausia, las empresas que ofrecen alternativas a esos fármacos no han solicitado su inclusión en el sistema de financiación pública, pese a los intentos de Sanidad. Según una nota difundida este viernes por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), el Ministerio “ha mantenido contactos” con estas compañías “con objeto de explorar su posible incorporación a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud”, que todavía no se ha producido.

Desde la Aemps señalaban esta semana que estas empresas habían trasladado al Ministerio que “no estaban interesadas” en la financiación pública, aunque desde el departamento que dirige Mónica García continúan “explorando las distintas posibilidades que puedan contribuir a garantizar una oferta suficiente de alternativas terapéuticas”.

La incorporación de un fármaco en la cartera común de servicios del sistema nacional de salud tiene varias implicaciones. La principal es que es el Estado quien financia ese tratamiento, totalmente o en parte. Pero, previamente, debe haber un acuerdo de fijación de precio mientras, si no está financiado, pueden poner el que quieran. Además, esta inclusión podría implicar un aumento de la demanda que, a su vez, requeriría de mayor capacidad de producción, algo para lo que la industria farmacéutica no siempre está dispuesta, preparada ni, en caso de que quisiera, es inmediata.

“El Ministerio continúa, por tanto, explorando las distintas posibilidades que puedan contribuir a garantizar una oferta suficiente de alternativas terapéuticas. En este contexto, cabe recordar que el precio de Lenzetto ya fue revisado al alza con anterioridad, precisamente con el objetivo de favorecer su permanencia en el mercado español”, aclaran desde la Aemps.

Los problemas de suministros, que han interrumpido o dejado sin tratamiento a decenas de miles de mujeres, se remontan a marzo, cuando comenzó a haber dificultades con el pulverizador de estradiol Lenzetto, indicado como terapia hormonal sustitutiva para aliviar síntomas de la menopausia, como los sofocos, los dolores articulares y de cabeza, el cansancio o los problemas para dormir, y también para mujeres trans.

Ante la ausencia de Lenzetto, muchas mujeres optaron por recurrir al estradiol en formas orales, parches transdérmicos o geles. Al margen del trastorno que supone el cambio de tratamiento —y que los protocolos recomiendan habitualmente la vía dérmica, porque tiene menos riesgo de efectos secundarios—, algunos de esos fármacos no están financiados, por lo que las usuarias deben pagarlos de su bolsillo.

Ese trasvase ha provocado, dicen desde la AEMPS, “desabastecimientos puntuales en cascada” y “problemas de stock intermitentes en algunas de las presentaciones de parches transdérmicos”. Ha ocurrido con Evopad, que sí están financiados y que Sanidad espera que vuelva a estar disponibles en octubre y ya en noviembre de manera regular.

“El laboratorio responsable de parches Estradot, con una cuota de mercado muy pequeña en España, ha anunciado el cese de comercialización”, indican. En el caso de Estraderm, la Agencia prevé “un suministro suficiente para su cuota de mercado”.

La empresa responsable de la comercialización de Lenzetto, Gedeon Richter, habría trasladado al Ministerio que “reanudaría progresivamente el suministro desde noviembre y en 2027”. Pero desde la Agencia Española de Medicamentos son escépticos: “Es una información suministrada por la compañía, que no siempre ha sido exacta”. De hecho, desde la Aemps señalan que el laboratorio “incumplió su obligación de informar con antelación de incidentes que le impidiesen cumplir con la obligación de mantener un suministro continuado del medicamento”.

Mientras tanto, Sanidad recuerda que hay alternativas, como parches o el gel por vía transdérmica Oestraclin Gel, “que no tiene problemas de suministro y ha aumentado su producción para poder afrontar un aumento de la demanda”. Son estos tratamientos los que el Ministerio que dirige Mónica García ha intentado, sin éxito ante la negativa de las empresas, incorporar a la financiación pública.

Los problemas de suministro, recuerdan desde este departamento, no ocurren solo en España. “Actualmente, existen problemas de suministro de Lenzetto, con distinto impacto y duración, identificados por las agencias reguladoras de medicamentos nacionales al menos en Francia, Italia, Suecia, Noruega, República Checa, Portugal, Dinamarca, Polonia, Irlanda, Grecia o Finlandia. Por eso la AEMPS también lo ha llevado a los diferentes grupos de trabajo europeos, coordinados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) para explorar la posibilidad de una actuación coordinada”, indica la Agencia.

Cuando la doctora pronunció la palabra “cáncer”, Sara ya no escuchó nada más. “Con 21 años, en la vida me lo hubiera imaginado”, explica la joven. En mayo de 2025 se había encontrado un pequeño bulto en el pecho y, aunque al principio no le dio importancia, su abuela y una amiga la animaron a mirárselo: “El médico me dijo que era un bulto de grasa, pero como soy una persona muy nerviosa y terminé llorando en la consulta, me puso la ecografía preferente”. Dos reclamaciones y casi seis meses después, llegó la prueba y en cuestión de días la rutina de esta chica, natural de Puertollano, dio un vuelco. Tratamientos, intervenciones y efectos secundarios. También, empezar a asumir que ser joven, tener hábitos saludables y una buena salud no blinda ante la enfermedad.

Casos como el de Sara preocupan cada vez más a oncólogos e investigadores, que han empezado a percibir en los últimos años un aumento de algunos tumores entre los grupos de edad más jóvenes. “El cáncer es una enfermedad de personas adultas, con una edad media de 65 años, que está bajando”, reconoce la jefa del Grupo de Epidemiología Genética y Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Núria Malats.

Un estudio, publicado este año en la revista European Journal of Cancer y que analiza los datos de la Red Española de Registros de Cáncer (Redecan), muestra que la incidencia del cáncer de pecho en mujeres de entre 20 y 29 años ha aumentado un 2,3% anual entre 1993 y 2018. No es el mayor incremento: el colon entre ese mismo grupo ha crecido más de un 21% al año; el de recto, casi un 10%; el de páncreas entre mujeres de 30 a 39 años, un 19,6%; el de cérvix entre mujeres de 30 a 39 años, un 9,3% anual entre 2012 y 2018, tras años de caída.

En el caso de los hombres, también hay datos preocupantes. Entre 1993 y 2018, los casos de cáncer de recto han aumentado a un ritmo del 13,8% anual entre jóvenes de 20 a 29 años; el de páncreas, más de un 11%; y el de colon, un 5,5%. Y la incidencia de estómago ha aumentado un 9,8% anual entre 2012 y 2018 en el grupo de edad de 30 a 39.

Pese a estos incrementos, el cáncer es una enfermedad —decenas de ellas, en realidad— que sigue estando más presente a mayor edad. De los 301.884 casos diagnosticados en España en 2025, según los datos del último informe Las cifras del cáncer en España, de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), solo 16.432 —el 5,4%— fueron por debajo de los 45 años de edad.

Ese bajo porcentaje, en cualquier caso, no hace relajarse a las expertas. “Necesitamos entender qué produce ese aumento, si las alteraciones moleculares del tumor son las mismas que en personas mayores, cómo interacciona con el sistema inmunitario, el microbioma... Es muy multifactorial. Ese es el gran reto que nos pone por delante el problema del cáncer en personas jóvenes”, reconoce Malats, que este jueves participó en unas jornadas del CNIO sobre esta cuestión.

El fenómeno es mundial, aunque heterogéneo, porque varía en función del tipo de tumor y del país. Este año, tanto la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica como la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer han abordado este asunto en sus respectivos congresos, donde se pusieron sobre la mesa diversas hipótesis, desde el aumento de alimentos ultraprocesados, la obesidad, las toxinas de microorganismos o los productos químicos.

Explorando diferentes hipótesis

“Estamos explorando diferentes hipótesis”, apunta Malats, que lidera en el plano internacional la investigación en factores genéticos y ambientales asociados al cáncer, en especial al de páncreas. Una de las vías que están explorando son las firmas genéticas de los tumores, pero también todas aquellas exposiciones ambientales y factores no genéticos que impactan en una persona desde su concepción —e incluso antes— hasta la muerte.

“No descartamos exposiciones en el periodo pre o perinatal que pudieran tener algún efecto, incluso en generaciones anteriores de las madres o las abuelas, que tienen que ver con los cambios en los estilos de vida, el metabolismo, la epidemia de diabetes y obesidad, los alimentos ultraprocesados o el consumo de alcohol, la contaminación atmosférica o los nanoplásticos. Son exposiciones que van sumándose, incluso en dosis bajas”, explica la experta.

La secretaria científica de SEOM y oncóloga médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, Isabel Echavarría, apunta a algunos factores en determinados tipos de cáncer, como el de colon. “Cada vez hay más evidencia sobre la asociación de la colibactina —una toxina producida por algunas cepas de Escherichia coli— y estos tumores, especialmente en edades jóvenes, pero es difícil cuantificar cuál es el riesgo”, admite, que indica que los cambios en la microbiota —el conjunto de microorganismos que habitan en el ser humano— también pueden jugar un papel relevante.

Más allá del diagnóstico, las consecuencias médicas y sociales son diferentes en según qué grupos de edad. “La edad no es un criterio para cambiar el tratamiento como tal, pero sabemos que algunos tumores, como el de mama, suelen ser más agresivos en pacientes muy jóvenes. Esto hace más probable que reciban tratamientos más agresivos y una supervivencia esperada más larga, por lo que puede tener más opciones de una recaída que una persona de más edad, a la que tal vez no le dé tiempo”, señala Echavarría.

Montse tiene ahora 49 años y tuvo una recaída en octubre. “El miedo [a que vuelva a aparecer] nunca se supera, hay que aprender a vivir con él”, avanza. Su primer diagnóstico fue hace más de 12 años, durante el embarazo de su segundo hijo. “Con esa juventud, no te lo esperas”, coincide con Sara. Tenía dos tumores en el pecho, uno común y otro más agresivo. Y un miedo y una incertidumbre “que te bloquea por completo”.

El impacto en una persona joven tiene otros condicionantes sociales y económicos. “Muchas veces, no conciben que van a tener un cáncer. Además, están en edades muy activas sociolaboralmente, con familiares a cargo, sin saber cómo gestionarlo con sus hijos si son pequeños, con problemas para reincorporarse al trabajo...”, enumera la oncóloga del Gregorio Marañón.

Además de los tratamientos, la operación y la rehabilitación, Montse pasó aquellos meses haciéndose muchas fotos. “Pensaba: el mayor, que tiene cinco años, me recordará, pero si me muero, el pequeño no se acordará de mí”, recuerda la mujer, para quien en aquel momento los niños fueron su motor: “Tenía mucho miedo, no a perder mi vida, sino a dejarlos sin su madre, a no verles crecer”.

En esos momentos, la red de apoyo es fundamental. “A veces estaba en la cama y el niño demandaba bibe, pero yo no podía. Tiras de la familia y si no tienes... lástima de esas personas, que también las hay”, lamenta Montse, que es la fundadora de la asociación Lanza Sueños, en la que acompaña a pacientes durante y después de su enfermedad, cuando se abre un camino muchas veces olvidado. Ella, por ejemplo, acude a una unidad de paliativos del dolor que le quedó como secuela.

“En el mejor de los casos, te dan una incapacidad total, que es el 55% de tu salario base. Si no tenías un sueldo muy alto, son 400, 500 o 600 euros y, aunque puedes hacer otro trabajo, no tienes formación ni experiencia, ya tienes una edad y llevas encima el estigma de ser un paciente oncológico”, denuncia Montse. Un estigma que hacía que, hasta julio de 2023, no pudieran contratar un seguro ni pedir una hipoteca.

Sara reclama también empatía y respeto a pie de calle: “A la gente le impacta, porque ven que soy joven, pero notas como te miran al pasar y cuchichean, pero se pueden hacer las cosas de otra manera. Bastante mal lo pasas al verte sin pelo y con un pañuelo, para que te hagan sentir más rara”.

Con 18 años, a Liamar le diagnosticaron colitis ulcerosa, una enfermedad crónica que le hizo pasar por decenas de consultas, dolores horrorosos y dos operaciones a vida o muerte. También, cargar con una bolsa de ostomía por la que evacuar los desechos de su organismo. El calvario médico no le impidió realizar algunos de sus sueños, como estudiar un año en China, ni tener una vida normal, pese a las dificultades. La joven utilizó sus redes sociales para hacer divulgación, participaba en asociaciones de pacientes y realizaba talleres en colegios e institutos para dar visibilidad a la enfermedad.

Liamar murió, a los 33 años, el lunes 14 de noviembre de 2022, tres días después de someterse a una cirugía para, supuestamente, mejorar sus posibilidades de ser madre. Antes del procedimiento, concertado a través de la clínica con vínculos religiosos Fertílitas, no fue informada de los riesgos específicos de la operación, que acabaron materializándose y que no se controlaron.

Por esta mala praxis, que le costó la vida a la joven, la cirujana que realizó la intervención ha sido condenada por el Tribunal de Instancia de Madrid nº 33 a indemnizar a su familia con 210.000 euros. “Es una forma de que la justicia reconozca que se ha hecho algo terrible, pero el dinero no nos importa. Hemos perdido a Lía y esta mujer sigue ejerciendo como si nada”, lamenta Álvaro, su entonces pareja de hecho.

La pareja sabía que tenía complicado quedarse embarazada de forma natural. Las intervenciones a las que se había sometido Liamar a causa de su patología previa habían provocado pequeñas cicatrices —conocidas como adherencias— que afectan a la fertilidad y, a mediados de 2022, le habían detectado un quiste con bajo potencial de malignidad, que no hacía necesario que fuera extirpado.

“Ella aportó muchísima documentación sobre sus antecedentes, su caso específico, la ostomía... pero nos lo vendían como un proceso mucho menos invasivo que la fecundación in vitro, con todo ventajas y una tasa de éxito muy alta”, recuerda Álvaro. “Después de un montón de ingresos, tuvo que ir a un psicólogo para superar el miedo a los hospitales, así que, cuando decidió someterse a esta intervención, fue porque se lo vendieron muy bien, como un tratamiento natural, no invasivo, como si al día siguiente fuera a estar en casa”, coincide su madre, Alina.

La negligencia que acabó con su vida ha privado a la joven de tener su propio relato, pero la sentencia es clara en varios puntos. Y uno de ellos coincide con el testimonio de sus seres queridos. Con la documentación aportada por las partes, la jueza concluye que “no consta que ni la paciente ni su familia fueran informados previamente que a los riesgos a la operación se añadía un riesgo personalizado y específico” por sus patologías previas.

De hecho, Liamar tuvo que firmar tres consentimientos informados para la histeroscopia diagnóstica, la laparoscopia y la anestesia. Sin embargo, lo hizo minutos antes de ser trasladada al quirófano y, en los documentos, el apartado 'riesgos personalizados' aparece en blanco, indica la sentencia. Según el informe del perito del Colegio de Médicos de Madrid que cita la jueza, “la situación exigía haber informado a la paciente de los riesgos específicos y añadidos que esta cirugía entrañaba en su caso. Más aún cuando no se trataba de una cirugía urgente”.

Entre esos peligros, menciona el perito el “riesgo nada despreciable de perforación intestinal”. Fue, de hecho, lo que acabó ocurriendo. Las pruebas que se le realizaron tras la intervención ya hicieron sospechar de una perforación intestinal y, cuando tiene que volver a ser intervenida de urgencia, los cirujanos del hospital privado donde se había reservado el quirófano identifican hasta tres lesiones.

Además, la sentencia señala que la doctora incurrió en mala praxis al “ignorar el resultado claramente patológico de la procalcitonina y la proteína C reativa”. Ambas sirven para detectar infecciones bacterianas graves y sepsis y, en el caso de Liamar, sus valores ya apuntaban en esa dirección. Pese a ello, la doctora acabó “concluyendo que estaban alterados por el curso normal del postoperatorio”. La sentencia recoge, no obstante, que “de haberle dado la importancia a dichos resultados”, que solicitó “ante una previsible sospecha clínica” y de los que el propio laboratorio alertó, “la doctora habría podido haber diagnosticado de forma precoz una sepsis”

Una nueva “ciencia reproductiva”

Fertílitas es una clínica de fertilidad basada en la naprotecnología, que definen como una “nueva ciencia reproductiva que está revolucionando el mundo de la fertilidad” y una “verdadera alternativa a la reproducción asistida”. “Trata la infertilidad no como un problema inamovible, sino como síntoma de problemas de salud que es preciso diagnosticar para proponer un tratamiento médico. Una vez tratadas esas causas, tanto del hombre como de la mujer, las parejas ven mejorada su salud reproductiva”, explican desde la compañía.

La naprotecnología lleva a cabo intervenciones médicas reales, pero su eficacia como método para atajar la infertilidad no está demostrada. Una revisión de estudios sobre la efectividad y la seguridad de la medicina reproductiva restaurativa concluye que “no existen estudios comparativos que permitan establecer estimaciones fiables sobre su seguridad y eficacia frente a las técnicas de reproducción asistida o a la concepción sin asistencia médica en parejas con infertilidad”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no menciona estas técnicas en su Guía para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad, publicada en 2025.

La naprotecnología fue creada por el ginecólogo y obstetra estadounidense Thomas W. Hilgers. Este doctor fundó el Instituto San Pablo VI sobre fertilidad natural —abre su web una fotografía de Hilgers con el Papa Juan Pablo II— y ha trabajado en el Consejo Pontificio para la Familia.

En un informe pericial trasladado al juzgado por la propia demandada se indica que “muchas parejas recurren a este método por sus convicciones morales o religiosas, ya que no implica la manipulación de embriones, ni tampoco es invasiva, si excluimos las técnicas quirúrgicas que en ocasiones son realizadas pero de forma mínimamente invasivas”.

En ese documento —a petición de la propia doctora—, el experto ya indica que “los resultados de esa técnica [en el caso de Liamar] son de escasa tasa de embarazo posterior”, aunque descarta que la intervención fuera llevada a cabo por motivos mercantilistas. Algo que niega el abogado de la familia de la víctima, Álvaro Sardinero: “La indujeron a llevar a cabo una operación quirúrgica muy arriesgada y con posibilidad cierta de muerte, a sabiendas de que el resultado iba a ser infructuoso y que las posibilidades de lograr el objetivo —el embarazo de forma natural— era del 0%”.

“Yo no conocía la clínica y creo que ella tampoco, ni sabía quién era el presidente, ni su filosofía detrás. Ves que solo atienden a parejas hombre-mujer... Esa no era la forma de pensar de mi hija”, explica su madre. El director y cofundador de Fertílitas es Álvaro Ortega, quien también preside la asociación anti derecho al aborto Fundación +Vida.

Desde la clínica evitan valorar la sentencia “por respeto a la persona fallecida y a sus familiares y amigos, así como al proceso judicial”, pero recuerdan que “Fertílitas no es parte” del mismo. De hecho, solo está condenada la cirujana M.L., que sigue formando parte del cuadro médico de la empresa. Todos ellos prestan sus servicios como “profesionales autónomos”.

Preguntada por si ha tomado alguna medida tras el fallecimiento de la paciente, desde la clínica señalan que “cumple con todos los protocolos y sistemas de gestión de riesgo habituales en la prestación de servicios sanitarios, incluyendo, por supuesto, la obtención del permiso informado por parte del paciente”. La respuesta es contraria a lo que marca la sentencia por la que ha sido condenada la cirujana, que recoge que “no consta” que la paciente fuera informada del “riesgo específico y personalizado” al que se sometía.

Desde la clínica apuntan que se ha “llevado a cabo un completo análisis de lo sucedido, incluyendo la solicitud de informes periciales a profesionales médicos independientes y de testimonios de pacientes de la doctora. En ese sentido, los informes periciales han manifestado que la actuación de todo el equipo médico se llevó a cabo según Lex Artis, con la debida agilidad y adoptando en todo momento las medidas concretas”.

De nuevo, este argumento contradice la sentencia, que refiere claramente que “la asistencia médica prestada no fue correcta ni se ajustó en todo momento a la más estricta 'lex artis ad hoc' y buena praxis médica”. Por ello, condena a la cirujana a pagar un total de 209.724 euros a los familiares de la víctima. Sin embargo, no aborda la inhabilitación, lo que le permite seguir ejerciendo la medicina, como recuerda desde Fertílitas.

Contra la sentencia cabía recurso, pero la demandada no la recurrió y, por tanto, fue declarada firme por los tribuales. La cirujana ha declinado responder a las preguntas de este medio.

El Gobierno ha presentado la candidatura de la doctora española María Neira a la carrera para dirigir la Organización Mundial de la Salud, según ha adelantado Health Policy Watch. Neira ha trabajado sobre el terreno en zonas de conflicto en África y Centroamérica con organizaciones como Médicos Sin Fronteras y fue directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS durante dos décadas.

“Me cuesta encontrar palabras para expresar lo que significa este momento para mi”, ha escrito la epidemióloga en su cuenta de Linkedin, donde ha expresado ser “plenamente consciente de la responsabilidad que esto conlleva”.

La candidatura de Neira cuenta con el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil. El pasado lunes, la Mesa ciudadana y sociedad civil planetaria, que representa a más de un centenar de asociaciones, reclamó al Gobierno español que formalizase la candidatura de la doctora y epidemióloga, “no solo como una postulación solvente”, sino como “un activo de alcance planetario en su momento de mayor vigor y plenitud directiva para liderar los cambios estructurales que la comunidad internacional demanda”.

“Frente al impacto acumulado de los conflictos armados, las crisis económicas, las migraciones forzadas, la pobreza estructural y las emergencias climáticas marcadas por olas de calor extremo, la conducción sanitaria mundial requiere una personalidad de incuestionable solvencia técnica y coraje ético”, defienden estas asociaciones, que insisten en que “la trayectoria de la doctora María Neira reúne virtudes humanas y capacidades de gestión técnica difícilmente igualables en el panorama sanitario internacional”.

El plazo para presentar candidaturas se cerraba este jueves a las 18 horas y la nueva dirección de la OMS se elegirá en la 80ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en mayo de 2027 en Ginebra. En la terna están también el doctor belga Hans Kluge, la saudí Hanan Balkhy, la experta en gestión sanitaria y ministra de Sanidad catarí Hanan Al-Kuwari y el ministro indonesio Budi Gunadi Sadikin.

Desde la Mesa ciudadana consideran que Neira “supera cualitativamente los perfiles burocráticos o estrictamente regionales de los candidatos promovidos por otras naciones, al amalgamar la credibilidad del laboratorio científico, el conocimiento directo de las trincheras humanitarias y dos décadas de experiencia normativa en Ginebra”.

Además de ser experta en salud pública, el perfil de Neira aborda un enfoque basado en la prevención y los efectos de la crisis climática en la salud y cuenta con el respaldo, entre otros, del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, comunidades del sur global y diferentes colectivos y entidades.

El Gobierno ha impulsado en los últimos meses varias carreras en organismos internacionales, aunque de perfil diferente. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz está ya haciendo campaña para liderar la Organización Internacional del Trabajo y el ministro Luis Planas se postula para ponerse al frente de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

“Creo profundamente en la OMS. Conozco sus equipos, sus fortalezas y todo lo que el mundo espera de ellos. También sé que una organización puede mover montañas cuando une ciencia, países y poblaciones en torno a un objetivo común: una mejor salud para todos”, ha indicado la candidata.

Los jefes de los servicios quirúrgicos y de anestesiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal han difundido este miércoles un comunicado en el que justifica los cambios de prioridad en las intervenciones, cuando la inclusión inicial “no se ajusta a los criterios clínicos” establecidos en cada especialidad. “Una de nuestras obligaciones es revisar y en su caso modificar esa clasificación con el objetivo de garantizar la equidad y evitar perjuicios al conjunto de pacientes que esperan una intervención quirúrgica”, defienden.

La comunicación busca salir al paso de las “recientes informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación sobre la gestión de las listas de espera”. Se refieren a los cambios ordenados en la prioridad de hasta 57 pacientes, pasándolos de preferente a normal, lo que amplía el plazo máximo para ser intervenidos de 90 a 180 días, que tanto Más Madrid como Facua han llevado a la Fiscalía por presunta prevaricación y falsedad documental.

Los jefes de servicio indican ahora que “la inclusión de un paciente en lista de espera quirúrgica es una decisión exclusivamente médica, adoptada por facultativos especialistas atendiendo a criterios clínicos”. “La asignación de prioridad se establece únicamente en función de la gravedad de la patología, el riesgo de deterioro de la salud del paciente y las necesidades asistenciales derivadas de su situación clínica”, apunta.

Del mismo modo, explican que cada facultativo puede “modificar el nivel de prioridad respecto a otros pacientes a su cargo” cuando considere que “la evolución de un paciente o sus circunstancias clínicas justifican” ese cambio. La información publicada por El País señala, no obstante, que en más de medio centenar de casos esas modificaciones se llevaron a cabo sin informar ese médico responsable, que es quien atiende al paciente y marca la prioridad.

“Los jefes de servicio, junto con los de sección y unidad, somos los responsables últimos de velar por la correcta aplicación de los criterios clínicos establecidos en cada especialidad. Cuando se detecta que una inclusión o una asignación de prioridad no se ajusta a dichos criterios, una de nuestras obligaciones es revisar y en su caso modificar esa clasificación con el objetivo de garantizar la equidad y evitar perjuicios al conjunto de pacientes que esperan una intervención quirúrgica”, indican.

Tras el escándalo, desde el sindicato médico Amyts —que asesoró al cirujano que hizo pública la alteración de las listas— señalaron que “no llama la atención” esos cambios, que se hace “en prácticamente la totalidad de centros”. En una línea similar se manifestó la ministra de Sanidad, Mónica García, que trabaja en un real decreto para reformar estos registros y “evitar el maquillaje”.

Desde la Comunidad de Madrid, por su parte, han negado que se maquillen las listas de espera y la consejera del ramo, Fátima Matute, señaló directamente al cirujano que denunció los hechos. Las manipuló él, acusó, “para trabajar menos y operar casos menos complejos”.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado que trabaja en un Real Decreto para actualizar la forma en la que se registran las listas de esperas, para “evitar el maquillaje” y “garantizar su transparencia y trazabilidad”. Desde el departamento que dirige Mónica García llevan meses intentando impulsar una reforma de estos registros, que realizan las comunidades autónomas, y que ha tenido algunos reveses. El último, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este verano, donde, según la propia ministra, los nuevos criterios “no fueron aprobados” por las consejerías.

En este nuevo intento, el Ministerio prepara un Real Decreto, que entra en vigor tras ser aprobado en Consejo de Ministros, pero que requiere de su convalidación en el Congreso en un plazo de 30 días.

Según explican desde este departamento en un comunicado, el texto en el que trabajan establece que los pacientes “entrarán en lista de espera desde la indicación médica” y los datos “se desagregará por prioridad clínica y gravedad”. Además, “la norma prohibirá expresamente la existencia de listas, bolsas o registros paralelos de pacientes pendientes de una consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica”.

Es decir, la norma prohibirá prácticas como mantener listas 'b' de espera, fuera de los registros, o mantener a pacientes fuera de estos conteos hasta que realizan determinadas pruebas, aunque ya les haya sido indicada la operación. Y abarcará también pruebas diagnósticas y terapéuticas.

El anuncio de este Real Decreto, todavía sin fecha de aprobación, se produce una semana después de que se conociera que desde el servicio de traumatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid modificaron la prioridad de 57 pacientes para pasar de un máximo de 90 a 120 días y así cumplir con el tope exigido.

La nueva norma incorpora otras novedades, como que los pacientes derivados a centros concertados sigan permaneciendo en la lista “hasta que se confirme que han recibido la atención indicada”, incluso cuando rechacen acudir a centros privados porque prefieran la atención pública, o que se incluya en las estadísticas el tiempo que se espera por una consulta de Atención Primaria, tanto a medicina de familia y pediatría como a enfermería.

Además, “en las consultas externas y las pruebas diagnósticas y terapéuticas se publicará también el número y porcentaje de pacientes que están en lista de espera pero todavía no tienen una cita asignada”. El objetivo es “avanzar hacia el cálculo del tiempo que trascurre desde la indicación de la primera consulta, hasta la obtención de un diagnóstico, lo que permitirá conocer mejor el recorrido asistencial del paciente”, apuntan.

Desde el Ejecutivo quieren reforzar también el derecho a la información de los pacientes, que “podrán conocer su situación en la lista, cuánto tiempo llevan esperando y la demora estimada para su proceso”. En concreto, habrá que hacer un registro exhaustivo de una quincena de pruebas diagnósticas y terapéuticas y se ampliará de 15 a 20 las intervenciones quirúrgicas sometidas a seguimiento.

“La nueva norma permitirá modernizar los criterios utilizados para medir las listas de espera y disponer de datos más completos, homogéneos y comparables en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”, indican desde Sanidad.

El Congreso ha dado luz verde definitiva a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Los cambios, que se publicaran en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días, son la mayor revolución en la atención a la dependencia desde la aprobación de la norma hace 20 años. Si en 2006 el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó la medida como un “hito histórico”, desde el actual Ministerio de Derechos Sociales hablan ahora de una “refundación del modelo de cuidados en España”.

Este miércoles, el Congreso ha votado las enmiendas introducidas por el Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta—, tras su paso previo por la Cámara Baja, donde la ley ya había sido aprobada —con la abstención de los 'populares' y el voto en contra de Vox—.

Los cambios afectan a dos normas, que hacen de guía al sistema de cuidados a la dependencia, que son competencia de las comunidades autónomas: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Respecto a la reforma de la Ley de Dependencia, uno de los principales cambios es se reduce el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia de seis a tres meses y se eliminan las incompatibilidades a la hora de recibir prestaciones. Por ejemplo, hasta ahora, si una persona dependiente quería ir a un centro de día algunas horas, mientras seguía viviendo en su casa, no podía solicitar también una prestación por cuidados en el entorno familiar o teleasistencia. A partir de ahora, podrá hacerlo.

Además, la nueva norma amplía el concepto del servicio a domicilio, que podrá prestarse más allá del propio hogar —por ejemplo, para acompañar a la persona dependiente a hacer recados o al médico— y reconoce la figura de la persona cuidador principal y la no profesional, que sale del ámbito exclusivamente familiar y se extiende a otras personas cercanas pero no emparentadas.

También sobre las cuidadoras, la reforma “garantiza por ley”, señalan desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy, quien ha pilotado estos cambios, que la Administración General del Estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales y la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas.

Cambios en Discapacidad

La otra norma que se ha visto afectada por estos cambios es la de discapacidad, que también tiene novedades importantes, algunos relacionados directamente con la ley anterior. A cualquier persona que se le asigne un grado I de dependencia, se le reconocerá automáticamente el 33% de discapacidad, y para las de los grados II y III, el 65%. “De esta manera, se desburocratiza el reconocimiento de la discapacidad, agilizado los procesos administrativos y reduciendo las listas de espera”, indican.

Además, reconoce la accesibilidad universal —que las personas con discapacidad pueda acceder a servicios y edificios públicos— como un derecho. Es decir, podrán exigirlo y se creará un Programa Estatal de Promoción a la Accesibilidad Universal. Además, se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente en las obras de accesibilidad en viviendas y se facilitan los requisitos para solicitar estas ayudas.

Hay más novedades. La reforma fija por ley que la atención temprana es un derecho subjetivo de los niños y niñas de cero a seis años; regula la figura del facilitador procesal para evitar situaciones de indefensión en los procesos judiciales; y prohíbe la discriminación en los seguros de salud, que será ilegal.

7.000 millones más para dependencia

Estas reformas legislativas vienen acompañadas de una inyección de fondos para la dependencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en junio un incremento en las transferencias a las comunidades autónomas de hasta 7.239 millones de euros en 2027, casi el doble que en 2025.

El aumento de las cuantías ya empezó a notarse este mismo año, desde el mes de junio, porque para esto no hizo falta pasar por el Congreso. El Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que blinda por ley este aumento de las transferencias y compromete a este y los próximos ejecutivos centrales a financiar la dependencia al 50% con las comunidades autónomas. En el siguiente gráfico puede verse cuánto recibirá cada territorio en 2027 con y sin la ampliación.

El objetivo de este aumento de la financiación y de la reforma de las leyes es reducir las listas de espera, aumentar las ayudas a las personas en situación de dependencia y profesionalizar los cuidados con mejores condiciones laborales, para hacer atractiva esta profesión. Pero la pelota está ahora en el tejado de las comunidades autónomas, quienes tienen las competencias en este ámbito.

“Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028. Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas remen a favor para hacerlo una realidad”, afirmó el ministro Bustinduy.

Lo que queda fuera

Desde la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), han valorado “positivamente” la reforma, que supone un “avance e el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad”, pero han lamentado que no se haya eliminado el copago, una de sus “principales reivindicaciones”. “Valoramos que la reforma salga adelante porque incorpora avances importantes y mejora nuestro sistema de derechos y apoyos. Pero no podemos considerar terminado el trabajo mientras una persona con ELA deba tener que contribuir económicamente a unos cuidados que son imprescindibles para seguir viviendo”, señala su presidente, José Jiménez Aroca, en un comunicado.

A diferencia de otras votaciones, la norma llegó este miércoles al Congreso sin sobresaltos parlamentarios. Ya había sido aprobada en la Cámara Baja en primera vuelta —con la abstención del PP y el voto en contra de Vox— y cumplió su trámite en el Senado, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta —y votaron a favor— y donde se introdujeron más de medio centenar de enmiendas, que se votaron este miércoles. Entre ellas, eliminar el límite de edad de 26 años para la recepción de ayudas por parte de familias con hijos con enfermedades graves y que no fue aceptada. El Gobierno ya hizo uso de su capacidad de veto para bloquear las enmiendas que supongan un incremento presupuestario, como es el caso, y que en total cifró en 82 millones de euros.