Hola,

¿Cómo estás? De nuevo, espero que el calor te haya dejado respirar estos días. Parece que la ola que está arrasando Europa ha amainado un poco en España, aunque las altas temperaturas volverán a subir este fin de semana. Tendremos que prepararnos para esta nueva realidad. 

Nosotros hemos tenido un susto. El PP de Madrid ha intentado cancelar el Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es, que esta edición celebramos en Rivas Vaciamadrid. No lo han conseguido. El viernes celebramos un encuentro con socios, una conversación sobre el MeToo, el espectáculo Chistes contra Franco y disfrutamos de los conciertos de Señora!, Ariel Rot y un Dj Set de Inés Hernand. 

Si quieres acompañarnos, todavía estás a tiempo. Este sábado seguiremos por Rivas con un montón de actividades y conciertos. Te dejo aquí el programa. Pero no te olvides de la gorra y la crema solar. 

Volviendo a nuestros temas, esta semana el Gobierno ha anunciado un aumento de la inversión en dependencia. Serán un total de 6.200 millones de euros extra en dos años, que se suma a la aportación prevista que el Estado central transfiere a las comunidades autónomas.

En 2027, el Ejecutivo destinará a los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen las competencias en esta área, un total de 7.239 millones de euros. El Gobierno cumple uno de los puntos del acuerdo de coalición: llegar al 50% de la financiación. La otra mitad la aportan las comunidades.

Con anuncios de miles de millones como estos a veces cuesta poner las cifras en perspectiva —supongo que a ti también te pasa—, pero, si me permites una apreciación personal, me parece una inversión muy importante. Hablamos de mucho dinero, que puede ir destinado a reducir las listas de espera, blindar la atención a personas dependientes y mejorar las condiciones laborales de las cuidadoras. Si se gestiona bien —y eso es cosa de las comunidades—, ese dinero sirve para consolidar el derecho a los cuidados, en una población cada vez más envejecida y con más enfermedades crónicas. 

Imagino que los derechos a la sanidad o la educación, que ahora tenemos más o menos asimilados, comenzaron así, paso a paso. 

Las cifras de dinero, en cualquier caso, son estimaciones. La ley determina una cantidad que el Gobierno transfiere a las comunidades autónomas según el número de personas que tienen reconocido algún grado de dependencia. Las transferencias se van realizando mes a mes.

De esta forma, no todas reciben el mismo dinero. Aunque todas duplicarán las transferencias que reciben. Por ejemplo, Andalucía se llevará en 2027 un total 1.276 millones de euros, el doble de lo previsto. Madrid se llevará 453 millones más; Catalunya, 378 millones extra; y la Comunitat Valenciana, 357 millones. En este enlace puedes ver a cuánto asciende esa inyección extra en 2026 y en 2027. Es una lluvia de millones que no entiende del color político de los Ejecutivos autonómicos.  

Receta rápida

A 32 grados en el centro de salud

Las altas temperaturas se están notando en centros de trabajo, colegios e institutos y, también, en hospitales y centros de salud. El calor extremo que ha atizado a Euskadi estos días ha llevado a récord la venta de ventiladores, como los que harían falta en el ambulatorio que ha visitado mi compañera Maialen Ferreira en Bilbao. 

En este centro de salud, inaugurado en 2016, se alcanzaron los 32 grados a las 10 de la mañana del miércoles. “Queremos que se tomen medidas en condiciones y no parches”, le decía un trabajador, ante las “condiciones pésimas” en las que tienen que atender a los pacientes. Y a sí mismos: “Estamos cansados y deshidratados. Hemos tenido que atendernos entre nosotros por golpes de calor”. 

No es un problema aislado. Como te decía antes, vamos a tener que adaptar nuestras ciudades a esta nueva realidad... y tomar medidas para que la crisis climática no siga agravando la situación. Esto me recuerda a las conclusiones de una evaluación científica sobre esta última ola de calor: "Lo imposible se ha vuelto ahora posible". 

Con esto me despido por hoy (a no ser que te animes a pasarte por Rivas este sábado).

Pasa muy buena semana y ¡salud! 

Miles de millones de euros para “refundar el sistema de la dependencia”. Una inversión “sin precedentes” para llevar a cabo la “mayor ampliación de la red de protección social” en décadas. El anuncio del presidente del Gobierno de incrementar las transferencias a las comunidades hasta los 7.239 millones de euros en 2027 ha sido recibido con entusiasmo por entidades, asociaciones de pacientes y sindicatos. Los expertos, a la espera de la letra pequeña del real decreto aprobado este mismo martes en Consejo de Ministros, ponen el foco ahora en los ejecutivos autonómicos, encargados de gestionar la caja.

“No se debe permitir que, haciendo lo mismo, las comunidades reciban más dinero”, advierten desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Esta entidad, que ha sido crítica con lo que consideraban una paralización de la financiación, celebra ahora en un comunicado esta “buena noticia” y que “el Gobierno de España pasa de la retórica a los hechos”.

El gráfico de la evolución de la inversión estatal en dependencia muestra hitos claros. La puesta en marcha del sistema, los recortes tras la crisis financiera, la llanura hasta 2021, los incrementos progresivos desde entonces y el impulso ya en este ejercicio, anunciado también este martes, y que supone “la mayor inversión social de la legislatura”, en palabras del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha asegurado que se sientan “las bases de un nuevo modelo de cuidados, que ahora cuent con los recursos suficientes para garantizar un servicio público de calidad y un derecho subjetivo de la ciudadanía”.

A partir del 1 de julio, las comunidades autónomas recibirán una inyección extra de más de 1.700 millones, hasta un total de 5.500 para 2026. Para 2027, superarán los 7.000 millones.

Solo esos más de 1.700 millones extra de este ejercicio son más que la cuantía ordinaria que se transfirió anualmente desde 2011 —el primer año de Mariano Rajoy en la Moncloa— hasta 2020. Ese dinero, consideran los directores y gerentes de servicios sociales, “deben servir para agilizar los procedimientos y reducir la lista de espera, aumentar las intensidades del Servicio de Ayuda a Domicilio, incrementar las cuantías de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares, subir las prestaciones económicas vinculadas al servicio y autorizar compatibilidad entre prestaciones y servicios”.

Los objetivos

Pedro Sánchez ya marcó tres “objetivos fundamentales”: reducir las listas de espera, ofrecer más y mejores cuidados y dignificar las condiciones de quienes cuidan. Son los tres grandes retos que afronta el sistema de atención a la dependencia y que las expertas consultadas esperan que se puedan subsanar con esta inyección de recursos.

Las listas de espera es una de las tareas en las que más se ha avanzado y, a la vez, en la que más esfuerzos se requieren. Según los datos del Gobierno, estas se han reducido en un 50% desde 2020. “Pero no es suficiente”, ha admitido Sánchez. A finales de mayo, 155.352 personas con el derecho reconocido, estaban a la espera de recibir la atención y 110.108 más estaban a la espera de valoración. En el último año, unas 30.000 personas fallecieron esperando una ayuda.

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente son 180 días —seis meses—, aunque según los datos de los directores y gerentes en servicios sociales el cumplimiento es dispar entre comunidades. Solo Castilla y León (119 días), Aragón (122), Euskadi (131), La Rioja (144), Castilla-La Mancha (166) y Cantabria (171) están por debajo. En el otro extremo, Murcia (552), Andalucía (446), Asturias (411), Madrid (346) y Canarias (335).

Estas disparidades son el ejemplo de que cada comunidad autónoma deberá buscar su propia receta para mejorar el sistema. “No se puede decir de manera unívoca que todas se lo gasten en lo mismo, porque hay muchas diferencias entre unas y otras”, razona la presidenta de la Fundación Pilares de la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, que califica de “hito” el avance. “Lo importante es garantizar que ese dinero se gaste de manera clara para atender a las personas en situación de dependencia”, exige.

Rodríguez, que fue una de las autoras del libro blanco sobre dependencia previo a la norma de 2006, celebra que el Ejecutivo haya alcanzado al fin el compromiso del 50% de financiación del sistema. La medida, considera, bloquea una crítica habitual de las comunidades autónomas, que echaban en cara al Gobierno central la falta de fondos.

Mejorar las prestaciones

El otro área de mejora son las prestaciones. Aunque el número de beneficiarios de alguna ayuda a la dependencia está en máximos, con casi 1,7 millones de personas recibiendo una prestación, estas han sido catalogadas como 'low cost'. Actualmente, las prestaciones económicas de cuidadoras familiares, que suponen en torno al 45% del total, son de 262 euros al mes de media, y las económicas vinculadas al servicio, de 567 euros.

“Si tienes más dinero, puedes atender a más gente”, concede Rodríguez, que reclama que esa atención esté centrada en la persona y su familia. “Para hacer una buena valoración de cada caso y ofrecerle las ayudas que necesita esa persona, se requiere de profesionales formados, más ratios y la formación es fundamental”, continúa, tanto para el entorno de las propias usuarias como a nivel de profesionalización de las trabajadoras del ámbito de los cuidados.

Tanto los sindicatos como las asociaciones de pacientes llevan tiempo alertando del déficit de trabajadoras. Según los datos de CCOO y UGT, actualmente hay 555.000 personas empleadas en el sector, de las que 186.000 se incorporaron en el marco del Plan de Choque para los años 2021-2023 —cuando también se incrementó la financiación—. Con todo, las organizaciones sindicales estiman que harán falta unas 100.000 trabajadoras más.

“No podemos pedir cuidados de primera con condiciones laborales de segunda”, ha reconocido Sánchez, que ha pedido “dignificar las condiciones laborales” de estas trabajadoras, que lo son muchas veces por horas, con el salario mínimo interprofesional o de forma irregular.

“Consideramos que este incremento de financiación adicional debe realizarse estableciendo criterios de reparto con las comunidades autónomas, acordados previamente en el marco del diálogo y la concertación social para vincularlos a la atención preferente de servicios profesionales, prioritariamente de gestión pública directa, así como al cumplimiento de los estándares de calidad del empleo por parte de empresas y administraciones que operan dichos servicios”, han señalado UGT y CCOO en un comunicado conjunto.

En ese texto, los sindicatos mayoritarios reclaman la atención a las listas de espera, que se cumplan las ratios de plantillas y su elevación progresiva, que haya garantía de que las empresas y las administraciones públicas cumplen con las condiciones laborales y salariales establecidas en los convenios colectivos, el reconocimiento y la cualificación profesional de las trabajadoras y que se establezca un porcentaje mínimo de jornada, entre otras demandas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes un real decreto de financiación a la dependencia que dotará a las comunidades autónomas de 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027, cuando el Ejecutivo llegarán al compromiso de financiación del 50%. “Todos, antes o después, necesitamos alguien que nos cuide”, ha señalado Sánchez en una comparecencia previa al Consejo de Ministro, donde se aprobará la medida.

La medida, que desde el Ejecutivo califican de “histórica”, supone aumentar de forma estructural la partida que se transfiere desde el Estado central para la dependencia. Estos importes se incorporarán desde el nivel mínimo que reconoce la ley y la cuantía que reciben las comunidades se calcula por cada persona que tiene reconocida la dependencia. “La grandeza de un país no se mide por los rascacielos o las cuentas de sus grandes empresas, sino por como cuida”, ha señalado el presidente.

Es, ha dicho Sánchez, la “mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática”, que “multiplica por cinco la financiación estatal”. “No solo supone la mayor inversión social de esta legislatura y de la anterior, sino que es la mayor ampliación de la red de protección social de este país en décadas”, ha señalado el ministro Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha insistido en que se trata de una “inversión sin precedentes para refundar el sistema de la dependencia en España”.

El Estado central transfiere actualmente a las comunidades autónomas más de 3.600 millones de euros al año, por lo que la cuantía supondrá 6.200 millones más entre estos dos ejercicios y llegará al doble en 2027. Unas cantidades que las comunidades autonomas podrán dedicar a aumentar sus ayudas, contratar personal, reducir las listas de espera, mejorar los servicios que prestan, etc. Cuando Sánchez llegó a la Moncloa, en 2018, la financiación suponía 1.347 millones, trás “años de abandono”.

Esta cifra “récord” se alcanzará en el marco de una reforma del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia y supondrá un aumento de las cuantías que los gobiernos autonómicos reciben por cada persona que tiene reconocido algún grado de dependencia. En el caso del grado I, pasarán de 76 a 90 euros al mes por persona, un 18%; para los de grado II, se duplican, de 130 a 260 euros; y para los casos de grado III, subirán un 128%, de 290 a 660 euros al mes por persona.

El real decreto liderado por el Ministerio de Derechos Sociales, que deberá pasar por el Congreso, supondrá así mismo un blindaje de estos presupuestos, ya que revertir estos aumentos requeriría rehacer la normativa, si esta llega a aprobarse. Con esto, el Ejecutivo cumple el acuerdo de coalición de llegar al 50% de la financiación de una ley que alcanza a 1,6 millones de personas en todo el territorio, y avanza en la estrategia de cuidados que impulsó el ministro Pablo Bustinduy.

“Ese compromiso queda reflejado en la ley, lo que supone un avance irreversible para garantizar que nunca más el gasto en dependencia pueda ser moneda de cambio o variable de ajuste, como sucedió en la era de los recortes, pero también para asentar las bases de un nuevo modelo de cuidados que cuente, ahora sí, con los recursos suficientes para poder garantizar unos servicios públicos de la mayor calidad y un derecho subjetivo de la ciudadanía”, ha dicho el ministro.

Con este impulso el Ejecutivo persigue “reducir las listas de espera”, porque “cuando una persona necesita ayuda, el tiempo importa”, ha defendido Pedro Sánchez, que ha marcado también entre los objetivos que haya “más y mejores cuidados” y “dignificar las condiciones de quienes cuidan” porque “no podemos pedir cuidados de primera con condiciones laborales de segunda”.

Ese “andamiaje para la tranformación profunda” del sistema de dependencia, como lo ha denominado Bustinuduy, se levantará en torno a este real decreto, que el ministro quiere llevar al Congreso para su convalidación junto a las leyes de discapacidad y dependencia. El objetivo, ha dicho, es “dejar atrás el modelo asistencial y masificado y hacer posible un sistema personalizado y cercano, que permite que la gente pueda seguir viviendo en sus domicilios el tiempo que lo desee”.

Dos patas del estado del bienestar se tambalean. La educación y la sanidad llevan meses entre huelgas y movilizaciones por todo el país. El profesorado y el personal médico protestan cada uno por lo suyo, pero ambos colectivos expresan un malestar que trasciende la queja económica.

El profesor de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid Jorge Crespo señala que “ni siquiera en la etapa de la anterior crisis económica hubo tanta movilización” como la que se está produciendo estos meses. Los recortes y las políticas de austeridad de la década pasada redujeron las retribuciones, se retiró una paga extra y se eliminaron las tasas de reposición (se dejó de contratar funcionarios). Los conflictos actuales no son estrictamente nuevos, pero hay una conjunción de factores que los han hecho coincidir en el tiempo y en amplias zonas del territorio, “en una situación de aparente crecimiento económico, donde parece raro que haya tantas huelgas en marcha o previstas”.

A Luis Miller, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), no le sorprenden las protestas. Este sociólogo cree que son fruto del inmovilismo de la administración. “No creo que sea coincidencia [que docentes y médicos estén en huelga]. Desde antes de la crisis de 2008 no ha habido ningún intento de reforma estructural y se están viendo las costuras del sistema. Ha habido algún aumento de sueldo para compensar los recortes, pero se está notando la falta de reformas en dos décadas. En el sector privado, para bien y para mal, cada vez que hay una crisis se produce una reestructuración total. Nacen empresas, cierran otras, cambian estilos de dirección... Nada de esto ha pasado en lo público. Para mí es uno de los dos o tres principales problemas que tiene el país”, reflexiona.

Y ha explotado. En el caso de los docentes, sin que haya pasado nada especial. Y eso, que no haya pasado nada especial que provoque las protestas, habla precisamente de la gravedad de las mismas, cree Miller. “No es una cuestión reciente ni de que no haya presupuestos”, sostiene, es un malestar generado gota a gota, año tras año.

En noviembre, el Gobierno pactó con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF un acuerdo para la subida salarial de los funcionarios en un 11% acumulado hasta 2028, que beneficia a buena parte de las personas trabajadoras en huelga y muestra, que en muchos casos, las reivindicaciones no tienen que ver solo con la parte salarial. “La pérdida de poder adquisitivo de los salarios públicos es algo común, pero colectivo a colectivo, las motivaciones son distintas”, considera Crespo.

Las educadoras infantiles reclaman superar los salarios de subsistencia, cercanos al mínimo interprofesional, y que se enmarque su labor como una etapa formativa más y no solamente asistencial. El profesorado, que en el caso de Catalunya ha votado que no a un acuerdo que incluía una subida salarial de 600 euros mensuales, quiere trabajar mejor: que se reduzcan las ratios en las clases, que se rebaje la carga lectiva y que haya más profesionales para poder atender bien al alumnado. En la profesión médica exigen una mayor representatividad, mejorar su categoría profesional y trabajar menos horas.

Sin precedentes recientes

En el caso de los y las médicas, el conflicto escalado a nivel estatal no tiene precedentes recientes. Sí ha habido huelgas y movilizaciones a nivel autonómico, pero desde la Confederación de Sindicatos Médicos, una de las organizaciones que ha convocado los paros semanales que vienen produciéndose una vez al mes desde febrero, no recuerdan una situación similar en los últimos años. De hecho, el punto de inflexión ha sido el nuevo Estatuto Marco, la primera reforma en más de 20 años, desde que se transfirieron las competencias en sanidad a las comunidades autónomas, en 2002.

Aunque CESM convocó en octubre de 2020 una serie de paros por la aprobación de medidas excepcionales para cubrir las necesidades asistenciales derivadas de la covid-19, solo se celebró una jornada de huelga. La convocatoria terminó suspendiéndose por la llegada de una nueva ola de contagios. Desde entonces, los sindicatos han ido apretando en diferentes comunidades autónomas. En 2023, hubo conflictos en Madrid, Catalunya, Balears, Andalucía, Aragón, Extremadura o Navarra, Cantabria, Galicia o Murcia.

Los sindicatos de la mesa de negociación del Estatuto Marco —CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y CIG-Saúde— sí amenazaron a finales de 2025, en el marco de las conversaciones para alcanzar ese nuevo marco jurídico con una huelga indefinida en todo el Sistema Nacional de Salud, que acabó suspendiéndose tras lograr un preacuerdo con Sanidad.

El conflicto que guarda más similitudes con el actual tal vez sea el de 1995, cuando varios miembros del comité de huelga llegaron a encerrarse en el Insalud antes de la transferencia competencial. Ya entonces los sindicatos médicos reclamaban una mesa técnica y mejoras en la jornada laboral, así como un incremento salarial de hasta 100,000 pesetas mensuales en tres años. En aquel momento, como recoge la hemeroteca, la ministra del ramo, la socialista Ángeles Amador, llegó a acusar a los convocantes de “vender un engaño con mala fe”.

Esas palabras recuerdan a las de la actual titular de Sanidad, Mónica García, que ha acusado al Comité de Huelga de no ser “honestos” con los profesionales y de “deslealtad” en una negociación que está ya enrocada y por la que los sindicatos del ramo también han pedido otro interlocutor y la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Un malestar a fuego lento

El sector de la enseñanza lleva ya al menos dos años de protesta en protesta. En este caso —por el momento— son autonómicas y se dirigen contra los Gobiernos de las comunidades, pero el malestar es generalizado y se ha manifestado de norte a sur y de este a oeste en un constante in crescendo que ha acabado explotando esta primavera en Madrid, con las educadoras de Infantil, Catalunya y la Comunitat Valenciana. Pero antes habían sido Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Euskadi, Extremadura o Galicia.

El precedente más parecido fueron las huelgas contra los recortes de la pasada década, que acumularon 12 días de huelga, pero nunca había habido paros indefinidos de tanta duración como ahora: las educadoras de Infantil llevan desde abril en Madrid y los docentes valencianos estuvieron cuatro semanas seguidas.

El factor diferencial de estas protestas está en que la reivindicación salarial solo es una más en una serie de exigencias. El descontento viene cociéndose a fuego lento desde hace años. “La sensación de no llegar, de sobrecarga, está ahí desde que yo empecé como profesor”, cuenta Héctor Adsuar, responsable de Pública en la Federación de Enseñanza de CCOO, “y desde que soy delegado sindical estamos con las mismas reivindicaciones”. No son pocos años en ninguno de los dos casos.

Los males que agitan la profesión se pueden resumir en “cada vez más exigencias, pero sin recursos para realizarlas”, sostiene Adsuar. Y a la cabeza de todas ellas está la atención individualizada a la diversidad que impone la ley. El problema es que la Lomloe estableció esta medida, pero lo hizo sin proveer recursos para cumplir y sin obligar a hacerlo a las comunidades autónomas, que tienen las competencias. Y cada vez hay más alumnado con necesidades educativas, fruto a medias de los avances en el diagnóstico y de una mayor concienciación.

Y el profesorado no llega. Comisiones Obreras publicó un informe a principios de curso en el que calculaba que la diversidad en las aulas ha crecido un 75%, mientras los recursos para atenderla lo han hecho un 25%. “Es una combinación letal”, explica Adsuar. Una burocracia que aplasta, poca consideración social, el empeoramiento del ambiente en clase o incluso, estas semanas, el calor insoportable en los centros están disparando la desafección del profesorado hacia su trabajo, como ya advertía un informe de Esade del pasado mes de marzo.

“Las soluciones siempre son lentas”

Con estos conflictos en marcha, a los que se suman otros sectores específicos en determinados puntos del territorio, como los bomberos que han convocado paros parciales durante este mes en Murcia y mantienen protestas en Madrid, el experto en gestión pública Crespo advierte que “cuando se habla de la administración, las soluciones siempre son lentas”.

Miller se declara “pesimista”, también porque la política, que es donde están las soluciones, ha cambiado. “Los gobiernos son muy inestables, no hay mayorías. Durante las tres primeras décadas de la democracia pasaba que un partido llegaba al gobierno, entraba con mucha fuerza y durante esa primera legislatura hacía cambios de verdad. Eso se ha perdido”, advierte. Y nadie se atreve a realizar las reformas que, opina el investigador, necesita el país.

Hola,

¿Cómo estás? Espero que la ola de calor con la que amenazan este fin de semana los termómetros te pille a la sombra o a remojo. O en una casa bien climatizada. La vivienda, ya sabes, es un tema que da para mucho. Es una de las patas sobre las que se sustentan nuestros proyectos de vida, nuestro bienestar y, por supuesto, nuestra salud física y mental. 

Esta semana, un estudio de Oxfam arrojaba un dato preocupante. Dedicar más de un 30 o un 50% de sueldo al alquiler aumenta la probabilidad de tener problemas de salud mental entre los jóvenes. Tiene sentido: el agobio de agotar la mayor parte de los ingresos el mismo día que llega la nómina, la ansiedad de no poder ahorrar, el estrés de no llegar a fin de mes, las noches sin dormir o la frustración de trabajar y no tener nada. 

No es una cuestión de esfuerzo, hablamos de gente que trabaja —al menos, lo mismo que cualquiera—, pero el aumento de los alquileres y del precio de la vivienda se ha disparado mucho más que los salarios. Esto ha provocado que la salud mental autopercibida de las personas de entre 16 y 34 años que dedican entre un 30 y 50% de sus ingresos al alquiler sea mala o regular en más del 40% de los casos y que llegue a uno de cada dos cuando dedican más de la mitad de su sueldo a pagar la renta. 

Puedes leer toda la información sobre el estudio en este enlace. Como ya sabes que nos gusta ponerle cara y voz a los números, estos días hemos publicado también un reportaje sobre cómo la crisis de vivienda se cuela en la consulta del psicólogo. A Álvaro, que comparte piso en Alcorcón, el miedo a que le subieran el alquiler no le dejaba dormir por las noches; Chus tuvo que elegir entre comer y pagar el alquiler, así que acabó endeudándose. 

Me impactó mucho leer una de las frases que esta mujer de 66 años le contó a mi compañero Guillermo Martínez: “Pasé por un linfoma en el corazón y luego una quimio bastante dura. Ahí no tuve miedo, pero sí se lo tuve a estos señores que nos querían echar y que eran grandes tenedores”. 

Su caso me ha traído a la cabeza a Maricarmen, la mujer de 87 años que lleva meses luchando contra un intento de desahucio en Madrid. Sobre ella ha escrito mi compañero Germán Aranda en el nuevo boletín de elDiario.es, 'Una casa para vivir'. Si te interesan los temas de vivienda, te animo a que te suscribas en este enlace. 

Receta rápida

Vivir con 17 personalidades

Esta historia es bastante espectacular. De hecho, he visto alguna película de ficción que aborda este trastorno, aunque Sergi recela de la imagen que se proyecta en el cine y las series. Sergi ha sido diagnosticado con Trastorno de Identidad Disociativa (TID) y amnesia disociativa. Este hombre, que según su DNI tiene 41 años, es también Queco, Marcos y Daniel. En total, dentro de 'el cuerpo' conviven 17 personalidades.

En el TID, la persona desarrolla dos o más personalidades distintas, que se van alternando. Cuando una de esas identidades toma el control, solo tiene recuerdos de esa vida, así que Sergi está tratando de reconstruir su pasado. Su caso es interesantísimo y puedes leerlo completo aquí. 

Él hace una reflexión muy curiosa, casi filosófica, sobre las interacciones con todas esas personas que se ha ido encontrando y que le están ayudando a montar el puzle de sus identidades: “Todo el mundo me decía que era buena persona. Daba igual cómo me llamase o dónde hubiese nacido. Había hecho cosas buenas por ellos. Nadie me dijo que era un cabrón. Habré tenido 17 identidades, pero no he ido haciendo el mal por el mundo”. 

Me quedo con esa idea.

Por cierto, antes de despedirme, tengo un plan que te puede interesar. El próximo fin de semana —el viernes y el sábado—, celebramos en Rivas-Vaciamadrid el V Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es. Serán dos días de periodismo, conciertos, debates, entrevistas, espectáculos... Si te pilla cerca, te animo a que nos acompañes. Los encuentros son abiertos y gratuitos, aunque en algunos es mejor reservar entrada. Aquí tienes el programa completo. 

Ahora sí, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos el finde que viene en tu email (y... ¡Ojalá en el Festival!). Muy buena semana y ¡salud!

Todo comenzó en una excursión por el fin del mundo a bordo de un crucero de lujo y terminará este domingo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había recomendado una cuarentena de 42 días para los pasajeros del buque MV Hondius, donde se detectó el brote de hantavirus que, al menos en España, puede darse por concluido este 21 de junio. De esa 'Odisea Atlántica', como la naviera llamó a la expedición, han quedado algunas lecciones y ha reforzado el convencimiento de los científicos de que “la salud pública no tiene fronteras”.

Desde que el pasado 2 de mayo se notificó el primer caso de hantavirus, la OMS intercambió cientos de notificaciones con diferentes países. Unas 800, en apenas veinte días, según los datos de la organización. Entre ellas, las negociaciones con España para que acogiera el crucero, varado frente a la costa de Cabo Verde, y desembarcara al pasaje, tocado anímicamente por la incertidumbre y el fallecimiento de tres personas que habían viajado en MV Hondius.

Una de las comunicaciones que cambió el curso de la crisis fue la carta que el director de la OMS, Tedros Adhanom, envió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar formalmente su apoyo en la operación, a última hora de la tarde del 5 de mayo.

Al margen del reconocimiento internacional a España por liderazgo en la gestión de la crisis —y las felicitaciones de las Naciones Unidas, la Comisión Europea, el Consejo Europeo o el Papa León XIV, entre otros—, la evolución de la crisis sanitaria implicó “investigaciones epidemiológicas exhaustivas, aislamiento de casos y manejo clínico, evacuaciones médicas, pruebas de laboratorio, rastreo internacional de contactos y medidas de cuarentena y vigilancia”, explican a elDiario.es fuentes de la OMS.

Desde ese 2 de mayo, cuando se notificó el primer caso confirmado y falleció la tercera y última víctima del brote, las autoridades sanitarias realizaron un seguimiento exhaustivo de más de 600 contactos. En España, el grueso del trabajo se desarrolló en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde se internaron para hacer cuarentena los 14 conciudadanos que viajaban en el crucero de lujo.

Dos de esas personas dieron positivo en hantavirus y fueron trasladadas a unidades de aislamiento de alto nivel del hospital militar. La primera superó la enfermedad y fue dada de alta a principios de junio. Sanidad informó que el segundo paciente había recibido el alta este martes. Era el último pasajero del buque que permanecía hospitalizado, porque al resto se les permitió finalizar la cuarentena en sus domicilios a partir del fin de semana del 6 y 7 de junio.

Es una ocasión espectacular para ver cómo responde el organismo de cada individuo a nivel inmunitario"

Anabel Negredo — Centro Nacional de Microbiología

Este domingo marca el fin del seguimiento a los pasajeros del barco en España, pero deja abierta la vía de la colaboración para investigar los efectos del virus hantavirus de la cepa Andes en el cuerpo humano. “Es una ocasión espectacular para ver cómo responde el organismo de cada individuo a nivel inmunitario”, explica la doctora Anabel Negredo, del Centro Nacional de Microbiología (CNM), donde se han analizado todas y cada una de las pruebas PCR que se han realizado en este país.

El brote a bordo del crucero ha aportado nuevas evidencias sobre la transmisión entre humanos, indican los expertos consultados, de la cepa andina del hantavirus. Era algo que ya se sabía, pero los nuevos casos aportan “más información”, apunta el presidente saliente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas), Eduardo Satué.

La OMS ha puesto en marcha una “iniciativa mundial coordinada sobre brotes, en la que participan 21 países, con el fin de coordinar y optimizar los esfuerzos de investigación sobre el virus Andes”, indican desde la organización. Esto permitirá mejorar la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico y el manejo de la enfermedad, con una letalidad cercana al 30% y sin tratamiento, también en las zonas de donde es endémico, como Argentina, Uruguay o Chile.

En ese proyecto participa España que analizará la respuesta inmunológica e inflamatoria de los casos de hantavirus diagnosticados en el Centro Nacional de Microbiología. “Esto permitirá ver cómo responde cada individuo a la presencia de la infección sobre la que, al ser tan minoritaria, apenas se conoce su reacción”, explica Negredo.

El CNM trabaja también en analizar las secuencias genéticas de los distintos pacientes, a la búsqueda de alguna característica común. “Lo estamos evaluando y todavía no tenemos una confirmación, porque a algunos países les falta esa secuenciación del genoma, pero si la tuvieran, entonces tendríamos que identificar esa característica y con qué está relacionada: la facilidad de saltar de roedor a humanos, de transmisión, entre humanos...”, señala.

El laboratorio de Negredo en el Centro Nacional de Microbiología se encarga de estudiar y anticiparse a las enfermedades víricas emergentes y las transmitidas por vectores o zoonosis —es decir, por animales, en este caso roedores—. “Detectar virus que no circulan en nuestro país y sabemos que pueden aparecer”, resume la doctora. Esto les permite contar con un arsenal de pruebas diagnósticas, de las que carecen los hospitales. “No tiene sentido que un hospital tenga un kit de diagnóstico para ébola, cuyo mantenimiento cuesta 2.000 euros, cuando quizá no tenga ningún caso nunca”, pone como ejemplo.

“Esta situación nos ha hecho más conscientes de la necesidad de tener métodos diagnósticos para esos patógenos poco frecuentes”, continúa Negredo, que explica que el CNM disponía de PCR para hantavirus, como parte de ese trabajo de previsión, que tuvo que verificar con material biológico facilitado por la OMS: “Eso facilitó mucho asegurarnos de que la metodología que habíamos desarrollado funcionaba”.

"Las cuestiones de salud pública generan mucha alarma, fundamentada o no"

Eduardo Satué — Experto en Salud Pública

Para Satué, la otra lección aprendida que deja el hantavirus es la “necesidad de reforzar las herramientas de coordinación entre administraciones”. A su juicio, la Agencia Estatal de Salud pública, aprobada pero pendiente de desarrollar, debería estar ya operativa para “facilitar el trabajo conjunto cuando ocurran alertas como esta”. Durante los momentos de más incertidumbre, la gestión terminó desembocando en un choque político, con el presidente canario Fernando Clavijo oponiéndose a la llegada del barco a Canarias.

“Las cuestiones de salud pública generan mucha alarma, fundamentada o no. Así que las respuestas no se basan realmente en los datos que tenemos”, considera el experto, que apuesta por “tener protocolizado cómo intervenir en determinadas situaciones, las medidas de protección y los recursos que se van a destinar, en lugar de decidirlo en el momento”. “Por eso es importante que exista la Agencia Estatal, capaz de anticiparse y preparar protocolos de contingencia”, insiste, porque “ningún plan sobrevive a la batalla, pero no puedes ir a la batalla sin un plan”.

En 2025, se realizaron un total de 565 eutanasias, según los datos provisionales sobre la prestación que ha presentados este miércoles. Suponen un 0,13% del total de muertes registradas en España, muy lejos de otros países del entorno que también tienen reconocido este derecho, como Países Bajos (6%), Canadá (5%) o Bélgica (4%). Pero el balance muestra también la otra cara de una ley que celebra ya su quinto aniversario: 374 personas fallecieron en medio del proceso por el que solicitaban esa ayuda a morir, el 61% a causa de procesos oncológicos.

Según los datos difundidos por Sanidad, a partir de la recopilación de la información de las comunidades autónomas, desde la entrada en vigor de la ley 1.668 personas han ejercido su derecho a morir dignamente y se han producido un total de 3.716 solicitudes. Las cifras reflejan un “aumento sostenido” de las peticiónes, con el 34,6% en el último año.

La mayoría de las solicitudes recibidas por las autoridades sanitarias en 2025 estuvieron vinculadas a procesos oncológicos. Fueron el 37%, por delante de las enfermedades neurológicas, con una de cada tres. Sin embargo, a la hora de ontabilizar las prestaciones de ayuda a morir efectivas, los puestos se revierten: casi la mitad de las asistencias (el 46%) estuvieron relacionadas con problemas neurológicas y en torno al 30%, con cáncer.

Este dato se explica, en parte, por el perfil de las personas que fallecieron esperando a que se resolviera su solicitud. De los 1.187 procesos que finalizaron en 2025 —con independencia de su fecha de inicio—, la mitad concluyeron con la prestación, pero uno de cada tres (374) se cerraron por la muerte del solicitante. Y, de estos, el 61% fueron porpatologías oncológicas, según los datos de Sanidad.

La mayoría de esos 374 fallecimientos, 277, se produjeron, indica Sanidad, “antes de la emisión del Informe de la Comisión de Garantía y Evaluación, con un tiempo medio de 32,7 días desde la solicitud y una mediana de 18 días”.

Además, según los datos provisionales facilitados por las comunidades autónomas, se denegaron 157 peticiones a lo largo de 2025 y en 91 procesos fue el solicitante quien retiró la petición.

Catalunya, la comunidad que más solicitudes recibe

Por comunidades autónomas, Catalunya es la que más solicitudes recibe, con 6,14 por cada 100.000 habitantes. Esta administración duplica de largo la tasa de 2,61 de media nacional.

“Tras Catalunya, las tasas más elevadas se registraron en Navarra, con 5,41 y en Euskadi, con 5,13. También se situaron por encima de la media La Rioja, con 3,67 por cada 100.000 habitantes; Illes Balears, con 3,12; Cantabria, con 3,03; Asturias, con 2,96; y Canarias, con 2,66”, indica Sanidad.

La relación entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad empeora semana a semana y el conflicto va camino de una guerra total. En la quinta semana de paros en lo que va de año, a cuenta del nuevo Estatuto Marco pactado entre la ministra Mónica García y los sindicatos del ámbito, el Comité de Huelga ha amenazado con una huelga indefinida de facultativos a la vuelta del verano.

El clima de tensión entre ambas partes es total. Este lunes, García afirmaba que “los sindicatos no están siendo honestos con los profesionales a la hora de trasladarles las mejoras del estatuto”. “En las últimas reuniones que hemos tenido no nos han trasladado las reivindicaciones de los médicos, sino sus demandas sindicales”, señaló en una entrevista en 20 Minutos, donde acusó a estas organizaciones de querer “romper la legalidad vigente sobre la libertad sindical”.

Por la mañana, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) se manifestaron frente a la sede del Ministerio en Madrid bajo el lema: “No más maltrato a pacientes y profesionales”.

Pese a las reuniones mantenidas con Sanidad en los últimos meses, los sindicatos del gremio consideran que hay en estos momentos una “ausencia total de propuestas” por parte del Ministerio, que ha llevado al “nulo avance en el conflicto mantenido hasta ahora”. Esto, unido al “empeño de Sanidad en seguir adelante con la tramitación del texto [del Estatuto Marco]”, les ha llevado a “escalar en las movilizaciones” y convocar una huelga indefinida tras el verano si no hay avances.

Pero desde Sanidad no parecen dispuestos a mover ficha. “El Ministerio ha hecho su trabajo proponiendo la reforma laboral sanitaria más ambiciosa en 20 años. Ahora les toca a las comunidades autónomas cumplir la parte de sus competencias y materializar las reivindicaciones pendientes. El texto del Estatuto Marco llegará al Congreso, donde podrá enmendarse y votarse, como cualquier ley”, señalan fuentes el departamento de García.

Es el mensaje que llevan repitiendo los últimos meses. El estatuto reduce las guardias obligatorias de 24 a 17 horas, establece oposiciones cada dos años para acabar con la interinidad y la temporalidad abusiva y reduce la jornada laboral máxima a 45 horas, entre otros avances, insuficientes para los profesionales, que exigen la implantación de la semana de 35 horas, un estatuto y una mesa de negociación propios, una clasificación profesional “justa” y un modelo de jubilación flexible. Pero el grueso de competencias, como la planificación y organización de las plantillas o las retribuciones, está en manos de las comunidades autónomas.

De hecho, a lo largo de la semana habrá también dos protestas convocadas frente a las consejerías de sanidad de la Comunitat Valenciana, el miércoles, y en Madrid, el jueves, además de concentraciones en decenas de hospitales y centros de salud de Andalucía, Galicia, Euskadi, Melilla, La Rioja, Extremadura, Balears, Aragón, Alicante y Castellón, y frente a varias subdelegaciones del Gobierno.

Aunque estos meses se han convocado huelgas autonómicas coincidentes con las estatales, con el foco puesto en Mónica García, los consejeros del ramo optaron la pasada semana por escenificar la soledad de la ministra. “Se ha quedado sola”, verbalizó el consejero vasco, Alberto Martínez, que había acordado con el resto de gobierno autonómicos un texto conjunto que leyeron al inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado para abordar la crisis y en el que se negaron a intervenir.

El acuerdo que firmaron todas las comunidades salvo Catalunya, que envió después un comunicado asegurando que estaba de acuerdo con el contenido, pasaba por exigir a la ministra que negocie con los médicos en huelga y acometa reformas “estructurales” de un sistema sanitario con las competencias transferidas desde 2002.

“En el Gobierno ya estamos acostumbrados a que cuando alguien tiene que asumir sus responsabilidades, en vez de hacer su trabajo, mira a quién le puede echar la culpa”, afeaba García en la entrevista. “Solo la eliminación de las guardias de 24 horas ya requiere un esfuerzo organizativo y presupuestario. Y, claro, las comunidades se resisten, es legítimo”, deslizaba.

Aunque todas las partes —Ministerio, comunidades y sindicatos médicos— aseguran que mantienen la mano tendida para encontrar una salida al conflicto, no parece que este esté cerca, ni que esas manos estén dispuestas hacia la misma dirección. Mientras, el Comité de Huelga ha pedido nuevos interlocutores y ha exigido que el presidente Pedro Sánchez resuelva el entuerto. El portavoz el Partido Popular, Borja Sémper, utilizó este lunes la crisis abierta para atizar al Gobierno: “Feijóo va a convertir la sanidad en prioridad nacional”.

Los médicos han comenzado este lunes su quinta semana de paros contra el estatuto marco, en un conflicto enquistado con Sanidad. Tanto, que los sindicatos del gremio han anunciado que convocarán una huelga indefinida tras el verano, ante la “ausencia total de propuestas de los responsables ministeriales”.

Las organizaciones sindicales que representan exclusivamente a los médicos y facultativos habían marcado en enero un calendario de movilizaciones, que pasaban por una huelga semanal cada mes hasta junio. Ahora, han señalado que frenarán los paros durante el periodo estival, “en el que la situación para los profesionales se complica aún más por lo exiguo de las plantillas, sin apenas suplencias con la consiguiente sobrecarga para poder tener el descanso vacacional preceptivo y necesario”.

Pero volverán a la vuelta escalando el conflicto con una huelga indefinida y otras medidas, “para mantener las reivindicaciones del colectivo”. Estas son un estatuto propio, un ámbito de negociación específico, la implantación de la jornada laboral de 35 horas, una clasificación profesional “justa” y un modelo de jubilación flexible.

En un comunicado difundido este lunes, el Comité de Huelga insiste en que “no van a desmovilizarse mientras no se atiendan sus demandas y emplazan a la convocatoria de huelga indefinida tras el verano”, “si no se produce ningún cambio” durante esta semana o en los meses de julio y agosto.

El Comité de Huelga lamenta también el “empeño de Sanidad en seguir adelante con la tramitación” del Estatuto Marco, pactado con las organizaciones sindicales del ámbito. El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley el pasado 2 de junio, lo que soliviantó a los sindicatos médicos. La ministra Mónica García insistió la semana pasada en que no daría marcha atrás: “No vamos a renunciar, porque me parecería una traición a los profesionales”.

Hace seis años que Olga forma parte de la vida de Mercedes. “Es mi voz, mis manos y todo lo que yo no puedo hacer”, explica esta paciente de ELA, de 61 años. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, los síntomas empezaron a agravarse rápidamente y buscar a una persona que la acompañase en las acciones más básicas, como ir al baño o ducharse, se convirtió en una prioridad. También en una tarea “frustrante”. “Pasaron muchas mujeres buenas, otras que intentaban aprovecharse de mi situación y muchas a las que les daba miedo por si me pasaba algo”, explica.

Cuando apareció Olga, Mercedes encontró a una persona que no veía la enfermedad, sino lo que ella necesitaba en cada etapa. No tenía ninguna formación específica, pero “no había muchas personas con titulación que conocieran la ELA”, aclara la mujer. Con el paso del tiempo y la práctica, la cuidadora acabó especializándose. Ambas se comunican a través de un sistema de gestos propio, ante la incapacidad de hablar que ha traído consigo la enfermedad.

En febrero, se pusieron en marcha unas nuevas ayudas dentro de la conocida como 'ley ELA', de hasta 9.850 euros al mes, para sufragar los servicios de asistencia personal, como los que presta Olga. Pero Mercedes no puede acceder a esas ayudas con esta trabajadora.

“Las personas que estamos enfermas y que tenemos a cuidadores o cuidadoras atendiéndonos desde hace uno, dos o tres años, nos encontramos con que [las prestaciones] requieren una formación que la mayoría no tienen, lo que implica que si queremos acceder a las ayudas, no podemos hacerlo con ellas”, explica el presidente de ConELA, José Jiménez.

Esto plantea una encrucijada para muchas familias. “Hay personas que están rechazando esas ayudas porque no quieren renunciar a sus cuidadores, porque tiene muchas implicaciones. Cuando una persona se tiene que dejar cuidar a nuestro nivel, se traspasan muchas cosas. No es como cambiarse de ropa”, señala Jiménez, que reclama un periodo transitorio para que estas trabajadoras —en su mayoría mujeres— puedan optar a esas titulaciones y “se reconozca la labor que llevan ejerciendo mucho tiempo”.

Esta situación choca frontalmente con otra realidad que enfrentan los enfermos de ELA en estado avanzado, así como cualquier otro paciente al que se le ha reconocido el grado III + de dependencia, el más severo: no hay suficientes trabajadoras habituadas a una realidad tan extrema.

Desde los sindicatos llevan tiempo señalando que el sector de los cuidados es uno de los que mejores posibilidades de empleabilidad tendrá en un futuro próximo. “Es un yacimiento de empleo importante, pero la falta de reconocimiento social y la precariedad laboral dificultan que las personas busquen trabajo en ese ámbito”, reconoce la responsable estatal de dependencia de Comisiones Obreras, Chelo Cuadra. Este sindicato calcula que en el sector privado trabajan ahora mismo unas 450.000 personas y harán falta 100.000 más, a nivel general.

Es un diagnóstico con el que coincide el coordinador de Dependencia de UGT Servicios Públicos, Luis Batuecas. “Hace falta formación y las profesionales que salen no son suficientes para cubrir la altísima demanda. Si a eso le sumas el poco atractivo de los salarios, la gente no quiere trabajar en esos sectores”, apunta.

Poco más que el salario mínimo

Según las fuentes consultadas, las trabajadoras que cuidan a dependientes de grado III + cobran el salario mínimo interprofesional y, en algunos casos, un pequeño complemento. Unos salarios bajos para un trabajo muy exigente que, además, pocas veces supone una jornada completa.

“Los 9.850 euros no son una cifra aleatoria”, explica el presidente de ConELA, sino la cantidad que, según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, “permiten los cuidados 24 horas a través de un máximo de cinco personas, por el SMI, más un pequeñísimo complemento y los gastos de la seguridad social”. Jiménez defiende que esas condiciones salariales debería mejorarse para hacer el trabajo más atractivo y poder competir con otros campos dentro del mismo sector. “Si tienes que elegir entre cuidar a una persona dependiente o dependiente en estado avanzado, lo más fácil es cuidar a quien 'solo' es dependiente”, razona.

Esteban es paciente de ELA. Tiene 53 años y dos hijas de 15 y 13. Su pareja era enfermera y dejó de trabajar para cuidarle por las noches y poder completar las 24 horas al día, siete días a la semana, que realizan entre otros tres cuidadores más, por los que paga a través de una empresa 5.800 euros al mes. Él, que vive en Bizkaia, recibe solo 5.400 euros mensuales en ayudas, porque tiene un coeficiente reductor del 20% por su pensión y le descuentan el complemento de gran invalidez que percibe. “No me quejo”, dice, “porque antes no teníamos nada y ahora tenemos esto, pero hay situaciones que la Diputación no tiene en cuenta, como que mi mujer ha dejado de trabajar o que mis hijas son adolescentes”.

En su caso, optó por recurrir a una empresa especializada, que contrata directamente a las trabajadoras, lo que eleva la factura. Pero admite que la formación la da el día a día. “La gente viene con el curso sociosanitario, pero cuando llegan a casa, por mucho curso que hayan hecho, se encuentran con una situación totalmente distinta de la que esperaban. Empiezan de cero. Además, cada enfermo es distinto”, explica, consciente de la dificultad de encontrar a un cuidador que reúna los requisitos y sepa “enfrentarse” a esta enfermedad.

Ariadna Puig, directora de operaciones de la empresa del sector Qida, admite que “encontrar profesionales cualificados en un contexto en el que cada vez vivimos más y necesitamos cuidados más complejos siempre ha sido un reto”. Esta compañía se encarga de formar a los trabajadores, en general auxiliares de enfermería y geriatría, con experiencia en cuidados complejos, para que tengan la especialidad, les brinda apoyo psicológico y les contratan para servicios de muchas horas, “lo que les permite tener una jornada completa o casi”, explica la directiva.

Sin datos oficiales

Por el momento, no hay cifras oficiales a nivel estatal sobre a cuántas personas se les ha reconocido el grado III + de dependencia. Algunas comunidades han ido desvelando datos, como Murcia, que explicó hace un mes que en esta región habría unas 40 personas potencialmente beneficiarias; Navarra, que en marzo calculó que habría unas 20; o Valencia, que ese mes había resuelto 23 expedientes.

Las voces consultadas recuerdan que las prestaciones cercanas a los 10.000 euros están pensadas para las personas con un grado III + de dependencia. Esto implica requerir respiración asistida más de ocho horas al día, tener que expulsar secreciones con ayuda de una máquina y la parte posterior del cuerpo sin movilidad. Si no se dan las tres circunstancias, “esa gente no recibe ayuda, aunque la necesite”, se solidariza Esteban.

Jiménez recuerda que, desde la Confederación, su reivindicación no tiene que ver con el dinero. “Desde que empezamos a hablar con la administración, pedimos cuidados, que es lo que realmente necesitamos. Nuestro objetivo debería ser que el sistema provea de esos cuidadores. Que, como te recetan ibuprofeno o te ponen una quimio, te prescriban unos cuidados y lleguen a tu domicilio”. Este jueves, ConELA presentará un informe en el que analizará cómo avanza la implantación de la ley en las diferentes comunidades autónomas, las buenas prácticas y las cuestiones que requieren una respuesta urgente por parte de las administraciones.

Entre los puntos de mejora, seguramente estará facilitar la transición de esas cuidadoras que, por la vía de los hechos, se han especializado en cuidados complejos. Mercedes lo tiene claro: “Olga sabe lo que necesito cuando me mira. Son muchos años y sería una ruptura emocional y física que me hace plantearme solicitar la ayuda, porque sería volver al principio, enseñar a alguien de nuevo y pensar si querrá seguir o si me mirará con miedo o lástima. No sé cuánto tiempo tengo de vida y me gustaría pasarlo con tranquilidad y sosiego”.

Hola,

Hace unos días tuve que pedir una cita con mi médica de familia. El primer hueco disponible en mi centro de salud estaba a once días vista. Es una realidad que viene replicándose en Madrid desde hace años, al menos en determinados barrios de la ciudad —podrás imaginarte cuáles—. No es nada grave así que supongo que puedo esperar, pero el primer reflejo suele ser recurrir a la puerta que siempre está abierta: las urgencias acaban sufriendo también la crisis de atención primaria. 

Al margen de la anécdota, esto me ha hecho pensar en las condiciones en las que trabajan muchos médicos y médicas de familia. Agendas hasta arriba, mucha burocracia, poco tiempo para ver —y conocer— a sus pacientes y gente cabreada porque lleva días y días esperando para ser atendida. 

Con estas condiciones, es muy difícil trabajar. Y, aun así, estos días se han incorporado a centros de salud de todo el país unos 2.500 nuevos residentes, que han terminado la carrera y se especializarán en Medicina Familiar y Comunitaria durante los próximos años. 

A veces caemos en la idea de que es una especialidad poco atractiva, que siempre se elige la última. Hace unos días me entretuve mirando el ritmo de elección de esta convocatoria MIR: cuántas plazas se elegían en cada turno, cuáles se acababan antes o cuántas hay de cada rama. Aunque hay lecturas que refrendan esa teoría, yo no me atrevería a afirmarlo tan tajantemente. 

Es cierto que algunas especialidades, como dermatología y cirugía plástica, suelen agotarse rápidamente, en el primer turno. Tienen fácil salida a la privada y en derma no se suelen hacer guardias. Además de muchas menos plazas: 140 y 53, respectivamente. También es cierto que las últimas plazas en elegirse son las de familiar y comunitaria. Hay hasta el último turno, pero suponen 1 de cada 3 de las 9.275 ofertadas. Recuerda, por poner en perspectiva, 2.544 en total.

Te pongo algunos ejemplos de cómo este número tan elevado puede distorsionar la percepción. Cuando reumatología agotó sus 98 plazas, ya habían elegido familia más de 200 personas. El turno en el que cirugía cardiovascular (24 plazas), pediátrica (20), torácica (22), angiología y cirugía vascular (57) o urología (161) agotaron sus cupos en el octavo turno de elección, ya habían elegido medicina familiar y comunitaria 209 médicos. 

“El problema no está en la especialidad, sino en la cuestión laboral. Lo que está en crisis es la atención primaria”, me contaba Jorge Lema, que es vocal de docencia de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc). “Tal y como están las cosas, bastante vocación hay”, coincidía su colega de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez Ledo. 

Sé que es un tema complejo, pero los números siempre se entienden mejor con gráficos. En este enlace puedes ver unos cuantos que te ayudarán a entender mejor cómo ha ido este año la elección de plazas MIR. 

Receta rápida

Cuánto podemos fiarnos de un ratón

Como sabes, antes de probar un nuevo fármaco o una terapia innovadora en humanos, se testa en animales. Este tipo de experimentación permite obtener información crucial a la hora de desarrollar tratamientos, pero a veces genera expectativas poco realistas. Generalmente, estas pruebas se hacen en ratones, que comparten con nosotros entre un 85 y un 90% de la información genética, pero, a la hora de dar el salto a la clínica, la gran mayoría de las innovaciones fracasan. Es evidente que hay muchas diferencias que nos separan de los ratones.

Sobre esto escribió hace unos días mi compañera Irene Martínez Martínez. En su artículo, recogía que en el caso del cáncer, cuando los resultados eran positivos en animales, la tasa de éxito en humanos rondaba el 10%. En general, era del 5%, una de cada 20. El tema me ha parecido muy interesante, te lo dejo por aquí si te apetece leértelo. 

Con esto me despido por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Pasa buena semana y ¡salud!

La brecha abierta entre Mónica García y los sindicatos médicos no hace más que ensancharse. Y los últimos pasos para tratar de resolver el conflicto no hacen sino agrandarla. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles, en el que Sanidad pretendía abordar con las comunidades autónomas algunas de las reivindicaciones de las organizaciones es un ejemplo. “La ministra está sola”, trasladaron con una sola voz los consejeros autonómicos que, si bien habían solicitado la reunión, optaron por no intervenir.

En su lugar, los y las responsables de sanidad de los diferentes territorios optaron por leer un acuerdo conjunto, en el que señalan a Sanidad como responsable del conflicto en torno al nuevo estatuto marco, que rechazan los médicos. “Es precisamente el contenido y la tramitación de esta norma lo que ha motivado la actual convocatoria de huelga de ámbito estatal, dirigida al Ministerio, tal y como evidencian tanto el origen de las reivindicaciones como el propio marco de interlocución de las organizaciones convocantes”, trasladaron.

El texto lo firmaron 16 comunidades —todas salvo Catalunya, que compartía los argumentos, pero evitó echar más leña al fuego— con gobiernos de todo signo. Desde el de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, del PP; hasta los de los socialistas de Asturias, Adrián Barbón; Navarra, María Chivite; y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; pasando por el de Coalición Canaria, Fernando Clavijo; o el vasco.

Precisamente, fue el consejero del PNV, Alberto Martínez, el elegido como portavoz. Martínez ya había avanzado el día previo que las consejerías trabajaban en un documento conjunto que trasladaron a Sanidad durante la tarde. El anuncio lo hizo en una intervención en la que comprometió 70 millones de euros anuales del presupuesto autonómico para responder a algunas de las demandas del Sindicato Médico de Euskadi, como la reorganización de las guardias, la mejora de la retribución o el incremento de los complementos de productividad.

Tras la reunión de este miércoles, la ministra García se mostró contrariada con la posición de las comunidades ante la primera reforma del estatuto marco y las condiciones de los médicos en más de dos décadas: “No sé si tiene que ver con lo peor del statu quo o con lo de que el que pueda hacer que haga”. “Traíamos una serie de puntos que resuelven una gran parte de las reivindicaciones del comité de huelga y del colectivo médico, pero las comunidades han rechazado comprometerse. Podrían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias y han decidido no hacerlo y mirar para otro lado”, dijo en rueda de prensa.

Los acuerdos que Sanidad quería poner sobre la mesa, “para dotar de armonía” a todas las comunidades, pasaban por un límite a la jornada de guardia y su mejora retributiva, el establecimiento de la jornada ordinaria de 35 horas y la reducción progresiva de la jornada máxima semanal. “En su día nos dijeron que no eran competencia del estatuto marco y, toda vez que lo sacamos del estatuto marco y lo traemos al acuerdo del Consejo Interterritorial, es contradictorio que justo cuando vamos a hablar de esos acuerdos se nieguen y digan que no son su competencia”. “No pueden hacer de perro del hortelano, que ni resuelven ni dejan resolver”, ha espetado García sobre la actitud de unos consejeros que a la que no encuentra “explicación, a no ser que no quieran ver el fin del conflicto”.

El estatuto marco recoge unos mínimos que todas las comunidades deben asumir. Por ejemplo, el texto que pasó hace unos días por el Consejo de Ministros reduce el máximo de horas de guardia de 24 a 17 horas, reduce la jornada laboral máxima a 45 y establece oposiciones cada dos años. “Pero las consejerías pueden llegar a los acuerdos que quieran [a mejor]”, ha insistido García, que ha denunciado que los responsables autonómicos tampoco han querido hablar de la reducción progresiva de la jornada laboral máxima.

La retribución de las horas de guardia es uno de los temas más representativos. Según un informe del Sindicato Médico Andaluz, en 2023 había una diferencia de casi 10 euros por hora en un día laborable, de más de 11 en festivo y de hasta 38 euros en jornada especial entre las comunidades que menos y más pagaban.

El principal frente abierto está con los sindicatos médicos, que no están conformes con la negociación entre Sanidad y las organizaciones del ámbito. El leitmotiv de su reivindicación es que no están representados en esa mesa, donde se negocia las condiciones de todos los trabajadores del sector, donde los médicos solo representan en torno al 20%.

Este miércoles, el comité de huelga respondió públicamente a una carta que el Ministerio le había trasladado el día anterior —y que no había hecho pública entonces—, para criticar que “ni la ministra, ni sus representantes en la mesa de negociación han mostrado la menor confianza en el diálogo como vía de solucionar el conflicto”. “Por el contrario, han insistido en presentarnos soluciones jurídicamente inviables y en confundir a la opinión pública con comunicados tendenciosos e inexactos, haciendo recaer sobre nosotros la responsabilidad del conflicto”.

En el comunicado, señalan que es “falso” que el estatuto marco recojan sus reivindicaciones; que es “discriminatorio” que solo los facultativos estén “obligados a hacer horas extra pagadas por debajo de la hora ordinaria”; que no se ha modificado la clasificación profesional; o que es falso que la creación de una mesa de negociación específica esté en manos de las comunidades autónomas.

García ha insistido este miércoles en ese punto. “La creación de mesas específicas de negociación del colectivo médico es algo que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público y que las comunidades pueden hacer desde hoy mismo amparándose en el artículo 39.4, como se ha hecho en otras categorías y áreas”, ha dicho. Ese punto establece que “el establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas”.

Ante este panorama, los sindicatos médicos mantienen la huelga prevista para la próxima semana —la quinta en lo que va de año—, con los puentes rotos con Sanidad. “La persistencia de la convocatoria evidencia que el problema de fondo continúa abierto y que no se ha alcanzado el necesario consenso con el colectivo médico. Esta situación hace imprescindible reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo”, consideran desde las comunidades.

Un nuevo diálogo que ha puesto en alerta a los sindicatos de la mesa del ámbito, que han enviado a su vez una acrta a las consejerías advirtiéndoles de que es en esos espacios donde se abordan las condiciones laborales de los profesionales. En concreto, les han pedido no “desplazar de facto la negociación colectiva hacia espacios distintos de los legalmente previstos” ni “crear precedentes que debiliten los mecanismos ordinarios de participación y negociación colectiva”. Una posición que suma un nuevo quebradero de cabeza a un conflicto ya de por si complejo.

La Ministra, por su parte, sigue convencida de sacar adelante un estatuto, el primero en 23 años, que considera “la primera piedra para acabar con la precariedad y la inestabilidad” de los médicos: “No vamos a renunciar, porque me parecería una traición a los profesionales”.

“La ministra se ha quedado sola”. El consejero vasco de sanidad, Alberto Martínez, ha tomado la palabra en nombre de todas las comunidades para avanzar una posición conjunta de cara a la reunión del Consejo Interterritorial que se celebra este miércoles. A las puertas de la sede ministerial, Martínez ha afirmado la disposición de los gobiernos autonómicos a “tender la mano al Ministerio para retomar la relación” con Mónica García para, a renglón seguido, avanzar que no intervendrán en ninguno de los puntos del día previstos para este encuentro.

Todas las consejerías, salvo Catalunya, han firmado un documento que leerán al inicio de la reunión. Será su única aportación a un Consejo en el que estaba previsto abordar cuestiones como el límite máximo de jornada ordinaria de 35 horas, la retribución de la hora de guardia, la creación de mesas específicas de negociación o la clasificación profesional.

Las consejerías justifican su decisión en que el estatuto marco contra el que se levantan los médicos es “una norma básica de carácter estatal, cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico”. Y son las comunidades autónomas, dicen, “como responsables de la organización y prestación de la asistencia sanitaria”, quienes están “asumiendo las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto cuya raíz no se sitúa” en su “ámbito competencial”.

En el documento, que han leído en la reunión con Sanidad, exigen al Ministerio que reabra “con urgencia un proceso de diálogo, real, efectivo y constructivo” e impulse, “con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo”.

“Al terminar la lectura y la explicación” del documento, señaló Martínez a la prensa, “daremos por terminada nuestra intervención”. El consejero vasco ha aclarado, no obstante, que no se levantarán de la mesa, aunque no realizarán más aportaciones.

Navarra ha hecho un apunte al documento, en el que hace constar que “puesto que todos sus profesionales son funcionarios del Gobierno de Navarra, el estatuto marco afecta tan solo en cuestiones relativas a la jornada, siendo las soluciones a la mayoría de las reivindicaciones del colectivo médico competencia de la propia comunidad, no estatal salvo en el caso de los médicos en formación, de manera diferenciada al resto de las comunidades”.

Desde el departament de Salud catalán aclaran que “el hecho de no adherirse a este texto no implica desacuerdo con su contenido”. “Compartimos buena parte de las reflexiones que en él se expresan, pero no compartimos iniciativas que puedan profundizar en el actual contexto de conflictividad”, apuntan.

El conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos se prolonga ya durante meses. De hecho, las organizaciones sindicales establecieron en enero un calendario de huelgas de una semana al mes, al menos hasta junio. La última prevista está convocada para el próximo lunes. “La responsabilidad de su resolución sigue estando exclusivamente en manos de las administraciones, por lo que mientras no lleguen propuestas serias para desbloquearlo, el colectivo médico mantendrá la movilización y responderá con la unidad, firmeza y determinación con las que lo ha hecho hasta ahora”, señalaban desde el Comité de Huelga en un comunicado la semana pasada.

Aunque el foco está puesto en la ministra, en varias comunidades los sindicatos han mantenido huelgas autonómicas, también frente a sus propias consejerías. Es el caso de la Comunitat Valenciana, Madrid o Aragón, donde algunos especialistas han renunciado a hacer 'peonadas', las horas extra con las que se rebajan las listas de espera.

García ha hecho referencia este martes al encuentro con las consejerías de sanidad. “Pondremos encima de la mesa aquellas reivindicaciones que no son de nuestra competencia”, insistió durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Entre ellas, enumeró “las retribuciones de la hora de guardia”, “la disminución más allá de los límites que hemos puesto en el estatuto marco de las guardias” , la puesta en marcha de ,esas de partición de decisión que sean exclusivamente médicas“ o la implantación de las ”35 horas de jornada laboral“.

“Lo que trae el estatuto marco son límites al abuso de aquellos que ejercen las competencias en materia de sanidad, que están transferidas desde el año 2002”, ha hecho hincapié la ministra: “Eso significa que la gestión, la planificación, los recursos humanos, las plantillas y el abordaje de las mejoras de las condiciones laborales son competencia de las comunidades autónomas”.

Por su parte, los sindicatos Satse, Comisiones Obreras, UGT y CSIF han enviado sendas misivas a las consejerías recordando que los asuntos que pretenden abordar “forman parte del ámbito propio de la negociación colectiva”. Es ese ámbito, en el que estas organizaciones están presentes, donde Sanidad pactó el nuevo estatuto marco.

En ese sentido, estos sindicatos muestran su “preocupación” porque los acuerdos que puedan adoptarse en el marco del Consejo Interterritorial, lleguen a “alterar o condicionar procesos de negociación ya iniciados o en curso en el Ámbito de Negociación”, “desplazar de facto la negociación colectiva hacia espacios distintos de los legalmente previstos”, “generar desequilibrios o respuestas parciales dirigidas exclusivamente a determinados colectivos profesionales” y “crear precedentes que debiliten los mecanismos ordinarios de participación y negociación colectiva”.

Los sindicatos del ámbito solicitan a las consejerías que cualquier asunto del orden del día que afecte a las condiciones laborales, clasificación profesional, jornada, retribuciones, organización del trabajo o estructuras de negociación “respete plenamente” el “espacio legítimo de negociación colectiva”. Además, piden que las comunidades, “como administraciones empleadoras y responsables de la gestión de los servicios sanitarios, participen activamente en el fortalecimiento de los espacios de negociación colectiva y diálogo social”.

Cualquier ciudadano que haya necesitado un medicamento financiado por el Sistema Nacional de Salud habrá visto a su farmacéutico cortar el cupón de la caja con un cúter y pegarlo con celo en una hoja. El fin de este proceso cotidiano, y arcaico, en las farmacias es trasladar la información a la administración que asume una parte o la integridad del coste del fármaco. Este sistema tiene los días contados.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para actualizar la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos. La norma incluye la sustitución progresiva de ese cupón precinto por un identificador único que “permitirá avanzar hacia un modelo más digital para la gestión de la prestación farmacéutica, simplificando procedimientos administrativos y mejorando la eficiencia de los sistemas de información”, indican desde el departamento que dirige Mónica García.

La reforma, señalan, “adapta el marco normativo a la evolución tecnológica del sistema y actualiza determinados aspectos de su funcionamiento, para mejorar la interoperabilidad y el intercambio seguro de información en las administraciones sanitarias”.

El identificador que irá incorporándose en los envases permitirá “comprobar su autenticidad y garantizar su trazabilidad”. Así, se espera que suponga una barrera más a la entrada al sistema legal de fármacos falsificados en cualquier punto de la cadena de distribución.

Una nueva ley de organizaciones de pacientes

El Consejo de Ministros ha aprobado también el proyecto de ley de las Organizaciones de Pacientes, que “refuerza la participación de estas entidades en el desrrollo de las políticas sanitarias”. “Viene a cubrir una laguna jurídica”, ha indicado García.

La norma reconoce “derechos específicos de participción, información y representación institucional ante la Administración General del Estado” y mandata la participación de ocho representantes de estas organizaciones en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud.

En 2024, último año del que hay datos disponibles, se diagnosticaron en España unas 93.000 infecciones de transmisión sexual. La tendencia es ascendente para las principales ITS que monitoriza el Instituto de Salud Carlos III. Desde el año 2000, han aumentado la gonorrea, la sífilis y la clamidia, señalaba el último informe de vigilancia epidemiológica, del que se ha hecho eco este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García: “Las ITS existen y pueden estar más cerca de lo que pensamos”.

El Ministerio ha presentado su nueva hoja de ruta para el periodo 2026-2030, con el que busca revertir una tendencia que atribuye a “cambios en los comportamientos sexuales y en las formas de relación, así como a la mejora de la vigilancia epidemiológica y del acceso a las pruebas diagnósticas”, indican en un comunicado.

El aumento de los casos no es negativo per se, si este se debe a un mayor control y una mejora de los diagnósticos, porque cada positivo que se detecta y se trata corta la propagación de la infección. De hecho, dos de las palancas que quiere activar Sanidad en su nuevo plan son la “innovación en el diagnóstico” y la “universalidad” en el acceso a la protección de la salud para personas extranjeras.

En el primer caso, el Ministerio ha autorizado el primer kit de autotoma de muestras en España para “facilitar el diagnóstico de ITS fuera de los entornos clínicos convencionales”. En el segundo, “se impulsa la capacidad diagnóstica en la Atención Primaria”.

En el apartado de prevención, el Gobierno tiene previsto destinar más de nueve millones de euros para financiar, a partir de 2027, preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años. “La mayoría de los diagnósticos se produce en adultos jóvenes con una afectación superior en hombres que en mujeres en todas las ITS, a excepción de la clamidia, donde la proporción de mujeres menores de 25 años es elevada”, indican desde el Ministerio, cuya campaña recuerda “que estas infecciones no se limitan a una población, edad o contexto específicos”.

Por otro lado, Sanidad priorizará el control de la gonorrea multirresistente. Una infección que preocupa especialmente, “ante el riesgo de aparición de cepas que comprometan los tratamientos actuales”. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, estas resistencias afectan a fármacos como las tetraciclinas, los macrólidos, las combinaciones de sulfonamidas y trimetoprim y, más recientemente, las quinolonas, lo que dificulta el abordaje de la enfermedad.

En 2024 se notificaron 37.257 casos de infección gonocócica, lo que supone una tasa de 77 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de la Chlamydia trachomatis, se detectaron 41.918 infecciones, con un aumento del 19.6% desde 2016. La sífilis alcanzó los 11.930 casos, un 19,4% más que en 2021.

Además, se notificaron 1.966 casos de linfogranuloma venéreo. No obstante, desde el ISCIII, recordaban en su informe de vigilancia epidemiológica que es necesario implantar el seguimiento de esta enfermedad en todas las comunidades autónomas.

El Papa ha cargado este lunes contra el aborto y la eutanasia durante su comparecencia en el Congreso. León XIV ha aprovechado su intervención en la sede de la soberanía nacional para defender que “la dignidad inviolable de la persona humana” no puede “quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento”.

Prevost, que a lo largo del fin de semana había alertado contra “enfoques identitarios” y contra la “polarización” y había dado voz a migrantes y jóvenes, ha aprovechado en esta ocasión para lanzar un mensaje político ante “quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social”.

Al margen de las mayorías parlamentarias que configuran la legislación española, León XIV ha considerado que “la convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte”. “Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?”.

La de este lunes era la primera vez que un Papa toma la palabra en el Congreso español. Desde una posición de honor, León XIV ha insistido en que “toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”. “Cuando esa certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona”.

Las palabras de Prevost llegan en un momento en el que el Gobierno trabaja por blindar el aborto en la Constitución. Una reforma que se está tramitando en la Cámara Baja, pese al rechazo del PP y Vox y algunas críticas de los socios por la fórmula elegida. El objetivo es que los poderes públicos garanticen “el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva en cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”.

En cuanto a la eutanasia, el Congreso la aprobó a finales de 2020, con los únicos votos en contra de PP, Vox y UPN, tras 25 años de intentos fallidos. Desde entonces, asociaciones ultras como Abogados Cristianos han batallado contra esa normativa. El último capítulo ha sido el aval del Tribunal Supremo a que un familiar con una “vinculación particularmente estrecha” con un solicitante pueda recurrir judicialmente su muerte digna, aunque esta ya esté avalada por los médicos.

Miles de médicos residentes se han incorporado a sus plazas durante estos días. En las unidades de los hospitales y los centros de salud a los que entraron entre el jueves y el viernes pasarán buena parte de los próximos años, obteniendo la especialización que les da acceso a ejercer la medicina en el Sistema Nacional de Salud. María Ochoa es una de esas nuevas doctoras. Fue la número 109 en elegir destino y optó por medicina de familia y comunitaria en una zona rural de Jaén.

Cada año, cuando llega la elección de plazas MIR se repiten algunas dinámicas. Especialidades como dermatología y cirugía plástica se agotan rápidamente, en los primeros turnos de elección, mientras medicina de familia es una opción hasta el final, alimentando el relato de que nadie quiere ser médico de Atención Primaria, contra el que se revuelven las sociedades médicas. “Mucha gente me decía que no desaproveche el número [de elección de plaza], pero no quería guiarme por eso, sino por lo que siempre he querido hacer. No estoy desaprovechando nada, pero esos comentarios te los tienes que tragar”, lamenta la joven, de 24 años.

Los números tienen varias lecturas, en uno y otro sentido, pero hay evidencias que desmienten que nadie quiera ser médico de familia. De las 9.275 plazas ofertadas, el 27,5% eran para esta especialidad. Ninguna de las 2.544 disponibles quedó desierta. “Somos la especialidad que más médicos atrae a lo largo de los años y, cuando se mira a otras médicas, es de las que antes se eligen. Habría que ver si teniendo 2.500 plazas de cualquier otra especialidad se iban a cubrir”, plantea el vocal de docencia de la Sociedad Española de Medicina Familias y Comunitaria (Semfyc), Jorge Lema.

El siguiente gráfico muestra cómo se cubrieron las especialidades del MIR en 2026, caso a caso. Aunque se aprecia que familiar y comunitaria tuvo más adeptos en los últimos turnos, la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez Ledo, pide poner las cifras “en perspectiva y con números totales”. Por ejemplo, cuando cirugía cardiovascular (24 plazas), pediátrica (20), torácica (22), angiología y cirugía vascular (57) o urología (161) agotaron sus cupos en el octavo turno de elección, ya habían elegido medicina familiar y comunitaria 209 personas.

Las plazas que se demandan más rápido son las habituales de dermatología (140) y cirugía plástica (53), que se agotaron en el primer turno. Oftalmología adjudicó sus 229 plazas al tercero y endocrinología y nutrición, sus 115 al cuarto.

En cualquier caso, Rodríguez Ledo defiende que el examen MIR es distributivo. “Nos preocupa bastante poco el número, porque no sabe más el número 1 que el número 50”, aclara, “pero sí que haya gente que no opte al MIR como sistema para desempeñar su función como médico de familia”. “Es positivo que los compañeros que están siendo contratados sin título ocupen estas plazas, que les dan el marco y el amparo de un modelo que funciona”, reclama.

Entre los años 2021 y 2023, las plazas MIR desiertas en esta especialidad preocupaban a las administraciones y los profesionales sanitarios, pendientes de un relevo generacional que debería haberse ido produciendo, pero que se ha retrasado. En esos tres años, se perdieron 470 plazas acreditadas. La tendencia se ha revertido en los dos últimos procesos de elección, gracias a un cambio en el sistema, que eliminaba la nota de corte en el examen.

Si se echa la vista atrás, se aprecia un incremento notable en el número de plazas ofertadas, que proporcionalmente ha ido descendiendo respecto a las de hace 23 años, de un 31 a un 27%. Y, con vaivenes, se ve también que el número de personas que eligen la especialidad por debajo del número 4.000 ha descendido de los casi 500 en 2003 y 2004, a los 90 la semana pasada.

“El problema no está en la especialidad, sino en la cuestión laboral. Lo que está en crisis es la atención primaria”, señala Lema. Los profesionales de esa puerta de entrada al sistema sanitario llevan años denunciando una “presión asistencial brutal, falta de personal y poco acceso a realizar pruebas diagnósticas”, entre otras carencias, verbaliza este médico. Un análisis en el que coincide su colega Rodríguez Ledo: “Tal y como están las cosas en primaria, bastante vocación hay”.

Paliar estos problemas pasa también por una planificación a largo plazo. “En formar a un médico se tarda 11 o 12 años, por lo que no podemos tener una visión a cuatro años”, apunta el médico jubilado y coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, Vicente Matas, que elabora anualmente un informe sobre este asunto. Para el especialista, el aumento de plazas MIR para familia ha llegado “tarde”, lo que ha derivado en un “déficit muy importante y con muchas plazas sin cubrir”.

No es que el problema no se viera venir. En 2007, el propio Matas publicó un artículo en el que advertía que “dentro de unos 15 años llegarán a la edad de jubilación los médicos que terminaron a comienzos de los 80 unas promociones con cuatro o cinco veces más médicos” de las que había entonces en las facultades. “Debe tenerse en cuenta en la planificación de las necesidades futuras de profesionales”, apuntaba. Sin embargo, no hubo una apuesta decidida por aumentar el número de plazas MIR para esta especialidad hasta el curso 2018/19.

El 'Informe Oferta-Necesidad de Especialistas Médicos 2021-2035', del Ministerio de Sanidad, publicado en 2022, estimaba que 2027 sería el “punto de inflexión”, con un déficit global de 9.000 médicos, “sobre todo por la falta de médicos de medicina familiar y comunitaria”. “Empezamos a cubrir plazas, pero sigue habiendo un déficit importante, que dentro de cuatro o cinco años se equilibrará. Como no corrijamos errores del pasado, estaremos en el otro polo y empezarán a sobrar en unas especialidades y a hacer falta en otras”, advierte Rodríguez Ledo.

Desde las Sociedades médicas reclaman también una mayor presencia de esta especialidad en los planes de estudio. “No puede ser que se ofrezcan 2.500 plazas y muchas facultades no hayan tenido más de 15 días de contacto con Atención Primaria”, denuncia Lema. Por eso, trabajan con los decanos para incorporar la asignatura de forma transversal. María, que estudió en la Universidad de Navarra, sí la cursó, aunque en su caso el contacto con la profesión lo tuvo en casa: “Mi madre es médica de familia y me gusta la cercanía de la especialidad. Soy de un pueblo y estoy acostumbrada a este tipo de medicina”.

Matas insiste en mejorar las condiciones laborales, bajar las ratios de pacientes y mejorar las plantillas. Porque, apunta, la retención de talento no finaliza cuando los residentes llegan al centro de salud. “Necesitaremos tiempo y que las condiciones del ejercicio de la profesión, las retributivas y las cargas de trabajo mejoren, para que al terminar acepten los contratos que se les ofrecen y no se vayan a urgencias, a la privada, a Francia o a Alemania o a otros sitios donde se les valora más”.

Hola,

Espero que estos días de calor hayan ido bien, que estés en alguna zona donde no apriete mucho el termómetro o puedas resguardarte de las altas temperaturas. Luego hablaremos de esto. 

Hoy quiero empezar con un tema que muestra algunas desigualdades del sistema sanitario español. En función de dónde estés leyendo este boletín, tienes que saber que los gobiernos autonómicos gastan más o menos de media por habitante —por ti, por mí— en sanidad. 

Cómo sabes, en el Sistema Nacional de Salud hay unas prestaciones básicas, que deben ofrecer todas las comunidades. Por encima de eso, estas tienen capacidad para ofrecer otros servicios, invirtiendo más recursos propios, pero la mayor partida va para la remuneración de los trabajadores del sector. En total, de los más de 101.000 millones de euros en 2024, el último año con datos disponibles, los servicios hospitalarios y especializados supusieron el 62% del gasto y el 45%, más de 45.500 millones, van para la remuneración de los profesionales.

¿Quién gasta más y menos? Euskadi y Asturias están a la cabeza, con 2.332 y 2.322 euros de media por habitante. Andalucía y Madrid —que presume de ser una de las comunidades más ricas—, a la cola, con 1.658 y 1.779 euros. La diferencia es de hasta un 40%. El gasto medio en todo el territorio ronda los 2.084 euros.

Sobre estos datos elaboraron un informe el catedrático de la Universidade de Santiago, Santiago Lago Peñas, y la de la Universidad de Las Palmas, Beatriz González López-Valcárcel, que es todo un referente en economía de la salud. Ambos presentaron su trabajo en el Congreso hace unos días y dejaron reflexiones muy interesantes. 

Ellos establecían tres factores que explicaban las diferencias. Dos son los lados de una misma moneda: lo que necesitas y lo que puedes gastar. Un poco como en cualquier economía. Ponían el ejemplo de las comunidades más envejecidas y las que tienen menos población: tienen que invertir más para atender a sus mayores, mientras sus costes fijos son los mismos que los de una comunidad grande, pero repartidos entre menos. Y también las que tienen más dinero, porque salen beneficiadas cuando toca repartir. Por eso, hacían un llamamiento a reformar el sistema de financiación autonómica. 

El tercer factor, sin embargo, me resultó muy interesante. En términos sanitarios y democráticos. “Cuando analizas la distribución entre gasto público y privado, aparecen diferencias notables”, señalaba Lago, que las enmarcaba dentro de “preferencias diversas y políticas, que son legítimas, justas y razonables”. “El Estado autonómico se creó para que haya posibilidad de elegir, por eso es importante explicarle a la ciudadanía cuáles son las decisiones políticas que se toman en cada territorio, para que el debate público sea de calidad”, decía. 

Receta rápida

Hace calor y... ¿no pasa nada?

Es la teoría del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: “Cuando hace calor, hace calor”. “Y aquí estoy y aquí estamos todos y no pasa absolutamente nada”, dijo su consejero Mariano de Paco en la Asamblea —con aire acondicionado— para defender al Ejecutivo de las críticas sobre las altas temperaturas a las que tiene que recibir clase el alumnado madrileño, ante la falta de adaptación de las aulas a las altas temperaturas. Planteó, incluso, que servía de “inspiración”, pero lo cierto es que la evidencia apunta en la otra dirección. 

La Asociación Española de Pediatría apunta, sin embargo, que lejos de activar la inspiración, el calor puede hacer que niños, niñas y adolescentes sufran deshidratación, agotamiento y deterioro del rendimiento físico y cognitivo. No parece algo para tomarse a broma. 

Más allá del calor en las aulas, el sistema de monitorización de mortalidad diaria (MoMo) registró en mayo 101 defunciones atribuibles a las altas temperaturas. Es el máximo histórico para ese mes.

Con esto me despido por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Pasa muy buen fin de semana, protégete del calor y ¡salud!

“En las últimas horas del día los alumnos empiezan a acumular cansancio, a estar deshidratados, y no pueden concentrarse. Interrumpen constantemente para ir al baño a rellenar botellas y refrescarse y ya no hay manera de dar clase con normalidad”. Dolores Almudéver, profesora en un instituto de Móstoles, no ha visto todavía en su día a día la “inspiración” que, según el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, despierta el calor en los jóvenes.

No les culpa. Dar clase a 30 grados o más no es una experiencia que recomendaría. “Hay chicos literalmente tirados sobre el pupitre, diciendo: 'Profe, lo siento, pero no puedo'; y los que están sentados junto a la pared de la fachada preguntan si se pueden cambiar de sitio”. No es que hiciera falta, pero aclara que son “estudiantes estupendos, de sobresaliente”. “Hoy mismo [por el jueves] una chica me dijo: 'No sé cómo vamos a aguantar aquí hasta el día 15'”, cuenta.

El consejero Mariano de Paco ha defendido este jueves desde la Asamblea madrileña que “el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración”. Las experiencias de los docentes consultados por elDiario.es contradice esa afirmación que, por otro lado, tampoco cuenta con el más mínimo respaldo científico y apunta a un desconocimiento flagrante del efecto de las altas temperaturas en niños y adolescentes.

“Son más vulnerables al calor que los adultos y pueden sufrir antes deshidratación, agotamiento o deterioro del rendimiento físico y cognitivo u otras complicaciones”, advierten desde la Asociación Española de Pediatría (AEP). Coincidiendo con el Día Mundial del Medioambiente, que se celebra este viernes, —y antes de las declaraciones del consejero de Ayuso— los pediatras habían enviado un comunicado en el que recomendaban “adaptar los centros escolares con medidas de prevención, ventilación, sombra, hidratación, climatización eficiente con energías renovables y reorganización de espacios y actividades”.

La AEP pone grados a los riesgos para los menores, que apuntan en la dirección contraria de lo expresado por el Gobierno madrileño. El calor no es fuente de inspiración, sino todo lo contrario. “Cuando un aula supera los 26-27 grados, la evidencia nos dice que empieza a deteriorarse el bienestar, la concentración y el aprendizaje; y cuando se alcanzan temperaturas superiores, estamos en un escenario de riesgo sanitario prevenible. La infancia no puede seguir siendo el termómetro pasivo del cambio climático”, advertía el coordinador del Comité de Salud Ambiental de la asociación, Juan Antonio Ortega.

Óscar Centeno, director de un colegio de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria (CEIPSO) en Algete, adelanta la hora en la que ya se hace muy cuesta arriba dar clase. “A partir de la segunda o la tercera ya sube la temperatura en el aula de manera notable, por mucha ventilación cruzada o ventanas abiertas que haya”, explica. “El estudiantado acusa mucho el calor y ya no se siente capacitado para atender”.

Y se deja de dar clase de manera efectiva. “Cuando llega el calor la incidencia es clara a la hora de avanzar sobre el currículo”, explica Centenero. “Igual que les pasa a los adultos, pero ellos —en su centro hay desde Infantil hasta Secundaria— reaccionan con menos control, claro. El comportamiento deja de ser adecuado. Pero no es que se estén portando mal, simplemente están incómodos”.

En el caso de los más pequeños, añade, hay que estar especialmente atento porque se pueden deshidratar sin ser conscientes. Algo parecido refiere Almúdever, que trata con adolescentes. En ese caso los problemas surgen de la exposición incontrolada al sol en el patio. “Se pasan media hora dándolo todo en el recreo y alguno vuelve medio insolado”, cuenta.

La jornada del jueves, el termómetro alcanzó máximas de 27 grados en la ciudad de Madrid, donde se encuentra la Asamblea, con aire acondicionado. La previsión es que los próximos días se superen los 30 grados, mientras la Consejería de Educación contestó por carta a una queja formal de una familia en la que derivaba el problema a los centros, que “han de adaptar el plan general de actuación frente a olas de calor a las necesidades propias, debiendo adoptar las medidas que consideren adecuadas”.

Este mismo jueves, Unicef ha indicado que “miles de niños y niñas en nuestro país pasan sus últimos días del curso escolar en aulas que, en algunos lugares, llegan a alcanzar los 35 grados, dado que muchos centros educativos no están preparados para el calor extremo”. Es este alumnado quien “paga las consecuencias” porque es a los menores a quienes “el calor afecta más, porque su cuerpo se calienta más rápido que el de un adulto”, señalan. “Esto puede causar fatiga, deshidratación o dificultades para concentrarse”.

Rafael Valentín, profesor de Educación Física, tuvo que intervenir hace unos días porque una chica casi se desmaya en el patio. Cuando la llevó a enfermería –trabaja en un centro grande—, tenía la tensión muy baja por un golpe de calor. “Parece que están esperando a que pase algo”, lamenta este docente, que cuando no puede mover sus clases a primera hora las suele cambiar para hacer actividades tranquilas que no requieran esfuerzo.

Un informe de la Universitat Oberta de Catalunya incide también en la idea de que “la exposición prolongada al calor tiene un grave impacto en el rendimiento académico y el aprendizaje”. “Afecta a las habilidades cognitivas del alumnado y del profesorado y comporta una menor capacidad para realizar tareas complejas, limita la comprensión lectora, la actividad neuronal y la memoria”, apunta.

El trabajo, elaborado por Mar Satorras, del Institut Metròpoli, Isabel Ruiz Mallén, de la UOC, y Joana Ortiz, del Institut de Recerca en Energia de Catalunya, recoge también investigaciones que confirman peores resultado del alumnado más expuesto al calor en PISA: “Las puntuaciones caen un 0,18% por cada día con más de 26,7ºC, mientras que el rendimiento mejora cuando se reduce la temperatura”.

El primer pasajero español del buque MV Hondius que dió positivo en hantavirus al llegar a Madrid el pasado 11 de mayo ya ha superado la enfermedad. El hombre ha dado negativo en las dos últimas pruebas PCR que se le ha realizado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y ha pasado tres días sin síntomas, por lo que ha sido dado de alta, según indican desde el Ministerio de Sanidad.

Según el protocolo de manejo de personas afectadas por el brote de hantavirus, actualizado este mismo jueves, los casos positivos podrán recibir el alta tras tres días sin síntomas y dos pruebas PCR negativas en orina y exudado orofaríngeo separadas por 48 horas, como ha sido el caso. El otro positivo presentó febrícula en las últimas horas, por lo que continúa en aislamiento en una de las unidades de alto nivel (UATAN) del hospital militar.

Los otros 12 españoles, considerados contactos, permanecen en cuarentena en el centro hospitalario, que podrán abandonar a lo largo del fin de semana si sus condiciones médicas no cambian. En su caso, deberán continuar la cuarentena en sus domicilios hasta el próximo 21 de junio.

El protocolo establece las medidas de alta en torno a las PCR y la ausencia de síntomas ante los estudios más recientes sobre el virus Andes, que “muestran que la detección de ARN viral en sangre puede persistir durante un periodo prolongado tras la recuperación clínica”. Es decir, el virus puede continuar detectándose en sangre durante meses, “sin que se haya demostrado que ello suponga un riesgo de transmisión de la enfermedad”.

Por ello, desde Sanidad señalan que lo criterios de alta se basan en “la ausencia de síntomas y en la negativización de las muestras biológicas más directamente relacionadas con la posible eliminación del virus, como la orina y el exudado orofaríngeo”.