Con 18 años, a Liamar le diagnosticaron colitis ulcerosa, una enfermedad crónica que le hizo pasar por decenas de consultas, dolores horrorosos y dos operaciones a vida o muerte. También, cargar con una bolsa de ostomía por la que evacuar los desechos de su organismo. El calvario médico no le impidió realizar algunos de sus sueños, como estudiar un año en China, ni tener una vida normal, pese a las dificultades. La joven utilizó sus redes sociales para hacer divulgación, participaba en asociaciones de pacientes y realizaba talleres en colegios e institutos para dar visibilidad a la enfermedad.

Liamar murió, a los 33 años, el lunes 14 de noviembre de 2022, tres días después de someterse a una cirugía para, supuestamente, mejorar sus posibilidades de ser madre. Antes del procedimiento, concertado a través de la clínica con vínculos religiosos Fertílitas, no fue informada de los riesgos específicos de la operación, que acabaron materializándose y que no se controlaron.

Por esta mala praxis, que le costó la vida a la joven, la cirujana que realizó la intervención ha sido condenada por el Tribunal de Instancia de Madrid nº 33 a indemnizar a su familia con 210.000 euros. “Es una forma de que la justicia reconozca que se ha hecho algo terrible, pero el dinero no nos importa. Hemos perdido a Lía y esta mujer sigue ejerciendo como si nada”, lamenta Álvaro, su entonces pareja de hecho.

La pareja sabía que tenía complicado quedarse embarazada de forma natural. Las intervenciones a las que se había sometido Liamar a causa de su patología previa habían provocado pequeñas cicatrices —conocidas como adherencias— que afectan a la fertilidad y, a mediados de 2022, le habían detectado un quiste con bajo potencial de malignidad, que no hacía necesario que fuera extirpado.

“Ella aportó muchísima documentación sobre sus antecedentes, su caso específico, la ostomía... pero nos lo vendían como un proceso mucho menos invasivo que la fecundación in vitro, con todo ventajas y una tasa de éxito muy alta”, recuerda Álvaro. “Después de un montón de ingresos, tuvo que ir a un psicólogo para superar el miedo a los hospitales, así que, cuando decidió someterse a esta intervención, fue porque se lo vendieron muy bien, como un tratamiento natural, no invasivo, como si al día siguiente fuera a estar en casa”, coincide su madre, Alina.

La negligencia que acabó con su vida ha privado a la joven de tener su propio relato, pero la sentencia es clara en varios puntos. Y uno de ellos coincide con el testimonio de sus seres queridos. Con la documentación aportada por las partes, la jueza concluye que “no consta que ni la paciente ni su familia fueran informados previamente que a los riesgos a la operación se añadía un riesgo personalizado y específico” por sus patologías previas.

De hecho, Liamar tuvo que firmar tres consentimientos informados para la histeroscopia diagnóstica, la laparoscopia y la anestesia. Sin embargo, lo hizo minutos antes de ser trasladada al quirófano y, en los documentos, el apartado 'riesgos personalizados' aparece en blanco, indica la sentencia. Según el informe del perito del Colegio de Médicos de Madrid que cita la jueza, “la situación exigía haber informado a la paciente de los riesgos específicos y añadidos que esta cirugía entrañaba en su caso. Más aún cuando no se trataba de una cirugía urgente”.

Entre esos peligros, menciona el perito el “riesgo nada despreciable de perforación intestinal”. Fue, de hecho, lo que acabó ocurriendo. Las pruebas que se le realizaron tras la intervención ya hicieron sospechar de una perforación intestinal y, cuando tiene que volver a ser intervenida de urgencia, los cirujanos del hospital privado donde se había reservado el quirófano identifican hasta tres lesiones.

Además, la sentencia señala que la doctora incurrió en mala praxis al “ignorar el resultado claramente patológico de la procalcitonina y la proteína C reativa”. Ambas sirven para detectar infecciones bacterianas graves y sepsis y, en el caso de Liamar, sus valores ya apuntaban en esa dirección. Pese a ello, la doctora acabó “concluyendo que estaban alterados por el curso normal del postoperatorio”. La sentencia recoge, no obstante, que “de haberle dado la importancia a dichos resultados”, que solicitó “ante una previsible sospecha clínica” y de los que el propio laboratorio alertó, “la doctora habría podido haber diagnosticado de forma precoz una sepsis”

Una nueva “ciencia reproductiva”

Fertílitas es una clínica de fertilidad basada en la naprotecnología, que definen como una “nueva ciencia reproductiva que está revolucionando el mundo de la fertilidad” y una “verdadera alternativa a la reproducción asistida”. “Trata la infertilidad no como un problema inamovible, sino como síntoma de problemas de salud que es preciso diagnosticar para proponer un tratamiento médico. Una vez tratadas esas causas, tanto del hombre como de la mujer, las parejas ven mejorada su salud reproductiva”, explican desde la compañía.

La naprotecnología lleva a cabo intervenciones médicas reales, pero su eficacia como método para atajar la infertilidad no está demostrada. Una revisión de estudios sobre la efectividad y la seguridad de la medicina reproductiva restaurativa concluye que “no existen estudios comparativos que permitan establecer estimaciones fiables sobre su seguridad y eficacia frente a las técnicas de reproducción asistida o a la concepción sin asistencia médica en parejas con infertilidad”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no menciona estas técnicas en su Guía para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la infertilidad, publicada en 2025.

La naprotecnología fue creada por el ginecólogo y obstetra estadounidense Thomas W. Hilgers. Este doctor fundó el Instituto San Pablo VI sobre fertilidad natural —abre su web una fotografía de Hilgers con el Papa Juan Pablo II— y ha trabajado en el Consejo Pontificio para la Familia.

En un informe pericial trasladado al juzgado por la propia demandada se indica que “muchas parejas recurren a este método por sus convicciones morales o religiosas, ya que no implica la manipulación de embriones, ni tampoco es invasiva, si excluimos las técnicas quirúrgicas que en ocasiones son realizadas pero de forma mínimamente invasivas”.

En ese documento —a petición de la propia doctora—, el experto ya indica que “los resultados de esa técnica [en el caso de Liamar] son de escasa tasa de embarazo posterior”, aunque descarta que la intervención fuera llevada a cabo por motivos mercantilistas. Algo que niega el abogado de la familia de la víctima, Álvaro Sardinero: “La indujeron a llevar a cabo una operación quirúrgica muy arriesgada y con posibilidad cierta de muerte, a sabiendas de que el resultado iba a ser infructuoso y que las posibilidades de lograr el objetivo —el embarazo de forma natural— era del 0%”.

“Yo no conocía la clínica y creo que ella tampoco, ni sabía quién era el presidente, ni su filosofía detrás. Ves que solo atienden a parejas hombre-mujer... Esa no era la forma de pensar de mi hija”, explica su madre. El director y cofundador de Fertílitas es Álvaro Ortega, quien también preside la asociación anti derecho al aborto Fundación +Vida.

Desde la clínica evitan valorar la sentencia “por respeto a la persona fallecida y a sus familiares y amigos, así como al proceso judicial”, pero recuerdan que “Fertílitas no es parte” del mismo. De hecho, solo está condenada la cirujana M.L., que sigue formando parte del cuadro médico de la empresa. Todos ellos prestan sus servicios como “profesionales autónomos”.

Preguntada por si ha tomado alguna medida tras el fallecimiento de la paciente, desde la clínica señalan que “cumple con todos los protocolos y sistemas de gestión de riesgo habituales en la prestación de servicios sanitarios, incluyendo, por supuesto, la obtención del permiso informado por parte del paciente”. La respuesta es contraria a lo que marca la sentencia por la que ha sido condenada la cirujana, que recoge que “no consta” que la paciente fuera informada del “riesgo específico y personalizado” al que se sometía.

Desde la clínica apuntan que se ha “llevado a cabo un completo análisis de lo sucedido, incluyendo la solicitud de informes periciales a profesionales médicos independientes y de testimonios de pacientes de la doctora. En ese sentido, los informes periciales han manifestado que la actuación de todo el equipo médico se llevó a cabo según Lex Artis, con la debida agilidad y adoptando en todo momento las medidas concretas”.

De nuevo, este argumento contradice la sentencia, que refiere claramente que “la asistencia médica prestada no fue correcta ni se ajustó en todo momento a la más estricta 'lex artis ad hoc' y buena praxis médica”. Por ello, condena a la cirujana a pagar un total de 209.724 euros a los familiares de la víctima. Sin embargo, no aborda la inhabilitación, lo que le permite seguir ejerciendo la medicina, como recuerda desde Fertílitas.

Contra la sentencia cabía recurso, pero la demandada no la recurrió y, por tanto, fue declarada firme por los tribuales. La cirujana ha declinado responder a las preguntas de este medio.

El Gobierno ha presentado la candidatura de la doctora española María Neira a la carrera para dirigir la Organización Mundial de la Salud, según ha adelantado Health Policy Watch. Neira ha trabajado sobre el terreno en zonas de conflicto en África y Centroamérica con organizaciones como Médicos Sin Fronteras y fue directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS durante dos décadas.

“Me cuesta encontrar palabras para expresar lo que significa este momento para mi”, ha escrito la epidemióloga en su cuenta de Linkedin, donde ha expresado ser “plenamente consciente de la responsabilidad que esto conlleva”.

La candidatura de Neira cuenta con el respaldo de las organizaciones de la sociedad civil. El pasado lunes, la Mesa ciudadana y sociedad civil planetaria, que representa a más de un centenar de asociaciones, reclamó al Gobierno español que formalizase la candidatura de la doctora y epidemióloga, “no solo como una postulación solvente”, sino como “un activo de alcance planetario en su momento de mayor vigor y plenitud directiva para liderar los cambios estructurales que la comunidad internacional demanda”.

“Frente al impacto acumulado de los conflictos armados, las crisis económicas, las migraciones forzadas, la pobreza estructural y las emergencias climáticas marcadas por olas de calor extremo, la conducción sanitaria mundial requiere una personalidad de incuestionable solvencia técnica y coraje ético”, defienden estas asociaciones, que insisten en que “la trayectoria de la doctora María Neira reúne virtudes humanas y capacidades de gestión técnica difícilmente igualables en el panorama sanitario internacional”.

El plazo para presentar candidaturas se cerraba este jueves a las 18 horas y la nueva dirección de la OMS se elegirá en la 80ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en mayo de 2027 en Ginebra. En la terna están también el doctor belga Hans Kluge, la saudí Hanan Balkhy, la experta en gestión sanitaria y ministra de Sanidad catarí Hanan Al-Kuwari y el ministro indonesio Budi Gunadi Sadikin.

Desde la Mesa ciudadana consideran que Neira “supera cualitativamente los perfiles burocráticos o estrictamente regionales de los candidatos promovidos por otras naciones, al amalgamar la credibilidad del laboratorio científico, el conocimiento directo de las trincheras humanitarias y dos décadas de experiencia normativa en Ginebra”.

Además de ser experta en salud pública, el perfil de Neira aborda un enfoque basado en la prevención y los efectos de la crisis climática en la salud y cuenta con el respaldo, entre otros, del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, comunidades del sur global y diferentes colectivos y entidades.

El Gobierno ha impulsado en los últimos meses varias carreras en organismos internacionales, aunque de perfil diferente. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz está ya haciendo campaña para liderar la Organización Internacional del Trabajo y el ministro Luis Planas se postula para ponerse al frente de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés).

“Creo profundamente en la OMS. Conozco sus equipos, sus fortalezas y todo lo que el mundo espera de ellos. También sé que una organización puede mover montañas cuando une ciencia, países y poblaciones en torno a un objetivo común: una mejor salud para todos”, ha indicado la candidata.

Los jefes de los servicios quirúrgicos y de anestesiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal han difundido este miércoles un comunicado en el que justifica los cambios de prioridad en las intervenciones, cuando la inclusión inicial “no se ajusta a los criterios clínicos” establecidos en cada especialidad. “Una de nuestras obligaciones es revisar y en su caso modificar esa clasificación con el objetivo de garantizar la equidad y evitar perjuicios al conjunto de pacientes que esperan una intervención quirúrgica”, defienden.

La comunicación busca salir al paso de las “recientes informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación sobre la gestión de las listas de espera”. Se refieren a los cambios ordenados en la prioridad de hasta 57 pacientes, pasándolos de preferente a normal, lo que amplía el plazo máximo para ser intervenidos de 90 a 180 días, que tanto Más Madrid como Facua han llevado a la Fiscalía por presunta prevaricación y falsedad documental.

Los jefes de servicio indican ahora que “la inclusión de un paciente en lista de espera quirúrgica es una decisión exclusivamente médica, adoptada por facultativos especialistas atendiendo a criterios clínicos”. “La asignación de prioridad se establece únicamente en función de la gravedad de la patología, el riesgo de deterioro de la salud del paciente y las necesidades asistenciales derivadas de su situación clínica”, apunta.

Del mismo modo, explican que cada facultativo puede “modificar el nivel de prioridad respecto a otros pacientes a su cargo” cuando considere que “la evolución de un paciente o sus circunstancias clínicas justifican” ese cambio. La información publicada por El País señala, no obstante, que en más de medio centenar de casos esas modificaciones se llevaron a cabo sin informar ese médico responsable, que es quien atiende al paciente y marca la prioridad.

“Los jefes de servicio, junto con los de sección y unidad, somos los responsables últimos de velar por la correcta aplicación de los criterios clínicos establecidos en cada especialidad. Cuando se detecta que una inclusión o una asignación de prioridad no se ajusta a dichos criterios, una de nuestras obligaciones es revisar y en su caso modificar esa clasificación con el objetivo de garantizar la equidad y evitar perjuicios al conjunto de pacientes que esperan una intervención quirúrgica”, indican.

Tras el escándalo, desde el sindicato médico Amyts —que asesoró al cirujano que hizo pública la alteración de las listas— señalaron que “no llama la atención” esos cambios, que se hace “en prácticamente la totalidad de centros”. En una línea similar se manifestó la ministra de Sanidad, Mónica García, que trabaja en un real decreto para reformar estos registros y “evitar el maquillaje”.

Desde la Comunidad de Madrid, por su parte, han negado que se maquillen las listas de espera y la consejera del ramo, Fátima Matute, señaló directamente al cirujano que denunció los hechos. Las manipuló él, acusó, “para trabajar menos y operar casos menos complejos”.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado que trabaja en un Real Decreto para actualizar la forma en la que se registran las listas de esperas, para “evitar el maquillaje” y “garantizar su transparencia y trazabilidad”. Desde el departamento que dirige Mónica García llevan meses intentando impulsar una reforma de estos registros, que realizan las comunidades autónomas, y que ha tenido algunos reveses. El último, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este verano, donde, según la propia ministra, los nuevos criterios “no fueron aprobados” por las consejerías.

En este nuevo intento, el Ministerio prepara un Real Decreto, que entra en vigor tras ser aprobado en Consejo de Ministros, pero que requiere de su convalidación en el Congreso en un plazo de 30 días.

Según explican desde este departamento en un comunicado, el texto en el que trabajan establece que los pacientes “entrarán en lista de espera desde la indicación médica” y los datos “se desagregará por prioridad clínica y gravedad”. Además, “la norma prohibirá expresamente la existencia de listas, bolsas o registros paralelos de pacientes pendientes de una consulta, prueba diagnóstica o intervención quirúrgica”.

Es decir, la norma prohibirá prácticas como mantener listas 'b' de espera, fuera de los registros, o mantener a pacientes fuera de estos conteos hasta que realizan determinadas pruebas, aunque ya les haya sido indicada la operación. Y abarcará también pruebas diagnósticas y terapéuticas.

El anuncio de este Real Decreto, todavía sin fecha de aprobación, se produce una semana después de que se conociera que desde el servicio de traumatología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid modificaron la prioridad de 57 pacientes para pasar de un máximo de 90 a 120 días y así cumplir con el tope exigido.

La nueva norma incorpora otras novedades, como que los pacientes derivados a centros concertados sigan permaneciendo en la lista “hasta que se confirme que han recibido la atención indicada”, incluso cuando rechacen acudir a centros privados porque prefieran la atención pública, o que se incluya en las estadísticas el tiempo que se espera por una consulta de Atención Primaria, tanto a medicina de familia y pediatría como a enfermería.

Además, “en las consultas externas y las pruebas diagnósticas y terapéuticas se publicará también el número y porcentaje de pacientes que están en lista de espera pero todavía no tienen una cita asignada”. El objetivo es “avanzar hacia el cálculo del tiempo que trascurre desde la indicación de la primera consulta, hasta la obtención de un diagnóstico, lo que permitirá conocer mejor el recorrido asistencial del paciente”, apuntan.

Desde el Ejecutivo quieren reforzar también el derecho a la información de los pacientes, que “podrán conocer su situación en la lista, cuánto tiempo llevan esperando y la demora estimada para su proceso”. En concreto, habrá que hacer un registro exhaustivo de una quincena de pruebas diagnósticas y terapéuticas y se ampliará de 15 a 20 las intervenciones quirúrgicas sometidas a seguimiento.

“La nueva norma permitirá modernizar los criterios utilizados para medir las listas de espera y disponer de datos más completos, homogéneos y comparables en el conjunto del Sistema Nacional de Salud”, indican desde Sanidad.

El Congreso ha dado luz verde definitiva a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Los cambios, que se publicaran en el Boletín Oficial del Estado en los próximos días, son la mayor revolución en la atención a la dependencia desde la aprobación de la norma hace 20 años. Si en 2006 el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, calificó la medida como un “hito histórico”, desde el actual Ministerio de Derechos Sociales hablan ahora de una “refundación del modelo de cuidados en España”.

Este miércoles, el Congreso ha votado las enmiendas introducidas por el Senado —donde el PP tiene mayoría absoluta—, tras su paso previo por la Cámara Baja, donde la ley ya había sido aprobada —con la abstención de los 'populares' y el voto en contra de Vox—.

Los cambios afectan a dos normas, que hacen de guía al sistema de cuidados a la dependencia, que son competencia de las comunidades autónomas: la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.

Respecto a la reforma de la Ley de Dependencia, uno de los principales cambios es se reduce el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia de seis a tres meses y se eliminan las incompatibilidades a la hora de recibir prestaciones. Por ejemplo, hasta ahora, si una persona dependiente quería ir a un centro de día algunas horas, mientras seguía viviendo en su casa, no podía solicitar también una prestación por cuidados en el entorno familiar o teleasistencia. A partir de ahora, podrá hacerlo.

Además, la nueva norma amplía el concepto del servicio a domicilio, que podrá prestarse más allá del propio hogar —por ejemplo, para acompañar a la persona dependiente a hacer recados o al médico— y reconoce la figura de la persona cuidador principal y la no profesional, que sale del ámbito exclusivamente familiar y se extiende a otras personas cercanas pero no emparentadas.

También sobre las cuidadoras, la reforma “garantiza por ley”, señalan desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy, quien ha pilotado estos cambios, que la Administración General del Estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales y la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas.

Cambios en Discapacidad

La otra norma que se ha visto afectada por estos cambios es la de discapacidad, que también tiene novedades importantes, algunos relacionados directamente con la ley anterior. A cualquier persona que se le asigne un grado I de dependencia, se le reconocerá automáticamente el 33% de discapacidad, y para las de los grados II y III, el 65%. “De esta manera, se desburocratiza el reconocimiento de la discapacidad, agilizado los procesos administrativos y reduciendo las listas de espera”, indican.

Además, reconoce la accesibilidad universal —que las personas con discapacidad pueda acceder a servicios y edificios públicos— como un derecho. Es decir, podrán exigirlo y se creará un Programa Estatal de Promoción a la Accesibilidad Universal. Además, se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para que las administraciones públicas tengan que ayudar económicamente en las obras de accesibilidad en viviendas y se facilitan los requisitos para solicitar estas ayudas.

Hay más novedades. La reforma fija por ley que la atención temprana es un derecho subjetivo de los niños y niñas de cero a seis años; regula la figura del facilitador procesal para evitar situaciones de indefensión en los procesos judiciales; y prohíbe la discriminación en los seguros de salud, que será ilegal.

7.000 millones más para dependencia

Estas reformas legislativas vienen acompañadas de una inyección de fondos para la dependencia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en junio un incremento en las transferencias a las comunidades autónomas de hasta 7.239 millones de euros en 2027, casi el doble que en 2025.

El aumento de las cuantías ya empezó a notarse este mismo año, desde el mes de junio, porque para esto no hizo falta pasar por el Congreso. El Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que blinda por ley este aumento de las transferencias y compromete a este y los próximos ejecutivos centrales a financiar la dependencia al 50% con las comunidades autónomas. En el siguiente gráfico puede verse cuánto recibirá cada territorio en 2027 con y sin la ampliación.

El objetivo de este aumento de la financiación y de la reforma de las leyes es reducir las listas de espera, aumentar las ayudas a las personas en situación de dependencia y profesionalizar los cuidados con mejores condiciones laborales, para hacer atractiva esta profesión. Pero la pelota está ahora en el tejado de las comunidades autónomas, quienes tienen las competencias en este ámbito.

“Ya no hay excusas: las listas de espera deben reducirse a la mitad en 2027 y desaparecer en 2028. Nuestro compromiso es total y ahora toca que todas las comunidades autónomas remen a favor para hacerlo una realidad”, afirmó el ministro Bustinduy.

Lo que queda fuera

Desde la Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA), han valorado “positivamente” la reforma, que supone un “avance e el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad”, pero han lamentado que no se haya eliminado el copago, una de sus “principales reivindicaciones”. “Valoramos que la reforma salga adelante porque incorpora avances importantes y mejora nuestro sistema de derechos y apoyos. Pero no podemos considerar terminado el trabajo mientras una persona con ELA deba tener que contribuir económicamente a unos cuidados que son imprescindibles para seguir viviendo”, señala su presidente, José Jiménez Aroca, en un comunicado.

A diferencia de otras votaciones, la norma llegó este miércoles al Congreso sin sobresaltos parlamentarios. Ya había sido aprobada en la Cámara Baja en primera vuelta —con la abstención del PP y el voto en contra de Vox— y cumplió su trámite en el Senado, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta —y votaron a favor— y donde se introdujeron más de medio centenar de enmiendas, que se votaron este miércoles. Entre ellas, eliminar el límite de edad de 26 años para la recepción de ayudas por parte de familias con hijos con enfermedades graves y que no fue aceptada. El Gobierno ya hizo uso de su capacidad de veto para bloquear las enmiendas que supongan un incremento presupuestario, como es el caso, y que en total cifró en 82 millones de euros.

Ser capaces de detectar el cáncer en sus primeras fases con un simple análisis de sangre —las conocidas como biopsias líquidas— es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la ciencia. Aunque todavía está lejos, esa quimera va dando pequeños pasos hacia la realidad. Un nuevo test experimental abre la puerta a la posibilidad de identificar el cáncer de páncreas en sus primeros estadios, cuando es más tratable y potencialmente curable.

El hallazgo, publicado este miércoles en Nature Medicine bajo el título Biopsia líquida para la detección precoz del adenocarcinoma ductal de páncreas, ha corrido a cargo de investigadores del City of Hope, uno de los centros de investigación más grande de Estados Unidos. “La prueba —llamada Panxeon— no es un tratamiento en sí misma y todavía no está preparada para sustituir a las técnicas de imagen”, explica el investigador principal y jefe del departamento de Diagnóstico Molecular y Terapias Experimentales de City of Hope, Ajay Goel, para quien “su posible utilidad consiste en ayudar a identificar a personas con un riesgo elevado que necesitan una evaluación más estrecha antes de que aparezcan los síntomas”.

El cáncer de páncreas es el octavo más frecuente en España. Según los datos de la Asociación Española Contra el Cáncer, en 2024 se diagnosticaron unos 9.000. Su gran problema es que, cuando los médicos lo detectan, ya suele estar muy avanzado porque presenta síntomas inespecíficos y no hay métodos de detección precoz eficaces, lo que complica el tratamiento. De hecho, la tasa de supervivencia a cinco años es de entre el 7 y el 10%.

“El gran problema es que, cuando nos damos cuenta de que una persona puede sufrir cáncer de páncreas, en el 80% de los casos ya está muy avanzado”, apunta el jefe del grupo de cáncer hepatobiliar pancreático y tumores endocrinos del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), Jaume Capdevilla. Y es que, aunque se conocen los factores de riesgo, como componentes hereditarios, conductas de riesgo —como el trabajo y el alcohol— o lesiones premalignas, “no tienes un buen cribado”.

Debe considerarse un complemento de la resonancia magnética, la ecografía endoscópica y la vigilancia clínica, no un sustituto de estas técnicas

Ajay Goel — investigador

En la actualidad, existe el CA19-9, un marcador sanguíneo que ya se utiliza en la atención a pacientes con cáncer, pero es poco fiable y, cuando se detecta, es habitual que ya existe metástasis. La nueva técnica experimental combina este marcador con microARN circulantes libres en plasma y microARN transportados en el interior de exomas.

“Los microARN libres pueden aportar una amplia sensibilidad molecular, mientras que los microARN exosomales pueden ofrecer una mayor especificidad biológica, ya que los exosomas transportan material molecular procedente de las células que los liberan. CA19-9 aporta una señal diferente y clínicamente conocida”, explica Goel a elDiario.es. Después, se utiliza aprendizaje automático para integrar estas señales en una única puntuación. En nuestro estudio, la prueba combinada fue especialmente superior a CA19-9 por sí solo en la detección de la enfermedad en fases tempranas. En los cánceres de páncreas en estadios I y II, panxeon detectó aproximadamente el 87% de los casos, frente a alrededor del 68% con CA19-9 en solitario“.

El investigador apunta que “ningún análisis de sangre es perfecto” y que el suyo —Goel es consultor remunerado de Biocartis, que tiene la opción de adquirir los derechos de la prueba— “no detectará todos los cánceres”. “Nuestro estudio identificó aproximadamente el 87% de los cánceres de páncreas en estadios I y II, lo que significa que un resultado negativo no puede utilizarse por si solo para descartar la presencia de cáncer”. “Debe considerarse un complemento de la resonancia magnética, la ecografía endoscópica y la vigilancia clínica, no un sustituto de estas técnicas”, insiste.

Del mismo modo, un resultado positivo “nunca debería ser, por si solo, motivo para realizar una cirugía pancreática”. “El objetivo no es operar a más personas, sino lo contrario: mejorar nuestra capacidad para distinguir el pequeño número de quistes que presentan cambios biológicos realmente peligrosos el número mucho mayor que puede vigilarse de forma segura”.

Es muy novedoso y abre una puerta completamente distinta. Se estaban intentando mirar cosas que no eran las correctas en páncreas, pero las malas experiencias cogen ahora una nueva dimensión

Jaume Capdevila — Oncólogo del VHIO

Hasta ahora, se habían probado biopsias líquidas con fracciones de ADN circulante, pero la sensibilidad era muy baja. “Sin embargo, este grupo lo ha conseguido con RNA. Es muy novedoso y abre una puerta completamente distinta. Se estaban intentando mirar cosas que no eran las correctas en páncreas, pero las malas experiencias cogen ahora una nueva dimensión”, explica Capdevilla.

Pese al optimismo, el camino aún es largo y puede torcerse. “El estudio está muy bien hecho, tiene una cohorte propia, una externa de validación con pacientes con más y menos riesgo, pero tiene que irse demostrando con estudios más amplios, internacionales y con más centros”, advierte este oncólogo.

Un pronóstico al que también apuntan sus responsables. “Los resultados son muy alentadores, pero por sí solos no bastan para justificar su implantación rutinaria en la práctica clínica”, por lo que “todavía son necesarios estudios prospectivos” y a “gran escala”, que permitan saber “con cuánta antelación aparece la señal en sangre antes de que un cáncer sea clínicamente visible, con qué fiabilidad funciona la prueba cuando se realizan mediciones repetidas y cómo modifica las decisiones sobre pruebas de imagen, endoscopia y cirugía”.

“Necesitamos demostrar su utilidad clínica”, insiste Goel, que también descarta su uso para cribados a la población general, sino para aquellos grupos de riesgo donde la vigilancia ya está justificada y en los que “un análisis de sangre podría ayudar potencialmente a determinar quién necesita una evaluación más exhaustiva”.

Cuando el pasado 9 de septiembre se publicó que se disparaba en dos años el número de mujeres a la espera de una mamografía en la Comunidad de Madrid y que 9.000 no tenían fecha asignada para esta prueba diagnóstica, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sacó pecho de su gestión sanitaria, en la misma línea que ya habían seguido en ocasiones anteriores: “Madrid tiene las listas de espera más bajas”, dijo el consejero portavoz autonómico. La región lleva tiempo presumiendo, pero tras conocer que uno de los principales hospitales de la capital rebajó la prioridad de 57 pacientes pendientes de una operación para mejorar sus números, surge una pregunta: ¿cómo de fiables son las listas de espera de la Comunidad para tener una imagen real y completa de la espera de los pacientes?

El “maquillaje” de las listas de espera es una antigua denuncia de sindicatos y asociaciones de pacientes. “No nos llama la atención. Es algo que hacen prácticamente la totalidad de centros para ocultar datos a la Consejería y es algo que hacen las Consejerías con el Ministerio. No es algo privativo de Madrid”, señalaba este martes la secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Ángela Hernández.  

La Comunidad, no obstante, lleva décadas arrastrando una hemeroteca que da muestra del trampeo en la forma de registrar el tiempo de espera. Ya en 2005, el Ministerio de Sanidad expulsó a Madrid del sistema nacional de cómputo por los incumplimientos del Gobierno de Esperanza Aguirre de la normativa estatal del momento. Si los pacientes tenían que ser incluidos en el momento en que el médico especialista indicase la intervención, la Consejería no los contabilizaba hasta que hubiesen pasado las pruebas previas a la operación —incluido el anestesista—, mucho después. 

“Maquillar los datos, desde el punto de vista político, da votos, pero se hacen trampas al solitario porque no solucionan el problema”, explica el presidente de Atención Hospitalaria de Amyts, Javier Ortega. Para él, que es cirujano general, lo ocurrido en el Hospital Ramón y Cajal va un paso más allá y es “muy grave desde el punto de vista quirúrgico”: “Es una cosa muy grave, se me ponen los pelos como escarpias”.

El jefe del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del centro, Basilio José de la Torre Escudero, y el director médico, Rafael Martínez Fernández, habrían rebajado la prioridad de hasta 57 pacientes de preferente a normal para ampliar el plazo máximo en el que debían ser intervenidos, de 90 a 180 días, a espaldas de los cirujanos, según ha publicado El País, que cita documentos y correos internos. 

Esta redacción se ha puesto en contacto con el hospital, pero no ha obtenido respuesta. 

114.000 personas en lista de espera

Según los últimos datos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), en julio había 114.627 pacientes esperando por una intervención quirúrgica en la región y la demora media estructural era de 57 días, aunque más del 40% sobrepasaban los tres meses de espera. Por esas mismas fechas, la lista de espera en traumatología del Ramón y Cajal superaba los 98 días de media, con 1.665 pacientes pendientes de una operación. 

Si se revisan los contratos de programa 2025 de los cinco grandes hospitales públicos madrileños —La Paz, 12 de Octubre, Gregorio Marañón, Ramón y Cajal y el Clínico San Carlos— todos ellos recogen “objetivos institucionales” para rebajar las listas de espera de las intervenciones quirúrgicas, con indicadores y puntuaciones periódicas, además de aportaciones adicionales destinadas a la actividad extraordinaria de reducción de las listas de espera. 

“Los contratos programa que se acuerdan entre los servicios de salud y las gerencias tienen dos propósitos: asignar fondos que cubran los costes fijos y las variables de la actividad pactada; y dotar bolsas de productividad para bonificar los desempeños, en cantidad y calidad de servicios prestados”, explica el experto en gestión sanitaria y profesor emérito de la Escuela Nacional de Sanidad, José Ramón Repullo, para quien esos incentivos son “el objetivo natural y universal de todos los modelos de gestión hospitalaria”. 

Pero, esos contratos, ¿pueden generar incentivos perversos? “Obviamente, sí. Por eso el arte de esos acuerdos radica en que sean inteligentes, bien gestionados, con fiabilidad de los indicadores de desempeño y con una evaluación objetiva y transparente del grado de cumplimiento y de las bonificaciones conseguidas”, continúa Repullo, para quien “cuanto peor gobernanza de un sistema o servicio, más fácil es caer en conductas oportunistas”. 

Para la secretaria general de Amyts, el problema de base es la propia organización de la gestión directa de la sanidad pública, con dos modelos compitiendo entre sí. “Cuánta más actividad hay en un hospital público, más gasto genera y más se aleja del cumplimiento presupuestario, así que lo único que te queda es la gestión de la lista de espera. Si cuando la aumentas vas a estar mal visto por la Consejería, se genera el incentivo de intentar ocultarla”, razona. Es, dice, “el modelo contrario a la [Fundación] Jiménez Díaz [de gestión privada], que cuanto más hace, más gana”. 

Solo en 2024, los hospitales de Quirón (Fundación Jiménez Díaz, Villalba, Infanta Elena de Valdemoro y Rey Juan Carlos de Móstoles) y Ribera Salud (que gestiona el Hospital de Torrejón) lograron captar 250.000 pacientes de la sanidad pública gracias a la libre elecciones impulsada por Aguirre. Este modelo, indican los expertos, convierte la sanidad madrileña en una suerte de “mercado persa”, donde los hospitales públicos acaban quedándose con las pluripatologías más complejas mientras los de gestión privada seleccionan las intervenciones más rentables. 

El caso del Hospital de Torrejón y la priorización de pacientes rentables

Es el caso del Hospital de Torrejón, gestionado por la empresa Ribera Salud. Aquí no se trataba de maquillar las listas de espera para cumplir unos objetivos, sino que, tal y como publicó elDiario.es a finales de 2025, en este centro sanitario se priorizaban pacientes que se consideraban rentables mientras los vecinos de Torrejón tenían que esperar más de dos meses para una cirugía una vez entraban en la lista de espera.

La libre elección que instauró el Gobierno de Esperanza Aguirre permite que los hospitales privados capten pacientes de la pública. Según un documento interno de la Comunidad, el “impacto económico” que ha tenido este sistema entre 2018 y 2023 ha sido de 1.268 millones de euros extra derivados a la sanidad privada. 

Tal y como publicó elDiario.es, en Torrejón el incentivo estaba motivado por la ganancia económica de la empresa gestora. Y para conseguir aumentar estos ingresos, el objetivo era hacer que los pacientes “no cápita” se operasen en este hospital a pesar de estar asignados a otros centros. Así, la Comunidad de Madrid tiene que pagar a ese centro elegido para la operación o tratamiento de dicho paciente externo. A muchos ellos se les ofrecían operaciones quirúrgicas tempranas y se les operaba antes que muchos otros que llevaban más tiempo esperando. 

elDiario.es ha remitido una serie de preguntas a la Consejería de Sanidad, como a partir de cuándo se contabiliza la espera para una operación, qué medidas pretenden tomar para evitar este tipo de situaciones en los hospitales públicos madrileños, o si tienen información sobre otras posibles alteraciones de las listas de espera. Desde el Gobierno autonómico no han respondido a estas cuestiones, haciendo alusión a que la “gestión de la lista de espera quirúrgica de todos los hospitales” madrileños “corresponde a los propios servicios asistenciales, de acuerdo con los criterios clínicos establecidos y con la responsabilidad de los profesionales implicados” y “refrendado por el comité semanal de quirófanos”. 

“Ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente la gestión o modificación de las listas de espera quirúrgicas de los servicios. Por tanto, no cabe atribuir a estos órganos la realización de alteraciones individuales en las historias clínicas de los pacientes”, indican desde el Gobierno de Ayuso. La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha defendido este martes durante unos premios en los que se ha galardonado a Ayuso como “Política del Año” que en la región “no se falsean” las listas de espera, pero se abrirán “diligencias de información interna para volver a revisar todo” el sistema. “Es triste el ataque que se hace al tesoro que es la sanidad”, ha añadido la consejera, que no ha precisado si habrá ceses tras la polémica y atribuye la polémica a rencillas personales.

“Ni es nuevo, ni está penalizado”

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (Adspm) ha considerado “de extrema gravedad la información conocida sobre la modificación de la prioridad quirúrgica de pacientes del Hospital Ramón y Cajal para mejorar el cumplimiento de los tiempos de espera”. En un comunicado, han mostrado su preocupación porque “esto ocurra en un sistema en el que el cumplimiento de determinados objetivos con las listas de espera está vinculado a la productividad” y han reclamado a la Consejería que explique “qué controles existen para evitar que los objetivos de gestión puedan interferir en decisiones que deberían responder exclusivamente a criterios clínicos”. 

Esta organización ha recordado también que la lista de espera quirúrgica es solo el último escalón de la demora sanitaria. Además de los más de 114.000 pacientes esperando una operación en julio, había otros 670.000 pendientes de una primera consulta y otros 160.000, de una prueba diagnóstica y terapéutica. 

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mandado este martes una carta a la consejera madrileña para requerir información sobre lo sucedido y “solicitar garantías” de la veracidad de los datos de las listas de espera que son remitidos al Ministerio. En marzo, García anunció que modificaría la normativa para conocer exactamente los tiempos de todos los pasos por el sistema sanitario. “Necesitamos la colaboración de las comunidades para darle transparencia al proceso. Queremos saber, desde el Ministerio, cuál es el tiempo que pasa desde que un paciente va a atención primaria con cualquier tipo de patología o dolencia hasta que le ven un especialista, le hacen una prueba, le vuelve a ver al especialista y hasta que le operan o no le operan o le dan el tratamiento. Toda esa trazabilidad no la tenemos a día de hoy. No sabemos lo que pasa con nuestros pacientes”, indicó García. 

El Ministerio llevó la propuesta al Consejo Interterritorial —donde están presentes las consejerías— esos nuevos “criterios de transparencia y trazabilidad” que “no fueron aprobados por las comunidades autónomas”, ha lamentado la ministra García a través de su cuenta de X, donde afirmó que “manipular las listas de espera, engañando a cirujanos y pacientes, ni es nuevo ni está penalizado”. 

Si tienes información sobre este u otros casos similares, puedes escribirnos a nuestro correo confidencial pistas@eldiario.es

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes la ampliación presupuestaria del 'Plan Veo', la estrategia para financiar gafas y lentillas a niños y adolescentes. En concreto, Sánchez ha avanzado 23 millones de euros más, que elevan la partida total a los 73 millones. “No es una medida puntual o aislada, forma parte de algo mucho más amplio, la salud de los menores”, ha defendido.

Desde la puesta en marcha de este plan, en el último trimestre de 2025, ya se han beneficiado de las ayudas directas, de hasta 100 euros, “casi medio millón” de niños, niñas y adolescentes, ha cuantificado Sánchez. En concreto, se han tramitado 454.650 ayudas.

Esa ayuda se gestiona a través del Colegio de Ópticos y Optometristas, que transfiere el presupuesto dedicado a esta medida. Las familias podrán descontar ese montante de la factura de los productos que adquieran en los centros ópticos. Por el momento, estará disponible hasta el 31 de diciembre.

La segunda fase del plan, presentada este lunes, dota con 23 millones de euros más esta estrategia, con la que el Gobierno quiere cubrir una brecha en salud. “Para descubrir el mundo, primero hay que verlo bien”, ha defendido Sánchez, que ha reclamado que “ningún niño o niña de nuestro país tenga que vivir sin ver bien porque no puede permitirse corregir su problema de visión”.

En España, según los datos del Gobierno, más de 700.000 menores sufren pobreza visual. Esto tiene repercusiones en todos los ámbitos. “Se estima que uno de cada tres niños con malos resultados académicos podría tener un problema visual no diagnosticado”, ha ejemplificado Sánchez.

En España trabajan más de 3,6 millones de empleados públicos, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora semestralmente el Instituto Nacional de Estadística. Son uno de cada 10 asalariados —el 11%—, que sostienen los pilares del Estado del Bienestar. Hay más de 780.000 profesionales en el sistema sanitario público; cerca de 600.000 profesores y profesoras en centros públicos; 40.000 funcionarios de universidad; o más de 5.000 jueces y cerca de 3.000 fiscales; entre muchos otros.

En los últimos años, se han realizado en España grandes procesos de oposiciones, con el objetivo de estabilizar unas plantillas que, en muchos casos, sufrían altas tasas de temporalidad —Europa impuso rebajarla, como máximo, al 8%— y rejuvenecer los equipos —solo la administración central afronta la jubilación de 95.000 funcionarios en la próxima década—. Y, en noviembre, el Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO acordaron una subida de sueldo del 11%, entre 2026, 2027 y 2028.

Pero, ¿cuánto cobran los empleados públicos? Dar una cifra exacta es complicado. Depende de la administración para la que trabajen —algunos dependen de los ministerios, otros de las comunidades autónomas y otros de las corporaciones locales, que establecen sus propios rangos salariales—, de la profesión, sus funciones y responsabilidad, los complementos que reciben, dónde están destinados, si realizan guardias o turnos especiales, su antigüedad...

A partir de aquí encontrarás las retribuciones brutas anuales de los empleados públicos españoles en su nivel de entrada —es decir, sin antigüedad—. Todos ellos han sido obtenidos de fuentes oficiales de cada comunidad, pero cada una utiliza formatos distintos que desde elDiario.es hemos homogeneizado para poder hacer una comparación. Puedes consultar la metodología completa aquí.

Así se distribuyen los salarios de los funcionarios en España

En el siguiente gráfico, cada círculo representa un puesto específico en cada comunidad. Su posición en el eje horizontal (o vertical si lees esto desde un móvil) muestra su salario bruto —sin antigüedad— y su color, el sector al que pertenece. El sueldo más bajo es el de un ordenanza en Castilla y León —14.600 euros al año—, mientras los más altos son los de magistrados y fiscales, por encima de los 88.000 euros al año, sin complementos.

También puede verse que el grueso de los salarios se concentra entre los 30.000 y los 50.000 euros —donde se acumulan más círculos, principalmente de docentes—. O el gran salto que se produce entre los médicos: los residentes (MIR), empiezan por debajo de los 20.000 euros brutos anuales —sin guardias— y los jefes de servicio o de sección, alcanzan los 70.000. También los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los militares se distribuyen por toda la gráfica. En otras palabras, en estos sectores las retribuciones pueden variar mucho dependiendo del puesto concreto.

Los puntos del siguiente gráfico muestras el tamaño de cada grupo y su sueldo mediano —colocadas todas las cuantías (y no el número de trabajadores) de menor a mayor, es la que se sitúa en la posición central—. Los sueldos más altos, los de jueces y fiscales, son también los menos habituales. Los más repetidos son los profesores no universitarios, 577.000, que suponen el 41,7% del personal analizado.

Precisamente, los profesores de Primaria y Secundaria comienzan el curso con protestas en varias partes del país y una convocatoria de huelga en Madrid, Catalunya y Andalucía. Aunque la reivindicación salarial late de fondo, estos profesionales reclaman principalmente mejores condiciones en las que ejercer su trabajo, como plantillas reforzadas, menos horas lectivas o reducción de ratios. De hecho, en Catalunya llegaron a rechazar un incremento salarial de 600 euros al mes, porque no iba acompañado de otras medidas.

Jueces y fiscales, los que más cobran

Los funcionarios que más cobran son los jueces y fiscales. Sin complementos ni antigüedad, su primer año ya cobran unos 60.300 euros brutos, que pueden llegar hasta los 88.800 si trabajan en localidades grandes, como Madrid o Barcelona. Con antigüedades, complementos y en puestos específicos, esta cantidad puede dispararse fácilmente por encima de los 100.000 euros al año. Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo, María Isabel Perelló, percibe anualmente 162.795 euros; sus vocales, más de 140.000; y el secretario general, 137.000. Todos ellos, sin antigüedad.

Son cifras bastante alejadas de las que perciben, por ejemplo, los ministros. La mayoría cobra entre 84.000 y 90.000 euros al año, aunque algunas, como la de Defensa, Margarita Robles, superan los 100.000. Su secretaria de Estado, María Amparo Valcarce, está en 149.000. De hecho, las secretarías y subsecretarías de Estado llevan aparejadas mayores retribuciones que los titulares de los departamentos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, percibió en 2025 cerca de 96.000 euros, 40.000 euros menos que su director de Gabinete, Diego Rubio.

La nómina de un juez o un fiscal no depende tanto de la comunidad, sino del tamaño de la localidad donde ejerce. En Madrid o Barcelona, cobran unos 88.000 euros, un 47% más que en un partido judicial pequeño (60.300 euros).

El salario mediano de jueces y fiscales fue de 75.000 euros en 2026. Ningún otro colectivo superó los 60.000 brutos ese ejercicio. El más cercano fue el de los médicos, con 57.000 euros —sin tener en cuenta guardias, considerando que tienen dedicación exclusiva y no trabajan en la privada y teniendo en cuenta a los MIR—.

El siguiente gráfico muestra el salario mediano de cada grupo en España. Utilizamos este cálculo para evitar las distorsiones de los valores poco habituales, pero inusualmente altos o bajos, aunque también se puede consultar la media en cada desplegable. La línea de puntos indica el salario mediano nacional de los casi 32 millones de asalariados españoles: 24.497 euros. Solo tres grupos de funcionarios están por debajo de este umbral: auxiliares administrativos, auxiliares de enfermería — TCAE — y subalternos.

Diferencias por comunidades

Las grandes diferencias salariales entre profesionales del mismo rango se encuentran entre comunidades. El grueso del empleo público —profesores, sanitarios y administración— depende de los gobiernos autonómicos, que pueden definir sus propios sueldos y complementos. En el siguiente gráfico se muestra la diferencia entre la comunidad que menos paga de base a sus trabajadores y la que más. Se incluyen también policías y guardias civiles, porque cuentan con un complemento de destino importante, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que en áreas como la sanidad, dependen del Ministerio.

Según los datos extraídos de fuentes oficiales por elDiario.es, un técnico superior puede cobrar hasta 21.000 euros más de Balears a Euskadi; un médico especialista gana 18.000 más al año en Ceuta que en Navarra; y un maestro de primaria, 8.000 más en Castilla-La Mancha que en Murcia.

Cuánto se puede progresar salarialmente

Los datos mostrados hasta ahora tienen en cuenta el salario de entrada, pero ¿cuánto puede progresar salarialmente un empleado público que llega al nivel más alto? La mayor diferencia se da entre los médicos. Hay más de 50.000 euros entre los 19.700 que cobra un residente de primer año y los 71.100 de un jefe de servicio.

Los médicos son los que más escalan, pero no son los únicos. Del militar de más bajo rango, al más alto hay más de 40.000 euros al año; en la Guardia Civil, 28.600; y en la carrera judicial, 28.500. Al otro lado están los maestros, que ganan apenas 7.400 euros más si llegan a directores; 9.800 más en el caso de secundaria; y 3.200 euros más para un administrativo que salta a jefe de negociado.

La longitud de ese salto entre el sueldo de entrada y la jefatura, también depende de la las comunidades. En medicina, por ejemplo, el sueldo de entrada es bastante similar en todo el territorio —entre el MIR que más cobra y el que menos hay 3.700 euros de diferencia—, pero en el nivel máximo, la diferencia puede multiplicarse por seis —hasta los 23.500—. De hecho, tras las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla —por la indemnización por residencia—, Murcia es la que mejor paga de base a sus médicos y Asturias, la que menos.

En profesores y administrativos pasa lo contrario: el recorrido es pequeño y similar en todas las comunidades. Llegar a director de instituto vale 12.300 euros más en Catalunya pero solo 8.400 en Extremadura. Pasar a jefe de negociado como administrativo vale 8.000 euros en Murcia y apenas 1.200 en Aragón.

En el siguiente gráfico pueden consultarse esos saltos, pero también cuanto cobran otros profesionales del mismo rango. Y comparar cuáles son los trabajadores mejor pagados en cada comunidad. Por ejemplo, Navarra es una de las comunidades que peor paga de base a sus sanitarios —aunque tiene complementos forales, infraestimados en la metodología—, pero de las que más retribuye a sus docentes en la pública.

Euskadi tiene la administración general mejor pagada del país, a todos los niveles. Un ordenanza vasco cobra casi el doble que uno de Castilla y León.

Y en los policías, la geografía marca la diferencia más notable, incluso más que el rango. Un policía de base en Melilla (37.365 euros) cobra prácticamente lo mismo que un inspector en la península (37.631 euros): el plus de residencia e insularidad de Ceuta, Melilla, Canarias o Euskadi, por el antiguo complemento por peligrosidad, vale casi lo mismo que dos ascensos.

Las guardias médicas, en el punto de mira

Las guardias que realizan los médicos han estado en los últimos meses en el punto de mira de los profesionales. El nuevo Estatuto Marco, pactado entre Sanidad y los sindicatos UGT, CFIS, CCOO y Satse, ha soliviantado a las organizaciones sindicales del ramo, que no están presentes en la mesa de negociación. El texto, que enfila su trámite parlamentario, reduce las horas de guardia máximas obligatorias de 24 a 17 horas —incluyendo la jornada ordinaria— e incluye la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

Sin embargo, al margen de otras demandadas —como un estatuto propio—, los sindicatos médicos reclaman una jornada semanal de 35 horas, como ocurre con el resto de empleados públicos, y que las horas de guardia se paguen por encima —y no más baratas, como ocurre ahora— de la hora ordinaria.

Estas jornadas extra permiten compensar sueldos exiguos en el caso de los médicos residentes y complementar salarios más elevados para los facultativos. Las comunidades autónomas son las que determinan cómo se organiza la jornada y a cuánto pagan cada guardia médica. Por ejemplo, en Balears, Castilla-La Mancha y Murcia, cuatro guardias al mes inflan la nómina anual en unos 38.000 euros. En Andalucía, son 27.000 euros más y en Madrid, casi 29.000.

Un especialista en Murcia con esas guardias llega a 100.158 euros —el único que supera los seis dígitos—; en Madrid, con el mismo esfuerzo, se queda en 81.225. Pesan más donde el salario base es más bajo: en Asturias y Navarra las guardias suman un +71%, es decir, casi igualan el sueldo.

En enfermería la historia es distinta: siete noches al mes suman de media 3.900 euros (un 12%). La comunidad que mejor paga las noches es Andalucía con una diferencia de 5.376 euros más si una enfermera realizase siete noches cada mes durante un año. Muy lejos de los 27.348 euros extra de un médico con las guardias, aunque Andalucía sea la comunidad que mejor paga las noches de enfermería y la que peor paga las guardias de los médicos.

De nuevo, estas cifras no tienen en cuenta la antigüedad. Según datos en poder de la OCDE, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la retribución media anual de un médico en España —con guardias, antigüedad y complementos, sin contar a los MIR— oscila entre los 88.000 anuales de un especialista en medicina familiar y comunitaria, hasta los 107.000 de un radiólogo; los 108.000 de un cirujano general y de aparato digestivo; o los 109.000 de un anestesista. Un pediatra cobraría, de media, 93.000 euros al año y un obstetra, 95.000. Los psiquiatras públicos percibirían 86.000 euros al año.

En cuanto al resto de profesionales sanitarios, una enfermera de atención primaria tiene un salario medio de 53.000 euros y en especializada, 48.000. Las auxiliares de enfermería reciben, de media, 31.000, según estás fuentes.

Sindicatos médicos de todo el país han acordado la convocatoria de una huelga indefinida estatal, que comenzará el próximo miércoles 28 de octubre, en protesta por el Estatuto Marco acordado entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales presentes en el ámbito de negociación —CCOO, UGT, CSIF y Satse— y que aprobó la semana pasada el Consejo de Ministros.

Según ha avanzado este viernes la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en un breve comunicado, la decisión la tomaron durante la tarde del jueves los actuales integrantes del Comité de Huelga. La decisión se enmarca en la estrategia de paros que vienen realizando desde principios de año y que les llevó a protagonizar un paro semanal cada mes, de febrero a junio.

Aunque había dudas sobre la nueva convocatoria, tras los acuerdos alcanzados por los sindicatos en algunas comunidades, finalmente se ha convocado una huelga indefinida para el 28 de octubre, aunque “queda pendiente cerrar el calendario del resto de actuaciones que forman parte de la movilización frente al Estatuto Marco”, indican desde CESM.

En el Comité de Huelga están presentes CESM, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi y el de Facultativos de Galicia Independientes (O'mega).

Desde la Unión Médica y Facultativa, indican que “la movilización persigue que el Ministerio de Sanidad reconsidere su planteamiento y abra una negociación real que permita avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio, capaz de reconocer las particularidades de la profesión y de garantizar unas condiciones de ejercicio acordes con su nivel de responsabilidad y formación”.

El conflicto, encallado durante meses, tiene su origen varias reivindicaciones de los profesionales médicos. Por un lado, exigen un Estatuto propio y un ámbito de negociación donde abordar sus condiciones laborales al margen del resto de trabajadores del sistema. Por otro, mejoras en esas condiciones, como la jornada semanal de 35 horas o que las horas de guardia se remunere por encima de la ordinaria, que se reduzcan y que sumen para adelantar la jubilación —en España, para este supuesto, se cotiza por día trabajado, no por cantidad de horas—.

El texto, pactado entre Sanidad y los sindicatos del ámbito, incluye algunas mejoras, como la reducción de las guardias obligatorias de 24 a 17 horas o la jornada laboral máxima de 45 horas semanales, insuficiente para las organizaciones sindicales médicas.

El argumento que esgrimen desde Sanidad para no atender a esas demandas es que muchas de ellas escapan de sus competencias y que, incluso, supondrían incumplir la ley. Por ejemplo, los cambios en la jubilación corresponderían al Ministerio de Seguridad Social —aunque desde el departamento que dirige Mónica García se habrían abierto a negociar para que se tuviera en cuenta la penosidad de las guardias en los coeficientes reductores— y el grueso de las competencias en sanidad son de las comunidades autónomas, que también han pedido que se reinicie la negociación.

En un mensaje publicado este viernes en la red social X, la ministra Mónica García ha defedido que llevar el Estatuto Marco al Congreso “no puede ser una ofensa para nadie, excepto para quienes quieren eludir sus responsabilidades o esconder sus competencias tras las del Ministerio”. En ese sentido, ha insistido en que “las competencias exclusivas en materia de planificación, ordenación y recursos humanos corresponde a las comunidades autónomas”.

Pese al malestar generado entre los médicos, desde el Ministerio nunca han dado muestras de plantearse retirar el texto, que enfila ya su trámite parlamentario. “Las leyes se aprueban, se rechazan o se enmiendan en el poder legislativo, no en un despacho”, ha escrito García. De hecho, desde CESM avisaban este miércoles de que la estrategia debía pasar también por un “conflicto permanente” y avanzaban su intención de realizar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios que deben aprobar o tumbar esa medida.

El de próstata es el segundo tumor más común en hombres en todo el mundo. En los países en los que se ha reducido drásticamente el tabaquismo —y los asociados a esta adicción han caído—, está a la cabeza. Como en España, donde en 2025, se diagnosticaron en torno a unos 35.000 cánceres de este tipo, la inmensa mayoría en hombres mayores de 50 años, y se registraron 6.000 muertos. Con una detección temprana, la esperanza de vida más allá de los cinco años supera el 90% y algunos pacientes viven décadas sin que la enfermedad se desarrolle. En otros, en cambio, la evolución es rápida y letal.

Hasta ahora, las pruebas diagnósticas eran capaces de diferenciar muy bien qué tumores están en los extremos —cuáles tienen muy buen pronóstico y cuáles muy malo—, pero el espectro intermedio es más difícil de definir. Un análisis de las alteraciones del ADN genómico de las células tumores de casi 1.000 pacientes ha permitido identificar los patrones que definen esos ritmos, lo que permitirá estratificar mejor a los pacientes y definir las terapias más adecuadas en cada caso.

El estudio, publicado este miércoles en la revista Nature, parte de una colaboración internacional coliderada por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y desvela los procesos que dañan el ADN en la mayoría de cánceres de próstata, tras analizar 959 tumores de hombres de siete países. “El equilibrio de los procesos que tienen lugar en el interior de un tumor es lo que determina la probabilidad de que el cáncer se propague”, apunta el jefe del grupo de Oncología Computacional del centro, Geoff Macintyre.

“Hemos analizado las alteraciones del ADN geómico de esos tumores, con la idea de ver cuáles son los daños que existen. Al analizar esos daños o patrones en el ADN, podemos ver qué mecanismos los han causado y entender biológicamente cuáles han sido los procesos que han alterado esos genomas en los pacientes con cáncer de próstata primarios”, explica la investigadora y coautora del estudio Bárbara Hernando.

Una combinación de daños

El trabajo se centra en alteraciones del ADN a cuatro niveles: desde pequeños cambios, de una letra o tramos del genoma, hasta otros más grandes, como trozos de cromosoma que se juntan o la repetición de copias de material genético. “Hasta ahora, se había mirado individualmente”, explica Hernando, por lo que la novedad está en la integración de estas alteraciones, con la que se han dado “ocho patrones de cambios que se relacionan con procesos dañinos internos de la célula”.

Es decir, el daño no proviene de un error en un solo gen, sino de “mecanismos celulares que han dejado de funcionar bien: los que copian el ADN, los que lo reparan y la propia señalización hormonal de la próstata”. Así, cada tumor presenta una combinación de los ocho patrones descubiertos, que explica el daño en el 85% de los cánceres de próstata.

Una vez conocidos esos patrones, el siguiente paso es buscar nuevos tratamientos específicos para ellos. “Hasta ahora, queríamos entender la biología del cáncer de próstata a nivel de ADN y ahora empezaremos una nueva etapa de ensayos clínicos”, avanza la investigadora. Es decir, probar en pacientes con tumores concretos tratamientos específicos y analizar su evolución durante los próximos años.

“Secuenciar casi 1.000 tumores en cáncer de próstata es un esfuerzo enorme”, considera la oncóloga especialista en cáncer de próstata en el Hospital 12 de Octubre, Elena Castro, que “ahonda en entender mejor cómo se producen esas alteraciones y sus estructuras” porque, mientras otras publicaciones son más parcheadas, en este trabajo “se hace un análisis más completo”.

Entender mejor la enfermedad

En la práctica clínica, cuando se detecta un cáncer de próstata, los oncólogos tienen en cuenta la histología del tumor —cómo son sus tejidos—, el número de metástasis, cuándo han aparecido o las cifras de PSA —una proteína presente en la sangre—. “Son factores pronósticos que nos permiten establecer qué tumores van a ir muy bien y cuáles muy mal, pero en los del medio a veces no sabemos [cómo será la evolución]”, explica Castro. Por eso, cada nuevo conocimiento “ayuda a entender mejor la enfermedad y tener mejores estrategias de seguimiento”.

Y en los últimos tiempos ha habido mucho nuevo conocimiento, celebra la especialista. Por ejemplo, se han ido desarrollando biomarcadores que han permitido un abordaje más personalizado de la enfermedad, como la mólecula diana PSMA. “Cuando se le engancha otra molécula, nos permite ver dónde está la enfermedad y cuando se le incorpora otra, nos permite tratarla”, explica la oncóloga Castro. Es lo que ha venido a llamarse 'teragnosis' —una combinación de terapia y diagnóstico—. Una de esas estrategias, lutecio-177 PSMA, se aprobó en enero para pacientes con cáncer de próstata avanzado y metastásico.

A falta del salto a la clínica del estudio publicado este miércoles en Nature, todos estos pasos que han ido permitiendo contar hoy con nuevos tratamientos han sido capaces de elevar la tasa de supervivencia neta a cinco años por encima del 90%, según los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica.

El porcentaje es esperanzador, pero las expertas piden más concienciación sobre un tumor “muy frecuente, del que se habla muy poco”. Y para el que hace falta más investigación. En un artículo publicado en junio, la SEOM ya alertaba de que “se estima que un 20-30% de los pacientes tratados con cirugía o radioterapia desarrollará metástasis a lo largo de su evolución, lo que hace necesario disponer de nuestras estrategias terapéuticas eficaces”.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado este martes una nueva estrategia frente al Estatuto Marco, aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros y que inicia ahora su trámite parlamentario. La organización ha planteado un escenario de “conflicto permanente” en los próximos meses, hasta que sus reivindicaciones se incorporen al texto que Sanidad pactó con los sindicatos del ámbito de negociación —donde los sindicatos médicos no están represetados— en diciembre.

El Comité de Huelga —donde están presentes otros sindicatos, como Metges de Catalunya, Amyts, el Sindicato Médico de Euskadi, el Andaluz y O'Mega— había amenazado antes del verano con un paro indefinido en septiembre, tras los semanales que habían sido convocados cada mes desde enero.

Cómo serán esos paros, no obstante, está todavía en el aire y será el Comité, quien “tomará sus decisiones sobre las próximas acciones por unanimidad, para recordar que un Estatuto Marco que afectará directamete al futuro profesional de casi 200.000 facultativos no puede aprobarse sin contar con el respaldo de la profesión médica y de las organizaciones que la representan”, indican la CESM en un comunicado, en el que apelan por la “unidad de acción”.

La Confederación ha avanzado también su intención de abrir una ronda de contactos con todos los partidos políticos con representación parlamentaria dentro de ese “conflicto permanente”, con el objetivo de que no apoyen la tramitación del Estatuto Marco. Pedirán, indica, “que presenten una enmienda a la totalidad que fuerce una devolución del proyecto al Ministerio y una nueva negociación real que tenga en cuenta las reivindicaciones del colectivo médicos”.

Esas reivindicaciones pasan por un ámbito de negociación específico, una jornada ordinaria real de 35 horas, el reconomiento y la compensación del exceso de jornada, una reforma del sistema de guardias y una clasificación profesional “acorde al nivel de formación”. El Estatuto Marco reduce las guardias obligatorias de 24 a 17 horas y la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

Desde el Ministerio de Sanidad llevan meses insistiendo en que esas reivindicaciones corresponden a las comunidades autónomas, quienes tienen las competencias en este área. “Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales”, señalaba García en una reciente entrevista en elDiario.es.

De hecho, en los últimos meses los sindicatos médicos han ido alcanzando acuerdos con algunas consejerías en este sentido. Por ejemplo, en Andalucía, el Sindicato Médico Andaluz aseguró que el pacto con el Gobierno de Moreno Bonilla “ofrece respuesta a una de las principales demadas de movilización contra el Ministerio: la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y la revisión del modelo basado en su obligatoriedad”.

Ya entonces desde la organización andaluza consideraron que sería “difícilmente compatible” promover una huelga indefinida en Andalucía, pese al “conflicto abierto” con el Ministerio. De ahí esa llamada a la “unidad de acción” como “clave” por parte de CESM.

La CESM apunta que, además de con los grupos parlamentarios, buscará presionar en “todos aquellos ámbitos en los que exista capacidad de influencia y de decisión”, desde Europa hasta las comunidades autónomas, a quienes pedirán “pronunciamientos, resoluciones y compromisos jurídicos”. También explorarán la vía judicial para “denunciar aspectos del Estatuto Marco que vulneren la legislación nacional y europea”.

El Estatuto Marco continúa su travesía, pese a las adversidades. El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el texto que Sanidad pactó con los sindicatos del ámbito —UGT, CCOO, CSIF y Satse— en diciembre y que ha provocado un conflicto entre el Ministerio que dirige Mónica García y las organizaciones sindicales médicas, que han amenazado con una huelga indefinida este mes de septiembre.

La advertencia de los sindicatos del ramo llegó en junio. Tras meses de paros semanales, y en un clima de máxima tensión, el Comité de Huelga avanzó que habría una huelga indefinida en septiembre si no se cumplían sus demandas, ante el “nulo avance en el conflicto” y el “empeño de Sanidad de seguir adelante con la tramitación del texto”.

Tras la aprobación del Estatuto Médico en esta segunda vuelta en Consejo de Ministros, desde el Comité de Huelga han lamentado la “cerrazón” del Ministerio. “Resulta incomprensible que, después de un conflicto de esta magnitud, Sanidad haya dejado transcurrir el verano sin realizar un verdadero intento de acercamiento y pretenda ahora continuar la reforma prácticamente desde el mismo punto”, han indicado en un comunicado.

La ministra, que llegó a acusar a los sindicatos médicos de deslealtad en la negociación, ha defendido en todo momento la tramitación del texto. Con su aprobación este martes en Consejo de Ministros, el siguiente paso es el salto al Congreso, donde “los partidos políticos tendrán oportunidad de posicionarse”, ha expresado la Ministra portavoz, Elma Saiz, sobre un texto que “supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales”.

Los sindicatos médicos, que pidieron la dimisión de García y reclamaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que interviniese para desbloquear el conflicto, exigen a Sanidad un Estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral “justa”, que incluya la implantación de las 35 horas semanales.

Pese al conflicto abierto, en los últimos dos meses no se ha producido ningún acercamiento entre el Ministerio y los sindicatos médicos. “Ningún contacto”, confirman fuentes sindicales. Mientras, desde el departamento que dirige García insisten en señalar a las comunidades autónomas, que son quienes tienen las competencias en este ámbito.

“Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales”, señalaba García este fin de semana en una entrevista en elDiario.es. Entre las nuevas reglas de juego que marca el Estatuto Marco están el fin de las guardias obligatorias de 24 horas —que pasarán a ser de 17—, la convocatoria de oposiciones cada dos años y la reducción de la jornada laboral máxima a 45 horas semanales.

“En los últimos meses, los sindicatos médicos han estado negociando con las comunidades, porque se han dado cuenta de que el Estatuto Marco tiene los límites legales y competenciales que tiene. La solución a sus condiciones laborales está en el tejado de las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular”, afirmaba García.

Acuerdos con las comunidades

En los últimos meses, los sindicatos médicos han ido arrancando acuerdos en diferentes comunidades autónomas, como Euskadi, Valencia, Galicia y Asturias. En Andalucía, la más reciente en avenirse a un pacto, se ha acordado la creación de mesas de trabajo, que se reunirán con carácter previo a la mesa sectorial y mejoras en materia de conciliación, entre otras.

No solo eso. Según el Sindicato Médico Andaluz (SMA), este acuerdo con la Junta de Andalucía, “ofrece respuesta a una de las principales demandas de la movilización contra el Ministerio: la equiparación de la retribución de las guardias a la hora ordinaria y la revisión del modelo basado en su obligatoriedad”.

“Cuando existe voluntad política para negociar con los médicos, hay acuerdo. Donde no la ha habido ha sido en el Ministerio de Sanidad, que, conviene recordar, establece el marco regulatorio que es el permite una jornada discriminatoria sólo para médicos y facultativos”, consieran desde el Comité de Huelga.

Pero este argumento refuerza a Sanidad, que lleva meses insistiendo en que la pelota está en el tejado de los gobiernos autonómicos. “Lo que pedían era de las comunidades y el ejemplo cunde”, trasladan fuentes de Sanidad, que confían en que estos pactos rebajen la tensión en este inicio de curso.

Según indicaba a finales de julio el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, este acuerdo con la Junta, que abre un “espacio de diálogo”, hace “difícilmente compatible” promover una huelga indefinida en Andalucía, pese al “conflicto abierto” con el Ministerio.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) evaluará la propuesta de huelga en la Ejecutiva prevista para el próximo viernes. “Espero que se pueda adoptar alguna medida”, señalan fuentes consultadas, que circunscriben los acuerdos con las comunidades a “cuestiones propias”, al margen de las reivindicaciones a Sanidad.

El siguiente paso del Estatuto Marco será su trámite parlamentario, donde la aritmética hace al Ejecutivo negociar cada ley. Y esta, concretamente, no ha estado exenta de polémica, con un frente único de todas las comunidades autónomas —también las del PSOE— pidiéndole a la ministra que tire abajo el acuerdo con los sindicatos del ámbito y “reinicie la negociación”.

“Los partidos de la oposición han manifestado su rechazo a la reforma y existen también posiciones críticas entre formaciones cuyos votos son relevantes para las iniciativas legislativas del Gobierno”, calibran los sindicatos.

“Las comunidades están en contra del Estatuto Marco, por lo contrario, que los sindicatos”, acusaba el sábado García, que defendía la marcha de la norma: “Si hubiera pasado por el Ministerio sin intentar cambiar el marco normativo que regula las condiciones laborales de mis compañeros y las mías propias, sería un fracaso y una traición. Otra cosa es lo que haya intentado vender la derecha, pero es indudable que es la primera vez que un gobierno de España se pone a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sabiendo que las competencias no son nuestras”.

Cuando los bebés de Susana nacieron, las primeras semanas fueron un calvario. Llegaron en la semana 27 de embarazo y pesaban 620 y 780 gramos. “No estaba concienciada sobre lo que es un niño prematuro. Crees que nacen más pequeñitos y que tienen que estar un tiempo en la incubadora, pero no eres consciente de que hay que enseñarles a respirar, que mientras respiran se olvidan de latir y se les para el corazón, que tienes que reanimarles, que no les ves la cara, porque están llenos de aparatos, o lo fuerte a nivel psicológico que es ver a un bebé de ese tamaño”, recuerda. De todas las preocupaciones que la familia atravesó esos días y los siguientes, hubo una que no apareció por sus cabezas: la económica.

La atención a neonatos es uno de los procesos hospitalarios con un coste medio más elevado en España, según la estadística publicada recientemente por el Ministerio de Sanidad. Dependiendo del peso al nacer de los bebés y sus necesidades, esa cantidad oscila entre los 47.000 y los 80.000 euros. Unas cifras que muestran el blindaje de la sanidad pública. “Sé que no hubiera podido afrontarlo, así que si en medio de toda esa ansiedad tienes que pensar cómo pagarlo, ¿qué haces? ¿Los dejas morir?”, plantea Susana.

“El aseguramiento público y el derecho a la salud son grandes logros del Estado del Bienestar, que hacen que ganemos en solidaridad y convivencia”, explica la catedrática e investigadora en Economía de la Salud Beatriz González López-Valcárcel. Un escudo que, indica, “no permite el gasto catastrófico, que las familias se tengan que arruinar o dejar morir al enfermo” si no pueden pagar la factura de un tratamiento complejo o una enfermedad crónica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera un gasto catastrófico aquel que oscila entre el 10% y el 25% de los ingresos familiares. Como indicó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención ante la Asamblea Mundial de la Salud, “en el año 2022, 1.600 millones de personas se arruinaron tratando de hacer frente a los gastos sanitarios y una cuarta parte de la población mundial enfrentó dificultades financieras para sus costes de salud”.

En 2024, hubo 44 altas por procesos con quemaduras extensas de tercer grado, con injerto de piel. Es la intervención que tiene un coste medio más alto, según estos datos: 117.950 euros. Aquel año, el salario medio bruto en España no llegaba a los 30.000.

En ese agujero financiero hubiera caído Dolores, de haber tenido que costear a tocateja el coste de su trasplante de pulmón, otro de los procesos más caros del catálogo, por más de 85.000 euros. “Estoy agradecida a mi donante y a todo el sistema, que ha hecho que volviera a revivir. Si no, estaría criando malvas”, explica la mujer con humor. Porque estas intervenciones no suelen venir solas. En su caso, recibió el órgano in extremis, cuando ya estaba conectada a un aparato de oxigenación por membrana extracorpórea. Este soporte respiratorio tiene un coste medio de 58.000 euros.

Los datos utilizados provienen de la aplicación de consulta GDR (Grupos Relacionados por el Diagnóstico) de los Costes de hospitalización recopilados por el Ministerio de Sanidad. Los datos contienen el precio medio de los costes hospitalarios, que no conllevan el coste final del tratamiento, sino de los precios de facturación emitidos. Solo se efectúan las comparaciones para aquellos tratamientos que comparten la descripción del tratamiento para los años 2019 y 2024.

La estadística muestra el “coste” del proceso, entendido como lo que cuesta prestar ese servicio en un hospital del Sistema Nacional de Salud. Es, también, la base para pagar a los centros privados con los que se concierta. “Estos aceptarán el trato si su coste de producción es menor que la tarifa, para no perder dinero”, explica López-Valcárcel, que recuerda que “los costes de producción de los hospitales privados son desconocidos”, porque no están obligación de reportarlos. “Ni tienen interés en hacerlo”, considera la economista de la salud.

La experta hace, sin embargo, una diferencia clave entre el “coste” y el “valor” de un proceso. Este último concepto “debería medirse en términos del valor de la salud ganada, mediante los Años de Vida Ajustados por Calidad (AVACs)”, explica. Por ejemplo, un trasplante cardíaco “cuesta” 90.420 euros, pero su valor es mucho mayor, si se tiene en cuenta los años con calidad de vida que ganan los pacientes que se someten a él.

Siguiendo con el mismo ejemplo, la supervivencia media de un trasplante de corazón se sitúa en torno a los 15 años. Si de ese tiempo, se vive con buena calidad un 85%, el tiempo total en buen estado de salud sería de más de 12 años y medio. Aunque no hay una referencia oficial de lo que 'vale' un AVAC en España, algunos informes y documentos de autoridades sanitarias mencionan cifras que oscilan entre los 22.000 y los 33.000 euros. Es decir, la intervención 'cuesta' 90.000 euros, pero tiene un 'valor' de entre 275.000 y 412.500 euros. “Es coste-efectivo: vale más de lo que cuesta”, resume López-Valcárcel.

Sin ir a los extremos, un ingreso medio de cinco días por una enfermedad vírica sube la factura a 3.468 euros, un parto son 3.318 y una hospitalización por gastroenteritis, 3.233 euros.

Estos precios han experimentado importantes subidas entre 2019 y 2024, como resultado de una combinación de factores. En primer lugar, a un aumento de la inflación, tanto general como sanitaria, ambas disparadas en ese periodo. Pero también a problemas con las cadenas de suministro tras la pandemia y un mayor uso de recursos médicos tras la crisis sanitarias.

En su actualización del programa de estabilidad para los años 2021-2024, el Gobierno indicaba también que “el coste de los servicios sanitarios depende de distintos factores como la edad de los pacientes, su estado de salud, el tipo de tratamiento que reciben, la evolución de la tecnología sanitaria, los costes salariales de los servicios sanitarios y factores institucionales”.

Solo en 2024, el Estado destinó más de 101.000 millones de euros a gasto sanitario público, según la última estadística del Ministerio de Sanidad. De esa cantidad, el 60% —unos 60.000 millones— se destinó a los servicios hospitalarios y especializados, que “se mantienen como eje central del sistema”, indicaba el informe.

Según los datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidads Aseguradoras y Fondos de Pensiones), a finales de 2025 había 14,2 millones de asegurados en España, con un volumen de primas de más de 13.540 millones de euros. Es un 11% más que el año anterior. A la par, el Observatorio del sector sanitario privado 2025, de la Fundación IDIS —la patronal del sector—, indicaba que estas empresas gastan 624 euros por asegurado.

Las experiencias de Susana y Dolores les han hecho ser conscientes de para qué sirven los impuestos que se pagan en España. “Cuando alguien me dice que son muchos, siempre respondo que el día en que a tu hijo le pase algo, le van a atender tengas dinero o no. Sé que hay listas de espera y que habrá casos [negativos], pero mi experiencia es muy positiva”, explica la primera. Este año, cuando llegó a casa de Dolores el borrador de la declaración de la renta, su marido comenzó a esbozar una pequeña queja por las retenciones. Ella le cortó rápidamente: “¡Con lo que he gastado yo!”. “Ojalá no hubiera hecho falta, pero ahora lo veo de otra manera”.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido en las últimas semanas en que la situación en Ceuta tras la entrada, hace un mes, de miles de migrantes es una “crisis humanitaria”. A esas personas, que llevan semanas durmiendo a la intemperie, dice, “no hay que confinarlas, sino asegurarles un espacio seguro donde se puedan empezar a hacer los expedientes de asilo, de devolución o epidemiológicos que sean pertinentes”.

Esos espacios son los que han comenzado a habilitarse en los últimos días. García cifra en unos 3.800 los migrantes alojados ya en estos recursos, espera que se pueda dar alojamiento en las siguientes jornadas a otras mil personas y que “en dos o tres semanas” todos los migrantes estén bajo techo y “en condiciones dignas”.

¿Cómo valora las situaciones de violencia que se han vivido en las últimas horas en Ceuta, con los intentos de impedir el reparto de ayuda humanitaria y el asalto a los campamentos donde están las personas migrantes?

Lo primero es la condena rotunda a esa violencia racista, que tiene un guion orquestado por la derecha y la ultraderecha de este país. Estaba claro que después de discursos racistas, segregatorios y de bulos sanitarios, como el del señor Feijóo, y de una semántica de confinamiento, invasión y enfermedades se iba a utilizar ese marco para generar violencia. El PP está alterando la convivencia para intentar desestabilizar al Gobierno y no se dan cuenta de que están impidiendo una solución para normalizar la vida de los ceutíes.

¿Cómo se puede contrarrestar ese guion y esos discursos xenófobos que menciona?

Hay una espiral macabra en la que, cada vez que intentamos denunciar esos discursos, se nos acusa de violentar o de decir que están en boca de quien no están. Los discursos xenófobos y racistas han estado y siguen estando en boca de la ultraderecha, seguida de un PP que se ha subido a ese carro. Los migrantes no traen enfermedades, las tienen por las condiciones de hacinamiento. No hay que confinarlas, hay que ayudarlas, cuidarlas y asegurarles un espacio donde se puedan empezar a hacer los expedientes de asilo, de devolución o los epidemiológicos que sean pertinentes.

¿Qué ha hecho el Gobierno en este mes para paliar esas condiciones de hacinamiento?

Hemos demandado, desde el primer momento, que esa gente sea realojada. Durante las dos primeras semanas ha habido una actitud, digamos, de desidia por parte de la ciudad de Ceuta, porque jugaban la carta de la expulsión. Esa expulsión, si la hay, no puede estar por encima de los derechos humanos ni de la legislación nacional e internacional, que es lo que nos pide el PP. Nos acusan de llegar tarde, pero nunca vamos a hacer expulsiones ilegales ni contra los derechos humanos. Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo, no podremos garantizar los procedimientos sanitarios ni de extranjería para recuperar la normalidad de la población.

¿El Gobierno central no tiene capacidad para alojar de forma rápida a estas personas?

No, sin el consentimiento y la cesión de lugares de la ciudad de Ceuta. En 2021, cuando se realojaron temporalmente a unas 8.000 personas, la ciudad cedió una serie de espacios que ahora niega, como pueden ser los polideportivos. Entonces hubo una agilidad para sacar a la gente de la situación de calle que no hemos visto ahora. Es cierto que ha habido un cambio de actitud y gracias a las demandas de los diferentes ministerios, se han avenido a que haya emplazamientos seguros donde llevar a cabo todas estas labores. Es imposible filiar a la gente, hacer reagrupación familiar o un estudio epidemiológico en una playa.

¿Qué expectativas tiene para las para los próximos días? ¿Cuándo se podrá realojar a todo el mundo?

Ya están alojadas en torno a 3.800 personas y en la próxima semana se habilitarán otros mil espacios más. Para eso necesitamos esa colaboración, que ahora sí estamos teniendo, de la ciudad de Ceuta. Sin realojos, no hay nada de lo demás. No nos pueden acusar de llegar tarde a espacios que no están cedidos o a cosas que no podemos hacer en la playa.

¿Entiende que exista la sensación de que el Gobierno llega tarde cuando se crea un mando único un mes después del inicio de la crisis? ¿Qué aporta ese mando único esta semana, que no hiciera falta hace dos o tres semanas?

Que no hubiera un mando único no significa que todas las instituciones no hayamos estado trabajando de manera colaborativa. Todos los departamentos ministeriales nos hemos reunido personalmente con la ciudad de Ceuta para trasladar nuestras demandas que, vuelvo a insistir, pasaban porque nos cedieran espacios. Este mando único nos permite pasar a la siguiente fase y agilizar la disposición y la coordinación de esos espacios y el seguimiento de los diferentes expedientes.

Espero que, en las próximas dos o tres semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos

¿Tiene el Gobierno un calendario para dar por resuelta esta crisis?

Primero tiene que haber un calendario de realojos. Espero que, en las próximas dos o tres semanas, podamos tener resuelto el tema de la gente con techo, agua, condiciones dignas y protección de los derechos básicos. A partir de ahí, hay determinados procedimientos que durarán más o menos. Para eso hemos aumentado los recursos en funcionarios, turnos de oficio, los sanitarios y hemos dotado a Ceuta de 25 millones de euros a través de la Conferencia sectorial de infancia. ¿Qué respuesta tiene el PP para que tres de sus comunidades no fueran a esa Conferencia para ayudar a Ceuta? Con una mano están utilizando el sufrimiento legítimo de la población ceutí y con la otra, les niegan la solución.

¿Qué evidencia científica hay en torno a una medida como la de confinar a las personas migrantes, como propuso Feijóo?

El señor Feijóo no es epidemiólogo porque no quiere y porque está dotado de una profunda ignorancia y mala fe. Confunde términos como confinar y aislar —para lo que existen unos protocolos concretos, en Ceuta y en cualquier territorio de España—, pero no es inocente en absoluto. Nos lleva a esa nube semántica de marginar, expulsar, invadir… que justifica una respuesta bélica y violenta. Identificar migración con enfermedades, con delincuencia y con inseguridad es el ABC de la internacional ultraderechista para deshumanizar a estas personas.

¿En este momento, cuál es el riesgo sanitario para la población ceutí?

Según la evaluación de riesgos que hemos hecho desde el primer momento, es bajo. Hemos separado muy bien los circuitos en los que hemos atendido la emergencia humanitaria de la vida cotidiana. No se ha suspendido ni una cirugía, ni una consulta, ni ha habido una disminución del acceso a las urgencias o los centros de salud. Hemos aumentado los recursos y hay una serie de puntos de asistencia fuera del sistema sanitario, en los que colaboran Médicos del Mundo y Cruz Roja de manera absolutamente ejemplar y que ahora están siendo atacados, algo que ya hemos visto en otras partes del mundo.

Es compatible la sensación de sobreesfuerzo de los profesionales con decir que no es verdad que haya un colapso sanitario

Ha evitado hablar de “colapso” del sistema sanitario en Ceuta. Su diagnóstico no coincide con la descripción que hacen algunos profesionales. ¿A qué se deben estas discrepancias?

Has usado la palabra perfecta: diagnóstico. No se puede diagnosticar, bajo ningún parámetro, un colapso sanitario. No es que haya evitado la palabra, es que la niego. Tenemos un hospital al 50% de sus capacidades donde, a día de hoy, hay 13 migrantes ingresados. Por supuesto que ha habido un sobreesfuerzo, pero la palabra colapso no es real, es un bulo. Parte del alarmismo que quieren imponer determinados sectores que anhelan ese colapso.

Eso no quiere decir que no haya habido un sobreesfuerzo por parte de los profesionales, que han impedido ese colapso. Cuando dicen que están cansados y agobiados, es así, y ese esfuerzo y esa saturación personal, vivida de manera subjetiva, es la que ha impedido el colapso, porque desde el minuto uno se empezaron a reorganizar los servicios y las urgencias. Es compatible la sensación de sobreesfuerzo y de una situación extraordinaria con decir que no es verdad que haya un colapso sanitario.

¿Comparte el análisis de que Marruecos es un socio fiable? ¿Qué papel ha jugado en esta crisis?

Es evidente que ha habido un ataque a la soberanía de nuestro país, que está relacionado con un intento de desestabilización que, si abrimos el foco, va más allá de nuestra propia frontera y en el que, es evidente, Marruecos tiene una responsabilidad. Es evidente también que ese intento de desestabilizar al Gobierno y al país tiene anclajes con la ultraderechización internacional, con Trump y Netanyahu.

¿Cree que es un ataque de Trump y Netanyahu a través de Marruecos?

Ha habido un ataque a la soberanía nacional con una crisis migratoria, lo cual es perfectamente compatible con un intento de desestabilizar a un gobierno progresista y a nuestro país. Nadie puede poner en duda que parte de este conflicto tiene un plano internacional y geopolítico. Es absolutamente indudable, como lo es el papel de la derecha en nuestro país. El jueves, el señor Aznar decía que ha habido un ataque a la soberanía de nuestro país. ¿Y de qué lado se han puesto? De Trump, de Netanyahu… siempre del lado de quien quiere desestabilizar al país a través del Gobierno. Es bastante antipatriota que estén en ese juego.

La situación de Ayuso es insostenible. Ha ido saltando de ático en ático, pretendiendo que fuéramos los madrileños quienes pagáramos la vida de lujo que considera que merece

Al margen de la crisis de Ceuta, en el plano autonómico, la gran polémica ha sido la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de 6,3 millones que se iba a destinar a “reuniones” oficiales. ¿Cree que faltan explicaciones?

Faltan todas y no falta ninguna. Han dado todas las explicaciones, incluso explicaciones absolutamente contradictorias, que vienen a explicar que la situación de Ayuso es insostenible. Se ha regido por un velo de impunidad durante todos los años que ha estado gobernando y que han sido una estafa de primer orden a los madrileños y las madrileñas. Ha ido saltando de ático en ático sin pisar el suelo, pretendiendo que fuéramos los demás quienes pagáramos la vida de lujo que considera que merece.

Uno de los argumentos para no presentar el expediente de la compra es que afectaba a terceras personas, en este caso a la vendedora, que ya ha dado permiso para hacerlo público. ¿Qué esperan encontrar en ese documento?

La obscenidad. El expediente nos puede decir cuál es la letra pequeña, pero la señora Ayuso ha estado jugando al monopoly con el dinero de los madrileños y está en una situación absolutamente insostenible. Tiene muy difícil explicar por qué ha puesto a la Comunidad de Madrid a defender sus intereses y su vida de lujo.

Feijóo ha dicho que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que dar explicaciones sobre el ático, ¿cree que la presidenta sale debilitada dentro del PP?

El Partido Popular también está cansado de la señora Ayuso. Ha hecho ‘clic’ y es insostenible, pero es la gota que colma el vaso. Era indefendible durante la pandemia, el contrato de su hermano, el ático en el que vivía, la comisión que se llevó su pareja y los dos millones defraudados a Hacienda, el flujo de dinero a Quirón desde que gobierna… Es absolutamente insostenible todo, pero, como con todas las personas que tienen idilios sátrapas, hay una gota que colma el vaso.

La presidenta ha dedicado las últimas semanas a recorrer los pueblos afectados por los incendios. A usted no se la ha visto tan presente en ese día a día madrileño. ¿Cree que le puede perjudicar en el próximo ciclo electoral en el que le disputará la Comunidad?

La señora Ayuso va a hacerse fotos mientras no soluciona problemas. Donde tiene que hacerse una foto es con los bomberos que le reclaman recursos, buenos salarios y buenas condiciones de trabajo. Con esos nos hemos reunido nosotros y con quienes demandan desde hace tiempo que no se quiebren ni se vulneren los servicios públicos de nuestra región, pasando por la sanidad, la educación, la contención de los incendios, nuestros servidores públicos… No hay una sola área de servicio público en nuestra comunidad que no haya sido mermada, atacada o recortada por la señora Ayuso. Los incendios son una buena prueba de su mala gestión. Nosotros primero gestionamos y luego ya veremos si procede o no hacerse la foto.

¿Sigue teniendo la intención de continuar en el Ministerio hasta la convocatoria de elecciones?

Sigo teniendo la intención de terminar mi trabajo en el Ministerio. Nos quedan varias cosas muy importantes por hacer. Obviamente, contamos con la dificultad añadida de unas comunidades, que son las verdaderas gestoras de la sanidad pública, que obstaculizan las transformaciones que necesita nuestro Sistema Nacional de Salud, pero seguimos en el empeño. Necesitamos que las listas de espera sean transparentes y trazables, reorganizar el itinerario formativo de los profesionales, tenemos que dar un empujón a esas leyes que ya están en el Congreso, la de medicamentos, la del tabaco, etc.

Quedan apenas unos meses para que termine la legislatura y la aritmética parlamentaria no es todo lo fácil que le gustaría al Gobierno. ¿Es optimista respecto a ese trabajo que les queda?

La aritmética del Congreso se alinea cuando hablamos de problemas y se aglutina en torno a la defensa de la salud, que va más allá de los intereses partidistas. Es cierto que, en ese camino, a veces se cruza el interés del PP por boicotear las mejoras y transformaciones de nuestro sistema sanitario para su propio interés, pero tenemos estos próximos meses para dar el todo por el todo.

Los sindicatos médicos dijeron en junio que, si no se atendían sus demandas, irían a una huelga indefinida en septiembre. ¿Ha habido avances este verano para resolver el conflicto sobre el Estatuto Marco?

En los últimos meses, los sindicatos médicos han estado negociando con las comunidades, porque se han dado cuenta de que el Estatuto Marco tiene los límites legales y competenciales que tiene. La solución a sus condiciones laborales está en el tejado de las comunidades autónomas, la mayoría del Partido Popular, que son las que se niegan a reducir las guardias de 24 horas. Y son las comunidades autónomas con las que muchos sindicatos han negociado mejoras avaladas o inspiradas en el Estatuto Marco. Nosotros solo delimitamos el campo y las normas mínimas básicas y hemos puesto la pelota a jugar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales.

Las comunidades también le han pedido que retire ese texto. ¿Se lo ha planteado en algún momento?

Las comunidades están en contra del Estatuto Marco por lo contrario que los sindicatos. Los profesionales reclaman el fin de las guardias de 24 horas y yo soy la primera persona en una institución que habla del fin de las guardias de 24 horas, mientras las comunidades han pedido por escrito en sus informes quitar los artículos que se refieren a la mejora de las condiciones. Por ejemplo, Madrid y Baleares nos han dicho que es imposible quitar las guardias de 24 horas.

Usted es médica y fue una de las caras visibles de la Marea Blanca. Si tuviera que volver mañana al hospital, ¿la Mónica García de 2012 estaría contenta de hacerlo bajo las condiciones del nuevo Estatuto Marco?

Espero volver al hospital en algún momento, porque me encanta mi trabajo, y espero no tener las mismas condiciones que cuando me fui. Tardé 10 años en tener una plaza fija y espero que, cuando vuelva, mis compañeros tengan oposiciones cada dos años. Entraba a las guardias a las 8 de la mañana y, cuando vuelva, espero entrar a las tres de la tarde y, en lugar de hacer 24 horas, poder hacer 17 o que mi jefe de servicio pueda organizarlas en torno a 12 horas.

Si hubiera pasado por el Ministerio sin intentar cambiar el marco normativo que regula las condiciones laborales de mis compañeros y las mías propias, sería un fracaso y una traición. Otra cosa es lo que haya intentado vender la derecha, pero es indudable que es la primera vez que un gobierno de España se pone a trabajar en mejorar las condiciones laborales de los profesionales, sabiendo que las competencias no son nuestras.

Esta semana hemos adelantado en elDiario.es que la Agencia Española de Nutrición publicó un informe con recomendaciones a mujeres con menopausia con datos obtenidos en hombres. ¿Cómo se puede paliar esa brecha en la investigación y la atención médica a las mujeres?

Ese informe pertenece a una cartera que no es la nuestra. Desde el Ministerio hemos puesto mucho énfasis en los sesgos de género en sanidad y medicina y no se puede extrapolar ese informe a la práctica clínica real. Los sesgos han existido siempre y hay un trabajo de fondo que los tiene muy identificados e intenta revertirlos, tanto en las investigaciones como en las sociedades científicas y, por supuesto, en las consultas. Lo que es bastante increíble es que se sigan manteniendo en algunos lugares. No solo como ministra, sino antes, he asistido a bastantes fotos que hablan de este tema y hemos puesto de relieve que estos sesgos no afectan solo a las mujeres con menopausia —una de las entidades biológicas menos estudiadas y atendidas—, sino también al infradiagnóstico de enfermedades cardiovasculares o el sobrediagnóstico de la enfermedad mental. Eso está ahí y ha sido estructural, pero creo que se está trabajando desde muchos lugares para que ese sesgo de género termine.

Entrevista completa:

“Planteo que el Gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública”. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sugirió este fin de semana la aplicación de esta medida excepcional ante el “riesgo sanitario” por “enfermedades infectocontagiosas” en la ciudad de Ceuta, tras la llegada de miles de migrantes que permanecen hacinados en las playas. “No tengo todos los datos”, reconoció, pero, a su juicio, los casos de varicela, tuberculosis y sarna pueden producir “un enorme impacto en la población”.

El Gobierno respondió rápidamente a Feijóo. Lo hizo a través de la ministra de Sanidad, Mónica García, que, ese mismo domingo, recordó que las competencias en materia de salud pública están en manos del Gobierno ceutí —del PP—, explicó los casos sospechosos y el método de transmisión de la tuberculosis, la varicela, la sarna y la gastroenteritis —“presentes en nuestro entorno y cuyos sistemas de vigilancia están siempre activos”— y consideró que la medida estaba “injustificada” y es “contraproducente”.

La petición de Feijóo, que enumeró “enfermedades infectocontagiosas” como la tuberculosis, la sarna, la gastroenteritis y la varicela, no está justificada en este contexto, sostienen los expertos. “El confinamiento se decretó durante la pandemia de covid-19 porque era una enfermedad nueva, que estaba causando muchísima mortalidad, contra la que no había tratamiento y que tenía una tasa de propagación muy alta”, explica la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), María João Forjaz.

No es el caso en Ceuta. Las enfermedades detectadas en Ceuta son “conocidas, comunes en España y para las que tenemos tratamiento”, apunta la epidemióloga. “Tampoco hay tantos casos que justifiquen medidas extremas”, añade.

Según los datos de Sanidad, desde la entrada masiva de miles de migrantes a Ceuta el pasado 31 de julio, se han detectado tres casos confirmados de tuberculosis. “Uno venía con tratamiento, no siendo contagioso; otro se trataba de una tuberculosis cerebral, que no es contagiosa; y el tercero era una persona presente en Ceuta desde antes, que estaba sometida a un proceso diagnóstico desde hace tiempo y que ha iniciado tratamiento”, señalaba García.

En el caso de la varicela, se han detectado tres casos sospechosos, sin relación con la población migrante que malvive a la intemperie en Ceuta tras entrar a finales de julio. “No está erradicada en nuestro país”, recuerda Sanidad, como tampoco la sarna, “mucho más frecuente de lo pensado”. En cuanto a la gastroenteritis, desde el Ministerio reducen el brote estudiado por parte del servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Ceuta, “ya controlado y sin desarrollo posterior”, a 55 casos.

Todas ellas, apunta el jefe de servicio de infecciosas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc), José Miguel Contreras, son “comunes y tienen unos mecanismos de transmisión bien conocidos”. Tuberculosis pulmonar y varicela, por vía respiratoria; la gastroenteritis, por el consumo de agua o alimentos en mal estado; y la sarna, por contacto cutáneo estrecho.

Esto limita el riesgo de transmisión. “Es real entre los propios migrantes, porque comparten una situación de hacinamiento y condiciones insalubres, y entre las personas que vayan a atenderles por razones sanitarias, de seguridad o limpieza, que tienen medidas de prevención muy eficaces —mascarillas y guantes—, pero la población general que no tiene contacto con estas personas no tiene más riesgo que el normal”, apunta Contreras.

Ese riesgo “normal” está bien definido y, en muchos casos, se vincula con situaciones de pobreza. “En la ciudad de Sevilla, la incidencia de tuberculosis en los barrios pobres es de 17 casos por cada 100.000 habitantes, mientras en el resto es de siete casos”, ejemplifica el experto. Según los datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), la tasa nacional es de 8,8 casos por cada 100.000 habitantes, aunque se trata de una patología infradiagnosticada.

En los casos detectados de tuberculosis, los protocolos médicos si mandatan el aislamiento de la persona enferma, pero en ningún caso un confinamiento general.

Con la información epidemiológica disponible, no existen razones de salud pública que justifiquen establecer un confinamiento preventivo de las personas migrantes por el mero hecho de pertenecer a este colectivo

La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) también se ha mostrado en contra de la confinación de la población migrante. En un comunicado difundido este lunes, consideran necesario “trasladar un mensaje de serenidad, rigor científico y confianza en las autoridades y profesionales responsables de la vigilancia y protección de la salud pública”.

“Con la información epidemiológica disponible, no existen razones de salud pública que justifiquen establecer un confinamiento preventivo de las personas migrantes por el mero hecho de pertenecer a este colectivo. La detección de casos de tuberculosis, varicela o infecciones gastrointestinales exige una respuesta sanitaria adecuada, pero no constituye, por sí sola, evidencia de una transmisión comunitaria generalizada ni permite atribuir a un conjunto de personas una situación de riesgo que debe ser valorada epidemiológicamente de manera específica”, defienden.

Desde Sespas apuntan a una medida “prioritaria”, en la que coinciden todas las fuentes consultadas: “Garantizar alojamientos suficientes y adecuados, reducir las situaciones de hacinamiento y asegurar el acceso continuado a agua potable, duchas, aseos, saneamiento, limpieza, gestión de residuos, alimentación segura y atención sanitaria”. Una petición que choca con la imagen de miles de personas pernoctando en malas condiciones de las playas ceutíes y la tardanza del Ejecutivo en habilitar plazas de acogida, que varios ministros han achacado a la negativa de Ceuta de facilitar espacios para ello.

“Las medidas para resolver esta crisis humanitaria y lo que puede generar de enfermedades transmisibles pasan, en primer lugar, por resolver el principal problema que las ocasiona: las condiciones de insalubridad”, apunta Contreras. Al mismo tiempo, “diagnosticar a las personas que pudieran estar enfermas” y “administrar vacunas”.

Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este lunes activar el mecanismo de solidaridad para enviar a Ceuta 15.000 dosis de triple vírica y 10.000 contra la difteria, 10.000 contra la varicela y 10.000 de polio. Irán destinadas a los migrantes que entraron a la ciudad hace 25 días, pero también a la población autóctona no inmunizada, como herramienta de prevención “ante la situación en la ciudad autónoma”.

“Causa alarma social y promueve la xenofobia”

Llamadas al confinamiento, como la de Feijóo, tienen para la población un “gran impacto”, considera la presidenta de la SEE, porque “causa alarma social y promueve la xenofobia”. “Es una gran barrera para que las personas que tengan síntomas acudan a los servicios sanitarios, retrasa el diagnóstico y entorpece el seguimiento y tratamiento”, explica Forjaz sobre este tipo de mensajes, “muy dañinos”.

Por el contrario, esta experta reclama “invertir en el cuidado y la asistencia humanitaria, en condiciones de saneamiento, higiene, alimentación y no hacinamiento y facilitar el acceso a los servicios sanitarios, al diagnóstico, tratamiento y seguimiento”.

La Comisión de Salud Pública ha aprobado este lunes el envío de 45.000 vacunas para inmunizar a las personas migrantes que se encuentran en Ceuta —y las locales sin vacunar— contra sarampión, rubéola, parotiditis, difteria, varicela y polio. La medida, anunciada por el Ministerio de Sanidad el domingo, tiene como objetivo la prevención “ante la situación en la ciudad autónoma”.

Según indican fuentes ministeriales, “aunque la situación no es una emergencia de salud pública, hay que trabajar en prevención, destacando que la medida más urgente es garantizar unas condiciones dignas para las personas migrantes”.

El acuerdo se ha tomado en una reunión con las comunidades, que se ha celebrado con críticas de algunos gobiernos autonómicos. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado esta mañana a la ministra Mónica García de convocarles “de manera chantajista” porque “o accedes a lo que se te va pidiendo o no quieres colaborar”.

En total, se ha acordado a través del mecanismo de solidaridad del envío de hasta 15.000 dosis de triple vírica y 10.000 de difteria-tétanos, 10.000 de varicela y 10.000 de polio. “Ceuta contará con las vacunas necesarias de prevención de potenciales enfermedades mediante vacunación, tanto para personas ceutíes no vacunadas como en personas migrantes”.

La situación sanitaria, que desde el Ejecutivo califican de “crisis humanitaria”, se ha convertido en los últimos días en un campo de batalla. Este mismo domingo, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llamó al Gobierno a que “estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública” ante las “enfermedades infectocontagiosas” de las que se ha tenido conocimiento.

Una petición que la ministra García ha considerado “injustificada” y “contraproducente”. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, ha acusado a Feijóo de “generar angustia y miedo”: “Lo que sí es contagioso es la xenofobia”.

Fe de errores: En un primer momento se informaba de que se enviarían 10.000 vacunas de difteria-tétanos, varicela y polio, pero se trata de 10.000 de cada una.

La situación en Ceuta, con miles de migrantes malviviendo en la calle y a la intemperie, ha avivado los discursos que vinculan inmigración con enfermedades. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anticipó este miércoles “una crisis de salud pública” y atribuyó a estas personas “casos de tuberculosis y de sarna” y de otras patologías “infectocontagiosas”, mientras médicos y enfermeras advierten de un “colapso” sanitario, que el Ministerio de Sanidad reduce a “importante tensión”.

En este contexto, la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, María João Forjaz, reclama que en el enfoque de esta “crisis humanitaria” debe abordarse desde “una perspectiva de derechos humanos, que va muy en línea con la salud pública”.

Como epidemióloga, ¿cómo valora la situación sanitaria en Ceuta?

Más que una crisis sanitaria, hablaría de una crisis humanitaria, con problemas de infravivienda y acceso a servicios básicos, de higiene, pernocta digna y hacinamiento. Son problemas que continúan por resolver.

¿Cómo afectan esas condiciones a la salud de las personas migrantes que llevan semanas durmiendo en playas y a la intemperie?

Desde la Sociedad Española de Epidemiología queremos enfatizar la necesidad de aplicar una perspectiva de derechos humanos, que va muy en línea con la salud pública. Se debe velar por el bienestar de todas las personas, sean inmigrantes o no. Para cualquiera, haya nacido en España, en Marruecos o en otro país, vivir sin techo, en condiciones de hacinamiento y sin acceso a higiene va a debilitar su salud física y mental y promoverá la aparición de enfermedades.

En estos momentos, ¿qué personas están más expuestas a problemas de salud?

Las migrantes. Son personas jóvenes y, normalmente, sanas, porque han afrontado trayectorias migratorias muy duras. Cuando llegan, sus problemas de salud tienen que ver con deshidratación y malnutrición, a veces con heridas y con problemas de salud mental, por el gran estrés postraumático que sufren. Ninguna de estas condiciones es contagiosa. Sin embargo, al llegar a Ceuta, por esas malas condiciones en las que están, pueden contraer enfermedades contagiosas de piel, gastrointestinales —muy asociadas al agua y la alimentación— y también respiratorias, menos frecuentes en verano.

Ayer el presidente del PP citó casos de tuberculosis y sarna, ¿cómo se propagan estas enfermedades?

La sarna se contagia a través del contacto directo y prolongado, piel con piel, o si se comparten sábanas, toallas y ropa contaminada. En el caso de la tuberculosis, a través de microgotas de la persona infectada a las demás. Ese riesgo aumenta en lugares cerrados y sin ventilación, por lo que si hay más personas juntas, puede haber más contagios.

¿Hay una alarma real?

En el caso de la tuberculosis, en términos absolutos hay más casos en la población general. En Ceuta ha habido tres sospechosos. Uno de ellos se descartó; otro venía diagnosticado y tratado desde Marruecos; y el tercero era una persona autóctona. En cuanto a la sarna, en España es común que haya brotes en residencias, en cuarteles, en situaciones de vivienda comunitaria… Se documentó un brote en militares, pero no está asociado a los migrantes —Defensa lo descartó—.

¿Cómo puede dificultar la estigmatización de la población migrante las medidas de salud pública?

Asociar estas enfermedades a los migrantes provoca un estigma que supone una gran barrera para la atención médica de estas personas, que no van a acudir a los servicios sanitarios. Limita el acceso y retrasa el diagnóstico y el tratamiento. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, si no se tratan es un peligro para la población migrante y no migrante.

Los mensajes que relacionan a las personas migrantes con la propagación de enfermedades, ¿son bulos?

Uno de ellos es que los migrantes traen enfermedades, cuando tienen menos patologías crónicas que la población autóctona y, la mayoría de las que tienen, las contraen aquí por las condiciones en las que viven. Cuando hablamos de enfermedades desatendidas que pueden traer de su país, están asociadas a la pobreza y a las zonas tropicales donde vivían por lo que, una vez en España, al no haber vector, no hay peligro. El otro es que nos roban los recursos, pese a que utilizan menos servicios sanitarios que las personas autóctonas y muchos están en situación de irregularidad laboral, sin derecho a bajas.

¿Qué diferencia hay, desde el punto de vista epidemiológico, entre detectar una enfermedad en una persona migrante y que exista un brote o un riesgo de transmisión comunitaria?

El riesgo de transmisión es moderado o alto entre los migrantes, pero muy bajo para la población general. Es más alto para los sanitarios y quienes realizan labores humanitarias. Son quienes tienen más riesgo y es importante que tomen precauciones, como en cualquier hospital o centro de salud. Las enfermedades gastrointestinales o de piel son comunes en España y sabemos cómo tratarlas y protegernos contra ellas. En este sentido, los servicios de vigilancia de salud pública son fundamentales para detectar si se producen varios casos próximos en el tiempo y en el espacio. Pero para que haya una transmisión a la población general tiene que producirse un contacto estrecho y prolongado, que no es el caso.

Algunas voces hablan de un “colapso sanitario” en Ceuta. ¿Coincide con esta afirmación? ¿En qué parámetros deberíamos fijarnos para saber si el sistema sanitario está saturado?

De repente hay un montón más de población y muchos sanitarios están de vacaciones. Siempre son momentos complicados, que requieren un sobreesfuerzo para todo el mundo. En cuanto a los indicadores, hay varios: número de camas disponibles en los hospitales, si se están cumpliendo las citas programadas y las listas de espera. El Ministerio de Sanidad emitió un informe hace unos días donde indicaba que no se han retrasado las citas y que la mayoría de camas del hospital de Ceuta están ocupadas por locales, mientras los migrantes están siendo desplazados a un circuito diferenciado. Es verdad que ha aumentado la demanda de servicios médicos, que sobrecarga el sistema y al personal sanitario, por lo que requiere la ayuda de todas las administraciones.

¿Qué medidas deberían haberse aplicado desde el primer momento y cuáles siguen siendo necesarias?

Es muy importante tener un sistema resiliente, bien dotado, con buenos servicios de salud pública que puedan afrontar esta o cualquier crisis. Ahí queda mucho trabajo por hacer. En cuanto a las prioridades, en esta crisis humanitaria específica, habría que garantizar el acceso a saneamiento, alojamiento, agua y alimentos seguros. Hay que proteger a todos los niños y, especialmente a las niñas, que son muy vulnerables ante la violencia sexual e, incluso, pueden ser víctimas de trata. Hay que fomentar y facilitar el acceso a la atención médica y psicológica, porque todos vienen con una carga muy grande debido al estrés que han pasado estas últimas semanas y durante su trayectoria migratoria. También hay que dar prioridad a las mujeres, especialmente a las embarazadas. Son medidas que se van aplicando, pero que todavía son insuficientes.

¿Ha echado en falta rigor al abordar este tema?

Todo lo que es diferente causa ansiedad y miedo. Es normal que la población se sienta inquieta, pero es importante tener en cuenta los datos y basar nuestras respuestas y reacciones en la evidencia científica. Los españoles también migran fuera de España y se mueven entre comunidades. Es un proceso natural, con el que llevamos conviviendo mucho tiempo.

Empezó a utilizarse el término de 'noches tropicales', para referirse a aquellas en las que las temperaturas mínimas no bajan de los 20 grados. Hace unos años, se comenzó a hablar de las tórridas, con el termómetro por encima de los 25. Este verano, ha aparecido un nuevo concepto, que amenaza con hacerse popular. “Todavía no hay un nombre universalmente aceptado para las noches en las que no se baja de 30 grados, pero lo cierto es que estas ya se producen”, advertía hace unos días la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sobre las “noches infernales”.

Las noches más o menos calurosas han ido haciéndose más habituales verano a verano. Hace una semana, se superaron los 30 grados de mínima en varios municipios de Las Palmas y Tenerife. En el siguiente mapa, puede consultarse las noches tropicales, tórridas e infernales en lo que va de año.

Los datos de cada provincia corresponden a la estación meteorológica situada en la capital de cada una de ellas que disponga de observaciones actuales y de la serie histórica más antigua. En su ausencia, se ha usado otra estación de la provincia con las mismas características (por ejemplo, los datos de Palencia corresponden a la estación de Carrión de los Condes).

También se han incluido como estaciones secundarias, aparte de las clasificadas como capital de la provincia, aquellas que cuentan con una serie histórica sin grandes saltos temporales, con datos desde al menos 2000 y que siguen registrando las temperaturas en la actualidad.

Aunque las noches infernales todavía son testimoniales —la primera se registró en Melilla en 1994 y, desde entonces, solo ha habido otras nueve en las estaciones analizadas por elDiario.es—, el histórico es claro en cuanto a las tropicales y las tórridas.

El siguiente gráfico muestra como han ido haciéndose más habituales, principalmente en el sur peninsular, en la costa mediterránea y en Canarias. En 2025, en Santa Cruz de Tenerife hubo 158 noches por encima de los 20 grados, frente a las 68 de 1950. En Almería hubo 114, cuando en 1968 tan solo se registraron 41. Son solo dos ejemplos, pero la tendencia se repite en todas las estaciones y comienza a ocurrir también con las noches tórridas, por encima de los 25 grados.

Estos datos de calor nocturno tienen un efecto claro en la salud de la población, todavía difícil de cuantificar. El Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) utiliza un modelo estadístico que permite atribuir un número determinado de defunciones a las altas temperaturas. Desde mayo, han estimado más de 3.700 muertes por esta causa, pero no diferencia la hora del día a la que el termómetro aprieta más.

En la mayor parte del territorio, “lo que más se relaciona con la mortalidad es la temperatura máxima diaria [entendidas por las del conjunto del día y la noche], aunque las mínimas también pueden tener un impacto en salud”, explica el investigador del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) y codirector de la Unidad de Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano en la Escuela Nacional de Sanidad, Julio Díaz, una de las mayores expertos en la materia.

Hay algunas excepciones principalmente vinculadas a áreas costeras, como Barcelona, Valencia o Málaga, donde las mínimas son más lesivas. Pero Díaz llama a la prudencia a la hora de utilizar los términos. “Cuando hablamos de noches tropicales, tórridas, infernales... a veces da la sensación de que queremos asustar a la gente, mientras el impacto en salud depende de cada lugar. ¿Noches infernales por encima de 30 grados? En Córdoba la gente empieza a fallecer a partir de los 41 [de máxima diaria], así que estadísticamente no es relevante. Sin embargo, en Coruña podría ser demoledor”, razona.

La siguiente tabla muestra los récords de temperatura mínima registrados en lo que va de año en una estación de la AEMET. Este miércoles, los termómetros no bajaron de los 21,4º en Lugo, el registro más alto desde el comienzo de la serie, en 1984. Y, en lo que va de verano, ha habido mínimas nocturnas como nunca antes en otras doce provincias, superando los 27 grados en Balears, Castelló e, incluso, Gipuzkoa.

En cualquier caso, nadie niega que las noches especialmente cálidas, que dificultan el sueño profundo, tienen un impacto en la salud y el bienestar de la población. “Está claro que si no puedes descansar, tu sistema inmunológico no se recupera igual”, aclara Díaz.

Un estudio, publicado en 2025 en la revista Environment International, analizó el exceso de calor nocturno y la duración de las noches cálidas en 178 ciudades de 44 países e identificó una relación entre ambos factores y un exceso de la mortalidad. En concreto, según los investigadores, se producen un 0,6% más de decesos por las noches con temperaturas altas y un 0,62% por aquellas en las que el calor se alarga durante más tiempo.

Este trabajo tiene en cuenta la temperatura habitual de las zonas de estudio y concluye que hay “evidencias sólidas de un aumento del riesgo de mortalidad asociado a estos índices de noches calurosas en todos los climas y regiones, excepto en el norte de Europa, donde la asociación fue únicamente indicativa”. Y los peores registros se encontraron en el sur de Europa —el artículo cita concretamente Italia y España—, donde se registró un incremento de la mortalidad del 3% atribuible a esta causa.

El vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna (Sademi), Antonio Fernández, celebra que en los últimos tiempos se esté poniendo el foco e los “efectos añadidos sobre la salud” del incremento de la temperatura nocturna. Un incremento que, además, se está produciendo a un ritmo más rápido que durante el día, según un estudio publicado en la revista Nature Climate Change.

Las altas temperaturas nocturnas tienen un impacto directo por “los trastornos que produce la alteración de los ritmos del sueño en el organismo”, explica Fernández, que es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, en Sevilla.

El cansancio, la sensación de malestar o la irascibilidad que tantas personas sienten tras una mala noche, tiene su explicación y aunque impacta, no lo hace por igual en todos los cuerpos. El sueño, explica el doctor, se divide en las fases 'rem' —que ocupa un 25% y es en la que descansa el cuerpo— y la 'no rem' —en la que descansa el cerebro y que, a su vez, se divide en otras tres partes, la última de sueño profundo.

“La falta de reducción de la temperatura nocturna afecta a las dos partes del sueño, reduce el tiempo de sueño 'no-rem' y la fase 3. Eso hace que el cerebro no descanse y que al día siguiente estés adormecido, con sueño, menor capacidad de concentración, haya más accidentes, peores resultados en el trabajo...”, enumera Fernández.

Pero los efectos van más allá, explica: “A la larga aumenta la demencia y, en las personas que ya la tienen, empeora su deterioro cognitivo”. Además, el sueño permite recuperar las funciones cerebrales y corporales. Una función que, al verse interrumpida, aumenta la presión arterial y la frecuencia cardiaca, provocando más ictus e infartos de miocardio. “También se produce un aumento del apetito y una resistencia a la insulina, que hace que los pacientes con diabetes empeoren su control de glucosa”, añade el doctor.

Islas de calor y colectivos vulnerables

La temperatura no tiene el mismo efecto en una ciudad que en otra, como tampoco lo tiene dentro de la misma urbe en un barrio que en otro. Las más afectadas son las llamadas islas de calor, habitualmente en zonas con poblaciones con menos ingresos y donde las mínimas son más altas, lo que implica un “componente social”, explica el doctor Fernández.

“Hay barrios donde falta vegetación y la utilización de materiales de construcción inadecuados por abaratamiento hace que la temperatura externa se incremente durante el día y el cúmulo de calor de esos materiales hace que incremente la interna por la noche”, sostiene Fernández, que indica que esos vecinos ven su capacidad de actuación frente a esas noches cálidas, tórridas o infernales “muy limitada”.

En este sentido, el doctor recomienda llevas a cabo las actuaciones posibles para bajar la temperatura en el hogar durante la noche. Algunas acciones están limitadas a quien tenga aire acondicionado o ventilador. Otras tienen que ver con la dieta, como evitar comidas copiosas a última hora del día o beber alcohol, que dificulta la reducción de la temperatura corporal. También es recomendable ducharse con agua fresca antes de dormir.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha dado este miércoles un primer parte esperanzador para la visión del eclipse que se producirá a ultima hora de la tarde. “Lo más probable es que los cielos estén poco nubosos en gran parte de la península, incluida la franja de totalidad del eclipse”, ha explicado su portavoz, Rubén del Campo, sobre una jornada que será “muy calurosa” y en la que habrá un peligro “muy grande o extremo” de incencios forestales.

La nubosidad, no obstante, será diferente según la zona desde donde se quiera observar la totalidad. “Habrá, probablemente, nubes bajas en el extremo norte de Galicia, en zonas de Asturias y en el oeste de Cantabria”, señala la AEMET, que advierte que “podrán dificultar la observación del fenómeno”.

En este mapa puedes consultar cómo se verá el eclipse minuto a minuto en tu municipio y las nubes previstas.

En zonas del Sistema Ibérico de Burgos, Soria y La Rioja, también podrían aparecer algunas nubes a partir del mediodio. Aunque en estas zonas “no es descartable que quedasen algunos restos a la hora del eclipse”, estos “no deberían dificultar la observación”, tranquiliza Del Campo. Algo similar ocurrirá en los Pirineos aragonés y catalán y en el Sistema Ibérico de Teruel, Cuenca y Castellón, donde “es dificil precisar en qué zonas concretas se formarán esas nubes y si tendrán la entidad suficiente para obstaculizar la plena observación del eclipse”.

Hay más “incertidumbre” en los sistemas penibéticos de Albacete, Murcia, Granada y Almería, donde puede haber algunas tormentas fuertes y con granizo que, “quizá a la hora del eclipse se estén disipando”. Y, en zonas del área mediterránea, como el norte de Catalunya y de la Comunitat Valencia y algunos puntos de la Región de Murcía, “podría haber nubes altas, que tampoco deberían suponer un obstáculo”.

La AEMET lleva días alertando del peligro de incendios forestales en estas fechas, que puede verse agravado por los miles de desplazamientos previstos para esta jornada y las actividades en espacios naturales o al aire libre. “Es necesario extremar las precauciones, para no provocar un incendio que luego sería muy difícil de apagar”, apunta Del Campo.