Hay proyectos que no nacen en una pizarra ni en un plan de negocio. Surgen, más bien, de una incomodidad persistente con cómo funcionan las cosas. De una necesidad de hacerlas de otra manera. Así nace Sentido Inverso, una cooperativa granadina que ha decidido cuestionar la lógica tradicional de la consultoría para ponerla al servicio de quienes, casi siempre, se quedan fuera del foco.

“La idea surgió en 2024, tras años trabajando en entidades sociales, de una necesidad que detectamos: queríamos crear un proyecto empresarial donde el factor humano y la colaboración fueran el eje central, no sólo un recurso”, explica Jemi Sánchez, cofundadora junto a Margarita Arango. Dos perfiles, el social y el jurídico, que se complementan para sostener un modelo que no se limita a asesorar desde un despacho, sino que se implica directamente en la intervención.

Esa vocación de ir a contracorriente no es sólo un relato, sino el punto de partida de todo el proyecto. Sentido Inverso SCA nace en julio de 2024 como una apuesta consciente por “subvertir las estructuras tradicionales del emprendimiento y la intervención social”, desde una identidad feminista, sostenible y profundamente vinculada a las realidades que suelen quedar en los márgenes. Si el primer año fue el del arranque y la incertidumbre, 2025 sirvió para validar ese “pensamiento inverso” como una metodología sólida: “Hemos transformado la resiliencia en solvencia técnica”, explican, demostrando que es posible gestionar servicios públicos complejos y asesorar a grandes entidades sin renunciar a la cercanía ni al rigor humano. Hoy, lo que comenzó como un proyecto de autoempleo se ha consolidado como un agente de transformación social con proyección en toda Andalucía.

Esa evolución se traduce en una estructura de trabajo que articula lo social, lo jurídico y lo educativo como piezas de un mismo engranaje. Desde la gestión integral de proyectos, planes estratégicos o políticas públicas hasta la intervención directa con personas migrantes, víctimas de violencias o en situación de sinhogarismo, pasando por el asesoramiento jurídico especializado -especialmente en extranjería y protección de víctimas- o el desarrollo de programas educativos vinculados a la infancia vulnerable, la corresponsabilidad y la participación comunitaria. Una propuesta que no separa despacho y territorio, y cuya singularidad reside precisamente en esa fusión: convertir la consultoría técnica en una herramienta útil para intervenir en realidades de alta complejidad humana sin perder de vista el impacto directo.

Algo más que consultoría

Porque Sentido Inverso no es sólo una consultora. Es también calle, acompañamiento y presencia. En colaboración con el Ayuntamiento de Granada, gestionan la Unidad Móvil de atención a mujeres en contextos de prostitución, donde ofrecen apoyo social, jurídico y sanitario. Un trabajo que se extiende también a la infancia en situación de vulnerabilidad y a mujeres cuidadoras, con intervención directa en barrios como Norte y Zaidín. “Lo que más nos llena es ver el impacto tangible. No se trata sólo de números o de estrategia sobre el papel, sino de ver cómo una organización o una persona logra transformar su entorno gracias a una gestión más consciente y social”, explica Sánchez.

Esa doble dimensión, la de consultoría e intervención, es precisamente uno de los rasgos que define su modelo. Por un lado, diseñan estrategias de crecimiento y consolidación para entidades del tercer sector, acompañan en la captación de fondos públicos y privados y forman a equipos en intervención social, gestión emocional o enfoque interseccional. Por otro, aplican ese conocimiento directamente sobre el terreno, en contextos donde la desigualdad no es un concepto abstracto, sino una realidad cotidiana.

En ese cruce aparece también uno de sus principales retos: sostener el equilibrio. “En una consultoría que vive la economía social, el reto es demostrar que la rentabilidad económica y el impacto social no son enemigos, sino aliados”, señala Sánchez. “A veces toca romper muchos techos de cristal y prejuicios sobre cómo debe gestionarse una empresa hoy en día”. Sentido Inverso se define como una entidad sin ánimo de lucro que genera empleo -actualmente cuenta con un equipo multidisciplinar de 11 personas- y reinvierte sus beneficios en su propio objeto social. Un planteamiento que cuestiona directamente la dicotomía clásica entre lo económico y lo social, y que se alinea con los principios del cooperativismo.

No es casualidad que su propia identidad se articule en torno a una metáfora: Venus, el único planeta del sistema solar que gira en sentido contrario. “No seguimos la inercia del mercado tradicional”, explican desde la entidad. Una forma de entender la empresa que no nace de la lógica del beneficio, sino de la urgencia de intervenir sobre la desigualdad desde la raíz. Ese posicionamiento les ha valido distintos reconocimientos en el ámbito de la economía social y el emprendimiento, entre ellos su paso por la II edición de los Premios +Coop Granada impulsados por FAECTA Granada. Un respaldo que, lejos de cerrar una etapa, refuerza su hoja de ruta.

“Este reconocimiento es un impulso de energía que nos confirma que no estamos solas en esta visión”, apunta Sánchez. “Lo sentimos como una victoria colectiva, de todas las personas y entidades que creen que otra forma de hacer empresa -más justa, equilibrada y humana- es posible”. A corto y medio plazo, el objetivo es claro: consolidar un modelo en el que lo sostenible, lo social y lo rentable no compitan entre sí, sino que se refuercen mutuamente. Y hacerlo crecer. Actualmente con presencia en Granada y Málaga, Sentido Inverso aspira a extender su acompañamiento a otras provincias andaluzas, llevando ese “sentido inverso” a más organizaciones y territorios.

Porque, en el fondo, de eso se trata: de demostrar que otra forma de hacer empresa no sólo es deseable, sino viable. Y que, cuando el foco se pone en las personas, la transformación deja de ser un discurso para convertirse en práctica cotidiana.

Acompañan a personas desempleadas a encontrar trabajo, diseñan itinerarios de inserción y sostienen Andalucía Orienta, una de las principales políticas activas de empleo de la Junta de Andalucía, pero cada vez les cuesta más sostener su propia vida. “No llego ni al día 10”, lamenta Esteban Robles, un orientador laboral en Granada con casi dos décadas de experiencia que acaba de iniciar un movimiento entre sus compañeros para reclamarle al Ejecutivo regional mejores condiciones salariales.

Lo que comenzó como una conversación entre compañeras ha terminado en una movilización que no para de crecer: más de un millar de firmas recogidas en pocas semanas, contactos con grupos parlamentarios como Adelante Andalucía y una denuncia que apunta directamente al modelo sobre el que se articula el programa Andalucía Orienta: en toda la comunidad autónoma son 722 profesionales los que trabajan en este dispositivo, que atiende cada año a más de 150.000 personas en búsqueda de empleo.

Paradójicamente, mientras ayudan a otros a buscar empleo, sienten que el suyo es precario. “Ahora es lo normal que la persona a la que ayudas a encontrar trabajo cobre más que tú”, explica Robles. Lo que antes era una excepción se ha convertido, dice, en la norma. Y no es sólo una percepción: muchos de estos profesionales perciben salarios en torno a los 1.400 euros netos mensuales, apenas unos 200 euros por encima del salario mínimo. Ese desfase, sostienen, no es coyuntural, sino estructural.

Sueldos congelados desde hace una década

El origen del problema está en la financiación. El programa Andalucía Orienta, creado en 2003, no se ejecuta directamente desde la Junta, sino a través de entidades colaboradoras -ayuntamientos, organizaciones del tercer sector o fundaciones- que reciben subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para contratar a los técnicos. Lo que hace que estas entidades no siempre puedan aportar más dinero para completar los salarios, pese a que desde el Gobierno regional lo señalan como solución.

Según un informe elaborado por los propios profesionales, el coste máximo subvencionable por orientador apenas ha variado en los últimos veinte años y permanece congelado desde 2014, cuando se fijó en algo más de 32.000 euros anuales. Aunque desde que en 2004 se reguló por primera vez Andalucía Orienta se han incrementado los salarios un 20%, la inflación acumulada en la última década -en torno al 25-30%- ha limitado el dinero que queda en la cuenta de estos trabajadores a final de mes, provocando una pérdida de entre 8.000 y 10.000 euros anuales por técnico. Es decir, el sistema funciona hoy con menos recursos reales que hace diez años.

La consecuencia de esta pérdida de poder adquisitivo no es menor. Se traduce en salarios bajos, en rotación de personal y en dificultades para sostener equipos estables. “Hace 20 años el sueldo no estaba mal, pero ahora no llego a mitad de mes”, explica Esteban Robles. “Estamos en esto porque nos gusta acompañar a las personas, pero cada vez cuesta más mantener esa implicación”.

El deterioro no afecta sólo a las condiciones laborales, advierten. Tiene impacto directo en el servicio. Los orientadores trabajan, en muchos casos, con personas en situación de especial vulnerabilidad: desempleo de larga duración, falta de formación, discapacidad o entornos de exclusión. “Hay que hacer un acompañamiento integral, desde cuestiones administrativas básicas hasta ir con ellas a entrevistas. Estamos hablando casi de trabajo social”, cuenta Esteban Robles. En ese contexto, la precarización de quienes sostienen el sistema introduce una tensión evidente: la política pública que pretende mejorar la empleabilidad se apoya en condiciones laborales que la debilitan.

Un modelo externalizado

Por otro lado, el conflicto no se limita a los salarios. Apunta al propio diseño del programa. Los orientadores no son personal de la Junta, sino trabajadores contratados por entidades que dependen casi en exclusiva de la financiación pública. Ese esquema, denuncian, genera un bucle difícil de romper. “La Junta siempre deriva la responsabilidad en las entidades, pero esas entidades no pueden pagarnos más porque dependen totalmente de esa financiación”, explica Robles. “Están al límite y no pueden asumir mejoras por su cuenta”.

Desde la Consejería de Empleo, sin embargo, el argumento va más allá y señalan al Gobierno central. Fuentes oficiales aseguran que no existe margen para aumentar la financiación porque los programas se nutren de fondos estatales procedentes de la conferencia sectorial, que, dicen, llevan cuatro años congelados. “No podemos aumentar la partida”, sostienen.

La explicación no convence a los profesionales, que sitúan el problema en una escala temporal más amplia, recordando que en otras comunidades autónomas la situación de los mismos trabajadores es sensiblemente mejor. La congelación, recuerdan, no es de cuatro años, sino de más de una década. Y, además, señalan que en otras comunidades autónomas con el mismo marco estatal sí se han introducido mecanismos de actualización salarial.

En todo caso, la Junta asegura estar abierta al diálogo, pero dice no conocer a los impulsores de la movilización. “No sabemos quiénes son ni se han puesto en contacto con la Consejería”, señalan, apuntando a la Asociación Sindical Profesional de Orientadores de Andalucía (APAO) como interlocutor habitual. Sin embargo, el movimiento que está emergiendo se ha articulado precisamente al margen de esas estructuras y ha logrado en pocas semanas, sin siglas, un respaldo significativo dentro del sector.

Pero mientras la Junta articula una solución, el malestar sigue creciendo. “Antes leías lo de los trabajadores pobres y te parecía algo lejano. Ahora eres tú”, lamenta Robles. Un lamento que explica lo que sienten estos profesionales: de acompañar la precariedad a formar parte de ella. Por eso, para el impulsor de este movimiento, hay una pregunta que ha dejado de ser retórica: “¿Quién ayuda a quien ayuda?”.

Decía el historiador Ian Gibson en 1998 que de Federico García Lorca aún quedaban muchas cosas por saber. En el centenario de su nacimiento, el conocimiento sobre el poeta y dramaturgo granadino estaba en plena etapa de exploración. Ahora, casi 30 años después, de Federico se sabe casi todo, pero nunca lo suficiente. Cada cierto tiempo aparecen retales de una vida que el tiempo ha convertido en leyenda, pero que fue la de un hombre magistral, a la vez que profundamente terrenal. Algo que queda reflejado en las cartas que se envió con su madre Vicenta y que el periodista Víctor Fernández ha recogido en el epistolario ‘No te olvides de escribir’.

Un documento esencial para conocer mejor la dimensión familiar de un Federico de carne y hueso. Con preocupaciones y problemas cotidianos, tan lejos del misticismo sobre el que reposa su recuerdo y tan cerca de ser cualquier hijo de vecino, que lo que se lee en estas misivas cobra otra dimensión. No es la primera vez que salen a la luz las cartas que Lorca se envió con sus familiares y amigos, pero sí es la primera vez en las que conocemos algunas inéditas.

Entre las letras que Vicenta Lorca y su hijo Federico se intercambian, vemos a un joven de veintipocos años que pasa frío en la Residencia de Estudiantes de Madrid, al tiempo que convierte a su madre en editora, enviándole en primicia sus creaciones para que esta se convierta en su mejor crítica. “Yo creo que las cartas lo humanizan. Nos ofrecen una imagen muy humana de él: el hijo que escribe a sus padres o el hermano que escribe a sus hermanos”, explica Víctor Fernández, autor del epistolario.

Vicenta, la madre tras el poeta

“Fue precisamente su madre la que le contó que habían ido a un teatro en Granada y que habían visto a una actriz que les impresionaba”. Esa actriz resultó ser Margarita Xirgú, a la que Vicenta conoció antes que Federico, y a la que ese azar le cambió la vida. Xirgú fue la musa teatral de Lorca, llegando a ser Mariana Pineda o Doña Rosita. Aquella misiva catapultó a la fama a la actriz catalana, que acabaría exiliada por el franquismo en Uruguay sus últimos días, y muestra cómo Federico y su madre construyeron juntos la carrera artística del poeta granadino.

Pero el papel de Vicenta Lorca va mucho más allá de la anécdota o del acompañamiento emocional. En las cartas, se dibuja como una figura clave en la construcción del propio Federico García Lorca. “Se convierte casi en una agente literaria”, explica el periodista Víctor Fernández. Es ella quien pregunta por editoriales, quien se interesa por las revistas en las que se publican los textos de su hijo y quien incluso gestiona aspectos económicos de sus primeras obras.

Una de las piezas que mejor ilustra ese rol es la carta que Vicenta envía al impresor Gabriel García Maroto con motivo de la publicación de ‘Libro de poemas’. En ella, se detallan cuestiones relativas al pago de la edición, que corría a cargo de la familia. La escena es tan descriptiva como emocionante: detrás del mito literario, hay una madre pendiente de cada paso, sosteniendo -también económicamente- los inicios de una de las voces más importantes de la literatura española.

Ese acompañamiento no termina con la muerte del poeta. Años después de su asesinato, Vicenta sigue preocupándose por la difusión de su obra, interesándose por su traducción y circulación en otros países y preguntando incluso por figuras clave de la cultura internacional. Una continuidad que, en palabras de Fernández, “cierra el círculo” y refuerza la idea de que el legado de Lorca también es, en parte, una construcción familiar.

El trabajo de investigación que sostiene este epistolario no ha sido menor. Fernández partía de una publicación anterior, centrada únicamente en las cartas de la madre, pero decidió ampliarla para incorporar también la voz del hijo. El proceso, sin embargo, ha sido fragmentario, casi detectivesco: documentos dispersos en archivos públicos, colecciones privadas y referencias en investigaciones previas que obligaban a reconstruir el mapa pieza a pieza. “Construyes un primer borrador y cuando lo das por cerrado aparece otra carta”, explica.

Una investigación atemporal

En ese rastreo han intervenido nombres clave del lorquismo como Ian Gibson o Christopher Maurer, pero también anónimos y familiares que han preservado el legado y archivos menos accesibles. Algunas cartas han llegado a través de fondos institucionales y otras gracias a copias conservadas por investigadores. Algunas han aparecido también en colecciones privadas. Incluso hoy, reconoce Fernández, hay archivos que permanecen cerrados, como el del escritor y amigo de Lorca, Rafael Martínez Nadal, donde podrían seguir guardándose documentos desconocidos.

Ese carácter abierto de la investigación no es una excepción, sino casi una constante en el universo lorquiano. A lo largo de los años han seguido apareciendo materiales inesperados: desde nuevas fotografías hasta epistolarios desconocidos que emergen, literalmente, de cajones familiares tras una herencia. “A veces ocurren estos milagros”, explica el autor, que recuerda cómo recientemente apareció un conjunto de cartas dirigidas a una persona hasta ahora desconocida para los estudiosos. No obstante, faltan documentos clave como el manuscrito de Bodas de Sangre o sus cartas con Dalí, con el que mantuvo una relación amorosa en la que estaba también Buñuel.

Porque, aunque hoy sabemos mucho más que hace décadas -hace tan solo unas semanas trascendieron imágenes en vídeo de él junto a su compañía teatral-, el legado de Lorca sigue atravesado por ausencias. Se han perdido manuscritos, cartas y poemas -algunos destruidos durante la Guerra Civil por miedo- y otros cuyo paradero sigue siendo un enigma. Ni siquiera se conserva el manuscrito de algunas de sus obras más conocidas. Y, sin embargo, lo que ha llegado hasta hoy resulta casi milagroso. “No nos podemos quejar de lo mucho y bueno que tenemos”, apunta Fernández.

En ese equilibrio entre lo descubierto y lo perdido se mueve también el futuro de la investigación. No parece probable que aparezca una gran obra inédita que cambie el canon literario, pero sí nuevos documentos que completen el retrato. Pequeñas piezas que, sumadas, siguen ampliando la comprensión de un autor que nunca termina de agotarse.

Quizá el mayor misterio pendiente sea otro. La posibilidad de escuchar su voz. Federico García Lorca participó en emisiones de radio en sus últimos años en ciudades como Madrid o Barcelona, y no se descarta que alguna grabación haya sobrevivido en archivos sonoros, incluso fuera de España. “Yo soy optimista con que pueda aparecer”, señala Fernández. El problema, advierte, no sería tanto encontrarla como poder demostrar que realmente es suya.

Mientras tanto, estas cartas cumplen una función más inmediata y, quizá, más necesaria: devolver a Federico a un lugar reconocible. Alejarlo del pedestal sin restarle altura. Mostrarlo no sólo como el símbolo universal que representa, sino como lo que también fue: un hijo que escribía a su madre. Y, en ese gesto cotidiano, profundamente humano, encontrar una forma distinta y más cercana de leerlo.

Hablar de industria en Jaén ya no es una anomalía ni una excepción. En municipios como Martos, la automoción ha configurado durante décadas un ecosistema productivo propio, altamente especializado y conectado con los grandes circuitos internacionales. En ese entramado, la planta de Teknia Martos se ha consolidado como uno de los nodos más relevantes.

Su origen está directamente vinculado al desarrollo del clúster automovilístico en la zona. “La implantación de Valeo a nivel local fue el punto de partida”, explica Francisco Moya, plant manager de la compañía. A partir de ahí, Teknia se posicionó como proveedor directo, en un momento -finales de los noventa- en el que el grupo decidió apostar por Martos como enclave estratégico dentro de su expansión industrial.

No fue una decisión menor. La planta jienense no solo fue la primera del grupo dedicada a la inyección de plástico, sino que además ha mantenido una relación estructural con la evolución de la compañía. Parte de la dirección global de Teknia Group ha pasado por Martos, incluyendo a figuras clave en su desarrollo. “Hay una vinculación con esta tierra extraordinaria”, recuerda Moya.

De proveedor local a actor estratégico

Más de dos décadas después, el papel de Teknia Martos ha evolucionado en paralelo al propio sector. Si en sus inicios el foco estaba en responder a la demanda de los grandes fabricantes implantados en la zona, hoy la planta compite en un escenario global donde la diferenciación pasa por la tecnología y el valor añadido.

“En automoción, o estás en la vanguardia tecnológica o te quedas fuera”, explica Moya. Bajo esa premisa, el grupo ha impulsado en los últimos años un proceso intensivo de modernización en Martos, con inversiones en maquinaria y automatización avanzada. Ese salto cualitativo ya ha dado resultados tangibles. En 2024, la planta logró captar un proyecto de alto nivel técnico vinculado a un componente de seguridad para uno de los grandes actores internacionales del sector. Aunque no se desvela el cliente, sí se apunta a una idea clave: competir desde Jaén en segmentos donde la exigencia tecnológica es máxima y la competencia, limitada.

El posicionamiento no es casual. La estrategia pasa por especializar cada planta en productos concretos con alto valor añadido y menor competencia en el mercado europeo. En el caso de Martos, eso se traduce en procesos altamente automatizados y en una apuesta clara por la precisión y la calidad como elementos diferenciales.

Uno de los cambios más significativos en el sector de la automoción en los últimos años tiene que ver con su relación con el medioambiente. Un ámbito donde Teknia Martos ha reorientado su modelo productivo. Actualmente, la planta opera con energía de origen renovable, lo que le permite alcanzar un balance neutro en emisiones asociadas al consumo energético. A esto se suma la certificación ISO 50001, centrada en la gestión y mejora continua de la eficiencia energética.

“El compromiso medioambiental es uno de los ejes estratégicos del grupo”, dice Francisco Moya. Una línea que no se limita a la reducción de emisiones, sino que se integra en el propio proceso industrial, en paralelo a la transformación del sector hacia la electrificación del vehículo.Lejos de la imagen histórica de una industria intensiva en emisiones, la automoción se ha convertido en uno de los sectores donde más rápidamente se están incorporando estándares tecnológicos vinculados a la sostenibilidad.

Talento local en una industria global

Más allá de la tecnología, hay otro elemento que explica la consolidación de este tipo de proyectos industriales en la provincia: el capital humano. En el caso de Teknia Martos, la conexión con el entorno formativo es una de las claves de su desarrollo. La empresa colabora activamente con institutos y universidades, no solo como vía de captación de talento, sino como parte de un proceso más amplio de formación y adaptación a las nuevas demandas del sector.

“Buscamos participar en la formación de los profesionales y desarrollar talento que ya incorpore nuevas herramientas, nuevas capacidades”, señala Moya. Entre ellas, la digitalización de procesos o la incorporación de inteligencia artificial en la toma de decisiones industriales. Este enfoque no es menor en un momento de cambio de paradigma. La automoción ya no se define únicamente por la fabricación de vehículos, sino por un concepto más amplio de “nueva movilidad”, donde confluyen innovación tecnológica, sostenibilidad y transformación del empleo.

El caso de Teknia Martos refleja una realidad que a menudo queda fuera del foco mediático: la existencia de un tejido industrial en Jaén capaz de competir en mercados globales y de sostener proyectos de alta complejidad técnica. “Es una gran desconocida y merece la pena que se conozca”, sentencia el plant manager de Teknia Martos. No en vano, esta empresa jienense, con más de dos décadas de expansión a su espalda, demuestra que el tejido local también puede ser punta de lanza de la economía andaluza.

A Javier Verdejo nadie le iba a frenar su ímpetu por vivir en una democracia en España. Con la muerte del dictador Francisco Franco, este joven estudiante almeriense de la Universidad de Granada sabía que estaba ante la oportunidad perfecta para reivindicar un nuevo tiempo para su país. Nadie, ni siquiera su padre, un reconocido alcalde franquista de Almería, le iba a impedir militar hacia una transición política en la que la dictadura fuese historia. Nadie, hasta que una bala de un guardia civil le atravesó el cuerpo y le cercenó la vida. Era el verano de 1976, pero su asesinato pareció teñir de invierno las ambiciones de quienes, como Javier, soñaban con una España democrática.

Tenía tan solo 19 años cuando esa bala acabó con su futuro en la playa del Zapillo de su Almería natal. Militante de la Joven Guardia Roja de España (JGRE), la organización juvenil del Partido de los Trabajadores de España (PTE), Verdejo apenas llevaba un año estudiando Biología en la universidad cuando fue sorprendido en una caseta de baño próxima a la orilla escribiendo en un muro, con letras rojas: “Pan, trabajo y libertad”. No llegó a escribir más que la “t” de trabajo cuando un agente de la Guardia Civil le persiguió, mientras trataba de huir, hasta darle alcance con su fusil. En apenas unos segundos, el joven murió, convirtiéndose en una de las casi 800 víctimas que se produjeron en los primeros años de la transición española tras la muerte de Franco en noviembre de 1975.

Quizá por eso, por parecer tan solo un número, Javier Verdejo no ocupa los recuerdos que sí logran otros como Manuel García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 mientras luchaba por la autonomía de Andalucía. Quizá por eso, la de Verdejo es la historia de un chaval que tuvo la mala suerte de soñar con una democracia cuando la dictadura aún seguía existiendo, pese a la muerte de Franco.

Ahora, 50 años después de su asesinato, la Universidad de Granada le hace un homenaje para que la comunidad académica y la población en general, que empieza a ser mayoría la que no vivió el franquismo, no olvide lo que pasó en los primeros años de la transición que permitió que España sea hoy una democracia. Porque el contexto de aquel tiempo merece ser recordado para entender quién era Javier Verdejo y qué pasaba en el país en aquellas fechas. En ese sentido, Rafael Gil Bracero, profesor de Historia en la Universidad de Granada, que tenía casi la misma edad que Verdejo cuando fue asesinado, es una de las personas que más ha estudiado sobre su figura y de las que más luces puede aportar a los vacíos que la versión oficial arrojó sobre la muerte del joven.

Una transición que no fue modélica

“Ni fue una transición ni mucho menos modélica. Fue sangrienta”, resume Gil. El historiador sitúa el asesinato de Verdejo en un momento de enorme tensión política y social, apenas meses después de la llegada de Adolfo Suárez al Gobierno. En aquel 1976, ni los partidos políticos ni los sindicatos estaban legalizados, y la movilización en las calles –especialmente de estudiantes y trabajadores– formaba parte de la lucha por conquistar libertades básicas.

Ese clima tenía en la universidad uno de sus principales epicentros. “El ambiente universitario estaba muy politizado”, explica Gil, que vivió aquellos años como estudiante. “En la Universidad de Granada, el Partido Comunista era casi lo más a la derecha”. La frase, provocadora, ilustra hasta qué punto el espacio universitario estaba dominado por organizaciones de izquierda y extrema izquierda, donde militaban buena parte del alumnado.

Lejos de ser una excepción, la implicación política formaba parte de la vida cotidiana. Carteles, asambleas y panfletos articulaban un movimiento estudiantil que se organizaba al margen de la legalidad vigente. “La mayoría de estudiantes estaban vinculados a organizaciones políticas”, recuerda el historiador. En ese contexto, la militancia de Javier Verdejo no tenía nada de extraordinario: era, en realidad, la norma entre quienes protagonizaban la oposición al franquismo en las aulas.

Pero esa efervescencia chocaba de frente con un aparato estatal que apenas había cambiado. Gil insiste en que la transición política no vino acompañada de una depuración real de las fuerzas de orden público. “Podían disparar y no pasaba nada”, asegura. La combinación de movilización social y continuidad represiva explica, en parte, la violencia de aquellos años. En cifras, el balance es contundente. “Del 75 al 83 hubo al menos setecientas muertes violentas”, señala. De ellas, al menos 178 corresponden a violencia ejercida por el propio Estado. “Son muertes que apenas han tenido investigación, reparación ni reconocimiento”, añade. La de Javier Verdejo fue una más de esa lista, aunque con el paso del tiempo haya quedado diluida en el relato oficial de una transición pacífica.

La versión oficial sostuvo que el disparo fue accidental: el agente habría caído mientras perseguía al joven y el arma se habría disparado de forma fortuita. Sin embargo, Gil cuestiona esa explicación. “Si te caes con el arma, el disparo no va al cuello”, apunta. Para el historiador, se construyó un relato para evitar responsabilidades. “No fue una muerte, fue un asesinato”, afirma con rotundidad.

La impunidad de su asesinato

El caso nunca se investigó en profundidad y quedó impune. La respuesta en la propia universidad, aunque existente, fue limitada. Hubo comunicados y protestas, pero no una movilización sostenida. “Se hicieron panfletos denunciando el asesinato, pero no hubo más”, admite Gil. Aun así, el impacto fue profundo entre quienes compartían generación con Verdejo: la constatación de que la represión seguía operando incluso en plena transición.

A diferencia de otros nombres que sí han logrado cierto reconocimiento institucional, la figura de Javier Verdejo quedó marcada por el olvido. Algunas fuentes han sostenido que existió un distanciamiento por parte de su familia debido a su militancia política, en un contexto marcado por profundas divisiones ideológicas. Sin embargo, sus hermanos han querido matizar esta interpretación y subrayan que su familia siempre se ha sentido “muy orgullosa” de Javier, al que consideran “querido, recordado y añorado”.

“Una tragedia de tal envergadura marcó a sus padres y a toda su familia, la cual ha sido víctima, al igual que lo fue Javier, de falta de respeto y solidaridad”, explican los hermanos Verdejo Lucas. Asimismo, recuerdan que en 2010 fue reconocido oficialmente como “víctima de la violencia estatal” a petición de la propia familia. Y aseguran haber participado “en todos los actos en reconocimiento a Javier a los que la familia ha sido invitada, y también ha asistido a muchos otros eventos, aunque lo ha hecho sin significarse, respetando así, la iniciativa de los convocantes”.  

Memoria y presente

Medio siglo después, el homenaje impulsado ahora desde la Universidad de Granada, con participación institucional, supone un cambio respecto a décadas anteriores. “Ya era hora de que el Estado reconociera a quienes dieron su vida por la democracia”, sostiene Gil.

Para el historiador, la recuperación de estas historias no es solo una cuestión de memoria, sino también de presente. “Esto no se enseña en las aulas, aunque la ley diga que es obligatorio”, advierte. En un contexto en el que las nuevas generaciones consumen información de forma fragmentaria y rápida, reivindica el papel de la divulgación y del periodismo para reconstruir estos relatos.

Porque la historia de Javier Verdejo no es solo la de un estudiante asesinado en una playa de Almería. Es también la de una universidad que fue motor de cambio político, la de una generación que se jugó la libertad en las aulas y en la calle, y la de un país que, durante demasiado tiempo, prefirió no hacerse preguntas. Medio siglo después, su nombre vuelve a aparecer para recordarlas.

A Esther, a sus 55 años, la vida se le escapaba de las manos en apenas unos días. Esta granadina, que había acudido a las urgencias hospitalarias del Hospital San Cecilio de Granada por una simple caída el pasado mes de enero, empeoró notablemente en unas horas críticas que estuvieron a punto de acabar en tragedia. “Podría haber muerto”, reconoce tras haber vivido en primera persona cómo la situación asistencial de las urgencias en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) da pie a episodios como el suyo.

La segunda semana laboral completa de huelga convocada por los sindicatos médicos contra el Estatuto Marco del Gobierno de España afronta su recta final. Mientras, la cuestión sanitaria ha entrado de lleno, si no lo había hecho ya, en la precampaña electoral a tres meses de los comicios. El caso de Esther es extremo, pero representa el sentir de profesionales, pacientes y sindicatos de la sanidad pública andaluza. Porque la falta de personal en todos los ámbitos da pie a jornadas maratonianas que extenúan a los profesionales porque no pueden dar abasto con el volumen de usuarios que reciben, especialmente en los periodos de alta frecuentación que se producen en invierno por las patologías asociadas a las enfermedades respiratorias fruto del frío. En la historia de Esther se cruzan todos los factores que explican lo que para los sindicatos de la mesa sectorial es, desde hace años, el “desmantelamiento” de la sanidad pública.

Porque Esther, que desarrolló asma crónica por culpa del tabaco, estuvo a punto de perder la vida por una neumonía no diagnosticada. “Llegué a despedirme de mi marido y cuando me dijeron que tendría que entrar en la UCI pensaba que me moría”. No se equivocaba, puesto que el personal médico que la atendió advirtió a sus familiares de que el cuadro clínico que presentaba era muy malo y que podía pasar lo peor. Afortunadamente, sobrevivió, pero el relato de los cuatro días que pasaron entre su caída y el ingreso en la UCI desvelan la falta de recursos que hay incluso en hospitales tan importantes como el San Cecilio de Granada.

Sin estadísticas oficiales ni un tiempo de respuesta determinado por decreto, las urgencias hospitalarias y de centros de salud responden a la buena voluntad de los profesionales, a la afluencia de usuarios y, a veces, a la suerte. El caso de Esther es paradigmático: se cayó y notó una fuerte presión en el pecho por la que acudió a urgencias. Una vez allí, se limitaron a hacerle una exploración sin rayos que no detectó un grave hematoma que tenía. Tras pasar varias horas en urgencias, fue derivada a su casa con antiinflamatorios, pero seguía sufriendo “dolores insoportables”. Tras otras dos visitas los siguientes días en urgencias, acabó siendo hospitalizada porque había contraído una gripe que le había generado una neumonía que no le habían diagnosticado y que, por poco, casi le cuesta la vida.

Historias como la de Esther no son las únicas. Pilar, de 88 años, vivió un proceso aún más prolongado antes de recibir un diagnóstico correcto. Desde que su médica de cabecera la derivó a urgencias el 21 de octubre hasta que finalmente fue ingresada en la UCI el 13 de diciembre con un diagnóstico de síndrome coronario agudo, transcurrieron casi dos meses. Durante ese tiempo acudió en tres ocasiones al servicio de urgencias y regresó a casa sin un diagnóstico claro ni un tratamiento que aliviara sus síntomas. Fueron semanas de dolor, sufrimiento y desconcierto en las que su estado fue empeorando progresivamente pese a que su edad avanzada y sus antecedentes coronarios podían haber alertado de un posible problema cardíaco.

La situación cambió el 13 de diciembre, cuando el agravamiento de los síntomas la obligó a regresar de nuevo a urgencias. Esta vez fue ingresada de inmediato y trasladada a la UCI. A pesar de la dureza del proceso, Pilar reconoce el trabajo del personal sanitario que finalmente la atendió. “Ese día apareció la sanidad pública que recordaba, la atención y la profesionalidad con la que mi familia y yo siempre habíamos contado”.

Su experiencia, sin embargo, le deja preguntas que van más allá de su propio caso. “¿Qué ocurre con las urgencias? ¿Cuáles son sus protocolos y criterios para atender a las personas? ¿Quién decide sobre los profesionales y los equipos que están al frente? ¿Son más importantes los planteamientos de rentabilidad económica que los de atención a las personas?”. “Estas preguntas no son retóricas”, advierte. “Tienen respuesta. Y víctimas”.

Profesionales al límite

Quienes trabajan en primera línea reconocen que la saturación de las urgencias no siempre tiene su origen en los propios hospitales, sino en las dificultades de acceso a la atención primaria. Marta es médica en el centro de salud de Atarfe, en el área metropolitana de Granada. Según explica, el dispositivo de urgencias de este centro atiende a una población que supera los 40.000 habitantes y que incluye municipios y zonas dispersas como Albolote, Colomera, El Chaparral o el entorno del pantano de Cubillas. Además, a partir de las tres de la tarde las urgencias de Albolote se derivan a Atarfe, lo que incrementa aún más la presión asistencial.

A pesar de ese volumen de población, el servicio funciona con solo dos equipos de guardia. “Con que uno salga a un aviso domiciliario, el otro se queda solo atendiendo todo lo que entra, y eso revienta el servicio”, explica. La situación se agrava, según relata, por las dificultades para conseguir cita en la atención primaria. “Si te dan cita para dentro de dos semanas, entiendo que la gente vaya a urgencias, aunque no sea el sitio. Cuando tienes un problema de salud, lo que quieres es que se solucione”.

El personal sanitario llevaba tiempo reclamando la incorporación de un tercer equipo de urgencias para poder repartir la carga asistencial. Sin embargo, la petición ha sido denegada por la administración autonómica. “Ese tercer equipo estaba previsto, pero al final lo han rechazado. Lo decide Sevilla y nosotros nos quedamos con dos equipos para una población enorme”, lamenta. En ese contexto, las guardias se convierten en jornadas extenuantes. Según explica, cada médico puede llegar a atender cerca de un centenar de pacientes durante una sola guardia. “Es un trabajo a destajo. Durante la madrugada tampoco paran de venir pacientes. Con dos médicos es inasumible”.

La presión asistencial también se deja sentir en los hospitales comarcales, donde la dispersión geográfica y el envejecimiento de la población añaden dificultades adicionales. Mar trabaja desde hace siete años en las urgencias del Hospital de Baza y explica que la demanda no ha dejado de crecer en ese tiempo. Este centro sanitario da servicio a una amplia comarca del norte de Granada, con numerosos municipios pequeños y una población especialmente envejecida. “Aquí la gente es muy mayor y eso supone una mayor carga asistencial”, señala.

A su juicio, el principal problema vuelve a estar en la saturación de la atención primaria, que debería actuar como primer filtro del sistema sanitario. Cuando ese primer nivel no puede absorber la demanda, los pacientes terminan acudiendo directamente a urgencias. “Si la primaria falla, todo acaba degenerando aquí, porque la gente busca una solución”. Aunque actualmente la plantilla del hospital está completa, el volumen de trabajo ha crecido hasta el punto de hacer los turnos cada vez más exigentes. “Ahora mismo estamos todos los médicos, pero aun así los turnos son mucho peores porque hay muchísima más demanda”.

Ese incremento de pacientes se traduce en tiempos de espera más largos, sobre todo para los casos menos urgentes. Situaciones que antes podían resolverse en aproximadamente una hora ahora se alargan considerablemente más. La prolongación de esas esperas también tiene impacto en la relación con los pacientes. “Cuando la gente tiene que esperar más tiempo llega más enfadada y se genera una especie de retroalimentación negativa que hace más difícil el trato”, explica.

Desde los sindicatos reconocen que la presión asistencial en las urgencias varía según el momento del año y el centro sanitario. Victorino Girela, portavoz de sanidad de CSIF en Andalucía, señala que los tiempos de espera no siempre responden a un colapso estructural, sino a picos de demanda asociados sobre todo a las epidemias invernales de gripe y otras infecciones respiratorias.

“El tiempo medio de espera en urgencias es muy variable. Depende del centro y del momento epidémico en que nos encontremos”, explica. Según indica, una vez superados los picos de alta frecuentación propios del invierno, “no hay más que las demoras habituales”. El representante sindical asegura que no tiene constancia de retrasos generalizados fuera de esos periodos, aunque sí señala casos concretos donde los tiempos se han alargado por falta de personal. “El Hospital Virgen del Mar de Cádiz ha mantenido tiempos de espera más altos por falta de profesionales”, apunta.

Donde sí reconoce una presión más evidente es en la atención primaria. En muchos centros de salud, los pacientes pueden esperar más de una semana para ser atendidos por su médico de cabecera. “Los tiempos medios de espera superan los ocho o diez días para ver a tu propio médico, y en muchos casos la consulta es incluso telefónica”, afirma.

La respuesta de la Junta

La Consejería de Salud y Consumo no ha respondido directamente a las preguntas de este medio sobre el posible colapso de las urgencias ni sobre los tiempos medios de atención en el sistema sanitario andaluz. En su lugar, se han remitido a una intervención del consejero de Salud, Antonio Sanz, durante una sesión parlamentaria en la que defendió el funcionamiento general del sistema sanitario.

En esa intervención, el consejero pidió analizar la situación a partir de “indicadores objetivos” y no de casos concretos. Según explicó, el sistema sanitario andaluz gestiona cada año 588 millones de datos sanitarios, por lo que considera inevitable que puedan producirse incidencias puntuales. En el ámbito de la atención primaria, cuyo colapso denuncian sindicatos y profesionales como la clave de bóveda que genera el resto de problemas, aseguró que el tiempo medio de respuesta “no supera los cinco días”, una cifra que, según defendió, refleja la media del sistema.

Sanz reconoció, no obstante, que pueden existir demoras en procesos no urgentes o programados y defendió que la Junta está adoptando medidas para reforzar el sistema sanitario andaluz, entre ellas la aprobación de 3.983 nuevas plazas en el Servicio Andaluz de Salud o la puesta en marcha de un decreto para facilitar la cobertura de puestos de difícil acceso en zonas rurales. También señaló que el sistema sanitario andaluz, con más de 130.000 profesionales, 1.514 centros de salud y más de medio centenar de hospitales para atender a una población de 8,6 millones de personas, es el mayor del país, lo que a su juicio explica que puedan producirse incidencias en la actividad asistencial.

Mientras tanto, para pacientes como Esther o Pilar, la cuestión no se mide en estadísticas ni en indicadores de gestión, sino en el tiempo que pasa entre el momento en que acuden a urgencias y el instante en que alguien consigue poner nombre a lo que les ocurre. Un tiempo que, en algunos casos, puede marcar la diferencia entre una recuperación difícil y una tragedia.

En el corazón industrial de la provincia de Jaén, lejos de los grandes polos tradicionales de producción, una compañía ha construido durante décadas un modelo que combina arraigo local y proyección global. ALVIC, con sede en Alcaudete, se ha consolidado como uno de los actores relevantes en la fabricación de paneles y componentes para la industria del mueble y la decoración, en un sector cada vez más competitivo y tecnificado.

Fundada en 1965 por Alejandro Rosales, la empresa ha evolucionado desde un proyecto familiar hacia una estructura internacional con presencia comercial en más de 130 países. Ese crecimiento no ha implicado, sin embargo, una ruptura con sus orígenes. La compañía mantiene en Andalucía buena parte de su capacidad industrial, con varias plantas en la comunidad -entre ellas las de Alcaudete y La Carolina- y un volumen de producción que refleja la escala alcanzada.

Esa historia empresarial tiene también una dimensión personal que ayuda a entender el vínculo con el territorio. Como explica Juan José Barrios, manager técnico de la compañía, el origen está marcado por la trayectoria de su fundador: “Era un inmigrante que se fue a Cataluña y empezó trabajando en una carpintería”. A partir de ahí, la evolución fue progresiva, con la creación de una primera empresa en Vic, la adquisición de participaciones y una reinversión constante de los beneficios que permitió ampliar instalaciones, incorporar maquinaria y abrir nuevas plantas. “Todo lo que ganaba lo reinvertía en hacer naves nuevas y comprar máquinas”, explica.

El regreso a Jaén no fue un movimiento menor. Según relata Barrios, la implantación en Alcaudete llegó después de consolidar el proyecto en Cataluña y ha terminado convirtiéndose en uno de los principales motores del grupo en las últimas décadas. De hecho, el nombre de ALVIC nace de unir Alcaudete con Vic, las dos sedes iniciales de la compañía. A esa presencia en la propia localidad jienense se han sumado otras instalaciones en Andalucía, como la planta de La Carolina o la incorporación más reciente de un centro en la provincia de Sevilla, configurando un eje productivo con fuerte peso en el sur.

Más allá de la historia, la relación con Jaén se traduce hoy en términos muy concretos: empleo y arraigo. “Prácticamente toda la gente que trabaja aquí es de la provincia”, señala Barrios, que acumula 25 años en la empresa. Esa vinculación se mantiene incluso en un contexto de expansión internacional, con plantas en Estados Unidos y presencia en otros mercados europeos. “Las inversiones más próximas están previstas aquí”, añade, en referencia a ampliaciones tanto en La Carolina como en Alcaudete, donde la compañía proyecta nuevas instalaciones y líneas de producción.

La trayectoria de ALVIC permite observar una de las transformaciones más significativas de la industria en el sur de España: el paso hacia actividades con mayor componente tecnológico. En este caso, el foco ha estado en el desarrollo de materiales y acabados que responden a nuevas demandas del mercado, donde el diseño, la durabilidad y la eficiencia productiva marcan la diferencia.

Innovación como seña distintiva

Ese posicionamiento se ha apoyado en una estrategia sostenida de innovación. “Lo que nos distingue es algo muy simple: la innovación”, afirma Barrios. No se trata sólo de un eslogan, sino de una práctica que, según explica, viene desde los orígenes de la empresa. “Siempre que había algo nuevo, era el primero en comprar la máquina”, recuerda sobre el fundador, Alejandro Rosales. Esa filosofía se mantiene hoy en la búsqueda constante de nuevas tecnologías, materiales y procesos, así como en el desarrollo de productos propios que han marcado tendencia dentro del sector.

En paralelo, la compañía ha ido adaptándose a los cambios en la demanda. Uno de los ejemplos es la evolución del mercado del mueble, que está pasando de formatos en kit hacia soluciones más completas. “Ahora el sector está virando hacia el mueble montado”, explica Barrios, lo que ha llevado a orientar parte de las inversiones hacia nuevas líneas que permitan dar respuesta a esa transformación.

La sostenibilidad es otro de los ejes que atraviesa la actividad industrial. En un sector históricamente cuestionado por el uso de recursos forestales, el responsable técnico apunta que la materia prima utilizada cuenta con certificaciones que garantizan su origen sostenible. “No se pueden cortar árboles si no están certificados”, señala, en referencia a sistemas que obligan a la repoblación forestal. A ello se suma el aprovechamiento de residuos propios del proceso productivo: “El serrín y los restos se utilizan como biomasa para generar calor”, explica, junto con el uso de instalaciones fotovoltaicas que contribuyen a reducir el consumo energético.

La dimensión internacional de la compañía convive así con un fuerte anclaje territorial y con una apuesta por la modernización industrial. En ese contexto, el futuro se plantea en términos de crecimiento sostenido. “Desde que estoy aquí, la empresa no ha parado de crecer y esperamos que siga haciéndolo”, afirma Barrios. Las inversiones previstas en maquinaria, automatización y nuevas instalaciones apuntan en esa dirección, respaldadas por un grupo inversor que, según indica, mantiene una estrategia ambiciosa.

A corto plazo, el horizonte pasa por un proceso intenso de ampliación y actualización tecnológica. A medio y largo plazo, por mantener una posición competitiva en un sector donde el valor añadido ya no depende sólo del coste, sino de la capacidad para innovar de forma constante. “Siempre estamos buscando novedades, nuevos productos, nuevos procesos”, explica Barrios, que describe un ritmo de desarrollo que incluso supera la capacidad actual del equipo técnico.

En un contexto marcado por la transición ecológica, la digitalización y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro, la evolución de empresas como ALVIC dibuja un modelo industrial que busca equilibrio entre tradición y cambio. Un modelo que, desde enclaves como Alcaudete, trata de consolidarse en el mapa global sin perder de vista el territorio del que parte.

Hoy en Exfiliana y mañana en Purullena. Así es la vida de los sanitarios de la comarca de Guadix en Granada. No saben, y cada vez con menos frecuencia, cuándo y dónde tendrán que trabajar puesto que, según denuncian, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se les utiliza como “comodines” para cubrir huecos ante la falta de personal. Esta circunstancia, que impacta de lleno en los profesionales de los centros de salud periféricos de esta zona de la provincia, provoca a su vez que los ciudadanos de los municipios en los que están destinados se queden en ocasiones sin atención médica o vean cómo se les anulan citas sin previo aviso.

Así, los problemas se multiplican ante la falta de una operativa que funcione de forma coordinada y que respete no solo a los profesionales médicos, sino a los pacientes que necesitan de su sanidad pública. Pues los sanitarios son llamados de improviso en muchas ocasiones para que acudan a otras localidades, pese a que estas estén muy dispersas geográficamente. Una tónica demasiado habitual, lamentan, porque se están perdiendo sanitarios en todo el sistema público, pero con especial incidencia en los entornos rurales.

Cansados de esta situación, los profesionales afectados han redactado una batería de quejas que han hecho llegar a este medio. En ella, señalan todo tipo de problemas a la hora de poder ejercer su trabajo desde la dignidad y el respeto a los usuarios. Mientras la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía niega cualquier problema y habla de una asistencia sanitaria que opera con “normalidad”, en el escrito los sanitarios advierten de que esta dinámica organizativa está teniendo consecuencias directas tanto en la calidad asistencial como en sus propias condiciones laborales.

Consultorios sin médicos

“Se nos utiliza como comodín para cubrir necesidades estructurales de la zona”, explican, lo que implica que con frecuencia deben abandonar sus consultas para cubrir bajas, salientes o consultas saturadas en otros centros. El resultado, denuncian, es que los consultorios de los pueblos en los que están destinados pueden quedarse durante horas o incluso jornadas completas sin médico. Los profesionales cuentan que se ven obligados a hacer desplazamientos constantes entre municipios, a menudo de decenas de kilómetros, y en muchos casos utilizando sus propios vehículos. A ello se suma la falta de previsión con la que se producen estos cambios. “En muchas ocasiones se nos comunica con muy poca antelación”, señalan, lo que obliga a modificar o cancelar consultas ya programadas y altera por completo la planificación de la jornada.

La consecuencia más visible de esta situación recae en los pacientes. Según explican los médicos, las agendas se llenan con más personas de las que sería deseable y con menos tiempo disponible para cada consulta. Además, muchos profesionales deben atender a pacientes que no pertenecen a su cupo habitual, lo que dificulta el seguimiento continuado de los casos clínicos. “Más pacientes y menos tiempo para cada uno en centros sanitarios diferentes”, resumen.

Los sanitarios denuncian que este modelo organizativo también tiene consecuencias directas en la seguridad asistencial en los municipios más pequeños. En algunos consultorios, explican, las enfermeras se quedan solas durante gran parte de la mañana cuando el médico es desplazado a otro centro. “El equipo mínimo para atender una emergencia es un médico y una enfermera”, recuerdan.

La situación se complica especialmente en localidades alejadas del hospital o de los recursos de emergencias. Algunos de estos consultorios se encuentran a más de media hora del hospital o de la ambulancia más cercana. A ello se suma que, según indican los profesionales, durante las mañanas solo hay un equipo móvil de emergencias para cubrir una amplia zona que incluye Guadix, Purullena, el Marquesado y Benalúa. Los médicos dicen además que esta forma de reorganizar la asistencia ha dejado de ser algo puntual. “Es importante remarcar que ha dejado de ser excepcional”, señalan en su escrito. A su juicio, se trata de una práctica que responde a déficits estructurales de plantilla y que termina repercutiendo tanto en la atención sanitaria como en el desgaste profesional de los trabajadores.

Usuarios afectados

Las consecuencias de estas reorganizaciones también las perciben los vecinos de la comarca. Elena, residente en la zona, relata a este medio cómo su marido se quedó sin consulta tras esperar durante días su cita médica. “Tenía cita a las 13.20 después de quince días esperando. Estaba allí desde las 12.50 y cuando preguntó en el mostrador le dijeron que el médico se había ido”, explica.

El problema no terminó ahí. Al no haber sido atendido por el facultativo, tampoco pudo obtener un justificante médico para el trabajo. “Pidió un justificante y le dijeron que no podían dárselo porque no lo había visto el médico”, cuenta. Finalmente, la consulta tuvo que aplazarse y la nueva cita se la han dado para varios días después. Y es que situaciones similares se repiten en otros municipios de la comarca. Encarni, vecina de Exfiliana, explica que conseguir cita con el médico de cabecera se ha convertido en una tarea complicada para muchos vecinos. “Aquí nunca hay cita para el médico”.

Según cuenta, en su localidad el consultorio dispone de médico únicamente tres días a la semana. “Hay consulta lunes, miércoles y viernes”, explica. Sin embargo, el horario real suele ser menor. “Los miércoles solo pasan consulta hasta las once porque tienen que ir a la residencia y los viernes muchas veces directamente no vienen”. Cuando el médico sí acude, la consulta suele estar saturada. “Está llena de gente y cuesta mucho que atiendan”, describe. Muchos vecinos terminan recurriendo a urgencias ante la imposibilidad de conseguir una cita en atención primaria.

En su caso, la situación ha tenido consecuencias directas en la atención sanitaria de su familia. Su madre lleva meses arrastrando problemas de salud sin un diagnóstico definitivo. “Desde agosto está mala con dolores en los riñones y el estómago y todavía no le han dado diagnóstico”, relata. Entre pruebas, citas y nuevas derivaciones, el proceso se ha prolongado ya más de medio año.

Pese a las dificultades, la vecina insiste en que los profesionales sanitarios están haciendo todo lo posible por atender a los pacientes. “Los vemos muy saturados, van de un lado a otro y se desdoblan todo lo que pueden”, asegura. Los propios médicos advierten de que este modelo también está afectando a la formación de los residentes que realizan su especialidad en la zona. Al no poder mantener consultas estables ni hacer seguimiento de pacientes en el tiempo, los profesionales en formación pierden una parte esencial del aprendizaje en atención primaria: la continuidad asistencial.

En su escrito, los sanitarios consideran que esta situación refleja un problema más amplio relacionado con la atención sanitaria en el medio rural. “Nos sentimos profesionales de segunda y, por extensión, la población a la que atendemos también”, señalan. A su juicio, el cierre temporal de consultorios o la reducción de la atención en los pueblos termina generando desigualdades territoriales en el acceso a la sanidad pública. Además, advierten de que el desgaste laboral ya está teniendo consecuencias en la plantilla. Algunos profesionales han abandonado sus puestos y otros se plantean hacerlo, lo que podría agravar aún más la falta de médicos en zonas consideradas de difícil cobertura.

Los sanitarios defienden que existen alternativas organizativas para evitar que los consultorios periféricos se conviertan en la “moneda de cambio” para compensar los déficits de personal en otras zonas más pobladas. Entre ellas, mencionan la posibilidad de recurrir a continuidades asistenciales voluntarias o refuerzos en los centros con mayor demanda.

Sin problemas, según la Junta

Por su parte, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía asegura que la asistencia sanitaria en la comarca está garantizada. Fuentes oficiales señalan que la cartera de servicios se mantiene con normalidad tanto en el Hospital de Guadix como en los centros de atención primaria.

La Junta sostiene además que el número de profesionales en el área ha aumentado un 2,15%, alcanzando los 1.280 trabajadores en 2025. Según los datos facilitados por la administración sanitaria, durante ese año se realizaron 112.391 consultas, casi un 5% más que el ejercicio anterior. Desde la Consejería reconocen que pueden producirse reorganizaciones puntuales del personal. “Como ocurre en cualquier organización sanitaria, pueden darse situaciones derivadas de bajas laborales, reducciones de jornada u otras circunstancias sobrevenidas que obligan a reorganizar temporalmente la atención entre distintos centros”, indican.

El Gobierno regional quiere enviar “un mensaje de tranquilidad y confianza en el funcionamiento del sistema sanitario público”, al tiempo que reconoce el compromiso de los profesionales que trabajan en la comarca para garantizar la atención a los pacientes. Un optimismo que no comparten ni profesionales ni usuarios.

Cinco jornaleras no pueden más con el hostigamiento y acoso laboral al que se ven sometidas a diario según han denunciado ante el juzgado. Cada vez que acuden a su puesto de trabajo en una empresa hortofrutícola de Níjar (Almería), se enfrentan a vejaciones, coacciones y condiciones laborales extenuantes, aseguran. Una realidad que llevan tiempo tratando de denunciar a través del comité de empresa pero que, lejos de resolverse, no deja de agravarse. Por eso, han decidido llevar a la Justicia a los dos empresarios que les dan trabajo.

En concreto, estas cinco jornaleras, cuyas identidades se han preservado por su seguridad, trabajan para Hermanos Gázquez Garrido, una explotación agrícola del municipio almeriense de Níjar. Un lugar en el que el clima de tensión es tan elevado que han denunciado en el juzgado de guardia a los dos empresarios que están al frente de la explotación por someterlas a humillaciones, coacciones y vigilancias durante la jornada laboral. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, las trabajadoras aseguran, entre otras cuestiones, que en la finca sólo existe un baño y que permanece cerrado para ellas, por lo que se ven obligadas a hacer sus necesidades en el exterior del invernadero mientras, según explican, los responsables de la empresa las siguen y las graban con el teléfono móvil.

Mientras los empresarios y sus representantes legales guardan silencio a preguntas de este periódico, los hechos denunciados se habrían producido siempre en su explotación, que está situada en el entorno de Los Albaricoques, en el término municipal de Níjar. En el escrito presentado ante el juzgado, las trabajadoras describen un ambiente de presión constante en el que, aseguran, los empresarios se acercan a escasos centímetros de donde están trabajando, les gritan o zarandean los carros en los que transportan las hortalizas que recogen.

Según el relato de las denunciantes, cuando piden ir al baño la respuesta habitual es negativa. “Los empresarios mantienen el único baño que hay en la finca cerrado, sólo lo pueden utilizar ellos”, recoge la denuncia, avanzada en El Común. Las trabajadoras sostienen que, ante esta situación, se ven obligadas a hacer sus necesidades “en la banda del invernadero o fuera del mismo”. El documento también describe episodios que, a juicio de las denunciantes, vulneran su intimidad. “Cuando vamos a hacer nuestras necesidades nos siguen con el móvil grabando en todo momento”, señalan en el escrito. En algunas ocasiones, añaden, los empresarios “sitúan la cámara del móvil a escasos centímetros de nuestra cara, riendo y profiriendo palabras malsonantes”. Además, se ven obligadas a descansar y comer en una misma estancia en la que se deben disponer en el propio suelo.

Insultos e intimidaciones

Las jornaleras afirman que esta situación se produce de forma habitual durante la jornada laboral. “Es habitual que se pasen toda la mañana a escasos centímetros de donde estamos trabajando”, señalan en la denuncia, en la que también describen gritos, insultos y actitudes intimidatorias. Uno de los episodios relatados en el documento hace referencia a una discusión ocurrida cuando una trabajadora pidió ir al baño antes de terminar una de las líneas de trabajo. Según la denuncia, uno de los empresarios le dijo que no podía hacerlo hasta completar la tarea, mientras gritaba y zarandeaba el carro en el que se transporta el género. Las denunciantes sostienen además que otros trabajadores de la finca han presenciado algunas de estas situaciones.

En todo caso, el conflicto laboral en esta explotación agrícola no es reciente. Meses antes de la denuncia presentada ahora en el juzgado, un grupo de trabajadores había comunicado un preaviso de huelga ante las autoridades laborales para denunciar lo que consideraban incumplimientos de la normativa laboral. En ese documento, presentado en septiembre del pasado año a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), se señalaban supuestas irregularidades como salarios por debajo del salario mínimo, jornadas prolongadas durante la campaña agrícola o la ausencia de vacaciones.

Los trabajadores sostenían también que las horas extraordinarias no se abonaban y denunciaban deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, como la falta de equipos de protección individual en determinadas tareas. El SAT respalda ahora públicamente a las jornaleras que han presentado la denuncia y sostiene que las trabajadoras están sufriendo represalias tras reclamar el cumplimiento de la legislación laboral.

“El único baño de la explotación permanece cerrado y sólo lo utilizan los empresarios”, afirma el sindicato en un comunicado, en el que también asegura que las trabajadoras “tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en la banda del invernadero”. La organización sindical sostiene además que las trabajadoras son “seguidas por los empresarios grabando con el teléfono en todo momento, violentando su intimidad”.

Silencio por parte de la empresa

El SAT ha convocado movilizaciones de apoyo a las denunciantes y ha hecho un llamamiento al movimiento feminista y a organizaciones sociales de la provincia para respaldar a las trabajadoras. Este medio ha contactado con los empresarios denunciados a través de su representación legal, pero su abogado ha declinado realizar declaraciones y ha señalado que la respuesta a las acusaciones se producirá en el ámbito judicial. Mientras, desde el SAT afirman que tras la denuncia la situación se ha agravado y a los trabajadores se les impide quedarse en las instalaciones durante su periodo de descanso asignado.

El caso queda ahora en manos del juzgado, que deberá determinar si los hechos relatados en la denuncia constituyen algún tipo de infracción laboral o delito contra los derechos de los trabajadores. Mientras tanto, las jornaleras que han presentado la denuncia continúan trabajando en la explotación agrícola en la que, según relatan, se produjeron los hechos. Confiando en que su lucha, ahora judicial, acabe con el clima de hostigamiento que llevan demasiado tiempo aguantando.

Almería está a punto de perder otra parte de su patrimonio histórico. La iglesia de San Francisco, situada en Cuevas de Almanzora desde el siglo XVII, está en un estado próximo a la ruina, lo que obligará a derribar parte de su torre-campanario para evitar que se produzcan desprendimientos que pongan en peligro a los viandantes. Una decisión que es la consecuencia de los años de “abandono” institucional que denuncian desde la asociación Amigos de la Alcazaba. Lamentan que la desidia, sobre todo de la diócesis de Almería, deja al templo al borde de la desaparición.

La iglesia de San Francisco comenzó su construcción en 1655 y concluyó casi un siglo después. Su importancia, aparte de por el evidente valor patrimonial que le otorga el paso del tiempo, está en que forma parte de la historia de Almería, ya que fue levantada gracias al mecenazgo de los marqueses de los Vélez, la familia con más poder en toda la provincia en esa época, hasta el punto de contar con señoríos en Granada y Murcia. Por lo que el templo es testigo de unos años que explican también la construcción del propio municipio de Cuevas de Almanzora. Sin embargo, la falta de protección y el abandono institucional obligan a un derribo parcial que parece ser la antesala de su posterior desaparición.

Porque el templo carece de ninguna protección específica, pero la Ley de Patrimonio sí obliga a que sea conservado. Una obligación que recae en la diócesis de Almería al ser su propietaria, pero que no se ha llevado a cabo como debería, poniendo en peligro la integridad estructural de la iglesia. Mientras, el Ayuntamiento de Cuevas dice tener recursos limitados para poder afrontar la restauración del inmueble y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ni siquiera muestra interés puesto que no es un templo catalogado como bien de interés cultural (BIC).

Un deterioro “histórico”

Así, desde Amigos de la Alcazaba llevan tiempo alertando de que la situación no es nueva. “El convento no ha envejecido de pronto ni se ha deteriorado de un día para otro”, explica a este medio Juanmi Galdeano, portavoz de la asociación. A su juicio, el deterioro del edificio es el resultado de “una situación histórica” que se arrastra desde hace décadas y que no puede atribuirse únicamente a los actuales responsables institucionales. “Se han sucedido varios obispos y varios alcaldes y nadie ha sido capaz de abordar este problema”, señala.

La asociación insiste en que la demolición parcial de la torre es sólo la consecuencia visible de una degradación prolongada. “El patrimonio es una cuestión de medio y largo plazo y aquí nadie lo ha afrontado”, lamenta Galdeano, que advierte de que el templo presenta daños en distintos puntos de su estructura, incluida la cúpula. “Según se ha explicado, el edificio necesita una restauración integral. La pregunta es si, cuando llegue el momento, la solución también será tirar la cúpula”, añade.

Para Amigos de la Alcazaba, la demolición de la parte superior del campanario puede marcar el inicio de una pérdida progresiva del conjunto histórico. “Es más barato demoler que restaurar”, sostiene su portavoz, que teme que el convento de San Francisco acabe siendo “paulatinamente demolido” a medida que el deterioro avance.

La diócesis de Almería, propietaria del inmueble, defiende sin embargo que la intervención responde a una cuestión estrictamente de seguridad. Según explican desde el obispado, la iglesia se encuentra en “estado de ruina” y su restauración requeriría una inversión de varios millones de euros. “La cúpula ya presenta desprendimientos y se ve el cielo desde el interior”, señalan, lo que evidencia el avanzado deterioro del edificio.

El problema más urgente, según la diócesis, es el estado de la torre-campanario. A diferencia de otras partes del templo, cuyo deterioro se produce hacia el interior, la torre podría colapsar sobre la vía pública. “Si se cae, caería sobre la calle y sobre las personas que pasan por allí. Es una zona muy transitada y sería peligrosísimo”, explican fuentes del obispado.

Trabajos insuficientes

La diócesis asegura que en los últimos años se han realizado refuerzos estructurales para tratar de estabilizar la torre, pero que esas intervenciones no han sido suficientes. “Hemos intentado reforzarla con estructuras, pero el estado es tan malo que con una lluvia fuerte, con viento o con un pequeño temblor podría venirse abajo”, señalan. Por ese motivo, la decisión adoptada junto al Ayuntamiento pasa por demoler únicamente la parte más alta del campanario. “No se va a tirar toda la torre, sólo la parte superior, que es la que presenta mayor riesgo”, subrayan.

El obispado insiste además en que restaurar sólo la torre no solucionaría el problema de fondo. “El conjunto de la iglesia está en estado semirruinoso. Arreglar la torre sin intervenir en el resto del edificio no serviría de mucho”, apuntan. Según su versión, una restauración completa del templo exigiría una financiación que la diócesis no puede asumir. “Ojalá las administraciones públicas pudieran aportar esos millones de euros, pero ahora mismo no disponemos de ellos”, añaden.

Desde el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, gobernado por el PSOE, sostienen por su parte que su capacidad de actuación es limitada al tratarse de un edificio de propiedad eclesiástica. “No tiene ninguna protección específica y además pertenece a la diócesis, por lo que el Ayuntamiento no puede solicitar ayudas para intervenir allí”, explican fuentes municipales. El consistorio asegura que el deterioro del templo se arrastra desde hace décadas. “Hace unos 30 años que está en mal estado”, señalan. También recuerdan que en el pasado hubo intentos de encontrar soluciones alternativas para el edificio. “Hubo una oportunidad de que una hermandad se quedara con el lugar, pero no hubo acuerdo con la diócesis”, apuntan.

Mientras tanto, el Ayuntamiento afirma que sí está trabajando en la recuperación de otros elementos del patrimonio local. “Estamos arreglando patrimonio del municipio con fondos propios y subvenciones, pero en este caso los técnicos consideran que el estado del edificio ya no permite una actuación viable”, sostienen.

El resultado es que uno de los templos históricos de Cuevas de Almanzora se enfrenta ahora a un futuro incierto. La demolición de la parte superior de la torre pretende evitar un riesgo inmediato para los vecinos, pero también abre un debate más profundo sobre la gestión del patrimonio histórico y sobre quién debe asumir la responsabilidad de evitar que edificios con más de tres siglos de historia acaben desapareciendo.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán sigue provocando consecuencias a nivel mundial. Además de perturbar el panorama geopolítico y de generar tensiones diplomáticas que reconfiguran un nuevo mapa mundial, la escalada bélica que está provocando bombardeos en refinerías de Oriente Medio o el cierre del estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del petróleo mundial y el 25% del gas natural licuado (GNL), también se está empezando a notar en sectores como el primario. Algo que, en el caso de Andalucía, está ahogando a agricultores y ganaderos por el incremento de costes asociado y porque el tren de borrascas de enero y febrero ya había dañado severamente su producción.

El hecho de que una guerra impacte de lleno en la economía de terceros países no es nuevo. Es una tónica habitual en un mundo tan globalizado como el nuestro y el último ejemplo al respecto se produjo durante los primeros días de la guerra de Ucrania. En 2022, por las mismas fechas que ahora, el petróleo y el gas mundial incrementaron mucho su precio, generando una subida en cascada del coste de producción de gran parte de las materias primas. Ahora, la guerra en Irán ha elevado el precio del barril de crudo entorno a los 100 dólares y el gas ha hecho lo propio encareciéndose más de un 50%. Algo que se traslada directamente al coste que han de afrontar agricultores y ganaderos para seguir con sus explotaciones, pero que no tiene por qué reflejarse en la cesta de la compra por cómo está configurada la cadena alimentaria, puesto que los precios los suele establecer la distribución y no la producción.

Sebastián González es uno de los agricultores andaluces que está haciendo números para sobrevivir a otro revés económico, apenas unas semanas después del tren de borrascas que han dañado severamente los campos de Andalucía. Explica que en su zona, Lebrija (Sevilla), muchos agricultores han perdido prácticamente toda la cosecha de invierno. “En mi zona hay agricultores que han tenido daños del 90% o del 100% en cultivos hortícolas como coliflor, brócoli o espinaca”, señala.

Este agricultor de regadío, que también es el secretario provincial de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Sevilla, asegura que cuando el sector apenas comenzaba a preparar la campaña de primavera se ha encontrado con un nuevo golpe: la escalada del precio de la energía y de los bienes agrícolas. “Hace tres semanas el gasóleo agrícola estaba a 0,88 euros y el sábado ya estaba a 1,25”, explica. A eso se suma el encarecimiento de los fertilizantes, que según cuenta ya han subido entre un 30% y un 40% y podrían seguir aumentando a lo largo de la campaña. “Los fertilizantes ya han subido entre un 30% y un 40%, y durante la campaña prácticamente se van a duplicar”, sostiene.

El agricultor denuncia además que parte de estas subidas responden más a movimientos especulativos que a un aumento real de los costes. “Hay cierta especulación, porque el gasóleo y el abono que se está vendiendo ahora ya estaban en el mercado desde hace semanas”, afirma. En su caso, explica, se trata de explotaciones que manejan cifras muy elevadas de gasto y que ahora ven cómo se disparan sus cuentas. “Estamos hablando de explotaciones que gastaban en torno a 800-1.000 euros de gasoil y fertilizante por hectárea y ahora se están acercando a los 2.000 euros de gasto”.

Una situación que llega en un momento especialmente delicado para el campo andaluz, que aún arrastra las pérdidas provocadas por el tren de borrascas de comienzos de año. “Los agricultores nos estamos jugando mucho sin tener la certeza de que la producción vaya a llegar a buen puerto”, resume González, que además advierte de que parte del encarecimiento acabará trasladándose al consumidor. “Sin duda va a haber una subida coherente con lo que nos cuesta producir y transportar, pero también intuyo que habrá subidas especulativas”, añade.

El impacto también alcanza al olivar

La situación tampoco es mejor en el olivar jiennense, el mayor productor mundial de aceite de oliva. Francisco Elvira, agricultor de Jaén, explica que el encarecimiento de la energía ya está teniendo efectos directos en los costes de producción. “Tenemos una subida en torno a 20 céntimos en el combustible y unos 200 euros por tonelada en el nitrógeno que utilizamos para abonar el campo”, explica.

En el caso de los fertilizantes, el problema está directamente relacionado con el gas natural, del que se obtiene el nitrógeno que utilizan los agricultores. “El nitrógeno que utilizamos para abonar se saca del gas, así que cuando sube la energía suben también nuestros costes”, señala. Pero en el caso del olivar la crisis llega además en mitad de una campaña complicada. Las lluvias han impedido terminar la recolección con normalidad y han dejado parte de la producción en el campo. “Nos pilló la lluvia con un tercio de la cosecha sin recoger y de ese tercio la mitad se ha quedado tirada en el campo”, explica.

La combinación de pérdidas y aumento de costes está poniendo contra las cuerdas a muchas explotaciones. “Es como una empresa que pierde el 15% de sus ingresos y al mismo tiempo ve subir sus costes otro 15%”, resume Elvira. El agricultor también advierte de que el mercado del aceite de oliva es especialmente sensible a cualquier movimiento geopolítico. “Somos un sector muy psicológico y cualquier noticia internacional afecta al precio del aceite en origen”, afirma. De hecho, asegura que en estos momentos los precios que reciben los productores están incluso a la baja. “La tendencia ahora mismo en el aceite en origen es a la baja”, sostiene.

A su juicio, una de las razones por las que los agricultores no pueden trasladar fácilmente el incremento de costes es el funcionamiento de la cadena alimentaria. “Los precios al final se siguen conformando desde el supermercado hacia el productor”, critica. Aunque existe la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar la venta a pérdidas, Elvira considera que su aplicación es insuficiente. “Es una ley bien intencionada, pero no se ha dotado de presupuesto para que realmente se cumpla”, sostiene.

El encarecimiento de los piensos

La situación tampoco es muy distinta en la ganadería. Clara Torreblanca, ganadera de caprino de leche y productora de huevos camperos en Granada, explica que el aumento del precio de la energía afecta directamente al funcionamiento diario de las explotaciones. “Siempre tenemos un generador de apoyo porque si falla la luz necesitamos mantener el frío para conservar la leche”, explica. Pero más allá del combustible, la mayor preocupación está en la posible subida de los alimentos que se utilizan para el ganado. “En ganadería la materia prima que más utilizamos son los piensos y los forrajes, y ahí es donde tenemos el mayor miedo”, señala.

Torreblanca también advierte de que algunas subidas se están produciendo de forma demasiado rápida como para responder únicamente a la evolución del mercado. “La subida del gasóleo o de los fertilizantes se ha producido en horas, cuando todavía no hay una falta real de materias primas”, afirma, denunciando que existe “una especulación pura y dura” en algunos mercados. Además, alerta de que el aumento del precio de la energía también puede encarecer otros elementos de la cadena alimentaria, como los envases. “El cartón se va a encarecer muchísimo”, explica, algo que terminará repercutiendo en el precio final de productos como los huevos o los lácteos.

A su juicio, esta situación vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad del sistema alimentario europeo ante conflictos internacionales. “En cuanto estalla una guerra en un país del que dependemos para materias primas, el campo europeo empieza a sufrir”, sostiene. Por ello, defiende reforzar la soberanía alimentaria. “No podemos dejar la alimentación en manos de terceros países”, concluye.

El peso económico del campo andaluz

El impacto potencial de estas crisis no es menor en una comunidad como Andalucía, donde el sector agrario tiene un peso clave en la economía. Según datos de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, los productos del olivar alcanzaron en 2024 un valor de 5.401 millones de euros, lo que supone el 31,6% del valor de la producción agraria andaluza.

En términos macroeconómicos, la propia administración autonómica estima que el olivar aporta en torno al 2% del PIB andaluz. Además, su impacto en el empleo rural es muy significativo: una campaña media puede generar unos 18 millones de jornales en la aceituna para aceite y otros 4,25 millones en la aceituna de mesa. La Junta también recuerda la importancia de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, especialmente hacia Estados Unidos. En 2025, Andalucía exportó productos agroalimentarios a ese país por valor de 1.165,8 millones de euros, de los cuales 813,6 millones correspondieron a productos relacionados con el olivar.

Desde el Gobierno central, el Ministerio de Agricultura asegura que está siguiendo la situación de cerca: “Desde el Gobierno seguimos muy de cerca la evolución de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes, porque tienen un impacto directo en los costes de producción agraria y pesquera”. El Ejecutivo afirma que permanece atento a la evolución del conflicto y a sus efectos sobre el sector. “Estamos vigilantes y preparados para afrontar condiciones imprevisibles”, añaden. Entretanto, agricultores y ganaderos siguen pendientes de cómo evolucionará un conflicto que, a miles de kilómetros de distancia, ya empieza a sentirse en los campos andaluces.

“He decidido que no pienso pagar y espero que mucha gente tampoco lo haga”. La que habla es Trini, una vecina de Maracena que, como decenas de conductores, acumula en su haber tantas multas por haber circulado por la nueva Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada capital que ha de afrontar un desembolso que supera los mil euros en el mejor de los casos. Dice que no pagará porque asegura sentirse “engañada” por el Ayuntamiento de Granada ya que la información sobre la ZBE es escasa y da lugar a errores que le han costado las sanciones.

Como ella, decenas de conductores están poniendo el grito en el cielo porque el Ayuntamiento de Granada ha empezado a enviar ahora las primeras multas por incumplir con la ZBE que empezaron a imponerse en octubre. Es decir, han conocido cuatro meses después que haber circulado por la capital granadina para acudir a su puesto de trabajo o a estudiar, va a suponerles un coste económico elevado. Por ello, el sindicato CCOO y el PSOE en la oposición consistorial le están pidiendo al gobierno local que recule y aplique una moratoria que impida que tantos ciudadanos deban pagar tantas multas. Afirman que la actitud del Consistorio con la ZBE genera “indefensión”.

Y tienen argumentos para defender ese postulado. Mientras el Ayuntamiento de Granada, gobernado en solitario por el PP, se escuda en que no se ha desprotegido a la población y que se ha informado en tiempo y forma, lo cierto es que son muchos los conductores que se han enterado demasiado tarde de que la nueva ZBE les supondría sanciones. Conductores que incluso ni siquiera vivían en Granada cuando comenzó la implantación de esta zona de bajas emisiones y que, por lo tanto, no podían conocer las multas a las que se exponían.

No en vano, dado que la normativa estatal obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una zona de estas características, el Consistorio empezó a multar de manera escalonada desde octubre: el primer mes solo se imponía una multa, en noviembre una multa por semana y a partir de diciembre una cada día. Lo que pone en jaque a todos los que han utilizado sus vehículos en estas semanas sin saber a lo que se exponían.

Créditos para pagar multas

Ese es el caso de Jorge, un joven de 29 años que empezó a trabajar en la capital granadina a finales de octubre y que ahora estima que se enfrenta a más de 8.000 euros en multas por la ZBE. Es trabajador fijo discontinuo y cada día recorre los 180 kilómetros que le separan de Jaén en cada ida y vuelta para acudir a su puesto. Entraba a Granada por la zona norte sin saber que su vehículo, matriculado en 2004, quedaba fuera de los permitidos.

“Si me llega la primera multa en noviembre, no vuelvo a pasar”, explica. Pero no fue así. La notificación llegó meses después, cuando ya había acumulado decenas de accesos sancionables. Ahora calcula que la deuda podría superar los 8.000 euros, una cifra que le resulta inasumible y que tampoco quiere recurrir porque supondría entrar en un proceso legal que le deja sin la reducción del 50% por pronto pago y le hace afrontar otra deuda en abogados y juicios.

“No puedes avisar a un ciudadano cuatro meses y medio después”, lamenta. Aunque sospecha que no todas serán tramitadas, no tiene confirmación oficial y, en todo caso, denuncia que desde el Consistorio apenas se le han ofrecido soluciones. “Igual tengo que acabar pidiendo un crédito”. Lo que sí ha cambiado desde que recibió la primera sanción es que ahora hace uso del vehículo que le ha prestado un familiar y que sí cumple con los requisitos que exige la ZBE de Granada.

El patrón se repite. Trini, desempleada y sin ingresos, utilizaba su coche –de enero de 2005– para desplazarse desde Maracena a Granada en busca de trabajo. Accedía por la zona de Juan Pablo II convencida de que las cámaras estaban situadas más al interior de la ciudad. “Apenas se ve la señalización y aunque fuera una sola multa, ya es un roto para personas como yo”, resume. En su caso, no se trata de elegir entre pagar o recurrir: asegura que no tiene medios económicos para afrontar la sanción. “Si tuviera dinero, tendría un coche nuevo”, lamenta. Según cuenta, además, ella se informó previamente mediante la web de la ZBE que tiene habilitada el ayuntamiento y con la que creía que “no estaba cometiendo ninguna irregularidad”.

En todo caso, las multas comenzaron a imponerse en octubre de 2025, después de que en abril el Ayuntamiento aprobara la ordenanza que regula la ZBE. Desde entonces, según relatan los afectados, las sanciones han ido llegando de forma acumulada y sin aviso previo efectivo. La consecuencia es que conductores que han accedido a diario a la ciudad para trabajar, estudiar o cuidar de familiares han visto cómo, de golpe, se enfrentan a deudas de miles de euros.

¿Ganar población?

Muchos de estos afectados han acabado recurriendo a CCOO Granada para denunciar su situación. El sindicato considera también que la aplicación de la ZBE en la ciudad ha generado una situación de “indefensión” para numerosos trabajadores que están recibiendo ahora –con hasta cuatro meses de retraso– sanciones acumuladas por acceder diariamente en coche a la capital para trabajar. No cuestionan la necesidad ambiental de la ZBE, pero sí su diseño y aplicación. Denuncia falta de información clara, señalización insuficiente, ausencia de aparcamientos disuasorios eficaces y carencias del transporte metropolitano, especialmente para trabajadores desplazados desde el área metropolitana o provincias cercanas.

Su secretario general, Daniel Mesa, afirma que “la mayoría de los afectados son jóvenes con coches prestados por sus padres o hermanos para poder ir a trabajar”. Y cree que desde el Ayuntamiento no se ha trabajado bien en la señalización que considera “poco clara y poco visible”. Al mismo tiempo, pone en el foco otra variable: que no importan tanto si contaminan los vehículos como el hecho de ganar población. “Para el Ayuntamiento de Granada basta con que tengas el coche empadronado en la ciudad para poder circular sin restricciones, sin importar que sea viejo y contaminante”. Mesa cree que es una estrategia consistorial para ganar población y lograr que la ciudad llegue a los 250.000 habitantes que permiten “obtener más financiación pública”.

No solo desde CCOO se censura al Ayuntamiento de Granada, sino que desde el grupo municipal socialista, su portavoz, Raquel Ruz, cree que el Ayuntamiento ha de poner en marcha una moratoria inmediata y la anulación de las sanciones ya tramitadas. Ruz sostiene que la acumulación “no tiene precedentes” y que puede provocar el embargo de cuentas de familias que dependen del coche para desplazarse a diario a la capital. La socialista no cuestiona la necesidad de la ZBE, obligatoria para ciudades de más de 50.000 habitantes por la normativa estatal impulsada por el Gobierno de España, pero sí la gestión municipal de su implantación.

Un periodo de tiempo “prudencial”

El Ayuntamiento rechaza que exista desprotección. Defiende que entre la aprobación de la ordenanza y el inicio del régimen sancionador transcurrió un periodo “más que prudencial” y que se realizó una campaña informativa en medios y redes sociales. Asegura, además, que antes de comenzar a multar se remitieron más de 70.000 notificaciones a vehículos que accedían a la zona restringida para advertir de que, en unos meses, incumplirían la normativa. También sostiene que en octubre solo se impuso una sanción por vehículo y que posteriormente se aplicó un criterio progresivo, pese a que hubiera infracciones diarias.

En cuanto a la señalización, el Consistorio afirma que cumple estrictamente la normativa y que el tamaño, tipografía y colores de las señales no son arbitrarios, sino los establecidos para este tipo de limitaciones. Niega igualmente cualquier “afán recaudatorio” o interés por “sumar empadronados”; recordando que la medida responde a un imperativo legal y a objetivos de salud pública. De hecho, aporta datos de reducción de emisiones tras los primeros meses de aplicación: un 11,59% menos de CO₂ en la zona Norte y un 20,98% menos en el entorno del Palacio de Congresos respecto al mismo periodo del año anterior.

Sin embargo, más allá del cruce de argumentos, la controversia ha abierto un debate de fondo sobre cómo se implementan las políticas de transición ecológica. “Quien utiliza un vehículo antiguo no tiene tampoco capacidad económica para afrontar tantas multas ni para adquirir un coche nuevo”, recuerda Dani Mesa de CCOO. Los vehículos más antiguos –los que no pueden acceder a la ZBE, salvo que estén empadronados en la ciudad– suelen estar en manos de familias con menos recursos, que no pueden asumir el coste de cambiar de coche ni siempre cuentan con alternativas eficaces de transporte público metropolitano o aparcamientos disuasorios.

Ahí es donde los afectados sitúan el problema. No discuten la necesidad de reducir la contaminación, pero sí que la carga económica recaiga de forma abrupta sobre quienes menos margen tienen para adaptarse. Mientras el Ayuntamiento defiende los beneficios ambientales de la medida, conductores como Trini y Jorge afrontan una realidad mucho más inmediata: facturas que superan los mil –o los ocho mil– euros y la sensación de haberse enterado demasiado tarde. “Lo más disuasorio es que te llegue una multa. Si te llega cuatro meses después, ya no disuade: arruina”, sentencia Mesa.

Siete décadas antes de que el Gobierno de Pedro Sánchez le haya negado a Estados Unidos utilizar las bases de Rota y Morón para atacar Irán, las tensiones entre el país norteamericano y España se produjeron en sentido contrario: Washington negó a las fuerzas militares españolas utilizar sus recursos. Fue en la guerra de Sidi Ifni, de 1957, en pleno proceso de descolonización africana, cuando un tratado jugó en contra de los intereses españoles y acabó resultando decisivo para perder aquella campaña.

Para entender el contexto de lo sucedido entonces y el porqué de su paralelismo con lo que se vive ahora entre España y Estados Unidos, que ha colocado al presidente Sánchez como el principal contrapeso europeo a Donald Trump, su homólogo estadounidense, hay que entender qué pasaba en la década de 1950. En aquel tiempo, España estaba sumida en el franquismo y aún tenía posesiones coloniales en África, en un momento en el que el continente estaba empezando a expulsar a las potencias europeas de su territorio.

Justo entonces, la presencia de fuerzas políticas nacionalistas marroquíes en Sidi Ifni, que entonces era una provincia española más, situada frente a las costas del Atlántico, empezó a provocar revueltas internas que apostaban por la expulsión de España en beneficio de Marruecos. Una tensión política que fue escalando a través de diferentes episodios y que, con el paso de los meses, acabó desembocando en la negativa de Estados Unidos a España para que pudiesen usar su propia aviación: los más de 200 cazas F-86 Sabre adquiridos merced a un tratado entre ambos países.

Un acuerdo envenenado

Ese tratado, llamado los Pactos de Madrid, se selló en septiembre de 1953 entre Franco y Eisenhower y acabó resultando un acuerdo envenenado para los intereses españoles por la letra pequeña que incluía, ya que España estaba en una posición de inferioridad geoestratégica que no le permitía mucho margen de negociación. De hecho, aquel acuerdo fue por el que Estados Unidos se hizo con las bases de Rota y Morón, que ahora elevan la tensión entre ambos países ante la negativa de Madrid de que se usen para la guerra con Irán.

No en vano, la España de Franco necesitaba a los norteamericanos para abrirse al mundo y, sobre todo, para obtener financiación y armas una década después de la destrucción provocada por la Guerra Civil. Pero aquel pacto, que el franquismo vendió como una gran victoria diplomática, tenía también importantes limitaciones. Entre ellas, que el uso del armamento suministrado por Estados Unidos estaba condicionado a determinados escenarios estratégicos vinculados a la Guerra Fría, principalmente una hipotética agresión de países del bloque comunista.

“El material militar que se entregaba a España no tenía un uso ilimitado”, explica el historiador Alberto García, especialista en Historia Contemporánea de la Universidad de Granada. “Estados Unidos lo cedía para casos de agresión, sobre todo pensando en el contexto de la Guerra Fría. Cuando estalla el conflicto de Sidi Ifni, el régimen intenta valorar si puede utilizar ese armamento, especialmente los aviones, pero Washington se niega”.

La negativa estadounidense no era casual. Marruecos mantenía -y mantiene- una relación estratégica con Estados Unidos y utilizar armamento norteamericano contra el país vecino habría colocado a Washington en una posición diplomática incómoda. “Marruecos era un aliado clave para Estados Unidos en la región. Permitir que se empleara material estadounidense contra otro aliado habría supuesto un problema serio”, añade García.

Una guerra sin superioridad aérea

El conflicto de Sidi Ifni estalló en 1957, un año después de la independencia de Marruecos. Milicias marroquíes y combatientes del denominado Ejército de Liberación comenzaron a atacar posiciones españolas en la zona, iniciando una guerra irregular que pronto puso en dificultades a las fuerzas del franquismo.

En ese escenario, la aviación era un factor clave. Sin embargo, la imposibilidad de utilizar los más de 200 aviones F-86 Sabre de origen estadounidense dejó a España en una situación militar complicada. “La superioridad aérea es decisiva en los conflictos contemporáneos”, señala García. “Analizar la historia con el resultado ya conocido siempre es complejo, pero indudablemente fue un factor muy relevante”.

España se vio obligada entonces a recurrir a otras vías para intentar sostener la campaña militar. De hecho, tuvo que utilizar una aviación reducida de un centenar de unidades, muchas de ellos de la Segunda Guerra Mundial, que eran claramente inferiores y que utilizaban motores a hélice. Finalmente, sería Francia la que terminaría interviniendo militarmente cuando el conflicto comenzó a afectar también a sus propios territorios coloniales en la zona.

La historiadora Rosa María Pardo, profesora de Historia Contemporánea de la UNED, explica que el contexto internacional también condicionó la postura estadounidense. “Estados Unidos tenía desde los años 40 una posición crítica con los conflictos coloniales. No quería que su ayuda militar se utilizara para sostener guerras coloniales”, señala.

Algo que resuena con la postura actual de España de negarse a que sus infraestructuras se usen en guerras como la de Irán. Por ese motivo, hace 70 años, Washington permitía el uso de material logístico o no ofensivo, pero no de armamento que pudiera utilizarse directamente en combate. “Se podía emplear material como camiones u otros recursos, pero no los aviones”, explica Pardo.

La debilidad diplomática del franquismo

La situación evidenciaba además la debilidad internacional de la España franquista en aquella década. El régimen necesitaba mantener la relación con Estados Unidos para romper el aislamiento diplomático en el que había quedado tras la Segunda Guerra Mundial.

“Para el régimen era tan fundamental el enlace con Estados Unidos que prácticamente no tenía capacidad de maniobra”, explica Pardo. “No podía discutir esas condiciones”. La guerra terminó en 1958 con los acuerdos de Sintra, tras la intervención conjunta de Francia y España contra las milicias marroquíes. Aunque el conflicto se dio oficialmente por cerrado, España perdió gran parte de su control territorial en la región y el enclave de Ifni quedó reducido prácticamente a la ciudad de Sidi Ifni, que finalmente sería cedida a Marruecos en 1969.

El episodio de Sidi Ifni fue solo uno más dentro de una relación diplomática compleja entre España y Estados Unidos durante el franquismo. “A menudo se presenta la relación como algo muy estrecho, pero en realidad estuvo llena de tensiones”, señala García. “Este fue un episodio más dentro de una relación que nunca fue completamente idílica”.

El historiador recuerda que durante los años siguientes se produjeron diversos conflictos diplomáticos entre ambos países, desde desacuerdos estratégicos hasta crisis como la de Palomares, cuando un bombardero estadounidense dejó caer accidentalmente varias bombas nucleares en Almería en 1966. Aun así, los pactos militares se mantuvieron y las bases estadounidenses en España siguieron siendo un elemento central en la relación bilateral.

Un contexto muy diferente al actual

Pese al paralelismo que pueda establecerse con el debate actual sobre el uso de las bases de Rota y Morón, los historiadores coinciden en que el contexto internacional ha cambiado profundamente. “En 1957 la posición de España estaba completamente desequilibrada”, señala Pardo. “La dependencia diplomática y estratégica respecto a Estados Unidos era enorme”.

Hoy, en cambio, España forma parte de la OTAN y participa en las estructuras de seguridad occidentales en condiciones muy distintas. “España ahora puede jugar desde su pertenencia a la OTAN. La posición no es la misma”, explica la historiadora. Sin embargo, algunos elementos de esa relación histórica siguen presentes. Según Pardo, Estados Unidos ha ejercido durante décadas un papel de árbitro en la relación entre España y Marruecos, intentando evitar conflictos abiertos entre ambos países.

“Siempre ha habido una cierta tensión cada vez que Estados Unidos proporcionaba ayuda militar a España, porque Marruecos lo veía como una amenaza”, señala. Una dinámica que, siete décadas después de la guerra de Sidi Ifni, sigue influyendo en el complejo equilibrio diplomático del norte de África y en la relación triangular entre Madrid, Rabat y Washington.

En un mundo en el que el medio natural parece degradarse año a año sin remedio fruto del cambio climático y el extractivismo al que se ve sometido por las grandes industrias y la acción de la mano humana, hablar de éxitos en la conservación del ecosistema parece casi una excepción. Sin embargo, éxito es precisamente la palabra que mejor puede definir la conservación que hace desde hace más de 20 años la Junta de Andalucía sobre las conocidas como praderas marinas, que además de ser esenciales para el medio marítimo, se han erigido en aliadas contra el cambio climático.

Estas praderas marinas ocupan una extensión de más de 117 kilómetros cuadrados del litoral andaluz, de los que más de un 60% son las posidonias oceánicas, que es una planta endémica del Mar Mediterráneo y que, por su alto valor ecológico, desde la Unión Europea hasta el Gobierno andaluz se han comprometido en preservarla. De hecho, la Junta lleva a cabo desde 2004 un programa de seguimiento que ha arrojado éxitos que permiten, dos décadas después, proteger un ecosistema muy vulnerable a la acción humana, pero también al cambio climático al que, paradójicamente, ayuda a frenar.

Ese seguimiento continuado se apoya en una red de 33 estaciones fijas distribuidas a lo largo de toda el área de presencia de la posidonia en Andalucía, que permiten evaluar año tras año su estado de conservación. Un trabajo técnico sostenido en el tiempo que explica por qué, a diferencia de otros puntos del Mediterráneo, las praderas marinas andaluzas mantienen en términos generales una buena salud. No es un dato menor si se tiene en cuenta que se trata de un ecosistema extremadamente frágil. “La posidonia tiene un crecimiento lentísimo, de apenas unos centímetros al año. Cualquier daño puede tardar décadas en recuperarse”, explica Soledad Vivas, coordinadora regional de Medio Marino en la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andalucía (AMAyA).

Bosques marinos

Lejos de ser simples manchas verdes bajo el agua, estas praderas funcionan como auténticos bosques marinos. “No son algas, son plantas con raíces, flores y frutos, que volvieron al mar y que fijan el fondo marino formando estructuras muy complejas”, señala Vivas. Esa complejidad es la que convierte a la posidonia en uno de los hábitats más ricos del Mediterráneo, al ofrecer refugio y zonas de cría a peces, invertebrados y depredadores, muchos de ellos de interés pesquero.

Ese valor ecológico se traduce también en un impacto económico directo. Los estudios desarrollados en proyectos europeos de conservación han demostrado que hasta un tercio del valor de la pesca en lonja de la provincia de Almería está asociado a la existencia de praderas de posidonia, pese a que está prohibido pescar sobre ellas. “No se pesca encima de la posidonia, pero su presencia genera una franja de enorme productividad alrededor. Es ahí donde se sostiene buena parte de la pesca artesanal”, explica la responsable de Medio Marino de AMAyA.

Sin embargo, si hay una función que sitúa a la posidonia en el centro del debate climático es su papel como sumidero de carbono azul. A través de la fotosíntesis, estas praderas capturan dióxido de carbono y lo almacenan bajo el mar durante miles de años. “Hemos encontrado depósitos de carbono de hasta 6.000 años de antigüedad en los sedimentos de posidonia. Son auténticos búnkeres de carbono”, cuenta Vivas. La destrucción de estas praderas no sólo implicaría la pérdida de biodiversidad, sino que supondría liberar a la atmósfera carbono acumulado durante milenios, agravando el calentamiento global.

A esta función climática se suma su papel en la protección del litoral. Al situarse en la franja costera, las praderas amortiguan la fuerza de los temporales y fijan sedimentos, contribuyendo a frenar la erosión y la desaparición de playas. Incluso los restos de hojas que llegan a la orilla en otoño, los conocidos arribazones, cumplen una función clave. “Protegen la línea de costa. Compactan la arena y amortiguan el impacto del oleaje, aunque durante años se hayan retirado por una cuestión estética”, apunta la experta.

El estado general de conservación en Andalucía es bueno, pero no está exento de amenazas. El cambio climático supone un riesgo real a medio y largo plazo por el aumento de la temperatura del agua, aunque por ahora no se han detectado impactos generalizados. Sí existen, en cambio, presiones muy localizadas, especialmente vinculadas al fondeo de embarcaciones recreativas en zonas sensibles como el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. “No tenemos los problemas de los grandes yates de Baleares, pero sí fondeos puntuales que causan daños importantes”, reconoce Vivas.

Un plan de restauración

Para hacer frente a estas presiones, la estrategia andaluza prioriza lo que se conoce como restauración pasiva, es decir, eliminar impactos para permitir que el ecosistema se recupere por sí mismo. Medidas como la instalación de boyas ecológicas, que evitan el arrastre de anclas sobre la posidonia, o la regulación de usos en espacios protegidos forman parte de esta hoja de ruta. “Restaurar el mar no es como plantar árboles. Es mucho más caro, más complejo y hay que hacerlo con muchísimo criterio”, advierte la coordinadora regional.

En paralelo, Andalucía se ha situado como territorio pionero en el desarrollo de proyectos de carbono azul vinculados a la conservación marina. A través del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, se ha creado un estándar que permite a empresas compensar emisiones inevitables financiando proyectos de restauración de ecosistemas marinos y costeros. “No es la solución al cambio climático, pero sí un grano de arena que permite implicar al sector privado en la conservación”, matiza Vivas.

Más allá de la técnica y la normativa, hay un reto de fondo que atraviesa todo el trabajo de conservación: la invisibilidad del medio marino. “No se protege lo que no se conoce, y durante décadas no hemos sabido qué había bajo el mar”, lamenta. De ahí la importancia de la divulgación y de mostrar que bajo la superficie existe un patrimonio natural del que depende la calidad del agua, la pesca, las playas y la capacidad de adaptación frente al cambio climático.

En un contexto marcado por la degradación ambiental y la crisis climática, la conservación de las praderas marinas demuestra que el trabajo sostenido, basado en el conocimiento científico, puede ofrecer resultados. Bajo el mar, lejos del foco mediático, Andalucía lleva más de dos décadas reforzando una de sus barreras naturales más eficaces frente al cambio climático.

Lo que empezó como unas pintadas racistas en el centro de Loja (Granada), se ha extendido en las últimas semanas a otros barrios del municipio. Grafitis con la palabra “jamón” que están apareciendo cerca de viviendas de vecinos de origen musulmán, que no solo constituyen un ejemplo de vandalismo, sino de señalamiento y racismo. Así lo entienden en esta localidad del poniente granadino, salvo por el diagnóstico que hace cada uno de este fenómeno. Mientras desde el Ayuntamiento de Loja, gobernado por el PP, hablan de “hechos aislados”, vecinos y oposición critican la “pasividad” del Consistorio para borrarlas y su errática política para frenar el racismo en la localidad.

Porque Loja, 20.000 habitantes, vive en los últimos meses en un ambiente en el que, según apuntan algunos lugareños, hay grupos vinculados a la ultraderecha que pretenden señalar a las personas migrantes de origen musulmán para que se marchen del pueblo. Lo hacen a través de las citadas pintadas, pero también mediante mensajes en redes sociales en los que se pueden leer discursos que atacan directamente a la libertad de estos ciudadanos. Aunque no se trata de un fenómeno masivo contra los migrantes musulmanes, sí hay quienes apuntan a que el clima racista va en aumento ante la falta de interés del Ayuntamiento de Loja por frenarlo.

No en vano, el Ejecutivo municipal, que en los últimos meses ha cambiado de alcalde ante la salida del senador del PP, Joaquín Camacho, que llegó a estar en el centro de la polémica por señalar a los migrantes de la localidad como delincuentes, ha acabado recientemente con el programa de integración que llevaba funcionando los últimos ocho años y que desde diciembre ya no opera. Este programa estaba destinado a personas procedentes de otros países que quisieran aprender la cultura, el idioma, pero también como punto de encuentro y comunidad. Sin embargo, el Gobierno local acabó con él alegando que “no estaba cumpliendo los objetivos”.

Pintadas cerca de población migrante

Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que esta iniciativa municipal sí había conseguido congregar a varios vecinos migrantes y, de hecho, estaba funcionando como centro cívico para, por ejemplo, quienes no tienen acceso a un ordenador e internet, algo que sí podían usar en las dependencias locales destinadas a este programa. Para Juanfran Cañadas, uno de los técnicos que trabajó ahí con personas migrantes hasta diciembre, el contexto en el que aparecen las pintadas no es casual. “Las pintadas empezaron por el casco histórico de Loja, que es donde habita más población inmigrante, la mayoría musulmana”, explica. Se trata de una zona que fue el centro neurálgico de la ciudad hace medio siglo y que hoy arrastra un fuerte deterioro urbanístico y demográfico.

La denuncia pública la lanzó la vecina y periodista antirracista Ana Beauchy, que lleva meses documentando la aparición de estas pintadas. “Una veintena de pintadas con la palabra jamón decoran desde hace cuatro meses las fachadas de algunos muros y casas de Loja”, ha denunciado públicamente. Según explica, los grafitis “están cerca de viviendas habitadas por extranjeros de origen marroquí”, lo que, a su juicio, no deja lugar a dudas sobre su intencionalidad. “¿En qué momento empezamos a autorizar este odio en público?”, se pregunta. Para Beauchy, no se trata de un acto anecdótico, sino de un mensaje que se mantiene en el espacio público sin que nadie lo retire: “Hay que limpiar esas pintadas de la vergüenza de una vez”.

El lugar elegido para las pintadas tampoco es casualidad. Según apunta el ex técnico municipal, Juanfran Cañadas, el bajo valor de la vivienda y el abandono progresivo del casco histórico propiciaron que muchas familias migrantes adquirieran inmuebles en mal estado para reformarlos poco a poco y comenzar una nueva etapa. “Las pintadas no son casuales y están hechas en donde se concentra más población musulmana”, sostiene. A su juicio, no se trata de actos dispersos, sino de un patrón repetido en distintas zonas. “Cada vez hay más”, añade, aunque reconoce que no hay responsables identificados: “No sabemos quién o quiénes pueden ser los responsables. Solo sospechamos, pero no tenemos pruebas claras”.

Hechos “aislados”

El Ayuntamiento, sin embargo, ofrece una versión distinta. Fuentes municipales aseguran que las pintadas comenzaron “hace aproximadamente un año” y que no se ha producido una proliferación reciente. “No se han producido más en los últimos seis meses”, afirman. El Consistorio sostiene que en su momento se denunció la situación, se revisaron cámaras de seguridad y se investigó la posible autoría, aunque “no se ha llegado a detener” a nadie. Según la información que manejan, podría tratarse de una sola persona que actúa de madrugada. “No es un hecho de grupo”, dicen, y califican lo ocurrido como “pintadas vandálicas aisladas” que “no han gustado” y que en su día fueron consideradas “inasumibles”.

Desde la oposición, el portavoz del PSOE de Loja, Antonio García, también reconoce la existencia de las pintadas en los últimos meses y las interpreta como una alusión directa a la población musulmana. “Una referencia muy clara a la comida musulmana”, señala, aunque considera que podrían estar realizadas “por una misma persona o por un grupo muy reducido de personas” y que “no reflejan para nada lo que es el sentir de la ciudadanía lojeña”.

García coincide en que la limpieza no ha sido prioritaria. “Es verdad que el ayuntamiento no se ha esmerado mucho en su retirada”, afirma, al tiempo que critica las políticas de integración desarrolladas por el Gobierno municipal en los últimos años, que a su juicio “no han sido eficientes”. El portavoz socialista admite que en determinados momentos el clima social ha sido “algo más tenso”, pero lo vincula a episodios concretos de delincuencia protagonizados por varias personas de origen magrebí en un corto espacio de tiempo. “Era una crispación en contra del delincuente, independientemente de la procedencia”, sostiene.

Con todo, defiende que la identidad del municipio no responde a un escenario de confrontación. “Si algo ha caracterizado siempre a Loja es por ser una ciudad tolerante, respetuosa y multicultural”, dice. Porque la discrepancia no es solo sobre la autoría, sino también sobre la limpieza. Mientras vecinos y oposición denuncian que muchas de las pintadas siguen visibles meses después, el Ayuntamiento defiende que se han retirado algunas en función de los medios disponibles. “Los medios que tenemos son los que tenemos”, señalan, y recuerdan que parte de los grafitis están en fachadas privadas, lo que limita la intervención directa.

Por otro lado, voces críticas apuntan a que el cierre del programa municipal de integración ha dejado sin un espacio de referencia a parte de la población extranjera. Cañadas recuerda que durante ocho años el servicio funcionó también como punto de apoyo educativo y comunitario. Entre otras iniciativas, contaba con un aula de convivencia para alumnado expulsado temporalmente de centros educativos, un recurso que, según explica, ya no existe. “Se eliminó el programa directamente”, recuerda. Aunque desvincula de forma explícita la desaparición del servicio de la aparición de las pintadas, sí admite que la supresión de políticas de integración coincide con un momento de mayor tensión discursiva.

Tanto él como otros vecinos rechazan que la convivencia general esté deteriorada. “La mayoría de la población migrante convive en perfecta armonía con el vecindario”, afirma. “El clima de convivencia en absoluto está siendo desagradable”. Las pintadas, insisten, no representan a la mayoría de la ciudadanía lojeña, pero sí han abierto un debate sobre el significado de su presencia en el espacio público.

Las agresiones a los sanitarios en Andalucía no paran de crecer. Según los datos oficiales que aporta el Servicio Andaluz de Salud (SAS), la cifra se ha disparado hasta casi duplicar los casos que se reportaban hace un lustro, en lo peor de la pandemia de la Covid-19. El año pasado se cerró con 1.976 ataques contra los profesionales de la sanidad pública, mientras que 2020 se quedó en 1.043. Datos que confirman una tendencia creciente que preocupa a sanitarios y sindicatos.

El principal diagnóstico que hacen los representantes sindicales sobre el aumento de las agresiones es que “faltan medios”. Desde la mesa sectorial llevan años alertando a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía que la reducción de plantillas por jubilaciones, bajas médicas y pérdida de profesionales jóvenes están disparando las listas de espera, lo que hace que el clima entre los sanitarios y los usuarios sea cada vez más tenso. Un escenario en el que la Junta de Andalucía dice estar trabajando a través de sus propios protocolos, pero que no logra atajar la problemática.

Para los profesionales, las explicaciones del Ejecutivo regional se parecen más a “excusas” ya que, como cuenta Elena González, médico de familia en Granada, el personal está extenuado hasta el punto de que se producen bajas por salud mental y dimisiones sin que “nadie tome parte del asunto”. No en vano, las estadísticas también reflejan que las agresiones se producen sobre todo contra las mujeres, siendo estas el 74% de las víctimas, lo que también desvela un machismo estructural que tiene incidencia en el SAS.

Bajas por ansiedad

De ahí que testimonios como el de Elena González sean tan relevantes. La doctora trabajaba en un centro de salud rural de la provincia de Granada cuando sufrió una agresión que la mantiene de baja por accidente laboral desde hace tres meses. “Llevábamos meses avisando de que aquello era un peligro”, relata. Durante semanas estuvo sola en el consultorio en amplias franjas horarias, sin personal administrativo, sin seguridad y sin sistemas de alarma. A pesar de tener reducción de jornada por conciliación familiar, atendía la misma carga asistencial que sus compañeros. “No tenemos timbre, no tenemos absolutamente nada. Estamos solos la mayor parte del tiempo”, resume.

El episodio que colmó el vaso llegó cuando un paciente con antecedentes penales y un historial de conductas violentas acudió a la consulta armado con un cuchillo, tras semanas de amenazas y episodios de tensión por la negativa a prescribirle determinados fármacos. “La sala de espera entera estaba asustada”, recuerda. González asegura que había alertado reiteradamente a la dirección del centro, al distrito sanitario y a la Delegación de Salud, sin que se adoptara ninguna medida. “Es más fácil contratar a un sustituto que poner seguridad”, lamenta, al tiempo que denuncia una “normalización” de la violencia y respuestas que minimizan lo ocurrido. “Te dicen que esto nos pasa a todos todos los días y que hay que asumirlo”.

Lo que ocurre en los centros de salud se replica también en los hospitales. Antonio Córdoba, médico de Urgencias en el Hospital San Agustín de Linares (Jaén), asegura que las agresiones forman parte del día a día del servicio. “Episodios de este tipo los vivimos prácticamente a diario, de forma directa o indirecta”, afirma. Empujones, amenazas, intentos de golpes o agresiones durante traslados en camilla son escenas habituales en un entorno saturado donde “todo drena”: pacientes graves, personas con problemas de salud mental y usuarios que no pueden acceder a Atención Primaria y acaban en Urgencias.

Córdoba apunta además a un fenómeno que, según denuncia, se ha ido consolidando con los años: la agresividad como estrategia. “Hay gente que sabe que si grita, si monta el espectáculo, se le va a atender antes”, explica. La falta de control de accesos y el incumplimiento de las normas —como el límite de acompañantes— contribuyen a un clima de tensión constante. “El control es un coladero. Te encuentras a familiares esperándote en la puerta de la consulta”, añade. A ello se suma la infradenuncia: “Muchas agresiones no se denuncian por miedo o porque sabes que eso va a tener poco recorrido”.

Agresiones machistas

Los datos oficiales respaldan buena parte de estos relatos. En 2025 se registraron 1.589 agresiones no físicas —insultos, amenazas o coacciones— y 387 agresiones físicas, el dato más alto de toda la serie histórica. Algo más de la mitad de los ataques se produjeron en Atención Primaria (51,37%) y el resto en hospitales. Las mujeres fueron las principales víctimas y más del 80% de las agresiones se dirigieron contra personal sanitario, especialmente médicos y profesionales de enfermería.

Desde el Servicio Andaluz de Salud, dependiente de la Consejería de Salud, se insiste en que se está trabajando en la prevención a través de la formación y la mejora de los protocolos. En el último año, el SAS asegura haber formado a 743 profesionales en técnicas de desescalada verbal y haber realizado un centenar de simulacros en centros sanitarios. También defiende que el incremento de las agresiones en 2025, del 5,9% respecto al año anterior, supone una “contención” frente a subidas más acusadas como la de 2024, cuando los ataques crecieron un 19%.

Sin embargo, los sindicatos cuestionan esa realidad y consideran que la Junta pone el acento en la formación mientras deja de lado los problemas estructurales. Desde la mesa sectorial (UGT, CSIF, CCOO, Sindicato Médico, SATSE) sostienen que ni el Plan de Prevención ni el Observatorio de Agresiones han logrado frenar la violencia y denuncian la falta de personal, de seguridad y de medios materiales en los centros. “Solo el 13% de las agresiones tiene relación con la atención prestada por el profesional, mientras que el resto responde a demandas del usuario, al funcionamiento del centro o a causas sin identificar”, explican desde los sindicatos.

Para las organizaciones sindicales, el hecho de que las agresiones sigan aumentando en siete de las ocho provincias andaluzas confirma que no se trata de episodios aislados, sino de un problema enquistado. Mientras tanto, profesionales como Elena González o Antonio Córdoba continúan trabajando en un clima de tensión permanente, con la sensación de que la violencia se ha convertido en parte del paisaje cotidiano de la sanidad pública andaluza.

Durante décadas, Jaén ha cargado con una imagen tan poderosa como limitante: la de ser un territorio casi exclusivamente ligado al olivar. Una imagen real, pero incompleta. Porque mientras el aceite de oliva consolidaba a la provincia como líder mundial, otro tejido productivo crecía en paralelo, menos visible y más disperso, pero con un peso creciente en la economía y el empleo. Ahí es donde nace hace tres años la estrategia 'Jaén por Industria', impulsada por la Diputación de Jaén, para ordenar ese mapa, hacerlo visible y convertirlo en palanca de desarrollo.

“Jaén es mucho más que olivar, aunque estemos orgullosos de ser los principales productores de aceite de oliva del mundo”, explica el presidente de la institución provincial, Paco Reyes. El objetivo, dice, no era inventar una industria que no existía, sino “visibilizar el poder que la industria ya tiene en la provincia y las oportunidades que genera”. Y los datos respaldan ese discurso. La provincia de Jaén tiene a un 15,6 % de su población ocupada en el sector industrial, la cifra más alta de las ocho provincias andaluzas. La industria aporta ya el 11,23 % del PIB provincial, apoyada en 104 espacios productivos, cinco centros tecnológicos y una red empresarial que va desde la automoción hasta la robótica, pasando por el plástico, la cerámica, el metalmecánico, la agroindustria o la impresión 3D.

“Había empresas que no se conocían entre sí, que estaban externalizando servicios fuera de la provincia simplemente porque desconocían que existían aquí”, señala Reyes. En ese punto es donde entra 'Jaén por Industria', una estrategia que en solo tres años ha logrado sumar a más de 260 empresas y no se trata solo de adhesiones formales. Según el presidente de la Diputación, el proyecto ha servido para crear espacios de cooperación y colaboración empresarial, mejorar la competitividad y, sobre todo, reforzar la autoestima económica de un territorio que durante años ha visto cómo su talento joven se marchaba por falta de oportunidades.

Industria: el otro relato de Jaén

“Cuando la gente conoce estas empresas, ve que no tiene por qué instalar su futuro laboral fuera de Jaén”, cuenta Reyes. La industria abre salidas para la Formación Profesional, los grados medios y superiores, las ingenierías y los perfiles tecnológicos. Sectores como el aeronáutico, la defensa o la automatización industrial empiezan a aparecer en el horizonte laboral de muchos jóvenes que hasta ahora no los asociaban con su propia provincia.

La estrategia se apoya también en el sistema universitario y de formación. Jaén cuenta con dos universidades y una comunidad investigadora joven, con capacidad para generar patentes y transferencia de conocimiento. “Eso refuerza el ecosistema industrial y ayuda a que el talento que se fue pueda plantearse volver”, apunta el presidente provincial. La ubicación juega a favor. Con más de 600.000 habitantes, 97 municipios, 13.484 kilómetros de superficie de superficie y 324 kilómetros de autovía, Jaén se sitúa en un eje clave de entrada y salida de Andalucía. Dispone de suelo industrial, costes competitivos y espacios productivos preparados para nuevas inversiones.

Ese contexto explica por qué la provincia empieza a sonar como destino de “nearshoring”, que es como se conoce al hecho de trasladar la producción a entornos cercanos: un lugar idóneo para que empresas españolas y europeas relocalicen procesos productivos que antes desarrollaban en países lejanos. De hecho, ya existen en Jaén grandes plantas industriales de capital nacional e internacional, algunas de referencia a nivel estatal y europeo, que han contribuido a crear un ecosistema con empresas de certificación TIER 1, TIER 2 y TIER 3. Municipios como Martos, Alcalá la Real, La Carolina, Linares, Alcaudete o Andújar concentran algunos de los núcleos industriales más relevantes de la provincia.

CETEDEX, el gran proyecto motor

El salto cualitativo llegará con el CETEDEX (Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación), impulsado por el Ministerio de Defensa con una implicación clave de la Diputación de Jaén. El centro comenzará a funcionar a finales de 2026 y está llamado a convertirse en uno de los grandes polos tecnológicos del sur de Europa en el ámbito de la defensa y la seguridad. “El CETEDEX es un proyecto de presente y de futuro”, afirma Reyes. Sus líneas de trabajo se centrarán en drones y sistemas antidrones, vehículos inteligentes y no tripulados e inteligencia artificial aplicada a la defensa, ámbitos estrechamente ligados a los conflictos actuales y a los nuevos escenarios geopolíticos.

En una primera fase, el centro contará con alrededor de 200 empleos directos, a los que se sumarán los puestos asociados a las empresas que se instalen a su alrededor. “Permitirá que compañías que hoy tienen que irse fuera de España a hacer pruebas puedan hacerlo aquí”, destaca el presidente provincial, que afirma que tendrá un efecto tractor del proyecto sobre la industria auxiliar. Para la Diputación, 'Jaén por Industria' y el CETEDEX forman parte de una misma hoja de ruta: diversificar el modelo económico, reforzar el empleo cualificado y fijar población. No se trata de sustituir al olivar, sino de complementarlo y equilibrar el peso de los sectores productivos.

“Jaén es un territorio de oportunidades”, insiste Reyes. “Tenemos espacios productivos, formación, mano de obra cualificada y gente que quiere quedarse”. El reto ahora es consolidar ese cambio de relato y convertir los proyectos en resultados a medio y largo plazo. La provincia quiere seguir siendo sinónimo de aceite de oliva, pero también empieza a reivindicarse como un territorio industrial, tecnológico y estratégico. Y esta vez, los datos acompañan al discurso.

Los dos primeros meses del año están dejando en Almería más lluvias de las que suelen caer en esta provincia andaluza entre enero y febrero. El tren de borrascas, que ha tenido efectos muy adversos en zonas de Cádiz o Málaga, ha descargado en tierras almerienses más del doble de lo normal para el mismo periodo de tiempo. Una realidad que saca a Almería del estado de sequía mientras, sin embargo, la tierra sigue árida y los pantanos están a unos niveles muy similares a los de los últimos diez años. Una paradoja que revive la eterna pregunta entre administraciones, regantes y ecologistas: ¿necesita más infraestructuras hídricas la provincia?

Si se observa el nivel de los dos únicos pantanos almerienses -el de Cuevas de Almanzora y el de Benínar-, tienen una media de agua embalsada de algo más del 12% de su capacidad, lo que es ligeramente superior a los 10,8% de media de la última década. Eso sí, mientras que el de Benínar roza el 30% de su capacidad total, el de Cuevas apenas supera el 5%. Una distribución desigual que se explica también porque el deshielo y la nieve que caen de Sierra Nevada van a parar al primero de los embalses, por el contrario, la zona del segundo es muy seca.

En todo caso, la estadística conjunta de los embalses no parece responder al hecho de que ha llovido más del doble de lo habitual entre enero y febrero. Pese a estas precipitaciones, los ecologistas están preocupados por un posible mal uso de los recursos hídricos por parte del sector agrícola y estos, a su vez, reclaman que se incrementen las infraestructuras para asegurar el futuro cuando el cambio climático siga trayendo episodios meteorológicos extremos entre sequías e inundaciones.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), su portavoz en Andalucía, Juan de Dios del Pino, apunta a que el episodio de lluvias ha sido “claramente superior a la media”, pero advierte de que “dos meses húmedos no corrigen un déficit estructural acumulado durante años”. En un clima semiárido como el almeriense, añade, la variabilidad interanual es elevada y los episodios extremos -tanto de sequía como de lluvias intensas- forman parte de la dinámica habitual. Algo que empeorará con el cambio climático.

Una provincia montañosa

El profesor de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Sánchez García, sitúa el origen de esta paradoja en la configuración atmosférica y orográfica. “Almería no encaja plenamente ni en el patrón del Atlántico Norte ni en el del oeste del Mediterráneo”, explica. Las borrascas atlánticas riegan sobre todo el centro y el norte peninsular, mientras que el patrón mediterráneo afecta al Levante hasta Alicante y norte de Murcia. “La provincia queda en un impás”, resume.

A ello se suma la barrera que ejercen las sierras, al ser una de las provincias más montañosas de España. “La humedad se queda muchas veces en Gádor, Filabres o las Alpujarras por lo que a las zonas agrícolas llega sobre todo el viento”, señala. Esa configuración ayuda a entender por qué, incluso tras episodios lluviosos intensos, los embalses no registran aumentos proporcionales. Sin embargo, para el delegado territorial de Agricultura de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Mena, el debate no puede limitarse a la meteorología. “Almería vive en un equilibrio hídrico extremadamente ajustado. No es un problema coyuntural, es estructural”, sostiene.

Mena defiende que la provincia ha construido un modelo agrícola “altamente tecnificado y eficiente”, pero reconoce que su base hídrica es frágil. “Aquí dependemos de un mix muy complejo: trasvases, desalación, aguas regeneradas y acuíferos. Si uno de esos pilares falla, el sistema se resiente”, explica. El delegado explica que la modernización del regadío ha reducido consumos unitarios y mejorado la eficiencia. “Hoy producimos más con menos agua que hace veinte años”, afirma. A su juicio, el sector ha hecho un esfuerzo significativo en riego localizado, digitalización y control de dotaciones.

Sobre la expansión de superficie agrícola, Mena rechaza la idea de un crecimiento descontrolado. “No se puede generalizar. Cualquier transformación debe ajustarse a la legalidad y a la disponibilidad de recursos. La administración no autoriza nuevas hectáreas si no hay respaldo hídrico”, sostiene. También reconoce que en el pasado “se cometieron errores” y que la planificación actual es más restrictiva. En cuanto al papel de las infraestructuras, el delegado considera que “la regulación es clave en un territorio con lluvias irregulares”. Según argumenta, sin capacidad de almacenamiento suficiente, los episodios intensos no pueden aprovecharse plenamente. “No se trata solo de que llueva, sino de poder gestionar lo que llueve”, apunta.

Una infraestructura compleja

Desde el terreno, el agricultor Andrés Góngora insiste en esa idea. “Almería no tiene embalses suficientes ni bien dimensionados para su climatología”, afirma. Cuando se producen aportes extraordinarios, explica, no siempre existe infraestructura para almacenarlos. Sin ir más lejos, tanto el pantano de Benínar como el de Cuevas sufren de filtraciones que hacen que parte del agua que se embalsa se pierda casi de forma automática. Góngora añade que la producción de agua desalada es continua, mientras que la demanda agrícola es estacional. “Si no hay más capacidad de regulación, cuando baja el consumo hay que parar”, señala.

A su juicio, la clave no es si ha llovido este invierno, sino si la provincia está preparada para afrontar el próximo ciclo seco. Además, desde el sector agrícola recuerdan que los dos únicos embalses de la provincia sufren filtraciones cuando les entra agua, lo que disminuye su utilidad. De ahí que precisen de los trasvases del embalse del Negratín en Granada -que llevaba cinco años sin trasvasar agua- y del río Segura en Murcia. “Ahora sabemos que podremos usar esos trasvases porque existen recursos hídricos suficientes, pero de cara al futuro no tenemos nada asegurado”, lamenta Góngora.

Mientras, desde el Gobierno central se defiende que la respuesta pasa por reforzar precisamente la oferta hídrica. La futura desaladora Bajo Almanzora II contará con una inversión de 160 millones de euros y producirá 30 hectómetros cúbicos adicionales al año. También está prevista la ampliación de la desaladora Campo de Dalías, que pasará de 30 a 40 hectómetros cúbicos, y la optimización energética de la desaladora de Carboneras, con capacidad estimada de hasta 50 hectómetros cúbicos anuales.

El Ejecutivo destaca además 189 millones de euros en actuaciones de mejora de regadíos y la bonificación del precio del agua desalada, que sitúa el coste para los regantes entre 45 y 47,5 céntimos por metro cúbico. Algo que no acaban de ver los conservacionistas. El portavoz ecologista Pepe Rivera sostiene que aumentar la oferta no resolverá por sí solo el problema. “El embalse de Cuevas solo se llenó una vez tras unas lluvias excepcionales. Pensar que se llenará con regularidad no se ajusta al régimen pluviométrico real”, afirma.

Rivera advierte también de que los acuíferos siguen presentando niveles de sobreexplotación, siendo el campo de Tabernas un ejemplo muy concreto con la desecación de su capa freática por la expansión de olivares intensivos en las últimas décadas. Además, la sustitución de bombeos por agua desalada no siempre se ha cumplido plenamente. Además, cuestiona el equilibrio del modelo productivo: “Parte de la producción hortícola no llega al mercado, con el consiguiente consumo de agua y energía”.

La salida formal de la sequía no ha modificado la base estructural del sistema hídrico almeriense. Mientras, AEMET recuerda la elevada variabilidad climática, la universidad apunta a la singularidad geográfica, el delegado de Agricultura defiende la modernización y la necesidad de regulación, el Gobierno central anuncia nuevas desaladoras, los regantes reclaman más capacidad de almacenamiento y los ecologistas piden revisar la demanda.

Así, la paradoja almeriense, coinciden todas las fuentes desde enfoques distintos, no se resuelve con un invierno lluvioso. Obliga a un debate más profundo sobre planificación, límites productivos y adaptación a un clima que seguirá alternando extremos. Porque el hecho invariable es que el cambio climático ya ha llegado y que los episodios extremos entre sequías y fuertes lluvias se producirán con mayor asiduidad e impacto. Para ello, Almería ha de estar preparada.

Año y medio después desde que la Junta de Andalucía decidiese desprenderse de tres fundaciones de investigación, una de ellas ha decidido llevar al Ejecutivo regional ante los tribunales. En concreto, el comité de empresa de la Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía Oriental (FIBAO) ha denunciado al Gobierno andaluz ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por lo que consideran un trato desigual y denigrante si se les compara con personal equivalente del Servicio Andaluz de Salud (SAS): cobran hasta 30.000 euros menos por hacer las mismas funciones.

Así, la precariedad se ceba con los investigadores biomédicos que son esenciales para que la sanidad pública andaluza esté a la vanguardia en el tratamiento a los ciudadanos y en el avance científico. Aunque oficialmente la Junta se desligó de la fundación, lo cierto es que el control público de la misma es mayoritario y la intervención directa del SAS es tan evidente como que estos profesionales están integrados en los hospitales públicos y en proyectos relacionados con el propio sistema público para que se ofrezcan los mejores cuidados a los usuarios. Pero, paradójicamente, es el sistema el que no les cuida a ellos, al menos a tenor de las denuncias procedentes desde el comité de empresa de FIBAO.

La demanda, impulsada por la CGT -sindicato mayoritario en la fundación-, es el primer conflicto colectivo en España que reclama judicialmente la equiparación retributiva del personal investigador de una fundación biosanitaria con las categorías estatutarias del sistema sanitario público. El sindicato sostiene que la situación vulnera el principio de igualdad y la propia Ley de Investigación Biomédica de 2007, cuyo artículo 85 contempla la equiparación salarial con categorías equivalentes del sistema sanitario. “Se debería haber aplicado hace casi dos décadas”, sostiene Sonia Morales, presidenta del comité de empresa de FIBAO.

Trabajadores “low cost”

La brecha no es menor. Según los datos aportados por el comité, coordinadores de ensayos clínicos o personal investigador con titulación en biología o farmacia perciben en algunos casos alrededor de 18.000 euros brutos anuales. En el Servicio Andaluz de Salud, categorías equivalentes pueden alcanzar los 50.000 o 60.000 euros. “Tenemos profesionales cobrando entre la mitad y un tercio de lo que se percibe en el SAS”, resume Morales.

La paradoja, dicen, es que desarrollan su labor en los propios hospitales públicos andaluces, comparten equipos y espacios con el personal estatutario y trabajan con pacientes del sistema sanitario público. “Somos personal subrogado low cost del SAS”, denuncia la representante sindical. FIBAO forma parte de la red de fundaciones gestoras de la investigación del sistema sanitario público andaluz y, aunque en 2023 dejó de estar formalmente integrada en el sector público autonómico, el comité insiste en que el control público sigue siendo determinante.

Ese cambio jurídico se produjo tras el decreto aprobado por el Gobierno andaluz que sacó del sector público a tres fundaciones sanitarias -entre ellas FIBAO- en un movimiento que la Junta defendió como una forma de “agilizar” la gestión y captar más fondos de I+D+i. La decisión afectó también a FISEVI y FIMABIS y supuso una modificación de la composición de sus patronatos, con mayor presencia de universidades y entidades privadas. Los sindicatos ya advirtieron entonces del riesgo de mercantilización de la investigación y del impacto sobre las condiciones laborales.

En el caso de FIBAO, el comité recuerda que hasta 2023 el patronato estuvo compuesto mayoritariamente por miembros vinculados al SAS y que en la actualidad su presidencia recae en la directora del propio Servicio Andaluz de Salud. “Trabajamos en hospitales del SAS, con medios del SAS y bajo la dirección funcional del SAS”, argumenta Morales, que cuestiona que la fundación pueda presentarse como un ente completamente ajeno a la administración sanitaria.

Hacia un nuevo convenio

La respuesta oficial a las preguntas de elDiario.es Andalucía no ha llegado desde la Consejería de Salud, que ha derivado la contestación a la propia FIBAO. La fundación señala que las seis entidades biosanitarias andaluzas -FISEVI, FIBAO, FIMABIS, FIBICO, FCÁDIZ y FABIS- están negociando un convenio colectivo común para fijar un marco laboral homogéneo. Añade que desde 2012 no consta ninguna reclamación sobre las tablas salariales vigentes, que están aprobadas por sus respectivos patronatos, y que resulta “difícil” establecer equiparaciones con el SAS porque sus categorías no tienen reflejo directo en las estatutarias.

El comité de empresa rebate ese argumento. Morales recuerda que, en otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, se aprobó un decreto ley para establecer comparativas y aplicar la equiparación retributiva en las fundaciones sanitarias. En la Comunidad de Madrid, añade, se hicieron equiparaciones parciales para determinados perfiles. “Categorías como biólogos, farmacéuticos o personal administrativo existen en el SAS. No es que no haya equivalencia, es que no se ha querido aplicar”, sostiene.

Además, el sindicato rechaza que no haya habido reclamaciones previas. Según su relato, en 2014 se inició la negociación de un convenio colectivo para las fundaciones que entonces formaban parte del sector público andaluz. El texto se remitió a Hacienda en 2021, pero nunca llegó a entrar en vigor. En 2023, tras la salida de las fundaciones del sector público, el proceso tuvo que reiniciarse desde cero. El resultado, denuncian, son tablas salariales incluso inferiores a las planteadas años atrás.

La CGT asegura que planteó una equiparación progresiva en cuatro años para garantizar la estabilidad presupuestaria, propuesta que, según el comité, fue rechazada por la patronal y no contó con el respaldo de otros sindicatos presentes en la mesa negociadora. FIBAO, por su parte, insiste en que será el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que se pronuncie sobre la demanda presentada.

Más allá de la batalla judicial, los investigadores alertan de las consecuencias de esta brecha salarial. La investigación clínica, financiada en parte por farmacéuticas, ofrece condiciones más atractivas en el sector privado, mientras que la investigación básica depende casi en exclusiva de fondos públicos. “Las condiciones actuales favorecen la fuga de talento”, advierte Morales. A su juicio, el modelo andaluz mantiene una estructura pública de investigación apoyada en personal con salarios mileuristas y contratos vinculados a proyectos, lo que dificulta la estabilidad y la planificación a largo plazo.

El caso de FIBAO, que ahora llega a los tribunales, pone el foco sobre un debate más amplio: si la investigación biomédica que sostiene a la sanidad pública andaluza puede seguir apoyándose en un modelo laboral que, según los trabajadores, les sitúa en una posición de desigualdad frente a sus propios compañeros de hospital. Será el TSJA quien tenga la última palabra jurídica, pero la discusión sobre el modelo de investigación ya está sobre la mesa.

El accidente ferroviario del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), que ha dejado 46 víctimas mortales, no solo ha puesto en el foco la duda de si el mantenimiento de las vías ferroviarias es el correcto o si se han producido otro tipo de problemas en la infraestructura, sino también si en España y en concreto en Andalucía hay excesiva dependencia de la alta velocidad frente al tren convencional. Un viejo debate que se ha reabierto mientras Adif defiende que la infraestructura está preparada para seguir usando ferrocarriles clásicos y Renfe evita pronunciarse directamente, pero que desde el propio sector ferroviario se ve de manera más crítica: se han desmantelado las líneas ferroviarias tradicionales de corta y media distancia y el futuro no parece frenar esta tendencia.

Porque desde que en 1992 se inauguró la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, la mayor parte de las infraestructuras ferroviarias que se han desplegado están pensadas para los trenes AVE. Aunque ha habido algunas excepciones, lo cierto es que el contexto histórico del ferrocarril en Andalucía muestra que hubo un fuerte declive de las conexiones a lo largo del siglo XX que no se revirtió hasta la década de los 90 con la implantación de la alta velocidad, pero a costa de las vías de tren convencional. Una circunstancia que durante los días en los que la línea de alta velocidad entre Andalucía y el resto de la península ha estado cortada desde Adamuz -el punto en el que se produjo el accidente- ha puesto de relieve la dependencia que tiene el modelo ferroviario de ella.

No en vano, Andalucía sigue teniendo conexiones por tren convencional con el resto del país a través de Linares (Jaén), Guadalcanal (Sevilla) y Cumbres Mayores (Huelva). Sin embargo, Renfe, la única operadora de las vías clásicas, apenas las ha reforzado durante el cierre de la alta velocidad y, por el contrario, ha decidido apostar por la fórmula de AVE y autobús usando la vía que sí estaba operativa hasta Adamuz. Al respecto de por qué no se ha utilizado el tren convencional, desde Renfe evitan pronunciarse, pero fuentes del sector ferroviario tienen clara la respuesta: no hay trenes suficientes al haberse vendido y porque no se quiere volver a apostar por el ferrocarril clásico.

Cuatro décadas de alta velocidad

Para explicar el porqué de esta visión, hace falta hacer un análisis histórico del despliegue del tren en Andalucía. Durante las últimas cuatro décadas, los diferentes gobiernos centrales han priorizado un modelo ferroviario centrado en la alta velocidad como eje vertebrador del territorio. Tras la puesta en servicio del AVE Madrid-Sevilla coincidiendo con la Expo de la capital hispalense en 1992, las inversiones se orientaron a extender esta red y a adaptar los entornos urbanos a su llegada.

El gobierno de José María Aznar impulsó el soterramiento de las vías en Cádiz e inició las obras de la alta velocidad a Málaga, que culminaron en 2007 ya con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa. En paralelo, se comenzaron los trabajos para duplicar y ampliar las vías en las áreas metropolitanas de Cádiz y Málaga, así como las obras de la alta velocidad a Granada, que no concluirían hasta 2019.

La Junta de Andalucía, por su parte, puso en marcha proyectos como el Eje Ferroviario Transversal y el Corredor de la Costa del Sol, pensados para mejorar las conexiones internas por ferrocarril convencional. Sin embargo, la crisis económica iniciada en 2008 acabó por truncar ambos planes, que quedaron inacabados o directamente abandonados. A esta lista se suman los trabajos del Corredor Mediterráneo en Almería, que también quedaron paralizados durante años.

El giro definitivo llegó con los recortes aplicados durante el gobierno de Mariano Rajoy. Bajo el argumento de la falta de rentabilidad, se suprimieron varios servicios considerados deficitarios, dejando sin tráfico de viajeros la línea convencional Córdoba-Bobadilla y eliminando los servicios diurnos entre Linares y Granada. Se mantuvieron, una vez más, las conexiones entre Andalucía y Extremadura, que sobrevivieron a sucesivas oleadas de recortes, pero el mapa ferroviario convencional siguió encogiendo.

En 2015 entró en servicio la línea de alta velocidad Sevilla-Cádiz, lo que permitió que el tiempo de viaje entre Madrid y Cádiz bajara por primera vez de las cuatro horas. No obstante, esta línea sigue funcionando con ancho ibérico y electrificación a 3 kV, a diferencia del resto de líneas de alta velocidad españolas, electrificadas a 25 kV, lo que limita la velocidad máxima a 220 kilómetros por hora. Según explican fuentes ferroviarias, un futuro cambio de electrificación y de ancho permitiría la llegada del AVE a Cádiz y reducir el trayecto a unas tres horas y cuarto, lo que, de nuevo, incidiría en la apuesta por la alta velocidad frente al tren convencional que ya existe.

Un “desmantelamiento” progresivo

Así, para fuentes del sector, el paso del tiempo ha provocado un desmantelamiento progresivo del ferrocarril clásico. Desde los años noventa, la llegada del AVE no convivió con el tren clásico: lo sustituyó. Servicios que antes recorrían Andalucía por líneas convencionales fueron desviados a la alta velocidad o directamente suprimidos. En algunos casos, como el de Granada, la plataforma del AVE se construyó de hecho sobre el trazado histórico, clausurando definitivamente la línea anterior. En otros, como entre Córdoba y Málaga, la vía sigue operativa, pero prácticamente sin viajeros, relegada a mercancías o trenes turísticos puntuales.

De esta manera, según explica un trabajador de Adif que prefiere guardar el anonimato, cuando se produce una incidencia grave -como el accidente de Adamuz- el sistema demuestra su fragilidad: “Aunque existen rutas alternativas por vía convencional (Linares-Baeza, Guadalcanal o Cumbres Mayores), no hay material suficiente para reforzarlas. Muchos trenes convencionales han sido vendidos a Portugal o desguazados sobre todo desde la pandemia, y los que quedan (media distancia) no están pensados para absorber grandes flujos ni trayectos largos”.

Sin embargo, cuando se plantean reabrir viejas líneas convencionales, como la histórica Guadix-Lorca cerrada en 1984, los proyectos se dilatan en el tiempo o no llegan a materializarse. Desde el Ministerio de Transportes se han impulsado estudios informativos que, por el momento, cuestionan su viabilidad económica. Miguel Montenegro, portavoz ferroviario de CGT, critica ese enfoque. “Se ha instalado en la cabeza de los responsables políticos la idea de que los servicios públicos son negocios, y no lo son”, afirma. A su juicio, el beneficio del ferrocarril “no está en la rentabilidad económica directa, sino en el servicio que presta a la ciudadanía”.

“Si aplicáramos ese criterio a la sanidad o a la educación, cerraríamos centros en los pueblos pequeños”, añade. Montenegro sostiene que el ferrocarril convencional nunca ha sido tratado como un verdadero servicio público, sino como un complemento residual “con que exista algún tren”. Por otro lado, sostiene que “el AVE no conecta a la ciudadanía: conecta grandes ciudades”. Para el portavoz de CGT, apostar por la alta velocidad únicamente “es excluyente y no vertebra el territorio”.

Conexiones en desuso

Desde su experiencia de más de cuatro décadas en el sector, Montenegro describe un proceso continuado de desmantelamiento que trasciende siglas políticas y gobiernos. Denuncia que existen líneas electrificadas, estaciones abiertas y trazados en buen estado que no prestan ningún servicio de viajeros, no por falta de infraestructura, sino por decisiones políticas. El ejemplo más claro es la línea Córdoba-Bobadilla, que atraviesa municipios de tamaño medio sin un solo tren de pasajeros.

Rafael González, portavoz del Sindicato Ferroviario, coincide en el análisis y cree que el origen del desequilibrio actual está también en una mala planificación. “Entró una fiebre en la clase política y todo el mundo quería llevar el AVE a su territorio”, explica. Ese impulso, añade, supuso que “todos los recursos y todas las inversiones se destinaran a la alta velocidad, mientras la red convencional quedaba abandonada”.

Según González, si se mira en el plano nacional, en algunos corredores la llegada del AVE no sólo supuso una reducción de servicios convencionales, sino su desaparición. “En Galicia, por ejemplo, buena parte del trazado de alta velocidad sustituyó a la red antigua, cargándose los servicios que daban cobertura a pueblos pequeños”, señala, citando el caso de Sanabria o los trayectos intermedios entre Ourense y Zamora. “La gente se quedó sin tren y sólo le quedó el autobús o el coche para ir al médico, al trabajo o a estudiar”.

“Las líneas de alta velocidad se inauguraban, se hacía la foto y luego se olvidaban de que había que mantenerlas desde el primer día”, sostiene. Según explica, los contratos de mantenimiento se privatizaron con criterios laxos, bajo la idea de que una infraestructura nueva no requeriría grandes actuaciones. “Ese modelo se ha mantenido durante años, mientras aumentaban las circulaciones y el desgaste del material”, apunta González.

Adif defiende sus inversiones

Desde Adif, gestor de las infraestructuras ferroviarias, rechazan la idea de un abandono de la red convencional en Andalucía. Desde la entidad se recuerda que es necesario distinguir entre “líneas” -las vías ferroviarias- y “circulaciones”, que dependen de los operadores. Por ello, las mismas fuentes de Adif aseguran que en Andalucía “se ha invertido y se viene invirtiendo tanto en la red de alta velocidad como en la red convencional”, y citan actuaciones en tramos como Linares-Córdoba, Zafra-Huelva, Utrera-Antequera o Linares-Almería. También destacan que el eje Córdoba–Bobadilla forma parte de la futura autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza y que la red convencional operativa está “preparada para la circulación de trenes de viajeros y mercancías”.

En ese sentido, Adif remarca que la decisión de reforzar o no los servicios convencionales “corresponde a los operadores ferroviarios, fundamentalmente Renfe, en función de su planificación comercial”. Pero desde Renfe evitan pronunciarse al respecto pese a las preguntas de este medio. La operadora no cuestiona la existencia de las líneas convencionales, pero tampoco explica por qué no las utiliza. Tampoco aclara por qué no se ha hecho más uso durante estos días de las conexiones por Linares o Guadalcanal, asegurando que “se han dispuesto las alternativas con mejores conexiones, tiempos de viaje y confort”.

Por otra parte, ni CCOO ni UGT, sindicatos mayoritarios del sector, han querido participar en este reportaje. Su ausencia se suma a un debate que, tras décadas de decisiones acumuladas, parece haberse desplazado del servicio público y la vertebración territorial a una lógica casi exclusivamente comercial. Aunque proyectos como la puesta en marcha del tren convencional entre Villa del Río y Palma del Río demuestran que el ferrocarril clásico sigue siendo atractivos para los usuarios.

Pese a ello, el accidente de Adamuz ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: qué ocurre cuando un sistema ferroviario lo apuesta casi todo a una sola carta. Durante los días en los que la alta velocidad ha quedado interrumpida, la alternativa ha sido escasa y lenta en desplegarse. Las vías convencionales seguían ahí, pero los trenes no. Y esa ausencia, más allá de la coyuntura del accidente, es el resultado de un modelo que lleva años avanzando en la misma dirección, según denuncian desde el propio sector ferroviario.